Para los periodistas que informan sobre conflictos ha sido una primavera llena de altibajos: de la alegría por la liberación de seis colegas secuestrados en Siria a la desesperación por los asesinatos de otros tres en Afganistán. Uno de los liberados en Siria fue Javier Espinosa, corresponsal del diario El Mundo; una de las asesinadas fue Anja Niedringhaus, fotoperiodista de la agencia AP. Ambos habían trabajado en Sarajevo durante el asedio de 1992 a 1995.
Desde el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2013, al menos 60 periodistas han muerto a causa de su trabajo, y Siria e Irak son los lugares más peligrosos. Como es natural, los más amenazados son los propios periodistas sirios, incluidas las numerosas personas que ejercen el periodismo ciudadano y los activistas que se esfuerzan por difundir informaciones sobre los combates. Los reporteros internacionales han demostrado que están dispuestos a asumir los riesgos inherentes a los conflictos, pero las amenazas directas de secuestro han empujado a muchas empresas de medios de comunicación a reducir o interrumpir la cobertura en el interior de Siria.
En diciembre, más de una docena de medios de comunicación internacionales escribieron al Consejo Militar Supremo (CMS) del Ejército sirio libre, en la oposición, sobre “el peligro cada vez más habitual de secuestro”. Debido al riesgo creciente, decían, muchos medios “han decidido limitar su información sobre la guerra”. Como respuesta, el CMS prometió proteger y apoyar a los periodistas, pero dijo que la mayoría de los posibles secuestradores quedaban fuera de su control.
Los profesionales de los medios, incluidos los que practican el periodismo ciudadano, también están siendo blanco de las fuerzas del Gobierno sirio y las milicias pro-gubernamentales. Muchos han sido detenidos y encarcelados de forma arbitraria, han sufrido torturas o han desaparecido. Más de 50 periodistas han muerto durante los tres años de conflicto a causa de su trabajo, y se dice que al menos 70 periodistas sirios veteranos han huido del país.
Como consecuencia, ahora, muchos de estos profesionales se ven obligados a trabajar desde lejos, entrevistando a refugiados en campamentos de la frontera o empleando las herramientas tecnológicas -Skype, correo electrónico, Facebook, YouTube, imágenes por satélite- para obtener y comprobar informaciones. Todo ello supone más presión para los periodistas locales que tratan de difundir las noticias.
Los peligros acechan no solo a los periodistas, sino también a sus fuentes, que pueden sufrir amenazas o violentas represalias por conceder entrevistas, tanto si son encuentros cara a cara como conversaciones telefónicas o por Internet; los periodistas deben tomar precauciones para garantizar la seguridad de sus contactos.
Ucrania es el caso más reciente de zona peligrosa, con riesgos que van en aumento para los periodistas nacionales e internacionales y amenazas procedentes de los dos bandos. Simon Ostrovsky, de VICE News, y uno de los profesionales detenidos por pistoleros prorrusos en el este de Ucrania, dijo que le habían arrestado por sus informaciones.
Otros hablan de amenazas y palizas para convencerles de que modifiquen sus crónicas. El semanario Novosti Sloviansk ha suspendido sus actividades debido al peligro, aunque sus periodistas todavía trabajan en la página web de Slovinfo. Los manifestantes que protestaban contra Kiev en Sloviansk obligaron a dos emisoras locales de televisión a cerrar, y en la capital ucraniana, unos activistas antirrusos forzaron al presidente en funciones de la televisión nacional Canal 1 a dimitir por una transmisión en directo desde Moscú. En ambos casos, los trabajadores sufrieron amenazas y malos tratos.
Dunja Mijatovic, delegada responsable de la libertad de prensa en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha hecho públicos en el último mes un mínimo de seis comunicados de prensa en los que expresa su preocupación por la situación en Ucrania. Asimismo ha advertido de que “la propaganda y el deterioro de la libertad de prensa suelen ir unidos y contribuyen a alimentar un conflicto, y, una vez empezado, contribuyen también a su escalada”.
Los peligros en Ucrania reflejan la importancia crucial de los medios de comunicación: cada lado intenta controlar las informaciones que se transmiten y cómo. “El periodismo desempeña un papel fundamental en el equilibrio de poder entre un gobierno y su pueblo”, dice el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés). “Cuando se calla a los periodistas de un país, se calla a su pueblo”. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información.
De los 1.054 profesionales de medios de comunicación muertos desde 1992, según el recuento del CPJ, el 36% murieron durante un conflicto armado, y el 44% mientras llevaban a cabo informaciones políticas. Otro 20% estaban cubriendo casos de corrupción, el 18% investigaba violaciones de los derechos humanos y el 15% crímenes (algunos cubrían varios aspectos). La semana pasada, CPJ informó que dos periodistas habían sido blancos de atentados con bombas en Camerún y Perú.
El periodista de investigación Denis Nkwebo dijo que el coche estaba aparcado delante de su casa en la capital comercial de Duala, y que nadie resultó herido en la explosión. En la ciudad peruana de Barranca, un vídeo de una cámara de seguridad mostró a una persona enmascarada que dejaba un artefacto explosivo ante la casa de Yofre López Sifuentes, fundador y director del periódico y la página web Barranca. La bomba estalló e hirió a sus padres. “Pensé que había entrado alguien a matarnos”, contó López a los reporteros locales. “Creo que este atentado se debe a la labor periodística que estamos desempeñando. Da la impresión de que quieren silenciarnos”.
Muchos gobiernos emplean medios menos letales pero igual de ilegales para censurar la libertad de expresión. En abril, Etiopía encarceló a seis blogueros y tres periodistas y Kazajistán cerró uno de los últimos periódicos independientes que quedaban en el país. Algunos gobiernos se limitan a censurar medios de comunicación, bloquear Twitter y YouTube o intentar (como en China e Irán) controlar Internet mediante un firewall; otros recurren a las leyes penales contra la difamación, el terrorismo y la traición para acallar a sus detractores. En los últimos tiempos, Rusia ha destacado por la rapidez y la severidad con las que el Kremlin ataca la libertad de expresión, con leyes que restringen la actividad de los medios en Internet y prohíben las informaciones negativas sobre el Gobierno y el Ejército, además de acosar y detener a disidentes y despedir a directores de medios sospechosos de no respetar las reglas establecidas.
Otra amenaza importante contra la libertad de prensa aparecida en el último año es el programa masivo de espionaje denunciado por el antiguo analista de la NSA Edward Snowden, que mostró que Estados Unidos ha reunido y analizado correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto de todo el mundo. La intromisión en mensajes privados de millones de personas que no son sospechosas de ningún delito es inaceptable. Y provoca escalofríos en quienes -como los periodistas- tienen un interés especial (y legítimo) en guardar secretos respecto a las instancias oficiales.
Human Rights Watch está investigando hasta qué punto los periodistas de investigación y otros se sienten cohibidos por el miedo a que el Gran Hermano esté vigilándoles cuando tratan de sacar a la luz historias que podrían no gustarle al gobierno de Estados Unidos, y cómo puede influirles ese miedo al redactar la información que llega a las portadas.
Cuando los gobiernos vigilan a los periodistas, estos pierden capacidad de informar con exactitud y pedir cuentas a las autoridades. También pone en peligro a sus fuentes: la misma tecnología que permitió a los periodistas ciudadanos y activistas revelar la corrupción y otros abusos oficiales durante la Primavera Árabe se vuelve ahora contra ellos. Y entonces todos salimos perdiendo.
No nos enteraremos de los horrores en Siria, la represión en Rusia ni la vigilancia masiva en Estados Unidos si los periodistas no pueden hacer su trabajo. Somos afortunados -la mayoría de nosotros no va a tener que sufrir lo que padecen los sirios-, pero tenemos derecho a saber lo qué ocurre allí. Y es fundamental para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir.
