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Cavecol alerta que algunas cadenas de ropa colombiana evalúan cerrar en Venezuela

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luisalbertorussian

 

Sostienen que en el primer trimestre las exportaciones colombianas cayeron 13%

El presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana, Luis Alberto Russián, manifestó este lunes su preocupación por algunas cadenas de ropa colombianas que han tratado de administrar la mercancia del año pasado y están evaluando cerrar en Venezuela por dificultades con la adquisición de divisias.

En entrevista a Globovisión, el presidente de Cavecol sostuvo que el contrabando está perjudicando a ambos países.

Russián  informó, que en el primer trimestre de 2014 el intercambio comercial con el vecino país fue de 578 millones de dólares; 460 a favor de Colombia y 118 a favor de Venezuela.

El representante de los empresarios binacionales sostuvo que en el primer trimestre las exportaciones colombianas cayeron 13%, mientras que las venezolanos aumentaron en 19%, comparadas con el año pasado.

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Aquí están las pruebas de la verdadera conspiración…

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Hace exactamente dos años y seis meses el Radar de los Barrios realizó la primera denuncia pública contra la manipulación politiquera en los libros de la Colección Bicentenario del Ministerio de Educación, como pueden verificarlo pulsando el link que esta encima de la fotografía con el rostro de Orelyz González.  Esta combativa madre, habitante del Barrio Campo Elías en la parroquia La Pastora, mostró en cámara contenidos de propaganda política inaceptables en un libro de ¡Matemática de 5to grado! Eso salió al aire el 9 de Noviembre de 2011, en la pantalla de aquella Globovisión que aun permitía el ejercicio democrático de la denuncia. Once meses después, el 16 de Octubre de 2012, el Ministerio de Educación emitió la Resolución 058 que establece la sustitución de las comunidades educativas por “Consejos Educativos”. Tales hechos apenas alteraron el sueño profundo de muchos que hoy están “descubriendo” estas y otras barbaridades que el proyecto autoritario perpetra contra la educación de nuestros hijos.

Este es sólo un ejemplo de como la tóxica mezcla de violencia gubernamental e indiferencia ciudadana conspira contra el ideal establecido en la Constitución, de tener un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, caracterizado no por el “socialismo” sino por el pluralismo.

Violencia e indiferencia, derrotadas en “la calle” y en “el diálogo”…

Porque hay que decirlo con claridad: La perversión autoritaria sólo puede imponerse cuando la indiferencia ciudadana se hace cómplice de ella. Y al revés: Cuando la participación, la solidaridad y la unidad del pueblo se hacen presentes, ni la violencia ni el dinero de la burocracia gobiernera pueden torcer la voluntad de la gente. Así se demostró hace cuatro días en Vargas, cuando un tribunal tuvo que dejar en libertad plena a Zulay Molina. Zulay es una dirigente chavista de base, fundadora del PSUV en el pueblo de Naiguatá, vocera del Consejo Comunal y representante del gobierno parroquial ante el Consejo Federal del Gobierno. Ante una denuncia hecha por vecinos opositores en El Radar de los Barrios sobre el presunto ecocidio que lleva adelante una compañía privada en alianza con el gobierno regional en la desembocadura del Rio Naiguatá, Zulay se puso al frente de esa lucha que unió a vecinos chavistas, opositores e independientes.

Por supuesto, el gobierno la hostigó, intentó amedrentarla y finalmente la llevó a juicio. Zulay se mantuvo firme, como firme se mantuvo el apoyo del pueblo unido. Un militar activo fungió como demandante, apoyado por tres abogados. Eran los pobres unidos contra todo el peso del gobierno, ante una administración de justicia conocida por su actitud de “colaboración” ante el poder. Pero la ciudadanía ganó esta pelea porque no hubo indiferencia,porque afuera del tribunal había un pueblo unido y dispuesto a “pintarle un ave” inmensa a la sentencia del TSJ que limita y condiciona el derecho constitucional a la protesta pacífica. Así ocurrió en Vargas: “Diálogo” en el Tribunal y “calle” con pueblo unido. El resultado: Victoria de la gente, derrota del gobierno.

 

Obreros y estudiantes unidos y adelante

Ese precisamente es el camino que está tomando la protesta, el de la unión de pueblo con pueblo: Mientras la burocracia gobiernera quedaba exhausta el pasado jueves Primero de Mayo por el esfuerzo logístico que significó carretear a buena parte de la nómina pública desde todos los rincones del país hacia la melancólica reunión de la Plaza Oleary, marchas opositoras (unas más masivas que otras, ciertamente) recorrieron las más importantes ciudades de Venezuela. En estas movilizaciones marcharon hombro a hombro, codo a codo, sindicatos (sindicatos de verdad, de base, junto a movimientos clasistas como FADESS, MOBASE, CCURA, entre otros) con dirigentes estudiantiles (líderes también de verdad, electos por sus comunidades, no “designados” por rectores oficialistas o convertidos en “dirigentes” por designios partidistas o mediáticos).

Esta unión de obreros y estudiantes puesta de manifiesto el Primero de Mayo tenía que preocupar al gobierno, pues no se trata ya de unos escombros trancando una calle y unos cuantos centenares de activistas desafiando con heroísmo la violencia oficial. No. Lo que se evidenció el Primero de Mayo es que está emergiendo lo que puede ser la cuota inicial del gran movimiento social que puede no sólo enfrentar al Paquetazo Madurista, sino también hacer la presión de calle necesaria hasta lograr concretar (en el “diálogo”, ¿dónde más si no?) las condiciones indispensables que permitan la transición democrática en nuestro país.

 La “Teoría de la conspiración” busca desmovilización

En efecto, el gobierno tenía que responder, y respondió: Al día siguiente de estas movilizaciones, el mismo viernes 2 de Mayo, el militar activo que ocupa la cartera del Ministerio de Policía dio una rueda de prensa “develando” un supuesto “plan nacional insurreccional”, implicando a un listado enorme de personas, conectando hechos recientes (la muerte de Eliecer Otayza) con viejas versiones jamás sustentadas (la famosa “fiesta mexicana”), señalando a diestra y siniestra nombres de dirigentes políticos, estudiantiles, gremiales y de defensores de Derechos Humanos, sin presentar una sola prueba.

Resulta evidente que con el espantajo de la “conspiración” el gobierno busca reposicionar la agenda de la violencia política, tras la oleada de malestar económico y social generada por la insólita decisión de aumentar el salario mínimo apenas un 30% después de haber devaluado la moneda un 60% y tras haber promovido que la inflación general esté por encima del 51% (la más alta del mundo) y la inflación en alimentos llegue a casi el 80%; Aterrado por la posibilidad de que la protesta pacífica masiva tome las calles, el intento oficial de reposicionar la “teoría de la conspiración” busca reforzar el protagonismo de los extremos. El gobierno promueve el tablero de la violencia, que es el único donde tiene ventaja, e intenta dar una patada al escenario del diálogo, que es el único (cuando se produce en presencia de las cámaras de TV) donde quedan en evidencia sus fallas y truculencias.

Ambos juegos están claros, tenemos viento a favor…

El juego de la federación de grupos que hoy constituyen el ex chavismo está claro: Para atornillarse en el poder, vienen con más violencia. El mismo gobierno que acabó con la agricultura venezolana ahora se muestra experto en “sembrar” evidencias fraudulentas a detenidos y allanados. También es clara la línea de conducta de quienes queremos restituir la plena vigencia de la democracia y la Constitución: Unidad; protesta masiva, pacífica y contundente; identificación con las razones económicas y sociales del malestar de las empobrecidas mayorías nacionales; solidaridad con las descontentas bases populares del oficialismo, agredidas ya no sólo por la política económica del gobierno, sino también por su represión física, policial y judicial.

Los venezolanos derrotaremos la verdadera conspiración, la de los corruptos e ineficientes que quieren perpetuarse en el poder traficando con la violencia. Y para ello debemos desterrar la indiferencia. Violencia e indiferencia son los dos componentes activos de la conspiración del atraso, que el pueblo unido (estudiantes, trabajadores, clase media, sectores populares, TODOS SOMOS PUEBLO) sabrá vencer.

¡Palante es pa’allá! 

Jesús Torrealba

@ChuoTorrealba

Real Madrid se queda con un amargo empate frente al Valencia

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Real Madrid CF v Valencia CF - La Liga

El Valencia completó una jornada repleta de sorpresas y asaltó el estadio Santiago Bernabéu con un empate ante el Real Madrid (2-2), que dilapidó muchas de sus opciones de ganar la Liga, para dejar al Atlético como principal candidato al título.

Las sorpresas del Getafe y del Levante, sobre todo al del segundo, dieron un interés imprevisible a un campeonato que parecía tener un dueño: el Atlético de Madrid. Su derrota por 2-0 en el estadio Ciudad de Valencia abrió una puerta a los blancos, que llegaron a una cita importantísima envalentonados después de arrasar al Bayern de Múnich en Alemania.

Había mucho en juego en un partido que aparentemente iba a ser plácido por el revés que sufrió el cuadro de Juan Antonio Pizzi en la Liga Europa. Su eliminación en semifinales hizo mucho daño, con lágrimas incluidas del valencianista Ricardo Costa, un día después del destrozo que causó el Sevilla.

La moral del Valencia estaba por los suelos y nueve de los once que cayeron en Mestalla saltaron al césped del Bernabéu. Todo estaba preparado para un festival blanco. Se esperaba una victoria fácil, sin fisuras y contundente, pero no fue así.

Con un once titular sin el croata Luka Modric por lesión, sin Ángel Di María en el banquillo y sin Pepe, en la grada descansando, Carlo Ancelotti sacó al césped a Asier Illarramendi, Isco Alarcón y Raphael Varane. Illarramendi e Isco, dos candidatos para sustituir a Xabi Alonso en la final de la Liga de Campeones, necesitaban presentar sus credenciales para convencer a su entrenador.

No lo hicieron. El comienzo de Illarramendi fue premonitorio. Un resbalón con una pérdida de balón sacó a relucir los nervios de un jugador que no ofreció muchas garantías de asumir el juego en toda una final europea. Tendrá que enseñar algo más si quiere disputarla. Otro de sus rivales por el puesto, Isco, tampoco mostró su mejor cara. Acabó agotado, sustituido por el brasileño Casemiro en la segunda parte.

Sin Di María desde el inicio, su empuje se notó y pocos corrieron como lo hicieron en la eliminatoria ante el Bayern. No se vio la misma intensidad en el equipo, bastante timorato a la hora de presionar a los jugadores del Valencia. Éstos aguantaron el chaparrón inicial blanco, en el que Cristiano Ronaldo erró una ocasión clarísima al principio, para, poco a poco, ir creando inquietud en la poco animosa grada del Bernabéu.

Ese ritmo “trotón” de la primera parte, causado en parte por la ausencia de Modric, el jugador más vertical del centro del campo merengue, dejó casi sin ocasiones a los blancos (sólo alguna individualidad de Cristiano y Bale) para dar opciones al Valencia, que avisó con un cabezazo de Dani Parejo al larguero que salvó Diego López. Después, el argelino Sofiane Feghouli, se acercó al gol, pero de nuevo el portero madridista lo evitó.

Al final fue el francés Jeremy Mathieu quien castigó la candidez del Real Madrid con un cabezazo a la salida de un córner en el que Diego López se quedó clavado en la línea y Varane falló en la marca. Ese gol, el 0-1, fue el justo premio para un equipo que llegó al duelo desmoralizado y se marchó al vestuario eufórico.

Entonces Ancelotti sacrificó a Illarramendi, que pudo quedar marcado para el futuro más inmediato por su pobre actuación. El italiano sacó al campo a Di María para dar más electricidad a un equipo que parecía contagiado por las debacles del Barcelona y del Atlético. Lo consiguió a medias, porque la reacción inicial, con el empate de Sergio Ramos, la frenó Dani Parejo con el segundo tanto visitante.

Aunque el empuje del argentino sirvió para encender a un alicaído Bernabéu y para ordenar momentáneamente a su equipo, no fue suficiente. El tanto de Parejo trajo la anarquía al Real Madrid y ya sólo podía ganar de cualquier modo, ya no valía ningún sistema. Esa situación dejó muchos espacios para el Valencia y la situación era crítica.

El equipo de Ancelotti contó con pocas ocasiones para intentar la remontada y casi todas las frenó Diego Alves, que fue un muro en el que chocaron muchas de las intentonas madridistas de conseguir el goloso premio de acercarse al título de Liga.

Cristiano acercó el milagro con un acrobático gol -con la suela a media altura y de espaldas-, que sirvió para empatar un choque que se volvió loco con un remate en el descuento de Morata que a punto estuvo de traer la épica al Bernabéu.

Al final, la victoria no llegó y el Valencia completó el trío de sorpresas de la jornada. El resumen del fin de semana es claro: el Atlético de Madrid depende de sí mismo para ganar el título.

— Ficha técnica:

2.- Real Madrid: Diego López; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Illarramendi, Xabi Alonso, Isco (Casemiro, min. 71); Bale, Benzema (Morata, min. 83) y Cristiano.

2.- Valencia: Diego Alves; Joao Pereira, Ricardo Costa, Mathieu, Bernat; Javi Fuego, Keita; Feghouli, Parejo (Vezo, min. 89); Vargas y Paco Alcácer (Jonas, min. 66).

Goles: 0-1, min. 44: Mathieu; 1-1, min. 58: Sergio Ramos; 1-2, min. 65: Parejo; 2-2, min. 90: Cristiano.

Árbitro: Clos Gómez (Comité Aragonés). Mostró cartulina amarilla a Di María (min. 50) por parte del Real Madrid y a Keita (min. 70) y Feghouli (min. 91) por parte del Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga BBVA disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 81.044 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Eliseo Carvajal, abuelo del futbolista del Real Madrid Dani Carvajal.  /EFE

Meridiano 

HRW: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados

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(Washington, D.C) —Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.

El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.

“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.

Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.

El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.

A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.

En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.

El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.

Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.

La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.

Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.

Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.

“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.

El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.

Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.

“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”.

Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:

El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.

Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez  había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.

Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.

Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.

Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.

José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.

HRW: Castigados por protestar by runrunesweb

 

Human Rights Watch

Capturan nacimiento de jirafa en safari de San Diego

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Jirafa

Un trabajador del Safari Park en San Diego logró grabar el momento preciso en que una jirafa daba a luz.

Durante un paseo en el Parque Safari del zoológico de San Diego, un trabajador logró capturar un momento especial: el nacimiento de una jirafa.

El animal llamado Kizuwanda dio a luz a una jirafa macho y Adam Wiebe tuvo la oportunidad de grabar el momento preciso con su celular el pasado 28 de abril.

Adam Wiebe trabaja en el San Diego Zoo Safari Park, una extensión del zoológico, como conductor de las caravanas y compartió el momento en su cuenta de Facebook con la frase “otra perspectiva impresionante”.

 

 

Milenio 

Hubo 4.680 homicidios en los primeros cuatro meses del año

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La violencia tuvo nombre y apellido este año: Mónica Spear. Su asesinato, junto a su pareja Thomas Berry, ocurrido el 6 de enero en la autopista Valencia-Puerto Cabello, dio inicio a la ola de violencia homicida en el país.

Solo en el mes de enero, a la morgue de Caracas fueron ingresados 412 cadáveres. El 80% por homicidio.

Mónica y Thomas fueron dos de los 4.680 ciudadanos asesinados en el país durante los primeros cuatro meses de año, es decir, 39 muertes violentas cada día.

Esa cifra fue ofrecida por fuentes del Cicpc, de forma extraoficial.

La tasa que arrojan esos cuatro meses, es de 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Si se calcula ese número anualizado, tomando en cuenta una población de 27 millones de habitantes (según datos del INE), la tasa llegaría a 51 casos.

Aunque el número de homicidios disminuyó un 30% en relación con el mismo periodo del año pasado, cuando ocurrieron 6.675 crímenes, la violencia homicida sigue siendo el principal problema de los venezolanos, según destacan expertos en materia de seguridad.

La tasa de esos cuatro meses del año pasado fue de 25 por cada 100 mil habitantes, y la anualizada (como se calculó este año), alcanzó los 74 crímenes.

Todo este panorama se pinta en Venezuela, cuando el 25 de abril el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, decidió relanzar el Plan Patria Segura en siete estados (Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Lara, Guárico, Monagas y Sucre), porque en 22 parroquias de ellos se incrementó el número de asesinatos en un 10%.

En total, hubo en esas entidades 778 muertes violentas, es decir, el 24,4% del número de homicidios que registró el país durante el primer trimestre, que fue de 3.192.

Casos que marcaron 

Desde febrero comenzó a descender la cifra muy discretamente.

Hubo casos donde la opinión pública se alarmó, como el crimen del turista alemán Horst Kurt Fritzz, ocurrido el 7 de febrero en las adyacencias del centro comercial Sambil de Margarita, durante un asalto.

El viajero tenía pocas horas de haber llegado al país en un crucero.

Marzo continuó con la ola criminal, donde destacaron los funcionarios policiales.

Uno de ellos fue José Gregorio Cedeño, de 41 años.

Lo mataron junto a su esposa Yoleidis Colina Valles, de 26, en un centro recreativo de la ciudad de Coro, en Falcón, la tarde del 13 de marzo.

El hombre era supervisor jefe de la policía de Falcón.

Pero sin duda, hubo dos casos que marcaron abril: el doble crimen de los ciclistas en el Ávila, y el asesinato de Eliécer Otaiza.

En el caso de los ciclistas, funcionarios del Cicpc capturaron al autor material.

Sin embargo, con el crimen de Otaiza la ruleta sigue dando vueltas en relación al móvil.

El Universal 

Bajo identidad protegida, el “patriota cooperante” incrimina a ciudadanos

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Un agente encubierto es, por definición de la ley, un funcionario de seguridad del Estado que se infiltra en un grupo de delincuencia organizada con el fin de recabar información incriminatoria (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).

Abogados voluntarios de la ONG Fundeci detectaron que este tipo de operaciones de inteligencia se está aplicando contra grupos de manifestantes antigobierno, e incluso individualidades, con el objetivo posterior de allanar propiedades y realizar detenciones.

 “Son personas que llegan a relacionarse con los ciudadanos cuya propiedad es luego objeto de allanamiento, al punto de que logran tomar fotografías, entrar a las viviendas de las personas y recabar información personal. En algunos expedientes, como el del allanamiento en Chacao del 22 de abril que atiende el Tribunal Noveno de Control, estos agentes encubiertos se identifican como ‘agente 1’, ‘agente 2’, ‘agente 3’, etcétera. Sin embargo, en el expediente del allanamiento del 26 de abril en Macaracuay, la persona que brinda información a la autoridad es identificada como ‘patriota cooperante”, afirmó la abogada Elenis Rodríguez, directora de Fundeci.

Narenis Silva, del equipo de juristas voluntarios de la Mesa de la Unidad, confirmó el uso de agentes encubiertos en el caso que conllevó al allanamiento del 22 de abril en Chacao, donde resultaron detenidas 10 personas, incluido un abogado que acudió como testigo.

“Estos agentes no se identifican y en las audiencias se señala que se hacen amigos de los imputados, toman fotos, etcétera. Pero nunca se tiene idea de quiénes son. Incluso podrían no existir. El agente encubierto está previsto en la ley contra el terrorismo, pero no en los términos en que la Fiscalía lo ha usado para estos casos de protestas”, dijo Silva.

Ilegal y anónimo

Elenis Rodríguez precisó que la denominación de “patriota cooperante” no está establecida en la legislación venezolana.

“Cuando vimos el expediente del allanamiento del 26-A, que lleva el Tribunal 27° de Control, nos encontramos con que se indica que un ‘patriota cooperante’ suministró la información que permitió dar con las personas detenidas. No se identifica quién es esa persona, ni siquiera bajo un nombre falso, pero su declaración y señalamientos sustentan todo el expediente”, explicó.

Acotó que ese “patriota cooperante” acusó a Rodolfo González, un piloto retirado de 67 años de edad, de haber participado en reuniones conspirativas. “Esa persona anónima supuestamente tuvo acceso a comunicaciones privadas del acusado, no se entiende bajo qué figura. Luego, lo que nos parece muy grave es que todas las personas que incrimina el ‘patriota cooperante’ terminan siendo objeto de allanamientos y posibles detenciones posteriores”, advirtió.

Rodríguez alertó sobre el peligro de la situación: “Los jueces basan sus decisiones en las declaraciones de una figura no contemplada en la legislación, incluso sin contrastar con otros testigos, dando paso a la supresión del principio de presunción de inocencia. Basta la declaración del patriota cooperante para que el juez, sin requerir otros testimonios o pruebas, decida dejar detenidos a los investigados”.

Todo viciado

El abogado constitucionalista José Vicente Haro sostiene que el uso de espías o funcionarios de inteligencia para actuar judicialmente contra personas que ejercen el derecho de protestar contra el gobierno es inconstitucional.

La Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es específica al señalar que su campo de acción abarca delitos de terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico. Pese a ello, desde que comenzaron las detenciones por las protestas la Fiscalía ha imputado delitos establecidos en ese instrumento, aun cuando se trata de ciudadanos que expresan su descontento contra las políticas públicas, económicas y sociales del gobierno.

“La aplicación de esta ley y el uso de estos agentes no solo no es ilegal sino que es inconstitucional. La mayoría de esos allanamientos presenta irregularidades gravísimas. La primera de ellas es la fundamentación, justificación y motivos por los cuales se hace el allanamiento, pues se afirma que quienes protestan forman parte de redes terroristas, conspiran contra el gobierno o forman parte de delincuencia organizada. Lo segundo es que los agentes encubiertos deben tener una autorización previa de un juez, pero en estos casos esa autorización no existe. Tercero, se viola totalmente el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Son lesiones gravísimas a derechos civiles consagrados en la Constitución”, dijo Haro.

¿Qué dice la ley?

De la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Título V De la Jurisdicción y otros Procedimientos Especiales, Capítulo II De la Técnica de Investigación Penal de Operaciones Encubiertas, artículos del 66 al 72 ambos inclusive, se desprende que:

-Los agentes encubiertos deben pertenecer “a los organismos especializados de seguridad del Estado venezolano” y haber sido “autorizados previamente por un juez de control” a solicitud del Ministerio Público.

-El juez solo podrá autorizar un agente encubierto cuando la investigación parezca “imposible o sumamente difícil” y/o cuando “otras medidas resultaron inútiles”.

-Para que una operación con agente encubierto sea lícita debe tener la finalidad de “comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo; obtener evidencias incriminatorias; identificar a los autores y demás partícipes de tales delitos; efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas; y evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”.

Vecinos contra vecinos

Delsa Solórzano, diputada al Parlatino y abogada de derechos humanos, confirmó la existencia de “delatores” entre los vecinos de las personas detenidas o allanadas. “En Los Ruices, El Paraíso, Montaña Alta y en algunos allanamientos en el estado Zulia sabemos que personas se comunican con las autoridades y gracias a ellas es que se emiten luego las órdenes de allanamiento. Sin embargo, en los expedientes de estos casos no se habla de delación. Nosotros lo sabemos porque otros vecinos nos lo confirman”, dijo.

El Dato

Los abogados consultados coincidieron en que, si bien el objetivo es preservar oculta la identidad del agente encubierto, en los expedientes y actas de detención debe quedar claramente establecido el número de oficio y nombre del juez que autorizó la activación de uno o varios agentes de este tipo para la investigación en cuestión.

El Nacional