Cancelando visas y congelando activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para combatir las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El pasado 12 de febrero los venezolanos salieron masivamente a las calles para protestar por la agónica situación en la que el país se encuentra. Lo que comenzó con una protesta pacífica encabezada por jóvenes estudiantes, se convirtió en una situación insostenible debido a la muerte de por lo menos 12 personas en las últimas dos semanas, la detención arbitraria de cientos de jóvenes, una serie de acciones de represión y violaciones a los derechos humanos que jamás se había visto en el país, y la detención de uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López.
Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del Presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Nicolás Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.
El gobierno de Estados Unidos ha actuado de forma consistente, pero no suficiente. Tanto el Presidente Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno venezolano a liberar a los estudiantes detenidos y frenar la ola de represión y violencia. Si bien estas declaraciones dejan en claro de qué lado está Estados Unidos, las mismas no necesariamente contribuyen a la solución del problema, y dejan en evidencia la necesidad de nuevas herramientas legales para que aquellos funcionarios públicos que en Venezuela han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos, sean efectivamente condenados en la esfera internacional.
Para ello, existe otra vía de acción, que podría ser tomada por el gobierno estadounidense, y la cual consistiría en acciones políticas focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos, como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky”.
Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en el año 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky”, la cual obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero, suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos.
Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.
Durante los años de Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en el país han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchas de las personas que hoy disfrutan de ese dinero, lo hacen en Estados Unidos. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido, probablemente viajen de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades y cuentas bancarias aquí.
A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky global podría ser el camino adecuado
@Ezequielvazquez
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