Ante la gravísima situación que vivimos, la Presidencia de la Conferencia Episcopal y su Comisión de Justicia y Paz han emitido (14-2-14) dos documentos oportunos, directos y programáticos. Para no seguir matándonos ni alimentando la violencia desde el gobierno ni en el corazón de cada uno, tenemos que hacer nuestras esas reflexiones y acciones, imprescindibles para rescatar la democracia. La falta de espacio nos obliga a reproducir, de uno y otro, sólo los párrafos que consideramos imprescindibles.
“Los obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana rechazamos cualquier tipo de violencia, tanto en las manifestaciones como fuera de ellas, así como los excesos en la represión de las mismas. Lamentamos la muerte de tres ciudadanos, la situación de salud de los heridos y el gran número de estudiantes detenidos.
“El derecho a la protesta pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión e información son valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una auténtica democracia. Los que ejercen responsabilidades públicas deben garantizar el ejercicio de esos derechos, evitando el uso de medidas judiciales para amedrentar y castigar a los disidentes.
“Frente a los grandes desafíos de nuestro país en la lucha contra la inseguridad personal y la violencia social, y ante los graves problemas económicos que nos afectan a todos, la protesta contra el gobierno es legítima y constitucional, pero debe ser pacífica. Los grupos violentos deben ser desarmados y controlados por las autoridades policiales, en concordancia con la política de desarme.
“Les corresponde, en primer lugar, a las diversas instancias del Estado atender los justos reclamos de los diversos sectores y ofrecer las condiciones mínimas para un diálogo social que permita superar los problemas sociales y económicos.
“Pedimos a los directivos de los medios de comunicación social y a los comunicadores sociales informar la verdad con objetividad y evitar la exaltación de la violencia”. (Presidencia de la CEV).
Comisión de Justicia y Paz:
“Rechazamos
· La criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho de manifestar y protestar.
· La participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas públicas que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales.
· El uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana.
· La restricción de la información y la autocensura que generan rumores infundados, incertidumbre y desasosiego en la población.
· Las detenciones arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que queda distante del juez natural y del sitio donde sucedieron los hechos.
· Los tratos crueles para con los detenidos que atenten con la dignidad humana.
· Cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacífica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos.
“Exigimos
· A los partidos políticos, a la sociedad civil, a las instituciones del Estado venezolano tolerar y reconocer las diversas ideas, opiniones, planteamientos, para dialogar, negociar y construir de manera democrática alternativas inclusivas, justas y pacíficas. La violencia y el conflicto fratricida es un camino ciego.
· Respuestas institucionales apegadas al debido proceso que orienten de manera eficaz, independiente e imparcial una investigación para garantizar la verdad y la consecución de la justicia.
· Un listado de los detenidos con su ubicación exacta y cargos que se les imputan, para garantizar el derecho a la legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar.
· El respeto al derecho de manifestar y protestar de manera pacífica en el marco constitucional.
· Al Estado venezolano, respetar el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales de los detenidos.
· Al Estado, adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta.
“Nos solidarizamos con todos los familiares de las víctimas, expresándoles nuestras palabras de condolencia y nuestra oración en estos momentos de tristeza y dolor.
“Pedimos a todos los cristianos: orar intensamente y trabajar en la construcción de la paz, dando testimonio de un auténtico seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor, para hacer posible en nuestro país la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Elevamos nuestras oraciones por todas las víctimas de la violencia y sus familiares.
“Nos comprometemos desde la Vicaría de Caracas, la Vicaria de Los Teques y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal a trabajar conjuntamente con el Foro por la Vida en el acompañamiento y la asesoría a las víctimas, y hacer un seguimiento a los hechos ocurridos, exigiendo una investigación independiente, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos”.
