“No acepto grupos violentos en el campo del chavismo y la revolución, quien quiera tener armas para combatir con armas, que se vaya del chavismo”, exclamó el presidente Nicolás Maduro el sábado 15 de febrero en la avenida Bolívar.
El llamado de Maduro llegó en medio de las denuncias sobre la actuación conjunta de colectivos armados y efectivos militares en la represión contra las protestas estudiantiles.
En aquel discurso, Maduro señaló: “Aquel que salga con armas a la calle, se procederá legalmente. Tiene que haber disciplina, mando único, claridad estratégica, verticalidad en el mando y en el comando de la revolución”. En una sola palabra: orden.
La tarde del 12 de febrero, tras informar sobre el asesinato de Juan Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, el jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió a los colectivos de la parroquia 23 de Enero “calma y cordura”. “Les pedimos a ustedes (los colectivos) que confíen en nosotros”, declaró Cabello, quien juró castigar a los culpables de la muerte de Montoya, cuya organización agrupa a colectivos de la capital y el estado Vargas.
Sin límites
El abogado criminalista Fermín Mármol García relata que los colectivos armados tienen su origen en los grupos subversivos de izquierda radicados en el 23 de Enero. “En principio eran los Tupamaros, pero en la década de los 80 comienzan las divisiones y surgen otras formaciones”, acota.
Así habrían nacido los Carapaica, Alexis Vive y La Piedrita, entre otras agrupaciones que se identifican como chavistas radicales y militantes del proceso bolivariano.
“En Venezuela hay alrededor de 1.136 parroquias distribuidas en 335 municipios y, al menos, existe presencia de colectivos armados en un centenar de parroquias”, sostiene.
Mármol García reconoce que “estos grupos de izquierda subversivos siempre han existido”; sin embargo, dice que desde la llegada de la revolución chavista en 1999 se han “fortalecido y reconocido su beligerancia”.
Los colectivos violentos “se autodenominan guardianes de la revolución, utilizan símbolos y colores del partido de Gobierno y tienen innegables amistades en el alto Gobierno, lo que les permite contar con una patente de corso que los ubica por encima del ordenamiento jurídico”, resume el experto.
Mármol García indica que “los colectivos tienen su fortaleza en el control territorial, extendiendo su dominio sobre los vecinos y comercios de la zona”. El analista explica que en muchos casos estos grupos cuentan con la aprobación de las comunidades, pues impulsan actividades sociales y culturales, y combaten el tráfico de drogas y la delincuencia. A cambio, la población acepta que ellos asuman las funciones de policías, fiscales y jueces. “Hasta cobran por proteger a los pequeños comercios”, apostilla.
El abogado criminalista explica que la “atomización” de estos movimientos, “que coordinan con la fuerza pública en sus territorios”, llevó a “personeros gubernamentales” a impulsar su organización a través de un “secretariado”. “Allí hubo una participación de la Alcaldía de Caracas y la Alcaldía Metropolitana”, comenta.
Este diario intentó contactar al exalcalde metropolitano, Juan Barreto, para conocer su versión de los hechos, pero no contestó la llamada.
“Los colectivos violentos están preparados para actuar contra cualquier amenaza que surja frente al chavismo. Ahora, ¿cumplirán la orden para no actuar? Eso no lo sabemos”, concluye Mármol García.
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100 ARMAS Y MÁS
• El 8 de agosto de 2013 colectivos del 23 de Enero entregaron 100 armas al presidente Nicolás Maduro, en un acto de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
• “Ustedes fueron organizando colectivos revolucionarios armados de los años 80, 90 y luego se mantuvieron organizados en defensa de la revolución”, señaló Maduro.
• Juan Montoya, asesinado el 12 de febrero, participó en el encuentro con Maduro en nombre del Secretariado Revolucionario de Venezuela.
• En una entrevista concedida a EUTV, Alberto Carías, líder del MRTA, dijo que si se da un golpe de Estado en el país, “nosotros vamos a sacar nuestras armas (…) tenemos las armas, pero guardadas”. Consultado sobre el origen de las armas, respondió: “Eso es secreto militar”.
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Denuncian la existencia de un nuevo “patrón” para reprimir
Señalan actuación “conjunta” de bandas armadas y efectivos militares
Miembros de colectivos armados junto a militares reprimiendo a los manifestantes. Ataques contra vehículos particulares y edificios residenciales. Denuncias de torturas. Asesinados con tiros en la cabeza.
Las mismas imágenes que se repiten en distintas ciudades del país, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“No recuerdo un cuadro de acompañamiento tan sistemático entre grupos paramilitares en combinación con efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del Estado”, señala Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
La presunta cooperación entre agentes del Estado y bandas de civiles armados al momento de responder a los manifestantes, hacen que San Miguel destaque la existencia de “un mando que está coordinando estas actuaciones, pues no es casualidad que se observen esos patrones en tantos sitios geográficos distintos”.
La portavoz de Control Ciudadano apunta que “hemos recibido de manera anónima información sobre la posibilidad del uso de mercenarios” en los operativos del Gobierno para frenar las protestas.
San Miguel también advierte que el Ejecutivo podría estar creando “falsos positivos” para justificar la represión. ¿Y qué es un falso positivo? “Es la simulación de un hecho punible perpetrado por infiltrados para atribuírselo a la oposición. Llama la atención la capacidad del Gobierno para filmar los ilícitos y mostrarlos como ataques fascistas, en lugar de intervenir con la FAN para evitar que esto ocurra”, responde.
La representante de Control Ciudadano apuesta por la creación de una comisión internacional independiente que investigue los hechos, donde, a su juicio, ciertos grupos han copiado el modelo de “los escuadrones de la muerte que operaron en El Salvador”.
Vieja deuda
Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, subraya que en el país “hay una falencia sistemática en el ámbito de los derechos humanos con relación al control del orden público”.
Ortega recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias por los casos del “Caracazo”, el retén de Catia y las desapariciones forzadas en el estado Vargas en 1999 dejó en evidencia “la falta de procedimientos adecuados a los DDHH para controlar el orden público”.
La experta legal precisa que la Constitución bolivariana estipula que las medidas de seguridad ciudadana deben ser desarrolladas por policías de carácter civil y no por militares.
Ortega coincide en que parece existir “una especie de patrón” que se caracterizaría por “la presencia de grupos de civiles armados que podrían contar con la tolerancia del Estado”. De comprobarse esta hipótesis, “estaríamos frente a gravísimas violaciones de los DDHH”, acota.
La vocera de Cofavic considera que los disparos indiscriminados contra residencias familiares, y los disparos de perdigones o de gases tóxicos a corta distancia contra manifestantes “pueden configurar el delito de tortura, visto el daño que ocasionan a las víctimas”.
Otro elemento sobre el que llama la atención Ortega es la “criminalización de la protesta a través de la judicialización”. “Muchos de los detenidos salen en libertad restringida, con cargos y amenazas de juicio que trastocan sus proyectos de vida por el hecho de protestar”, apunta.
La fundadora de Cofavic enfatiza que “en todo el mundo ocurren manifestaciones y los Estados democráticos deben controlar el orden público sin sacrificar los DDHH, garantizando la vida, la integridad personal, el debido proceso y la libertad de expresión”.
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