Medio siglo de caprichoso colectivismo ha dejado al pueblo de Cuba sumido en el atraso. Su nivel de vida está entre los más bajos de la región. Es, en rigor, apenas algo superior al de Haití.
Por esto la dictadura procura ahora atraer a la inversión extranjera, para lo cual acaba de difundir su nueva ley de inversiones extranjeras, aprobada unánimemente -como todo- por el Parlamento el 29 de marzo. Reemplazará a una norma similar de 1995, fracasada en su intento de atraer inversiones.
La nueva norma está llena de incentivos con los que se procura compensar los aspectos obviamente negativos que tiene Cuba, los cuales naturalmente espantan a muchos de quienes consideran en algún momento invertir en la isla. Entre esos datos sombríos figura el régimen de gobierno absolutamente autoritario, que no respeta las libertades de sus ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión. También, la realidad lamentable de que Cuba no cumple sus promesas: no ha pagado la deuda con la Argentina y otros países que alguna vez creyeron, equivocadamente, en su palabra.
Precisamente, para intentar compensar esos perfiles adversos, Cuba gravará a los inversores extranjeros con apenas 15% de impuesto a las ganancias. Y, además, los eximirá expresamente de pagar impuestos por la mano de obra que ellos contraten.
Los inversores externos no pueden sino ser empresas. Las personas físicas, en cambio, no pueden calificar como inversores extranjeros. Los cubanos en el exilio pueden ahora hacerlo en forma de sociedades.
La contratación de personal deberá hacerse a través del Estado en lugar de la propia empresa. Se trata de algo insólito, pero en Cuba no existe la legislación avanzada de protección laboral que caracteriza al resto de América Latina. Y la adjudicación de los nuevos empleos con carácter político es demasiado atractiva como para que un Gobierno omnipresente y asfixiante no la use como instrumento de control social.
La idea es radicar físicamente a las empresas extranjeras en una zona franca por crearse en Mariel, donde empresas de Brasil están construyendo un puerto de contenedores de última tecnología, único en el Caribe, que no será manejado por el Estado cubano, sino por una empresa de Singapur.
Desde allí se canalizarán las exportaciones cubanas, producidas por las empresas extranjeras que se radiquen. Un marco de competencia que luce desleal, desde que la tasa de impuesto a las ganancias cubanas resultaría irrisoria y atento a que los niveles salariales los determinará el propio Gobierno cubano, por lo que seguramente estarán entre los más bajos de la región.
Si Cuba quiere realmente tener inversiones externas, lo mejor que puede hacer es cambiar de modelo económico y animarse a transitar la ruta que han elegido países precisamente como Singapur, la de las economías abiertas al mundo, que -con la necesaria dosis de confianza en sí mismas- asumen los riesgos de la globalización. Cuba parece estar aún muy lejos de eso.
