WASHINGTON (AP) — El gobierno estadounidense dijo el jueves al Senado que considera prematuro sancionar en este momento a funcionarios gubernamentales venezolanos denunciados por violaciones de derechos humanos porque así se lo han comunicado integrantes de la coalición opositora que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro.
Al comparecer ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo que algunos miembros de la oposición han recomendado no aplicar sanciones todavía, tal como las contempla un proyecto de ley presentado en abril.
“Nos han pedido no trabajar en ellas en este momento”, dijo Jacobson, quien rehusó identificar de manera individual a esos líderes opositores pero reconoció que otro sector de la oposición sí es partidario de aplicar sanciones. “Hay una diversidad de opiniones. Ciertamente reconozco eso”.
El senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, autor del proyecto de ley, respondió que le gustaría escuchar directamente de líderes opositores en Venezuela por qué se oponen a sancionar con revocación de visas y congelamiento de activos en Estados Unidos a violadores de derechos humanos durante las protestas que han dejado 41 muertes en el país sudamericano.
“Lo encontraría increíble, pero si eso es lo que ellos quieren…”, agregó Menéndez, quien preside la comisión.
En tanto, una caravana de venezolanos partió de Miami hacia Washington para pedir al Congreso y al presidente Barack Obama que imponga sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Tenemos un solo objetivo, que es pedir las sanciones al gobierno dictatorial de Venezuela”, manifestó a la Associated Press Ernesto Ackerman, uno de los organizadores del viaje. “(Lo que pedimos) es la aplicación personal (de sanciones) a personas que están pisoteando los derechos de Venezuela, no sanciones al pueblo de Venezuela”.
La comisión correspondiente de la cámara baja prevé otra audiencia el viernes para analizar un proyecto de ley similar.
Human Rights Watch denunció el lunes que jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden venezolanas recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las protestas.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
El presidente Nicolás Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha” para dar un “golpe de estado”.
El martes aseguró que cualquier sanción que se derive por acciones como la caravana tendría como primera consecuencia el cierre de los consulados y la embajada de Venezuela en Estados Unidos; y anunció que pidió iniciar una investigación para castigar “algún día” a los que provoquen que se agreda al país.
El gobierno estadounidense defendió el derecho de los venezolanos para protestar en Washington.
“Aquellos que protestan pacíficamente en Washington para denunciar recientes violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Venezuela, están ejerciendo estos derechos fundamentales” de libertad de reunión y expresión, expresó Jonathan Lalley, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, en un mensaje de correo electrónico enviado a la AP.
“Las recientes amenazas que les hizo el gobierno estadounidense, continúan demostrando el deterioro del respeto por las libertades fundamentales en Venezuela”, dijo.
Los viajeros, en tanto, hicieron caso omiso a las advertencias de Maduro.
En Doral, una pequeña ciudad del sur de la Florida donde vive una numerosa comunidad venezolana, tres autobuses con unos 150 venezolanos salieron con ruido de claxones desde el estacionamiento de un restaurante. En unas cuatro paradas que harán a lo largo de las 22 horas de viaje por carretera esperan que se sumen al menos otros tres autobuses y una veintena de automóviles particulares.
Otros viajaban por avión. Los organizadores del viaje, un grupo de venezolanos que asegura no pertenecer a organización política alguna, dijeron que esperan que cerca de un millar de personas lleguen desde 19 estados de todo el país para participar en las protestas frente al Congreso, la Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos.
Inmediatamente después de las protestas planeaban emprender el viaje de regreso, el mismo viernes a la noche.
Vestidos con camisetas y gorros de colores amarillos, azul y rojo y banderas de su país, mujeres y hombres jóvenes y de edad avanzada subieron a los buses, algunos de ellos con carteles que anunciaban el “Viaje por la libertad”, o un “SOS por Venezuela”. Antes de salir, un rabino y un pastor —el alcalde venezolano de El Doral, Luigi Boria— les ofrecieron una bendición.
“Queremos que el mundo entero se entere y que terminen de sancionar a esta gente”, manifestó a la AP Carla Ruiz, de 30 años, poco antes de abordar uno de los autobuses. “Hago lo que sea por Venezuela”, dijo la joven, quien dejó a sus dos hijos y su esposo en Miami y planeaba faltar dos días a su trabajo de corredora de bienes raíces para hacer el viaje.
Ruiz, una ex líder universitaria de Caracas, indicó que llegó a Miami en el 2011, después de haber sido atacada a tiros por dos motocicletas, cuando estacionaba su vehículo blindado en su casa.
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