Señor: WINSTON LACKING
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo
República de Suriname. – Presidente Pro Tempore
Y demás Cancilleres representantes de los Países miembros de la Unión de Naciones Suramericana “UNASUR”

Apreciado Señor

Reciba un cordial saludo.

La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de la Comisión de Justicia y Paz en su misión de participar en la construcción de una convivencia justa y pacífica, fundada en la fe y en el respeto a la dignidad humana, habiendo expresado nuestro deber y propósito de “Ser Testigos de la Verdad”.  Recibimos con beneplácito la designación de una comisión integrada por Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR para que en su nombreacompañe y asesore, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada  en Venezuela, tal como ha quedado circunscrito en su Resolución N° 214 emanada del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, reunido en Sesión Extraordinaria en Santiago de Chile, el 12 de marzo del corriente.

Acompañando en el día a día a nuestro pueblo nos duele hondamente el costo humano que deja como saldo que en las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del país, a partir de la segunda quincena de febrero, hasta el momento ha arrojado 33 ciudadanos muertos, centenares de heridos y miles de personas detenidas, privadas de libertad, en un ambiente signado por la restricción de información, el uso desproporcional de la fuerza del Estado y la autocensura, generando, por lo menos incertidumbre y desasosiego en toda la población.

En este marco, solicitamos la posibilidad de que la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela celebre una reunión con la Unión Nacional del Sur en representación de la Comisión de Cancilleres de los miembros, de conformidad con el sitio y fecha que se tenga a bien acordar, en aras de la justicia y paz social en Venezuela, para intercambiar ideas y hacerles entrega de las informaciones sustentadas que hemos recibido en estas semanas.

Esperando su pronta y atenta respuesta.

+ Roberto Lückert León

Arzobispo de Coro

Presidente de la Comisión de Justicia y Paz

+ Baltazar E. Porras Cardozo

Arzobispo de Mérida

Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

+ José Luis Azuaje Ayala

Obispo de Barinas

1° Vicepresidente de la CEV

Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

1. Los orígenes del malestar en la democracia

En América Latina los años ochenta estuvieron marcados por el desencanto sobre las posibilidades de la democracia para responder a las necesidades materiales y de mejora social de los individuos. En la década de los noventa, vino la delegación en un poder ejecutivo decisionista, paralelamente a un proceso generalizado de privatización que favoreció la apatía de la ciudadanía y fomentó el auge del individualismo competitivo. Finalmente, junto con la continuidad de la recesión, el desempleo, la corrupción y la desnacionalización, surgieron en los preludios del nuevo siglo la bronca y la protesta.

En Argentina, por ejemplo, durante el Gobierno de Fernando De La Rúa se llegó a una situación de ruptura del contrato social, de divorcio entre sociedad y política, de vaciamiento de las formas tradicionales de representación política, y de búsqueda -al mismo tiempo-, de nuevas mediaciones y formas organizativas.

En la sociedad se observan simultáneamente dos fenómenos aparentemente contradictorios: una acentuada apatía y/o crítica con respecto a lo público y estatal, y una tendencia a la autoorganización.

Lo primero se revela en la actitud de la ciudadanía respecto de las obligaciones electorales, tanto en la abstención electoral como en el voto nulo o “voto bronca”, y el voto en blanco, como rechazo a la oferta convencional que produce el sistema político; así como en la acción colectiva directa de repudio a representantes de la clase política o “escrache”. Lo segundo, en la aparición de la intención de ocupar, reparar, o efectuar acciones colectivas grupales con contenido social (organizaciones de economía social, de desempleados, de defensa de derechos, y de solidaridad).

Lo cierto es que, en medio de la crisis, la demanda más ostensible de la población sobre su dirigencia política se refería al carácter ético y a la eficacia. La ciudadanía pretendía, en forma pragmática, observar resultados concretos obtenidos por las políticas públicas, y tendía a realizar algunas experiencias de organización civil sobre el espacio vacío de representación dejado por el Estado y los partidos políticos. Se concentraba en la imputación a la dirigencia por la recesión y la depresión económica, que se vive de manera casi permanente desde hace años. La crisis socioeconómica también ha colaborado fuertemente en el distanciamiento de la sociedad civil en cuanto al estamento político profesional.

2. ¿Cuándo hay crisis de malestar exacerbado?

Detectamos una crisis de malestar exacerbado cuando se producen algunos de los siguientes conflictos institucionales:
a) Hay un vacío de poder (power vacuum) en el Gobierno, ya que no hay nadie que se presente como cabeza visible del poder público, o cuando no queda en claro quién decide las cuestiones de Estado. Conlleva incertidumbre, inestabilidad y puede desembocar en una total ausencia de gobierno.
b) El Gobierno no es percibido como capaz de resolver agudos problemas políticos, económicos y sociales.
c) El Gobierno termina desbordado por las presiones populares.
d) Hay una creciente pérdida de legitimidad del Gobierno y de las instituciones democráticas -que tampoco son percibidas como eficientes-, a la par que los dirigentes y gobernantes parecen estar reñidos con la ética política.
e) La corrupción en los poderes del Estado es generalizada y repudiada por la ciudadanía.
f) Los gobernantes renuncian, y el poder es asumido por Gobiernos provisionales.
g) Existe un contexto de carencia de representatividad de los poderes de gobierno y de los partidos políticos, donde los ciudadanos no perciben salidas institucionales viables.
h) Se producen extendidas movilizaciones de protestas que expresan un estado de ánimo mezcla de ira y frustración. Las reacciones emocionales sustituyen a la racionalidad democrática.
i) Se representa una suerte de catástrofe social, en la cual se combina una mayoritaria declaración de adhesión al régimen democrático y de desconfianza con el Congreso y los partidos políticos, y en diferente magnitud con todas las instituciones públicas
j) En ese marco irrumpen la antipolítica, el estremecimiento social derivado de inflaciones desbocadas, hambre generalizada o la hiperdesocupación. Por fin, la política es enfrentada a las ideologías y a la gente, y de ello se encargan los periodistas y los propios políticos.
k) El Estado es puesto en contradicho por la ciudadanía en razón de su ineficiencia o debilidad.
l) Se insinúa un final de época.

En los estudios del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina realizados por la Konrad Adenauer Stiftung, en conjunto con Polilat.com y la Red Interamericana para la Democracia, la crisis de malestar exacerbado se valora a través del “factor de anormalidad democrática”, definido como la “incapacidad institucional para el procesamiento de las tensiones que la democracia debe armonizar y administrar”, o dicho de otra manera “cuando las instituciones son forzadas para lograr un mantenimiento del régimen democrático”. Ese indicador objetivo (basado en estándares observables) se visualiza a través de la ocurrencia de crisis institucionales que dan cuenta de una “eficiencia política ausente” y/o una “baja o nula capacidad institucional para ejercer el poder”.

Este grado constituye la hipérbole del malestar en la democracia, en la que se advierte un vacío de poder en el Gobierno, y una movilización ciudadana en las calles. Desde el punto de vista del desarrollo de la política democrática, la incorporación de la protesta supone integrar la dimensión del conflicto y el antagonismo, junto a la del consenso y la discusión razonable propia del discurso hegemónico, abriendo la posibilidad de enriquecer el debate en la esfera pública e introducir en él nuevas demandas y nuevos temas, así como hacer presentes nuevos grupos habitualmente excluidos.

Las situaciones descritas suelen ser llamadas “las democracias de la ira”, que encarnan y reflejan a la perfección la desesperanza de lo que Hannah Arendt denominó el “gobierno de nadie”, en alusión al moderno estilo de gobierno en donde todo es el “aparato”, el “sistema”, el “Estado”. Entes abstractos que no cuentan con personificación alguna cuando de rendir cuentas se refiere. Nadie es responsable de nada, y tampoco nadie es capaz de dar respuestas. Nos remiten a alguno de esos entes que justifican lo que solo una persona o un grupo de personas ha creado, gestionado, propiciado o ejecutado.

Cada vez es más encontrar oídos sordos cuando un ciudadano se enfrenta a un problema que incumbe a la administración. En todo esto el elector se siente solo, desamparado, discriminado y airado. Los sociólogos y analistas políticos tienen que recurrir a explicaciones cada vez más inverosímiles sobre los resultados electorales o la participación política de los ciudadanos. Por su parte los políticos tienen que hacer mayores esfuerzos demagógicos y propagandísticos para restañar su pérdida de popularidad, a la par que los partidos requieren de mayores partidas presupuestarias para convencer a votantes cada vez más apáticos y descreídos.

La singularidad del inicio y la resolución de los conflictos político-sociales de los últimos años, nos motivó a adentrarnos en el análisis del malestar, ya que:
a) La sociedad movilizada es la que se encarga de poner fin a los Gobiernos democráticamente elegidos.
b) Las crisis son solucionadas mediante mecanismos constitucionales.
c) Lo que existe es un creciente malestar en la democracia y no necesariamente con la democracia.
d) Las reformas económicas de los últimos veinte años han dejado una gran deuda: el fortalecimiento del Estado democrático.

Resta señalar que en América Latina, los últimos años han estado marcados por la existencia de varios focos de tensión de diferente naturaleza, y prácticamente la totalidad de los países de la región se han visto afectados por diversos conflictos a la vez. Algunos de ellos no han finalizado y los que sí lo han hecho siguen mostrando sus repercusiones en el presente. A pesar de la heterogeneidad de los casos, se detecta un cambio cualitativo en la naturaleza de los conflictos que han atravesado a América latina: los problemas tienden a producirse dentro de los Estados y no entre ellos, materializándose en luchas por el control territorial, disputas por el control del Gobierno, rivalidades en cuanto a la obtención de derechos étnicos y culturales.

Con excepción de Colombia, Sudamérica no es en la actualidad una región afectada por conflictos armados. Ello se debe fundamentalmente a tres razones:
a) Las disputas territoriales arrastradas desde las épocas de la formación de los Estados nacionales fueron resueltas gracias a diversos instrumentos de arbitraje nutridos por el avance del Derecho Internacional.
b) Las guerras civiles de finales de la década de los sesenta se atenuaron tras la consolidación de los procesos democráticos.
c) A finales de la década de los noventa, quedaron prácticamente resueltos la mayoría de los conflictos limítrofes que afectaban a América del Sur.

Pero a pesar de los avances logrados, los Estados latinoamericanos se encuentran aún sometidos a disputas políticas y civiles, a graves desequilibrios socioeconómicos, así como a un debilitamiento de sus estructuras democráticas. Esta coyuntura genera un panorama que conduce a la fragilidad y vulnerabilidad del Estado, permitiendo la irrupción de nuevos actores y diferentes agentes promotores de crisis.

El particular caso sudamericano nos muestra que las variables a tener en cuenta son siempre numerosas y que cada caso tiene suficientes especificidades para que se tengan en cuenta factores añadidos (como etnia, género, etc.) que condicionan los conflictos. Son muy pocos los provocados por una sola causa. En su mayoría son fruto de una multiplicidad de factores. Además, las sociedades no generan dilemas de una manera absolutamente idéntica ni éstos siguen la misma pauta una vez que las crisis estallan.

Los recientes casos de ingobernabilidad se han caracterizado por manifestaciones populares que quitaron legitimidad al poder ejercido por los gobernantes, quienes a su vez demostraron ser incapaces de transformar los pactos de poder y posibilitar la inclusión efectiva de la población. A diferencia del pasado, cuando las crisis de gobernabilidad en la región se resolvían con la interrupción del régimen democrático, las crisis reinantes solo fueron resueltas dentro del sistema institucional. En la segunda parte de la tesis evaluamos si ello trajo aparejado la profundización de la democracia, ya que esto último depende de la refundación del pacto de poder y no solo de las reglas de su ejercicio e institucionalidad.

Como causas del malestar exacerbado discernimos cinco centrales y de magnitud: razones económicas, cuestiones humanitarias, hechos inesperados, hastío con los gobernantes, y quebrantamiento de los umbrales democráticos.

En presencia de una crisis de esta índole, generalmente se produce una concurrencia de factores y concausas que motivan la exaltación y la furia de los ciudadanos. Entre ellos podemos mencionar: los insuficientes resultados económicos y sociales de los regímenes democráticos; la crisis y el desprestigio del Estado y de lo público; la carencia de una sólida cultura democrática; el efecto de los casos de corrupción de los políticos; las dificultades en la relación entre los partidos políticos y el resto de la sociedad civil; la subordinación de la actividad política a los poderes fácticos de origen nacional y transnacional; el incremento de la violencia política y no política; y en algunos países, las dificultades de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la institucionalidad democrática.

3. La realidad de hoy en Venezuela: de donde viene y hacia dónde va

Grosso modo, Venezuela es un país cuyo imaginario popular ha quedado detenido como una fotografía en los años 1974-1979, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, el responsable del milagro económico venezolano. Por entonces se la conocía como Venezuela saudita, a raíz del efecto multiplicador de los dólares que ingresaban por la venta de crudo. Las sucesivas presidencias de Pérez Campins y Lusinchi ya evidenciaban cierto deterioro de la economía desde el viernes negro de febrero de 1983; pero la segunda presidencia de Pérez, aupada por el recuerdo de la primera y por la buena imagen de su antecesor Lusinchi fue la demostración de que ya nada era como se pretendía. La corrupción fue el sino trágico de Pérez hasta que la Corte Suprema de Justicia lo destituyó en mayo de 1993.

Venezuela, que ya había padecido el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989), las cruentas rebeliones militares encabezadas por el teniente coronel Hugo Chávez y el contralmirante Hernán Grüber Odremán (4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 respectivamente), navegó en las aguas turbulentas del ineludible fin del modelo de la república que venía desarrollándose con ejemplar conducta democrática desde el fin de la dictadura de Pérez, y no había sucumbido a los golpes militares de los 80, al igual que su vecina Colombia.

A Pérez le sucedió su correligionario y presidente del Senado, Octavio Lepage; el Congreso eligió como presidente interino al senador Ramón Velásquez, quien llamó a las elecciones que le dieron la victoria al presidente socialcristiano Rafael Caldera, quien tampoco pudo revertir la crisis económica y política, resultando pulverizados los antiguos partidos que habían hegemonizado los últimos 50 años de la política venezolana. Con la amnistía a los golpistas del 92 empezó a emerger la figura del líder Hugo Chávez, que gobernó desde fines de 1998 hasta su muerte en 2013, cambiando las estructuras del país, fomentando la división entre los venezolanos, asociándose con países cuestionados como enemigos de la libertad como Cuba, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte, y manejando con discrecionalidad no exenta de venalidad los dineros generados por las ventas de petróleo.

4. ¿Existe la democracia bolivariana?

El chavismo ha buscado construir la “democracia bolivariana” adoptando para ello como estrategias la participación protagónica corresponsable, incentivando el desarrollo de redes sociales, promoviendo a las organizaciones de base, y estimulando la sociedad controladora de lo público. En este proyecto democrático Chávez involucró al ejército al servicio de los pobres y convirtió al pueblo en agente político visible. Las autoridades venezolanas y los teóricos que les sostienen, describen como elementos de esta nueva democracia: la productividad, la solidaridad y la igualdad, que trascienden el capitalismo y el mercantilismo. Es un concepto de democracia que no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos y las elecciones, sino que se irradia en todos los aspectos de la vida en sociedad y a todos los sectores.

Humberto Njaim dice que la democracia bolivariana es una concepción constitucional, en donde la participación se antepone a la representación que predominaba en las constituciones anteriores. De igual manera señala sus principios rectores: voluntad política, ciudadanía, protagonismo, descentralización y democracia. Pero advierte: “sin embargo, el desarrollo legislativo y la interpretación jurisprudencial y doctrinaria tendrán que orientarse a superar algunas de las tendencias aquí encontradas, ya sea radicalizando los postulados de la democracia participativa y protagónica, o evitando los peligros de la democracia plebiscitaria para lo cual será necesario reforzar los elementos representativos, no como fines en sí mismos sino como medios para salvar la estabilidad de la Constitución y su primacía por encima de las vicisitudes políticas y la arbitrariedad de los gobernantes de turno”.

Orietta Caponi, por su parte, la define como una democracia no liberal, incluyente y por tanto humanista, popular, ética, defensora de la identidad y soberanía nacionales, así como de la emancipación social. Es preciso señalar que esta democracia está en fase constructiva y que al utilizar el adjetivo bolivariano se abren las puertas a todas las ideas progresistas y humanistas provenientes de cualquier corriente ideológica, en tanto permitan la inclusión real y efectiva de toda la población. Es una democracia unida al concepto de soberanía.

En contra del proyecto de democracia participativa protagónica encontramos la opinión de Melo quien señala que los trazos más evidentes de la concepción bolivariana son: el exacerbado mayoritarismo y el plebiscitarismo. La mayoría se articula en exclusiva en torno al liderazgo carismático de líderes como Chávez y ahora el nuevo presidente Maduro, menos capacitado y más confundido.

Consideramos a la democracia bolivariana como una máscara, por cuanto si bien se dice una democracia republicana, participativa y protagónica, ha provocado una grieta entre la población en fracciones bien diferenciadas, una a favor del chavismo con rasgos fundamentalistas y otra profundamente antichavista con visos de aborrecimiento. Los bolivarianos no son propensos a reconocer derrotas ni errores y atribuyen sus fallas a campañas de desprestigio, desinformación, intrigas y complots.

Los chavistas no dudan en descalificar al contrincante, al cual ven como un enemigo a destruir. No titubean en aliarse con los regímenes iraní o norcoreano, a recurrir al fraude o a encarcelar militares, opositores y jueces que no se someten a sus designios, con tal de cumplir sus objetivos. También atacan la libertad de prensa y no tardan en suprimir los medios de comunicación de tendencia contraria a sus sedicentes ideales “revolucionarios”. Es por ello que el Socialismo del Siglo XXI del cual Venezuela es cabeza, utiliza las reglas de la democracia para acabar con ella desde adentro.

Desde Popper y Dahrendorf, pensamos la democracia no solo como la posibilidad de elegir gobernantes y ser representados, o como un orden constitucional que torna viable relevar los gobiernos sin revolución o derramamiento de sangre, o como el conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quien está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos – en palabras de Norberto Bobbio-; sino en un sentido más amplio (como enseña Ludolfo Paramio) como horizonte permanente.

La democracia sería así un sistema político y social que brinda seguridad (física, pero también económica y social) y que privilegia la educación, la salud, las oportunidades de trabajo, la libertad de prensa y de expresión. Un sistema que apoya la diversidad, la innovación, que respeta las minorías, sus culturas y sus derechos.

La verdadera democracia supone la existencia y reconoce el valor de las organizaciones civiles intermedias, como medios de expresión legítima de la participación ciudadana para construir el capital social. En tanto sistema político debe posibilitar al ciudadano realizarse plenamente y alcanzar un desarrollo que supere lo meramente económico y tecnológico. Se funda en la libertad de elección y el gobierno del pueblo sobre sí mismo, compromete la responsabilidad ciudadana y establece igualdad de oportunidades para todos, permite la pluralidad de ideas y promueve el respeto de las diversas creencias y valores de cada persona y cada cultura. La democracia sustancial crece cuando se amplían y expanden los derechos, y ello se da generando distintas respuestas que conllevan una protección efectiva de los derechos fundamentales desde una mirada real, humana y plural.

Coincidiendo con Pateman, Bachrach y Macpherson, cabe señalar que la democracia no puede circunscribirse a un puro procedimiento o un simple mecanismo de constitución y organización del poder político. La democracia involucra una intervención real y persistente de las grandes mayorías en el manejo de la cosa pública, lo que envuelve, entre otras cosas, y como actividad básica y primigenia, la asistencia consciente a los comicios donde habrán de elegirse representantes.

Acorde con los cambios del mundo, la democracia ha tenido distintas enunciaciones: el gobierno de los hombres libres, la voz del pueblo, el medio de deliberación y decisión, un sistema político con reglas para elegir y ser elegido sobre la base de los derechos de libertad e individualidad.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2004 planteó el problema de forma directa: ¿Se puede hablar de democracia cuando la mayoría de los ciudadanos, o parte sustancial de ellos, carecen de los recursos necesarios para ejercer sus derechos de ciudadanía? Lo que parece indiscutible es que en esta situación las instituciones de la democracia funcionarán mal, y que ésa puede ser una de las claves de la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, y de las frecuentes crisis de gobernabilidad.

Debe recuperarse la distinción entre democracia formal y sustantiva, pero despojada de cualquier desvalorización de los procedimientos. Pero, además, la democracia debe tener una potencial sustantividad material, lo que quiere decir crear condiciones y oportunidades para la lucha por la igualdad. La democracia como sistema de representación política parece no satisfacer las expectativas de los ciudadanos en torno a un mejor y mayor bienestar. Análogamente, la democracia como un fin, es decir, el avance en los derechos políticos y libertades civiles que hoy disfrutan los habitantes, se ha visto totalmente anulada por la incapacidad de traducir estos avances en mayor bienestar económico y social.

5. Conclusiones

La democracia bolivariana plantea un estándar imperfecto de democracia, un mero disfraz o visión acotada para disimular autoritarismo, exclusiones o cercenamiento de libertades y, sin ambages, puede calificarse de desviación o desorientación que trae consigo confusión y desconcierto.

La democracia no es tan sólo el gobierno que la ciudadanía elige en los comicios, sino que es el ideal –valor si se quiere- de un horizonte permanente que respeta a las minorías, la libre expresión de las ideas, la existencia de prensa independiente, y que observa sin dobleces la Constitución política del país de que se trate.

Incluso un Gobierno como el venezolano, puede ser democrático en la elección, pero dictatorial en su forma de ejercer el poder, y ostentar una condición democrática para disimular y repeler las acusaciones o las críticas de la máscara que utiliza.

El malestar exacerbado en las calles y espíritus venezolanos reconoce idénticas causas a las presentadas anteriormente, que además se encuentran potenciadas por la desembocada administración del presidente Maduro, un terco militante de la intolerancia quien, con sus desvaríos e impredecible comportamiento, da el physique du rôle de un esperpéntico tirano fascista de izquierdas, que ni el genio inigualable de Gabriel García Márquez imaginara para Macondo.

Javier Pablo Marotte

Revista Perspectiva

El presidente del BCV aseguró que “hay q ir acostumbrándose” al nuevo mercado de divisas, del cual dijo que está en su tercera jornada y que “funciona bien”. Añadió que la tasa Sicad II de ayer, de Bs 51,58 “es la que está en el intercambio del sistema, que sustituye desde el punto de vista del mercado a ese llamado dólar paralelo”.

El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, defendió las bondades y la operatividad del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II), que cumple hoy su tercer día de funcionamiento, y que según el funcionario tiene un efecto positivo en el riesgo país, las cotizaciones de los bonos venezolanos y la tasa del mercado paralelo de divisas.

Merentes explicó que “ya tiene beneficios, el riesgo país ha bajado, los bonos están al alza, casi 6 puntos; y el dólar paralelo bajó de 90 bolívares a 50 y pico o 60 bolívares (por dólar)”. Agregó que “todo el que necesite comprar porque tiene algún motivo, hágalo por aquí”, subrayando que “aquí no habrá cosas falsas” y que el Sicad II es un mecanismo legal.

Sobre la tasa, dijo que ésta obedece a un cálculo ponderado, y reconoció que “ayer estuvo más robusta que el primer día”. Explicó que la oferta será la que determine las cantidades disponibles, aclarando que “hay que ir acostumbrándose. El mecanismo funciona bien y esa es la tasa que está en el intercambio del sistema, que sustituye desde el punto de vista del mercado a ese llamado dólar paralelo”.

Destacó que más allá de algunas dificultades iniciales para comprender el funcionamiento,  “lo importante es que hay gente que está vendiendo. Todo el que exporte, transe oro o comodites, hágalo por ahí”, dijo Merentes.

Merentes aconsejó a los interesados en la divisas que “el que quiera vender que lo haga aquí ( Sicad 2) el que necesite comprar que lo haga por aquí, no se deje especular por un mercado que no tiene racionalidad económica”.

Aún no reveló la cantidad que se ha transado desde sus inicios.

Turistas podrán cambiar dólares en Venezuela

Merentes aprovechó la oportunidad informó que “pronto” los turistas podrán vender dólares en Venezuela. “Los turistas podrán vender los dólares a esa tasa y lo podrán hacer en los aeropuertos o en los hoteles que se les acredite”, explicó.

Asimismo manifestó que el sector privado es el que está “fortaleciendo” el sistema. “Los privados están viendo esto de forma muy positiva”, espetó al tiempo que precisó que otro de los logros del Sicad II fue hacer que baje el valor del Dólar paralelo de 90 a 60 Bs.

El Universal / El Mundo Economía y Negocios / El Nacional 

En el programa  la Cola Feliz, con Nelson Bocaranda y Mariela Celis, la diputada tuvo la oportunidad de conversar en el marco de su intervención ante la Organización de Estados Americanos, las múltiples reacciones que ha conllevado su participación y las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello en que aseguraba que Machado pierde su condición de diputada.

La diputada aclaró que “en la OEA  sólo se había escuchado la voz del régimen” y acotó “este ataque lejos de debilitarnos, nos da más fuerza”  refiriéndose a la unidad que se vive en el seno de la MUD.

Circuito Éxitos

Rocío San Miguel considera que Maduro comete un error político.

La captura de los tres generales de la Aviación Militar Venezolana, anunciado este martes por el presidente Nicolás Maduro, “es inconstitucional”. Así lo aseguró, Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, quien indicó  que es “un error político y militar del Alto Gobierno” presentarlos en tribunales militares, cuando “precisan de antejuicio de mérito”.

“La Constitución es muy clara y establece que cualquier procedimiento criminal contra generales y almirantes tiene que contar con un antejuicio de méritos, decidido en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; es decir que cualquier indagatoria que se haga, cualquier declaración con carácter criminal que se esté haciendo en contra de esto generales es  completamente inconstitucional”, dijo la abogada de los Derechos Humanos en entrevista a El Universal.

San Miguel no quiso revelar los nombres de los militares, detenidos en la sede de la División General de Inteligencia Militar (DGIM),  “por no tener autorización de la familia”. Sin embargo,  trascendió  que los tres “generales de brigada de alta graduación, activos y con cargos en comandos operativos” son Carlos Alberto Millán Yaguaracuto, pertenecía a una dependencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FANB); José Daniel Machillanda Díaz,  Díaz  estaba adscrito al cuartel de la Comandancia General de la Aviación en La Carlota y Oswaldo Hernández Sánchez fue viceministerio de Educación para la Defensa y comandante de la Base Área.

A juicio de la abogada, la detención de estos militares “obedece a desacuerdos y diferencias” con relación a lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 50 días. “Es falso que los generales estuvieran arengando a las tropas porque estaban destacados en distintos sitios”.

“A raíz de las protestas que se han suscitado en contra del Gobierno, se ha formado toda una trama en esta direccionalidad y por lo visto cuenta con la decisión de la ministra  Carmen Meléndez, y del propio presidente Nicolás Maduro”.

La noche del martes, la directora de Control Ciudadano se presentó en la sede del DGCIM para visitar a los generales y advertir que la detención precisa de antejuicio de mérito y no s ele permitió la entrada. “Tienen garantías y prerrogativas establecidas en la Constitución”, dijo.

Más tarde, el presidente de la República en su programa de radio “En Contacto con Maduro”, acusó a la abogada de estar involucrada en el supuesto intento de golpe de Estado contra su Gobierno.

“Hay varios enlaces con sectores de la oposición, uno es con una persona llamada Rocío San Miguel. Ella es el enlace con el sector golpista de la oposición de partido Voluntad Popular. Está involucrada plenamente en el intento de golpe de Estado contra el Gobierno”, expresó el Jefe de Estado, al tiempo que indicó que San Miguel es “solo una pieza” y que no la ataca, sino que la señala.

San Miguel reaccionó a través de la red social Twitter y manifestó: “Soy una venezolana a carta cabal. Nadie puede atribuirme delito alguno en mis 47 años. Es lamentable esta acusación temeraria en mi contra”.

“Presidente de la República me involucra con un golpe de Estado. Ahora entiendo la amenaza de la semana pasada: ‘San Miguel te vamos a quebrar'”, escribió en su cuenta @rocíosanmiguel.

Durante la reunión con cancilleres de la Unasur, Maduro dijo que los generales fueron detenidos la noche del lunes y aseveró que “pretendían alzar a las fuerzas militares contra el Gobierno”. Además que esa irregularidad fue detectada gracias a la “conciencia de oficiales, generales, coroneles y capitanes que vinieron alarmados a denunciar que se les estaba convocando a un golpe de Estado”.

San Miguel dijo que la acusación de Maduro fue porque “le molesto que intentara visitar al los 3 Generales de la FAV”.

Soy una venezolana a carta cabal. Nadie puede atribuirme delito alguno en mis 47 años. Es lamentable esta acusación temeraria en mi contra!

— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) March 26, 2014