BRASILIA, Brasil (AP) — El costo de construir el estadio de la Copa del Mundo en Brasilia se ha triplicado a casi 900 millones de dólares en fondos públicos debido en lo fundamental a fracturación fraudulenta, afirman auditores del gobierno. Esto convierte al estadio de fútbol en el segundo más caro del mundo, aunque la ciudad no tiene equipo profesional del deporte rey.

Ahora, un análisis por parte de The Associated Press de la información en poder del principal tribunal electoral de Brasil muestra un aumento estratosférico de las contribuciones de campaña por parte de compañías que han ganado la mayoría de los contratos de proyectos de la Copa del Mundo. El principal constructor del nuevo estadio de Brasilia aumentó sus donaciones políticas 500 veces en la elección más reciente.

Los nexos entre las empresas de construcción y los políticos se agregan a las sospechas de que los preparativos para el mayor evento mundial del fútbol están afectados por la corrupción. También plantean interrogantes sobre cómo los políticos que se benefician de la generosidad de las constructoras pueden supervisar efectivamente contratos por valor de miles de millones de dólares.

“Estas donaciones empeoran la corrupción en el país y dificultan mucho combatirla”, dijo Renato Rainha, árbitro del Tribunal de Cuentas de Brasilia, que investiga los gastos en el estadio de esa ciudad. “Estos políticos trabajan para quienes financian sus campañas”.

El estadio de Brasilia costará ahora unos 900 millones de dólares, dicen los auditores, quienes identificaron unos 275 millones en supuestos exceso de facturación, y sólo han estudiado tres cuartas partes del proyecto.

Los fiscales federales dicen que hasta el momento ninguna compañía o individuo han sido acusados de corrupción sobre obras de la Copa del Mundo. En este momento se desarrollan por lo menos tres docenas de investigaciones federales sobre los gastos del Mundial.

La financiación del estadio de Brasilia sale exclusivamente de las arcas del distrito federal, lo que significa que cada centavo es de los contribuyentes. El informe de los auditores encontró casos de lo que parece ser una sobrefacturación flagrante. Por ejemplo, indica que el transporte de las gradas prefabricadas debía costar sólo 4.700 dólares, pero el consorcio constructor facturó al gobierno 1.5 millones de dólares. El consorcio está formado por Andrade Gutierrez, un conglomerado de construcción, y Via Engenharia, una firma de ingeniería.

El acero para construir el estadio representa una quinta parte del costo total, y los auditores afirman que prácticas de corte del metal y la mala planeación agregaron 28 millones de dólares al costo, el mayor exceso sobre lo presupuestado.

La auditoría cuestiona por qué el consorcio tuvo que deshacerse de 12% de su acero en Brasilia cuando Andrade Gutierrez, usando los mismos métodos de corte, sólo perdió 5% del acero en otro estadio en Manaos y casi ninguno en el estadio de la ciudad de Cuiabá.

Andrade Gutierrez no respondió a una solicitud de comentario de la AP sobre las acusaciones de exceso de costos pero señaló que sus donaciones a campañas políticas son legales.

Pero Claudio Monteiro, jefe de Comité de la Copa del Mundo en Brasilia responsable por la supervisión de los proyectos, dijo que las acusaciones del Tribunal de Cuentas son sencillamente erróneas y que todos los gastos se justificarían.

“Este reporte sale 100 días antes del Mundial. Por eso digo que están tratando de echarlo todo a perder”, dijo Monteiro desde su oficina afuera del estadio “Vamos a mostrar que este reporte no tiene base”.

Pero las sospechas abundan en Brasil donde en una encuesta realizada el año pasado tres de cada cuatro participantes dijo que en las obras del Mundial había corrupción.

Eso ayudó a impulsar las amplias y con frecuencia violentas protestas contra el gobierno en junio pasado, en que más de un millón de brasileños se lanzaron a las calles. Muchos de los manifestantes criticaron acerbamente la corrupción y los miles de millones gastados en la Copa del Mundo.

El costo general de los 12 estadios, cuatro de los cuales los críticos dicen que se convertirán en elefantes blancos después del torneo porque las ciudades no los pueden mantener, se ha disparado a 4.200 millones de dólares en términos nominales, casi cuatro veces el estimado en un documento de la FIFA de 2007 publicado pocos días antes que Brasil fuera elegida sede del Mundial. En ese momento, líderes también prometieron que los estadios se financiarían con dinero privado.

Los críticos plantearon preguntas sobre los lazos entre las grandes empresas y el gobierno al determinar cómo se gastan los fondos.

Andrade Gutierrez, que tuvo una participación en contratos por un total de casi una cuarta parte del costo total de la Copa del Mundo, contribuyó con 73.180 dólares a candidatos en las elecciones municipales de 2008. Cuatro años después, tras conocerse en qué ciudades se celebrarían partidos del torneo, y por lo tanto los partidos políticos que controlaban los gobiernos locales que entregarían y supervisarían los contratos, las contribuciones políticas de la empresa sumaron 37,1 millones de dólares.

Pero aunque esas contribuciones de campaña fueron legales, probablemente pronto sean prohibidas por la Corte Suprema de Brasil. La mayoría de los magistrados votó el mes pasado por eliminar las donaciones empresariales, citando preocupaciones de corrupción. Un magistrado exigió demorar la votación final sobre el tema, lo que significa que la reforma no entrará en vigor durante meses, después que termine la Copa del Mundo.

Muchos piensan que el aumento en los gastos en los estadios y la reducción en la inversión en proyectos públicos de gran necesidad, como de transporte, significa que el país desaprovechó la oportunidad de usar el Mundial para avanzar su desarrollo.

“No estoy contra la Copa del Mundo, pero estoy frustrado con los gastos y la corrupción que todos sabemos que hay”, dijo el guardia de seguridad Paulo Rodrigues en el estacionamiento del estadio de Brasilia una tarde reciente. “Cuando los políticos construyen una carretera, aunque haya sobornos, al menos nos quedamos con la carretera. Con el estadio, no tenemos nada”.

Dos tribunales locales ordenaron la privación de libertad y el pase a juicio de 11 jóvenes que fueron detenidos el 8 de mayo en dos de los cuatro campamentos opositores que fueron desmantelados en el este de la capital por fuerzas policiales y militares, anunció el Ministerio Público.

Dos tribunales capitalinos acordaron la privativa de libertad de los 11 arrestados junto con otros jóvenes durante el desmantelamiento de los campamentos que se levantaban frente a las oficinas del Programa de Naciones para el Desarrollo y la plaza Alfredo Sadel, informó el domingo la Fiscalía en un comunicado.

A los detenidos los fiscales les imputaron varios delitos entre los que se incluyen “porte ilícito de arma de fuego”, “agavillamiento (asociación ilícita para cometer delitos)”, “incitación a la desobediencia de las leyes”, “uso de adolescente para delinquir”, “obstrucción a la vía pública en grado de tentativa”, “daños violentos a la propiedad”, “tráfico en menor cuantía de drogas” y “detentación de sustancias incendiarias”.

En el caso de otros 156 jóvenes, que también fueron arrestados el 8 de mayo en los referidos campamentos, los jueces les dieron libertad pero les impusieron “medidas cautelares” de presentación periódica ante tribunales, precisó la fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que 15 de los imputados sean sometidos a tratamientos médicos especializados para lograr “su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas”, agrega el escrito.

La Fiscalía General no informó sobre los casos de los opositores que fueron detenidos también el 8 de mayo en el desmantelamiento de los campamentos que estaban en la plaza Bolívar del municipio capitalino de Chacao y la urbanización Santa Fe del municipio capitalino de Baruta.

En el desmantelamiento de los cuatro campamentos las autoridades policiales y militares arrestaron a 243 personas, informó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres.

Poco después de la operación, las autoridades liberaron a 16 personas de los cuales 12 eran adolescentes y cuatro con “discapacidad auditiva”, indicó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

Los familiares, abogados de los detenidos, y activistas de derechos humanos han rechazado los señalamientos contra los opositores, y han denunciado que los jóvenes fueron arrestados sin cumplir los procedimientos legales.

El desmantelamiento de los cuatro campamentos, que fueron instalados hace más de un mes en el este de la ciudad por varios centenares de jóvenes en protesta contra el gobierno, ha generado en los últimos días manifestaciones callejeras en Caracas y otras ciudades, con un saldo de un policía nacional fallecido, y dos policías y una joven heridos por arma de fuego.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, más de 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales más de 200 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

Los universitarios convocaron el lunes a marchas en el este de la capital y otras ciudades para exigir la liberación de sus compañeros detenidos en las últimas semanas y conmemorar tres meses del inicio de las protestas callejeras en el país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los estudiantes esperan marchar este lunes desde una plaza en el este de Caracas hasta la sede de la Nunciatura Apostólica, en el norte de la ciudad, indicó a The Associated Press el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, Alfredo Graffe.

La marcha opositora no cuenta con el permiso de las autoridades de la capital, lo que hace prever que es posible que la manifestación no pueda llegar a su destino y sea bloqueada por los cuerpos de seguridad, tal como ha ocurrido en los últimos meses.

Los opositores realizaron su última marcha en Caracas el pasado 12 de febrero. Luego de la manifestación ocurrieron violentos incidentes en el centro de la capital que dejaron un saldo de tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos. A raíz de ese evento comenzaron a registrarse protestas callejeras en todo el país.

El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, se ha negado desde febrero pasado a otorgar permisos a los opositores para marchar en Caracas alegando que todas sus manifestaciones culminan en actos de violencia.

El movimiento estudiantil también convocó este lunes a marchas en otras ciudades del país.

El Tribunal Supremo de Justicia emitió el mes pasado una sentencia que prohíbe las manifestaciones pacíficas que no tengan permiso de las autoridades.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.

Maduro ha rechazado las protestas considerándolas como parte de un plan para darle un “golpe de estado”.

Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, más de 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales más de 200 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.