El aniversario 25 de los sucesos del Caracazo pone de relieve muchas de las contradicciones que tiene el proyecto chavista en materia de derechos humanos. El señor Maduro ha decretado como no laborable este jueves 27 de febrero, “en honor a los caídos”, pero esos “caídos” y sus familiares aún siguen esperando justicia. El Estado venezolano no ha cumplido con las víctimas de aquellos sucesos, desoyó las medidas que formaron parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo peor, no se ha castigado cabalmente a los autores materiales e intelectuales de esa masacre. El chavismo, con 15 años teniendo un control de los poderes públicos, y por tanto capacidad institucional para hacer justicia, sencillamente solo hace un uso político del Caracazo, a su conveniencia, tal como lo ha demostrado Maduro en esta oportunidad.
La conmemoración de un cuarto de siglo, sin que se haya establecido real justicia, contrasta con esta declaración oficial de “día no laborable” que solo tiene por finalidad desmovilizar la protesta de universitarios y sectores medios de la sociedad venezolana. El objetivo de Maduro no es rendirle tributo a las víctimas, si ello fuese cierto estaría tomando otras acciones desde el Estado, en lugar de promover un largo feriado, de casi una semana, a partir del 27-F con los días de Carnaval e incluso el primer año del anuncio oficial sobre la muerte de Hugo Chávez, el miércoles 5 de marzo. Esta decisión gubernamental desnuda una vez más la falta de compromiso genuino del chavismo con los derechos humanos fundamentales. Son estos, a fin de cuentas, una pieza de uso dentro de su estrategia política para permanecer en el poder. Los derechos humanos se usan cual plastilina para ajustarlos a la necesidad política del momento por parte del proyecto bolivariano.
Hago un ejercicio de memoria sobre estos sucesos que marcaron, con tantas víctimas, a la sociedad venezolana. El Caracazo me encontró como periodista de Radio Fe y Alegría en Caracas, en un momento en el cual orientábamos a esa estación a un trabajo con las comunidades populares. De esa forma, y diría que naturalmente, quienes allí laborábamos comprendimos que debíamos darle la voz al pueblo, hacer realidad un eslogan que por entonces marcaba la vida de la Iglesia católica y de las emisoras radiales vinculadas con el mundo eclesial de base. En cierto momento, cuando arreció la represión, la mayoría de medios radioeléctricos por censura oficial o por autocensura sencillamente dejaron de reportar los graves acontecimientos. ¿Le suena familiar al lector esta situación?
Terminó siendo Radio Fe y Alegría una voz solitaria, que sacaba llamadas al aire, denunciaba las violaciones a los derechos humanos y se hacía solidaria con las víctimas. Todos los sucesos del Caracazo, que me tocó vivir de cerca como periodista, se resumen en mi memoria en un solo episodio. Una llamada desesperada, de una señora en El Valle, pidiendo auxilio mientras el traqueteo de las armas de fuego se oía en un segundo plano. “Nos están masacrando desde Fuerte Tiuna”, clamó la señora. Aquella voz anónima es mi recuerdo personal del Caracazo.
Hoy quienes están en el poder olvidaron a aquellas víctimas. A 25 años del Caracazo los familiares de las víctimas mantienen intacta su frustración porque no hay una sola sanción judicial de carácter condenatorio, emitida por un tribunal venezolano, por estos hechos y aún los restos de las víctimas desaparecidas no han sido plenamente identificados y entregados a sus deudos.
Me hago eco de lo señalado por la organización no gubernamental Cofavic: Ninguna democracia de las américas ha tardado 25 años en dar a conocer a los autores intelectuales y materiales de una masacre de las dimensiones del Caracazo y mucho menos han sido tan ineficientes para identificar los restos de los desaparecidos. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política para buscar una respuesta que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
