El SICAD II será otro trapo rojo; un engaño más del gobierno que busca ganar tiempo, objetivo que por razones políticas evidentes no logrará.

Será un trapo rojo, porque de no ser así el precio del dólar en ese “mercado” inmediatamente se igualaría al (o alcanzaría el nivel) del mercado negro de divisas, haciendo a éste último desaparecer; y si eso ocurriese, al tratarse de un precio legal, las aduanas, el SENIAT y, peor aún, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE) tendrían que reconocerlo como parte de la estructura de costos legal, lo que haría desbordar aún más nuestra ya alta inflación (la mayor del planeta, por cierto).

Olvídese de que el gobierno dejará al mercado fijar el tipo de cambio en el SICAD II, pues éste será un precio legal. Será el gobierno quien lo fije arbitrariamente, manteniéndose el mercado negro de divisas y la escasez.

¿Usted se imagina que el gobierno permitiese que el precio en el SICAD II llegara a unas 13,5 veces el tipo de cambio oficial (i.e. que se permitiese una devaluación del 1.250%)? ¿Tiene idea del tamaño de la inflación que tendrían que tolerar? No, no lo tolerarán. Repito, el tipo de cambio del SICAD II no lo fijará el mercado, sino el gobierno y de una forma discrecional (arbitrariamente bajo para la demanda existente).

Así, el SICAD II será un mercado de divisas homogéneo con todos queriendo comprar; la escasa oferta de dólares provendrá del sector petrolero, pues, nadie en su sano juicio los querrá ofertar en volúmenes significativos a un precio menor a aquel del mercado ilegal. De hecho, ni siquiera transnacionales que a esa tasa pudieran exportar querrán hacerlo, pues en su activo abundan los bolívares, y en su pasivo una deuda en dólares que pagar; o, simplemente, para explicarme mejor, si a la tasa legal reconocida del SICAD II, algunas transnacionales pudieran exportar, los dólares que generarían por la exportación, no se destinarían a la oferta local, sino que serían retenidos por las propias trasnacionales para ir poco a poco bajando su enorme deuda externa con casas matrices aún por pagar.

El SICAD II, por tanto, será también un mercado ilíquido, caracterizado por la escasez, por lo que seguirá existiendo el mercado negro de divisas, la especulación y corrupción. En palabras llanas, el SICAD II, en caso tal de que políticamente al final pueda operar, implicará un diferencial cambiario más que explotar, o una mafia cambiaria más (el diferencial cambiario o la mafia de arbitraje por acceso privilegiado a las divisas entre el tipo de cambio del SICAD II y del mercado negro ilegal – i.e. un guiso más).

Si el objetivo en la mente de las autoridades es tan solo fiscal, el tipo de cambio del SICAD II podría arrancar en la vecindad de los 20Bs/$. Mientras que si el objetivo final, además de fiscal es de contención de la escasez, la tasa podría rondar 35Bs/$, más bien. En cualquier caso, será otro trapo rojo para intentar ganar más tiempo en lo político, y en lo económico un espacio de acción adicional para una mafia más.

Si no me cree, el lunes 10 de marzo o cuandoquiera que abra, si es que abre, el SICAD II, pregunte al operador cambiario si le venderían diariamente tantos dólares como quiera, para que compruebe usted mismo que le dirán que no.

Angel García Banchs

@garciabanchs

A lo largo del siglo pasado y éste que corre, la Humanidad se ha esforzado en sembrar en el planeta la conciencia sobre la necesidad de admitir que, sin derechos respetados, los seres humanos no podemos alcanzar niveles aceptables de convivencia pacífica. El mundo da vueltas hoy sobre un eje: todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Y son los estados y los gobiernos los primeros llamados a respetarlos y hacerlos respetar.

Cuando el Estado y sus instituciones irrespetan los derechos de los habitantes de una nación, éstos terminan con derechos torcidos. P.e., cuando el sistema judicial está contaminado y no ofrece a los ciudadanos la justicia oportuna e imparcial que la penalización de los delitos cometidos precisa, pues es la sociedad la que termina siendo privada de un derecho humano primario. Las estadísticas del sistema judicial venezolano hablan por sí solas. Son vergonzosas. Pero hay algo que grita con mayor elocuencia: el comentario de los ciudadanos quienes en inmensa mayoría miran con desconfianza al sistema de justicia, calificándolo de injusto. Los delincuentes cuentan con que recibirán impunidad, si tienen la ascendencia y los medios económicos para costear que sus fechorías sean ignoradas por el sistema judicial. La sociedad ya no ve esto como una realidad tolerable y eleva su angustiosa voz de protesta, aunque el Estado crea que esto no es más que un arrebato inscrito en un tiempo de pasiones transitorias.

Tenemos en Venezuela una Constitución garantista. Ella obliga al Estado a, valga, la redundancia, garantizar la seguridad, la alimentación, la paz, la justicia, entre otras. El Estado viola consuetudinariamente esto. En nuestra querida y vapuleada Venezuela, los ciudadanos, casi sin distinción alguna, vivimos en perpetua espera de ser víctimas del quehacer de malhechores, pues el Estado no nos está garantizando la seguridad de nuestras personas y bienes. Los anaqueles en los comercios, anoréxicos de productos, dan cuenta de cuánto se están violando nuestros derechos a la alimentación. Al haber destruido nuestras infraestructura y estructura agroalimentarias, el Estado no solo violó los derechos de los productores del campo y de quienes se dedicaban a transformar esas materas primas en productos y surtir los puntos de comercio, de suyo ya gravísimo, sino que privó a los ciudadanos de sus derechos a la seguridad alimentaria. Al privilegiarse a sí mismo como productor, distribuidor y comercializador, con su evidente fracaso, y con la política de importación de alimentos, el Estado violó nuestros derechos garantizados por la Constitución.

Nuestra Carta Magna establece nítidamente un portafolio de derechos, entre ellos, el derecho a la protesta. Cuando el Estado usa su poderío para con fuerza desmedida aplacar la discordia ciudadana, está violando derechos humanos. El Estado, por lógica y diseño constitucional, está obligado a proteger al débil -el ciudadano- frente a la furia de organismos de seguridad. Cuando la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo ven ésta con complacencia o tuercen la mirada frente a los exabruptos de los órganos de seguridad para con los ciudadanos, están violando su juramento.

Las protestas en Venezuela, que contabilizan ya casi un mes, han sido una prueba para las instituciones del Estado. Lamentamos que no haya sido superada por quienes dirigen esas instituciones. Reprobados en su desempeño, vemos cómo ahora salen fuera de nuestras fronteras con la intención de presentar una versión distorsionada de los hechos y lucir como víctimas, cuando la triste y tan dolorosa verdad es que el Estado ha usado su fuerza para intentar domesticar a los ciudadanos de a pie, como si pudiese ser aceptable criminalizarlos y pisotear sus derechos individuales, colectivos y difusos.

No contento con todas las violaciones descritas, el Estado cae en el expediente de privar a los ciudadanos de su derecho a la información y a la obtención de diversos puntos de vista sobre la grave situación que se atraviesa. Desde la cancelación de canales en los sistemas de TV satelitales y de cable, pasando por la advertencia expresa hasta la velada amenaza, la ejecutoria de una política de hegemonía comunicacional se traduce hoy en un protocolo de desinformación diseñado, promovido e instrumentado por el sistema de medios públicos, que ha condenado a los ciudadanos a una autarquía en la información. Ello es una indisimulable violación a derechos fundamentales.

Duele decirlo pero la democracia en Venezuela está bajo amenaza del Estado y está siendo defendida por los ciudadanos.

@GerardoBlyde

El Universal

En menos de un mes, el gobierno venezolano anunció la ruptura de relaciones con Panamá, la expulsión de tres funcionarios estadounidenses por injerencia y responsabilizó al expresidente colombiano Álvaro Uribe por la crisis venezolana, en una política exterior que analistas consideran “errática”.

“La política exterior es la continuación de la interna en cualquier Estado (…) Si tenemos un país absolutamente convulsionado en lo político, en lo económico, inclusive en lo militar, la política exterior no puede lucir como algo coherente”, aseguró la analista y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Giovanna De Michele.

Al igual que el fallecido líder Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro ha mantenido una línea en la que siempre existe la figura de un enemigo que confrontar, mucho más desde el inicio de las protestas estudiantiles que dejaron 20 muertos y que el gobierno califica como un “golpe de Estado en desarrollo”.

Así, los empresarios venezolanos fueron responsabilizados por el gobierno de la inflación de 56% anual y de la escasez de uno de cada cuatro productos en los anaqueles venezolanos. La “burguesía parasitaria”, los “fascistas violentos”, el “imperio”, los “medios internacionales”: los enemigos parecen abundantes.

El último se develó este miércoles, cuando Maduro rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Panamá, tras acusarlo de “lacayo” y de propiciar una intervención extranjera a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

– La culpa de Panamá –

La ruptura de relaciones con Panamá ocurre no sólo en medio de protestas estudiantiles, sino durante los actos conmemorativos del primer aniversario del fallecido líder Hugo Chávez, que quedó en segundo plano, y en presencia de los presidentes cubano Raúl Castro, boliviano Evo Morales y nicaragüense Daniel Ortega.

El internacionalista Adolfo Salgueiro hizo dos lecturas del anuncio. La primera es que “Maduro monta un gran show para desviar la atención de las manifestaciones estudiantiles” a la vista de los jefes de Estado.

La segunda, es que al suspender las relaciones económicas con Panamá, “corre la arruga (postergación) de una deuda por 1.200 millones de dólares que debe cancelar a los empresarios panameños por las importaciones de la Zona Libre de Colón”.

Sin embargo, el gerente de la zona franca sostiene que la deuda es de 2.000 millones de dólares.

El canciller Elías Jaua aseguró este jueves que la revisión de esa deuda “queda suspendida” hasta que en Panamá “no haya un Gobierno serio que respete las relaciones que deben tenerse de respeto mutuo”.

Y Caracas dio en la jornada 48 horas para que salieran del país cuatro diplomáticos panameños, entre ellos el embajador.

Fue apenas en julio de 2013 cuando en Caracas los presidentes Maduro y el panameño Ricardo Martinelli estrecharon sus manos al acordar una “dinamización” de sus relaciones diplomáticas y comerciales.

“Para los venezolanos, esta decisión genera una grandísima incertidumbre. Si no hay relaciones comerciales, ¿por dónde van a entrar los productos que tradicionalmente entraban por el Canal de Panamá o la Zona Franca de Colón y que se consumen en el interior del país? Quedamos en un limbo”, opinó De Michele.

La zona franca panameña, ubicada en Colón en el litoral atlántico (norte), es considerada la mayor de América Latina y se estima que aporta 8% del Producto Interno Bruto de Panamá.

En 2012, Panamá exportó 15.000 millones de dólares, 20% de ellos hacia Venezuela, su principal mercado.

Para la catedrática de la UCV, en el contexto internacional, las consecuencias de esta estrategia de tener un enemigo permanente serán que “nadie invertirá en un país donde sus inversiones puedan depender del estado de ánimo político de un momento determinado”.

Salgueiro, de su parte, evocó que “cuando fue derrocado el presidente (Manuel) Zelaya en Honduras, Venezuela pidió a la OEA que contribuyera, como puede solicitarlo cualquier estado miembro”.

“Esto demuestra la inconsistencia en la política exterior venezolana”, dijo en alusión al reciente rechazo de Maduro de una eventual visita de la OEA al país.

Maduro ha preferido que la situación de Venezuela sea tratada por Unasur, cuyos cancilleres se reunirán el martes en Santiago, al margen de la toma de posesión de Michelle Bachelet.

– El mal socio –

Con Estados Unidos, principal comprador del petróleo venezolano, las tensiones en el plano diplomático han sido permanentes e incluso ambos gobiernos carecen de embajadores desde 2010.

Maduro en un par de semanas de febrero expulsó diplomáticos estadounidenses, criticó con dureza al presidente Barack Obama y luego ofreció reinstalar embajadores e iniciar un “diálogo de altura”.

“Esta volatilidad que ha demostrado la política exterior venezolana no sólo con Panamá, sino con países como Colombia o Estados Unidos, coloca aVenezuela en una situación de franca desventaja y no nos hace, definitivamente, un socio confiable. No somos una contraparte confiable en las relaciones internacionales”, aseguró De Michele.

Para el analista, los movimientos diplomáticos del gobierno venezolano “ya no tienen que ver con la afinidad con gobiernos determinados”.

“Parece que hubiera diversas corrientes a lo interno del gobierno que empujan en direcciones diferentes y no hay armonización”, concluyó.

Levantó la mano en la reunión. El director les había pedido “hablar a camisa quitada”, así que aprovechó para soltar lo que llevaba meses callando. Comenzó por los bajísimos salarios que padecían los trabajadores de salud pública. Después habló de los baños sucios, el desabastecimiento de agua, las roturas del único esterilizador y las goteras por todo el hospital. Siguió con el calor en la sala de espera donde se amontonan los pacientes y las carencias de instrumental quirúrgico. Remató con la exclamación de “esto no hay quien lo aguante”  que sumió a la sala en un silencio denso, incómodo.

Al terminar alguien se le acercó para reprocharle que su crítica no había sido constructiva, sino simple catarsis. Así que ya no volvió a hablar en ninguna otra asamblea.

Tras el argumento de buscar una crítica oportuna y edificante, se esconden quienes en realidad no quieren ningún tipo de crítica. Para ellos ser propositivos significa incluir una reverencia y anteceder cada planteamiento con una frase aduladora. Nunca se debe –según estos alentadores del aplauso- cuestionar al sistema, sino a los ineficientes que no le permiten funcionar. Ser “constructivos” equivale a no emplazar a los líderes del actual proceso político, mucho menos poner en duda el modelo ideológico. Se necesita, además, mostrar una fe ciega en que todo se va a resolver con la “sabia conducción” de las altas instancias.

Si alguien se sale del guión de la crítica tolerada, entonces le lloverán los descalificativos. Resentido, chancletero, llorón… serán los primeros insultos, aunque después pueden llegar los ya manidos “agente de la CIA”, “contrarrevolucionario” o “enemigo de la nación”. Sus observaciones nunca encontrarán el momento oportuno, porque no incluyen la sumisión ni la autoinculpación.

La crítica no necesita apellido. No debe clasificarse en “constructiva” o “destructiva”, sino que tendrá que llevarse a cabo con toda crudeza, sin miramientos. Como la medicina que se unta sobre una llaga purulenta, la crítica duele, hace llorar, atormenta… pero cura.

@yoanisanchez

lageneraciony.com

La revolución muere y nace la guarimba, la sociedad, el ciudadano, el carnaval de cruz en arena. El Táchira y la resistencia, los cuerpos armados y la anarquía ignorante, los asesinos y los asesinados, la esperanza en la soledad de los justos, la cárcel, el acero de las barras y los valientes, los venezolanos y las lágrimas, la desolación y la lucha, la paz en Altamira entre humo y zinc, entre vinagre y sangre, entre piel y banderas sucias.

Ya no hay que pretender con el socialismo y el proletariado, porque cuando Marx falla, el gas es diálogo e ideas. La chaquetica, el habano, el militar que no eres, el realismo mágico que murió con Chávez, la incapacidad desnuda, el héroe a medias, el títere y Cuba que se asoma con pistola oxidada.

La crisis de ideas y las rodillas rotas, la claustrofobia del vencido, la agresión, el chiste, la inutilidad del pataleo, la violencia del Leviatán y Nicolás sin máscara. Tétrico circo de dictadores sin patria, sin sueños y espaldas dobladas. El destino del hombre moderno, el socialista, el pachulí y la camisa nueva.

El laberinto y el país, los líderes que no calzan y el ajedrez, el minotauro desayuna democracia, las piezas perdidas, el blanco y negro, el porvenir resta en un cabello, Ariadna ríe y Creta, los reyes sin corona, los héroes anónimos desprovistos de mito, los jóvenes arrastrando al minotauro y el mañana que va cayendo.

La sangre todavía no se seca y ya pisa la bota de nuevo. La furia, la amenaza, el cartucho cayendo, la víctima y Nicolás bailando con Cilia mientras la sonrisa se extiende y muestra dientes. La estupidez, señor, se paga caro y más caro la sangre que ha pisado la bota. Vaya usted a saber que a los dictadores los destronan y luego los guindan, porque la piel es polvo que se suda y en el trópico no hay finales felices.

@andresvolpe

*Escritor y analista político

El Universal

El aumento de la desigualdad de ingresos ocupa un lugar preponderante en el temario de la política económica mundial, reflejando no solo el temor a sus perniciosos efectos sociales y políticos, (incluidas las dudas sobre la compatibilidad de una desigualdad extrema con la gobernabilidad democrática), sino también sus repercusiones económicas. Aunque seguramente se necesitan incentivos positivos para recompensar el trabajo y la innovación, es probable que el exceso de desigualdad debilite el crecimiento, por ejemplo al obstaculizar el acceso a la salud y la educación, provocar inestabilidad política y económica que a su vez reducen la inversión, y frustrar el consenso social necesario para efectuar ajustes ante shocks importantes.

Como es lógico, los economistas han venido tratando de entender mejor los vínculos entre el aumento de la desigualdad y la fragilidad del crecimiento económico. Entre otros relatos recientes, se observa cómo la desigualdad agudizó el ciclo de apalancamiento financiero y sembró las semillas de la crisis; o cómo los factores de economía política, especialmente la influencia de los ricos, permitieron que los excesos en el sector financiero crecieran fuertemente antes de la crisis.

Sin embargo, ¿qué papel le toca jugar a la política económica, y en particular a la redistribución fiscal, para promover la igualdad? La sabiduría convencional parecería sugerir que la redistribución sería en sí misma perjudicial para el crecimiento, pero no se puede descartar la posibilidad de que lo estimule al engendrar más igualdad. Analizando la experiencia del pasado, observamos escasos indicios de que los esfuerzos habituales por redistribuir hayan tenido, en promedio, un efecto negativo en el crecimiento. Además, a la concomitante reducción de la desigualdad, parece haberle seguido un crecimiento más rápido y duradero.

Desenredar los efectos de la desigualdad y la redistribución en el crecimiento

En un trabajo anterior, documentamos una robusta relación de mediano plazo entre igualdad y sostenibilidad del crecimiento. Sin embargo, no tuvimos mucho que decir sobre si esta relación justifica los esfuerzos por redistribuir.

En efecto, muchos sostienen que la redistribución perjudica el crecimiento e incluso que los esfuerzos de redistribución dirigidos a solucionar una desigualdad pronunciada son el origen de la correlación entre la desigualdad y el bajo crecimiento. Si esto fuera así, entonces los impuestos y las transferencias pueden ser precisamente el remedio equivocado: la cura quizá sea peor que la propia enfermedad.

Los estudios sobre este tema siguen siendo polémicos. Varios trabajos señalan que algunas políticas redistributivas, como por ejemplo, las inversiones públicas en infraestructura, el gasto en salud y educación y las prestaciones de seguridad social, pueden favorecer tanto el crecimiento como la igualdad. Otros son más favorables a la existencia de una disyuntiva fundamental entre redistribución y crecimiento, como sostuvo Okun (1975) al referirse a las “pérdidas” de eficiencia que acompañan los esfuerzos por reducir la desigualdad.

En un nuevo trabajo, preguntamos qué información ofrecen los datos históricos sobre la relación entre desigualdad, redistribución y crecimiento. En particular, ¿qué pruebas hay de los efectos macroeconómicos de las políticas redistributivas, tanto directamente en el crecimiento como indirectamente ya que reducen la desigualdad, lo que a su vez afecta al crecimiento?

Para aclarar estas relaciones, utilizamos una nueva serie de datos de varios países que distingue minuciosamente la desigualdad neta (después de impuestos y transferencias) de la desigualdad de mercado (antes de impuestos y transferencias) y nos permite calcular las transferencias redistributivas con respecto a una gran cantidad de países a lo largo del tiempo. La serie de datos abarca tanto a países avanzados como en desarrollo. Analizamos el comportamiento del crecimiento promedio durante períodos de cinco años así como la sostenibilidad y la duración del crecimiento.

Nuestras principales interrogantes son empíricas. ¿Cuán importante es la “importante disyuntiva”? ¿Cómo se compara el efecto directo (y negativo, a juicio de Okun) de la redistribución con su efecto indirecto y aparentemente positivo mediante la reducción de la desigualdad?

Algunos resultados sorprendentes sobre los vínculos entre la redistribución, la desigualdad y el crecimiento

En primer lugar, seguimos constatando que la desigualdad es un factor determinante robusto y poderoso tanto del ritmo del crecimiento de mediano plazo como de la duración del mismo, incluso si la cuantía de las transferencias redistributivas se mantiene constante. Por consiguiente, seguiría siendo un error centrarse en el crecimiento y dejar que la desigualdad se resuelva sola, aunque más no fuera porque el crecimiento consiguiente puede ser bajo e insostenible. La desigualdad y el crecimiento insostenible pueden ser dos caras de la misma moneda.

En segundo lugar, sorprendentemente, los datos históricos que usamos en nuestro estudio ofrecen pocos indicios de los efectos negativos de la redistribución fiscal en el crecimiento. La redistribución promedio y la concomitante reducción de la desigualdad parecen estar firmemente vinculadas a un crecimiento superior y más duradero. Observamos algunas señales ambiguas con respecto a que redistribuciones muy cuantiosas puedan tener efectos negativos directos en la duración del crecimiento, a tal punto que el efecto global en el crecimiento, incluido el efecto positivo resultante de una reducción de la desigualdad, sea a grandes rasgos nulo.

Salvedades

Estas observaciones pueden indicar que, de hecho, los países que han llevado a cabo políticas redistributivas las han formulado de forma razonablemente eficiente. Sin embargo, esto no significa por supuesto que los países que deseen reforzar la función redistributiva de la política fiscal no debieran prestar atención al aspecto de la eficiencia. Esto importa especialmente en el caso de países cuya gestión de gobierno y capacidad administrativa son deficientes, donde es fundamental crear instrumentos tributarios y de gasto que permitan a los gobiernos llevar a cabo una redistribución eficiente. Un trabajo del FMI, de próxima aparición, ahondará en estos aspectos fiscales.

Naturalmente, también debemos ser cautelosos para extraer corolarios definitivos en materia de política económica únicamente en base a análisis de regresión de varios países. En base a la historia y los principios fundamentales sabemos que, después de cierto punto, la redistribución tendrá un efecto destructivo en el crecimiento y que, si supera cierta medida, la igualdad extrema tampoco puede propiciar el crecimiento. Además, es difícil establecer una relación causal con plena seguridad. También sabemos que los diferentes tipos de políticas pueden tener diferentes efectos en diferentes países en diferentes momentos.

Balance final

La conclusión que surge de los datos históricos macroeconómicos utilizados en este análisis es que, en promedio, en diferentes países y a lo largo del tiempo, las medidas de redistribución habitualmente adoptadas por los gobiernos no parecen haber producido malos resultados en materia de crecimiento. Asimismo, independientemente de las consideraciones éticas, políticas o más generales en materia social, la igualdad consiguiente parece haber contribuido a apuntalar un crecimiento más rápido y duradero.

En pocas palabras, encontramos pocos indicios de una “gran disyuntiva” entre redistribución y crecimiento. Por consiguiente, en muchos casos, parece improbable que la inacción ante situaciones de fuerte desigualdad esté justificada.

FUENTE: blog-dialogoafondo.org

Tras más de ocho horas de reunión, la falta de consenso sobre la llamada al diálogo entre las partes obliga a posponer el debate para el viernes

trapada entre el desdén del presidente Nicolás Maduro y la irritación de buena parte de la comunidad internacional ante su prolongado silencio sobre la violencia desatada en las calles de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) se disponía el jueves a definir, por fin, su postura ante la crisis en el país sudamericano. Tras ocho horas de reunión, la mayoría de votos que Venezuela ha conseguido aglutinar en los últimos años logró impedir que los Estados miembros adoptaran alguna de las medidas que se iban a discutir: la convocatoria de una reunión de consulta de los cancilleres, el envío de una misión de observación o la redacción de una resolución ante el conflicto. La ausencia de acuerdo deja en evidencia la fractura, cada vez más acusada, en el seno de la entidad y supone, además, otra oportunidad perdida para recuperar su mermada autoridad en el hemisferio, que podría remediarse parcialmente este viernes, si, en la segunda parte de la sesión se consigue llegar a una declaración de consenso.

“Lo que es evidente es que se han logrado frenar los porpósitos intervencionistas de los convocantes de este Consejo ”, señaló a la prensa el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, al término de una maratoniana reunión -comenzó alrededor de las 5.30 y se suspendió pasada la una de la madrugada del viernes- que se celebró a puerta cerrada. Venezuela ha sabido concitar el apoyo de los países del Caribe, un puñado de votos decisivo en el seno de la organización, que le ha permitido decantar la balanza a su favor en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años. Este jueves, el apoyo del bloque del ALBA y del Caricom determinó que ni siquiera se llegaran a contemplar ni la posibilidad de una convocatoria de los ministros de Asuntos Exteriores de la OEA para debatir la respuesta conjunta de la organización ante la crisis venezolana, ni el envío de una misión observadora, dos opciones contra las que arremetió duramente el presidente Maduro durante los fastos por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez.

Descartadas ambas alternativas, la declaración conjunta de llamado a las negociaciones entre las partes parecía la opción con mayores posibilidades de obtener consenso. Sin embargo, la forma, extensión y contenido de ese diálogo fue lo que hizo encallar el debate entre los Estados miembros. A la reunión del Consejo se presentó una propuesta inicial, liderada por Bolivia, en nombre del bloque del ALBA y países afines como Argentina, Uruguay o Brasil, que alababa los esfuerzos del Gobierno de Venezuela por resolver la coyuntura de protestas sociales de su país y la conferencia de paz convocada por Maduro como el foro legítimo para albergar ese diálogo. A ese texto se pretendió incorporar, a modo de enmienda, una iniciativa promovida por Perú y el bloque de la Alianza del Pacífico, más Costa Rica, Panamá, EE UU y Canadá, que pedía “un seguimiento” de esas negociaciones que garantizara el envío periódico de información sobre el curso de las mismas al secretario general, José Miguel Insulza.

Durante la tarde, se consiguió redactar un borrador con unos cinco puntos básicos que contemplaban, entre otros asuntos, una investigación de la violencia, la garantía de la no injerencia de la OEA en los asuntos internos de Venezuela –como pidió Maduro- y la observación de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el marco de la Carta Democrática de la organización, asuntos sobre los que se había llegado a un cierto consenso. La negativa del bloque del ALBA a aceptar la inclusión de la propuesta peruana impidió, sin embargo, la posibilidad de que se llegara a un acuerdo esquivo, lo que obligó a suspender la reunión para este mismo viernes.

Ninguna de las partes parece dispuesta, a priori, a hacer concesiones de cara a la segunda parte de la sesión del Consejo Extraordinario. En un principio, se volverá a partir de la propuesta boliviana que cuenta con la oposición frontal de países como Panamá, el convocante de la reunión, EE UU o Canadá. “Nosotros quisiéramos ver que hubiera líneas de acción en el texto de Bolivia, no simplemente que se lamenten cosas. Habrá que revisar esa iniciativa y ni opinión es que la OEA quedaría muy mal que respaldara esa posición porque el Consejo Permanente debe guardar cierto grado de neutralidad ya que la idea no es ni atacar al Gobierno de Venezuela pero tampoco venir a alabarlo”, explicó el embajador panameño ante la OEA, Arturo Vallarino.

Una peligrosa fractura

El nivel de sutilezas barajadas para tratar de alcanzar una redacción final de declaración es un claro ejemplo del ajedrez continental que se juega en la OEA. Las fricciones en torno al chavismo y el rechazo que en muchos Estados provoca la propia organización han sido determinantes en su prolongado silencio ante la crisis venezolana. Todas las instituciones regionales del hemisferio, Naciones Unidas, la Unión Europea, hasta el papa Francisco, han emitido comunicados, más o menos tibios, instando al diálogo, todos, y repudiando la violencia, algunos. La OEA ha permanecido callada, en una espera que, como su secretario general, José Miguel Insulza, reconoció durante la sesión, ha hecho emerger “tensiones innecesarias “ entre sus miembros.

Durante su intervención, el secretario general reivindicó, sin embargo, la vigencia y la importancia de la OEA en el continente. “La expectativa provocada sirve para defender que esta Organización sigue siendo el principal foro de debate de las Américas”, señaló el jefe de la entidad en un discurso muy firme, en el que no rehusó reconocer la profunda división entre sus miembros sin obviar la importancia de la pluralidad de voces en su seno –no en vano la OEA es la única entidad que aglutina a todos los países del continente-. “Las crisis polarizan y esta organización que es política está siempre al centro de ellas […] Aquí, los de izquierda, de derecha o de centro tienen iguales derechos y la OEA es gobernada, de manera abierta y conocida, en el marco de la democracia y el estado de derecho, por sus estados miembros, reunidos en Consejo o Asamblea General”, señaló Insulza.

Pese a la claridad de las palabras del secretario general, la incapacidad de llegar a un consenso sobre la situación en Venezuela evidencia una fractura tremenda que juega en detrimento de su influencia en el hemisferio cada vez más ahogada entre el mar de nuevos organismos regionales –Unasur, CELAC…- entre cuyas aguas sus Estados miembros parecen nadar más a gusto.

FUENTE: El País