Caracas 19/05/14. (PS).- El Presidente del Movimiento al Socialismo MAS, Segundo Meléndez, aseguró este lunes que tanto el Gobierno nacional como la oposición tienen un “doble discurso” en la mesa de diálogo, lo que a su juicio impide el avance de las conversaciones y por lo tanto, que pueda dar frutos, tal como lo esperan lo venezolanos que han seguido con mucha atención la evolución  de estas conversaciones desde el primer encuentro entre ambas partes, el pasado 10 de abril.

“El gobierno tiene que rectificar y dejar de usar dos discursos, en el que dicen que hay que entenderse y el de los que creen que no hay que hacerlo y terminan sin tener ninguna solución. En cuanto a la oposición, deben entender que quienes están allí, no representan a una parte de los venezolanos que están descontentos y en desacuerdo con el gobierno, sino a una minoría. Si no asumen eso, no tendrán capacidad de darle respuestas a los problemas”, destacó.

Explicó que otro factor que ha complicado el proceso de diálogo tiene que ver con la polarización reinante en el país, “Esta situación ha impedido el diálogo franco, la comunicación entre las partes y la búsqueda de soluciones más allá de los intereses particulares de cada grupo. Es necesario procurar la reconciliación de los venezolanos porque de otro modo, no será posible encontrarle salida a la crisis que está viviendo nuestro país”.

Agregó, “El diálogo, planteado en los términos que ha sido presentado por el Gobierno y sectores de la MUD, tenía poca viabilidad y estaba destinado al fracaso, porque fue conducido por dos minorías con un discurso polarizado en torno a los propios intereses de cada uno, considerando muy poco la problemática de la sociedad venezolana y para colmo, sigue estando la descalificación permanente, porque no hay reconocimiento entre ellos”

Consideró que para que el diálogo sea realmente efectivo, es de vital importancia, “Que sea ampliado a los demás factores sociales y políticos para que pueda ser más representativo y del mismo modo, urge establecer una agenda de los principales problemas para que las dificultades en las conversaciones sean lo menor posible, porque hasta ahora, el gobierno trata de reducir el diálogo a una conversación sobre problemas generales y no a la búsqueda de soluciones, mientras que los que representan a la oposición, buscan soluciones muy concretas pero de forma limitada, lo que tampoco da respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los venezolanos”.

“Apostamos a un diálogo que tenga éxito, pero mientras esta conversación entre gobierno y oposición no tenga resultados concretos, irá perdiendo el interés y el apoyo de la gente, que pudieran verlo como un mecanismo político para ganar tiempo y espacios. Hasta ahora, diera la impresión que ambos grupos están jugando a lo mismo”, concluyó.

El organismo de inteligencia se ha convertido en uno de los principales brazos utilizados por el gobierno para neutralizar la ola de protestas que ha arropado al país en los últimos tres meses. Detenciones sin órdenes judiciales, interrogatorios no autorizados por jueces, operaciones de vigilancia y hostigamiento han sido cuestionados por quienes han sido objetivos de la institución. Sus críticos, sin embargo, señalan que todo esto demuestra las dificultades que tienen para procesar información y controlar una situación que los desbordó 

Una llamada es recibida por una dirigente estudiantil desde un teléfono desconocido a través del cual le dicen, como prueba de que está bien vigilada, cuál es el menú que acaba de ordenar; un activista de un partido es perseguido en la autopista, interceptado en el estacionamiento de su edificio y requisado por dos hombres que le advierten: “Sabemos quién eres y qué haces”; un periodista independiente es interrogado por tres individuos que le obligan a mantener la cabeza entre las piernas mientras le dan un paseo en una camioneta por puntos desconocidos de la ciudad; unos jóvenes son encerrados en una celda muy pequeña iluminada por un bombillo que no les permite adivinar si es de tarde, mañana o noche; unos universitarios, alojados en un hotel, son sorprendidos por golpes en la puerta de la habitación y por gritos desde afuera con una orden: “¡Abran! ¡Es el Sebin!”.

Interrogatorios que no constan en actas judiciales; operaciones de intimidación y hostigamiento; construcción de pruebas para la justicia penal con informantes anónimos –denominados “patriotas cooperantes”–; detenciones sin órdenes judiciales; y reclusiones en condiciones precarias. La enumeración recoge apenas una parte de las denuncias más frecuentes de los manifestantes, activistas, dirigentes y abogados que han visto de cerca el rostro más oscuro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en los últimos 100 días, una faceta que tuvo su peor revelación el pasado 12 de febrero cuando funcionarios del organismo fueron grabados mientras disparaban contra manifestantes desarmados en los sucesos que causaron las 2 primeras de las 45 muertes que han enlutado al país desde la marcha por el Día de la Juventud. El episodio, según el presidente Nicolás Maduro, ocurrió por la desobediencia a las órdenes de acuartelamiento. Después de la detención de 8 involucrados en los hechos no han seguido anuncios sobre si se investiga a algún autor intelectual.

El Sebin ha sido uno de los brazos usados por el gobierno para neutralizar, en una carrera contrarreloj, la ola de protestas que tomó las calles venezolanas en forma de bloqueos de vías, marchas, asambleas, concentraciones y campamentos. Más allá del alegato sobre el incumplimiento de instrucciones el 12-F, nadie ha respondido las acusaciones presentadas contra la institución, que desde diciembre de 2012 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, ocupada entonces por Maduro y hoy por Jorge Arreaza, a quien se le solicitó una entrevista, sin éxito, para el presente trabajo. Exfuncionarios y analistas consultados coincidieron en que las manifestaciones desbordaron la capacidad de la organización para generar inteligencia de manera oportuna y fidedigna, lo que debería ser su foco. “Están actuando de manera reactiva más que preventiva y eso es señal de que no recogen ni procesan apropiadamente información para anticiparse a las hechos y tomar decisiones”, dice un comisario retirado. En el punto coincide un colega jubilado de la misma jerarquía.

La institución, en cambio, ha intensificado las acciones de vigilancia, amedrentamiento y de apoyo a los órganos represivos -sostienen los consultados-, lo que ha dejado a muchos opositores la sensación de que viven en un Estado policial. “La función de control de orden público se ha solapado con la de inteligencia”, afirma Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Hay coincidencia, además, en que al Sebin no lo emplean como un órgano al servicio del Estado, sino para la supervivencia de la llamada revolución bolivariana. Un retrato a partir de los testimonios de quienes han sido objetivos de esas operaciones del organismo revela qué le pasa a un gato cuando, de pronto, debe perseguir cientos de ratones.

Sin orden, sin formato.  José Aguilar, Leandro Flores, Willander Peñaloza, Manuel Quiroz, Jesús Ibarra y Carol Monasterios fueron detenidos bajo engaño por funcionarios del Sebin que nunca le presentaron una orden de aprehensión. Todos son universitarios tachirenses que viajaron a Caracas a una reunión nacional del movimiento estudiantil y se alojaron en el hotel Savoy, en Sabana Grande. Los invitaron al Helicoide a rendir una declaración escrita y allí les informaron que quedarían detenidos. Permanecieron en el lugar 66 horas: 18 más que el tiempo legal para presentar a un ciudadano ante un tribunal.

“Esto es un procedimiento de investigación”, fue la explicación que le dijeron a los universitarios cuando los abordaron en sus habitaciones el viernes 5 de marzo. Ninguno se opuso a la requisa minuciosa que incluyó closets, gavetas, baños, camas, espejos, muebles, bolsos y teléfonos celulares, los cuales fueron incautados para la revisión de fotos, mensajes y llamadas. Fueron interrogados individualmente. “¿Qué hacen ustedes en Caracas? ¿Quién es su líder? ¿Ustedes son los guarimberos que tienen loco al gobernador del Táchira (José Gregorio Vielma Mora)?”. Por separado les lanzaban anzuelos: “Nos decían: ‘Confiesa todo, que te acaban de delatar”, recuerdan Aguilar y Flores.

Al cabo de casi cuatro horas llegó una confesión, pero de los agentes. El comisario Carlos Calderón, una de las cabezas del organismo, se presentó en el sitio: “Nos dijo que no había delito, pero que necesitaba una declaración escrita y así nos llevaron”. Permanecieron incomunicados hasta que el diputado Miguel Pizarro accedió al Helicoide y les prestó su teléfono celular. Los cinco hombres del grupo fueron encerrados en una diminuta celda, sin iluminación natural y con una colchoneta sucia. Los acompañaban dos acusados de narcotráfico, dos supuestos paramilitares y dos presuntos agresores del actor y dirigente Winston Vallenilla. Una fiscal los acusó de rebelión, agavillamiento y asociación para delinquir, pero el tribunal les dio finalmente la libertad plena. El día de su detención, sin embargo, Maduro habló de la captura de un grupo de desestabilizadores colombianos. Hasta la fecha, hay 35 estudiantes apresados en el Helicoide, sede del Sebin, según información de Gaby Arellano, dirigente de la Universidad de los Andes y del partido Voluntad Popular.

Enfriamiento y seguimiento. Un periodista independiente, cuyo nombre se mantiene en reserva, vivió en carne propia un interrogatorio atemorizante que no quedó asentado en expediente alguno. Salía de su casa, a plena luz del día, cuando un hombre parado al lado de una camioneta negra lo llamó con cordialidad. “¿No te acuerdas de mí, vale? Ven, que tengo que decirte algo”. Al acercarse, el desconocido se identificó como miembro del Sebin y le comunicó sobre una supuesta averiguación por delitos informáticos. Primero le pidió que le acompañara a responder unas preguntas, pero luego le obligó a subir al vehículo.

Fue entonces cuando comenzó un largo paseo en el que lo obligaron a mantener la cabeza entre las piernas mientras le formulaban las preguntas: “¿Por qué te la pasas en las protestas? ¿Por qué cuelgas esas fotos en las redes sociales? ¿Quiénes son los financistas de las guarimbas?”. Un momento será inolvidable: el vehículo se detuvo y pasó media hora sin que le preguntaran algo: “Pensé en muchas cosas”. La característica del procedimiento hace pensar en el propósito a los comisarios consultados: “Son acciones encubiertas para ‘enfriar’ a personas que por alguna razón son molestas. Son ilegales, aunque organismos de inteligencia las ejecutan más para contención que para procesar información”.

Otros consultados coinciden en que lo publicado en redes sociales se ha convertido en un asunto de gran sensibilidad para los oficiales, que suelen incluir preguntas sobre por qué se han publicado determinadas imágenes de efectivos del organismo o de civiles armados acusados de reprimir a opositores. La sede de la página web Reporte Confidencial –que han hecho una detallada crónica audiovisual de las protestas– fue allanada por el Sebin. La incautación masiva de teléfonos celulares de los manifestantes no solo ha servido para nutrir sobre las relaciones que los conectan –como lo admitió Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz–, sino para verificar qué imágenes han captado.

Blancos de vigilancia. El seguimiento de líderes del movimiento estudiantil se aplica de manera permanente. Universitarios y políticos llaman “zamuros” a los funcionarios que los vigilan. “Ocurre a diario y a todas partes que voy. En una ocasión me senté en una pollera a comer. Al rato sonó el celular y escuché a alguien que me dijo: ‘¿Cómo está el pollo? Que te caiga bien. Estamos afuera”, relata Gaby Arellano, cuya casa en Mérida fue vigilada y allanada.  José Patete, secretario general de Estudiantes de Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) en Anzoátegui, denunció estas prácticas como una forma de hostigamiento. El uso de vehículos sin placas alrededor de domicilios, centros de trabajo y otros puntos ha sido reportado.

El Sebin ha desplegado una estrecha vigilancia a los cuadros de Voluntad Popular, considerado un movimiento involucrado en un golpe de Estado contra Maduro. Freddy Guevara,  uno de los directores nacionales del partido, calcula que más de un centenar de compañeros han sido hostigados por el organismo de inteligencia y otras instituciones de seguridad. “Una noche me persiguieron hasta el estacionamiento de mi casa y me llamaron por mi nombre. Fue como una amenaza”, cuenta un activista del interior. El 17 de febrero, cuando aún Leopoldo López, líder del grupo, no se había entregado a la justicia, un violento procedimiento de allanamiento fue realizado por desconocidos a la sede de este partido y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Muchos le atribuyeron esta acción al Sebin.

Darío Ramírez, concejal de la cámara municipal de Sucre, en Caracas, por Voluntad Popular, fue uno de los objetivos más recientes del Sebin. Fue citado el 2 de mayo a declarar ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas. Su madre recibió el oficio: los funcionarios le advirtieron que el dirigente debía acudir al llamado sin abogados y que si no se presentaba, ella iría presa. Rosmitt Montilla, también miembro de la organización, permanece detenido en el Helicoide luego de un allanamiento a su residencia en Caricuao. Los compañeros insisten en que le implantaron pruebas para incriminarlo: varios sobres con dinero.

Defensa de un proyecto. La politización ha marcado el desempeño del servicio. La organización se define a sí misma como un órgano de inteligencia y contrainteligencia de la Nación, no del Estado. Su primer objetivo para 2014 ha sido descrito así en la más reciente memoria y cuenta: “Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder”. Algunas de las personas que han estado en manos de los agentes refieren que han escuchado quejas: “Uno de los que nos interrogaba nos pidió disculpas porque él había estudiado para neutralizar narcotraficantes, verdaderos terroristas, no para perseguir gente que manifiesta”, narra un universitario que pasó varias horas detenido por el Sebin en abril.

La misión de preservar el proyecto político ha sido tomada a pecho por muchos. “Si le preguntas a un joven detective qué es el Sebin, te dicen que es una institución humanista y revolucionaria”, explica el comisario retirado. El proceso comenzó en 1999 cuando se comenzó a reestructurar la institución y a reemplazar los anteriores mandos y analistas por unos nuevos, comprometidos con la emergente propuesta política: algunos señalan que incluso se entregaron credenciales a civiles de grupos armados. “Fue como una cacería de brujas porque los nuevos directores eran los vigilados de antes”.  Lo que ocurrió, de acuerdo con la fuente, anticipaba el camino de una distorsión: “Los informes sesgados e incompletos, hechos a la medida de los nuevos oídos, comenzaron a proliferar y eso a la larga afecta la capacidad de la institución de procesar información y saber qué ocurre”.

Pruebas controversiales. Detenidos y abogados defensores han señalado que reportes de inteligencia con generalidades han sido presentados por el Sebin como argumento para solicitar las privaciones de libertad de procesados ante la justicia. Así ocurrió con los 11 jóvenes que formaban parte de los campamentos desmantelados hace 10 días en Caracas. Alonso Medina Roa, abogado del Foro Penal, señaló que informes como esos deben servir como punto de partida para las investigaciones, pero no deben aceptarse como pruebas.

Otros casos de implantación de pruebas también han sido denunciados por organizaciones políticas diferentes a Voluntad Popular. Lo hizo Primero Justicia con el caso de Hernando Garzón, dirigente de base del partido en Barinas, y de su esposa, Sandra Flores, asesora del concejo municipal de esa ciudad. Los dos fueron detenidos el 26 de marzo por el Sebin y el Cicpc. Los agentes se presentaron en la vivienda de la pareja para buscar a una familiar requerida por la supuesta participación en el incendio de instalaciones del Ministerio de Petróleo y Minería una semana antes. No la consiguieron allí.

“Cuando revisaban la parte superior de la vivienda, junto con Garzón y su esposa, abajo hubo un movimiento y entonces aparecieron con una caja de niples y bombas molotov. Todos en el partido estamos convencidos de que se la sembraron”, asegura Neyl Arévalo, secretario de organización de Primero Justicia en Barinas. Los esposos fueron imputados por financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y fabricación ilícita de explosivos. En la audiencia preliminar la jueza desestimó los dos primeros delitos, después de lo cual fue destituida. Hasta hoy, Garzón y Flores continúan privados de libertad.

Operación arbitraria. Uno de los peores procedimientos ejecutados por el organismo durante la crisis política terminó con la muerte de una de sus oficiales: Glidis Karelis Chacón, de 26 años de edad, quien había sido empleada de una guardería de Pdvsa hasta principios de 2013 cuando se enroló en el curso del Sebin para egresar como detective, la jerarquía más baja de la institución. Ella acompañó a los superiores que se llevaron a la fuerza a José Alberto Rivas de la Segunda Avenida de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, lo que terminó en una persecución con la policía local durante la cual Chacón perdió la vida. Los expertos consideran que el procedimiento tiene características de una “operación encubierta” que fue conducida de modo equivocado.

Las objeciones jurídicas han sido señaladas: “Los funcionarios que dirigieron la operación no tenían orden de aprehensión de juez alguno, lo que emitió después. Tampoco cumplieron los protocolos de coordinación con la policía municipal, por lo que todos pensaron que Rivas era víctima de un plagio”, afirma el diputado Pizarro. Rivas fue liberado luego de 45 días de detención, al igual que David Urbina, quien fuera detenido en iguales condiciones el mismo día en la zona. Las leyes solo permiten que, en ausencia de orden, la captura se realice ante la comisión de un delito flagrante. Los expertos advierten, además, graves fallas operativas. “Tomaron demasiado tiempo para controlar a una persona, no demostraron buenas técnicas para someterla y además la abordaron en una calle muy transitada. No habla bien del entrenamiento de quienes participaron allí”, dice uno de los comisarios retirados. “Se pusieron en riesgo ellos mismos y a la persona que querían llevar. Con mejor inteligencia y evaluación del caso no hubiera sido necesaria esa irresponsabilidad”.

Con información de David González

El problema del mando

El Sebin ha tenido tres directores en un plazo de seis meses: el mayor general Miguel Rodríguez Torres, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, estuvo al frente de la institución por seis años y hasta el 19 de enero. Luego lo reemplazó el general de brigada Manuel Bernal Martínez quien apenas duró un mes en el cargo hasta el nombramiento de otro mayor general: Gustavo Henrique González López.

Los cambios de mando entre altos oficiales del Ejército tuvieron como telón de fondo una crisis de gobernabilidad –de acuerdo con la versión oficial– que se expresó en la desobediencia de un grupo de funcionarios a las órdenes de la mantenerse acuartelados en la marcha por el Día de la Juventud, el 12 de febrero, cuyo desenlace fue el catalizador de nuevas protestas y bloqueos de calles que, al cabo tres meses, aún no cesan.

Los disturbios que siguieron a la manifestación del 12-F concluyeron con el homicidio de dos personas –el carpintero Bassil DaCosta y Juan Montoya, dirigente de los colectivos del 23 de Enero– en el centro de Caracas. Horas más tarde, un pistolero asesinó en Chacao a Roberto Redman, un activista opositor que asistió a DaCosta cuando fue herido de muerte y quien además acostumbraba a tomar fotos de los actos políticos en los que participaba. La hipótesis de que su asesinato haya sido perpetrado por haber captado la imagen de los homicidas del carpintero todavía gravita entre quienes reclaman una comisión de la verdad.

Funcionarios del Sebin fueron acusados por usar armas de fuego durante los disturbios, pero también un sargento del Ejército (Jonnathan Rodríguez) y un policía nacional (Andry Jaspe) identificados, respectivamente, como asistente y escolta  de Rodríguez Torres. A José R. Perdomo, efectivo del servicio de inteligencia, le atribuyeron las muertes de DaCosta y Montoya. Jhonny Montoya, hermano del último, ha dicho que duda de que ese sea el responsable del homicidio de su pariente.

Los voceros del Ministerio Público no han abundado sobre el alcance de los nexos del ministro con esos antiguos subordinados. Rodríguez Torres, en cambio, ha sido minucioso al referirse a las conexiones de los dirigentes opositores a los que atribuye participar en un plan de golpe de Estado. Su perfil como portavoz del gobierno y de los resultados de los trabajos de inteligencia del Sebin se ha incrementado en las últimas semanas. Su asesor de prensa, sin embargo, responde así cuando se le llama para pedirle una entrevista sobre la institución: “¿Qué tenemos que ver con ellos?”. El servicio está adscrito a la Vicepresidencia de la República. Hugo Chávez lo apartó del organigrama del despacho de interiores el 6 de diciembre de 2012, dos días antes de su última aparición pública. El mandatario buscaba fortalecer al entonces segundo al mando,  Nicolás Maduro. El ahora vicepresidente, Jorge Arreaza, ha pasado desapercibido con respecto al tema.

Inteligencia auditable

La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los tribunales de control son las instituciones responsables de ejercer la contraloría sobre los servicios de inteligencia ante la denuncia de cualquier ciudadano interesado. “Así lo establece la Constitución”, indica Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano y experta en temas de seguridad.

Se preveía que la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, propuesta en 2008, incluyera dispositivos para que el Sebin contara con mecanismos de contraloría interna y externa. Sin embargo, el proyecto incluía artículos reñidos con la Constitución y las libertades democráticas, como la obligatoriedad de los ciudadanos de reportar al Estado actividades sospechosas. El rechazo inmediato de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y expertos legales llevó a que el Instrumento legal –denominado “ley sapo”– tuviera corta vida: a los quince días fue derogada por el presidente Hugo Chávez. “Desde entonces e generó una especie de trauma que ha imposibilitado que la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional avance en una ley democrática que regule los servicios de inteligencia y contrainteligencia”, indicó.

Las actuaciones del Sebin en los últimos tres meses reflejan un margen de discreción ilegal, señala. La negativa del oficialismo a abrir investigaciones contra los organismos públicos impide que se dé un debate al respecto. No obstante, los legisladores no están exentos de su responsabilidad de exigir cuentas para dejar registro de las ilegalidades cometidas. “Sin una negativa expresa para el debate parlamentario sobre los procedimientos del Sebin, no se puede acudir al Tribunal Supremo para judicializar el caso”.

Tres irregularidades saltan a la vista en el desempeño de la institución. Una es la alta frecuencia con que realiza allanamientos sin órdenes judiciales, un mecanismo que muchas veces conlleva a otra violación: la detención de personas sin boletas de captura. En segundo lugar, existe una violación a la garantía constitucional sobre el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 48). “El gobierno ha admitido esta ilegalidad a través del ministro Rodríguez Torres, cuando se ha referido a correos electrónicos y llamadas telefónicas para hacer acusaciones contra políticos y defensores de los derechos humanos”.

El agravante sobre la interceptación de comunicaciones es que se está haciendo por tiempo indefinido, agrega. “Eso es ilegal, porque solo un tribunal puede autorizarlo  de manera explícita y por tiempo definido. Eso no lo he visto en los expedientes judiciales en los últimos tiempos”.

Cifras:
8 funcionarios del Sebin fueron puestos a las órdenes de las autoridades por su participación en los sucesos del 12 de febrero en Caracas

66 horas pasaron detenidos estudiantes tachirenses en el Helicoide en Caracas en marzo. Se sobrepasó el límite legal para presentarlos ante tribunales

3 directores ha tenido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un plazo de un semestre: Miguel Rodríguez Torres, Manuel Bernal Martínez y Gustavo González López

Fabiola Zerpa

El Nacional

La Asociación Nacional de bebidas refrescantes (Anber) anunció a través de un comunicado de prensa que la industria de agua embotellada enfrenta el riego de suspender operaciones ante la falta de revisión de precios.

La Asociación asegura que los precios del agua embotellada fueron fijados en noviembre de 2011 y no han sido ajustados después de 30 meses.

Agregan que los costos de producción se han incrementado, impactados “por las nuevas regulaciones en materia laboral, cambiaria de incrementos en el costo del transporte”, se informó.

A continuación el comunicado completo:

“La industria de agua embotellada enfrenta el riesgo de suspender operaciones ante la falta de revisión de precios. En noviembre de 2011 fue fijado el precio del agua embotellada en todas sus presentaciones, en el marco de la anterior Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. A pesar de que la regulación contemplaba una revisión de los precios de forma recurrente, han transcurrido ya 30 meses sin que se haya realizado tal revisión”.

“Desde el inicio de la regulación, los costos de producción han aumentado de forma importante, impactados principalmente por las nuevas regulaciones en materia laboral, cambiaria y de incrementos en el costo de transporte. En dos años y medio el salario mínimo se ha incrementado 175%; entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y Trabajadores, el tipo de cambio oficial pasó de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar y los costos de los fletes de transporte primario han tenido incrementos superiores al 125%. Todo lo anterior, además de otras variaciones en el costo de los insumos nacionales, ha hecho que producir y comercializar agua embotellada cueste hoy en día más del doble que hace dos años y medio”.

“El precio al que se le permite a la industria vender sus productos debe cubrir el incremento en los costos y generar una rentabilidad razonable. De lo contrario, la regulación de precios se convierte en un obstáculo para que la industria esté en capacidad de atender la demanda de los consumidores y pueda incremantar la producción”.

“En la Asociación Nacional de bebidas refrescantes (Anber) vemos con gran optimismo que, como resultado de las mesas de diálogo en materia económica, se haya acordado trabajar en el impulso de la producción nacional. Estamos convencidos de que sólo a través del incremento de la producción nacional es posible garantizar a los consumidores el acceso a productos de calidad en cantidades suficientes”.

“En necesario que las medidas dirigidas a incrementar la producción nacional contemplen la revisión inmediata de los precios regulados del agua embotellada, que tienen dos años y medio sin ajuste. De mantenerse el rezago en la revisión de precios, más empresas del sector se verán forzadas a suspender sus operaciones debido a que el precio de venta no les permite cubrir sus costos de producción”.

“Nuestra disposición es a contribuir con un proceso de revisión de precios que permita resolver los problemas que actualmente enfrenta la industria para poder seguir ofreciendo a los consumidores productos de excelente calidad con las marcas de su preferencia”.

Panorama

El 25 de Mayo se realizará la octava elección en la que se definirán  los nuevos integrantes parlamentarios de la Euro Cámara, en una campaña muy diferente a la que proyectaron en la década de los 70 líderes como  Helmuth Kohl, Willy Brandt, Simon Weill, Leo Tindemans  y tantos otros dirigentes vanguardistas que promovían  una  Europa  de esperanzas y sueños, basados en la unidad supranacional, el desarrollo económico compartido y la solidaridad con los países del mundo.

No hay duda de que la Europa del 2014 es muy diferente a la que existía en 1979 cuando por primera vez se convocaron elecciones para elegir al Parlamento Europeo. Los jóvenes de ese entonces ya son hoy sexagenarios y han sido testigos de una evolución determinante: Hoy hacen sus compras con un Euro como la moneda común;  constatan la existencia de una política exterior definida en Bruselas;  son sometidos a los mismos impuestos europeos; tienen la posibilidad de desplazarse fuera de sus fronteras para realizar sus actividades profesionales y han visto la aparición de una Europa diferente con aliados provenientes del Este de Berlín; de Bucarest, de Budapest, de Sofía, de Varsovia, integrada por 28 países, que sigue expandiéndose al igual que lo ha hecho su institución hermana, el Consejo de Europa que hoy suma 47 países miembros.

Pero lo cierto es que no existe el mismo ambiente electoral esperanzador de hace cuatro décadas. Hay mucha pasividad e indiferencia en las calles. Tan solo se nota alguna mención en la prensa o en los paneles frente a los colegios electorales lleno de afiches y un mayor número de partidos. Las encuestas indican que los jóvenes  no se sienten motivados para concurrir a las urnas. Existe  un euro-pesimismo que se transforma en un creciente abstencionismo; o a lo sumo,  un euro-realismo, que procura aspectos concretos con formulas  para combatir el desempleo; en rechazo a  la austeridad o propuestas para retornar a una mayor participación de sus respectivas naciones frente a la Europa Supra Nacional o a la Europa de las Regiones.

Para motivar a los electores,  se ha querido darle mayor  fuerza al Parlamento Europeo, ya que en esta oportunidad tendrán la posibilidad de designar por mayoría a la persona que será el próximo Presidente de la Comisión. Pero tampoco ello constituye una gran motivación, porque no hay sorpresas: es muy  probable que esta importante función recaiga en el ex Premier demócrata cristiano de Luxemburgo Jean Claude Juncker, o en el ex Presidente del Parlamento Europeo el Socialista alemán Martin Schultz, ya que los dos representan las dos fuerzas políticas principales.

Hay poco espacio para el euro-optimismo, ya que aquellos europeístas que asumen un papel aguerrido en pro de la construcción de una Europa diferente y de empuje con ideas originales que propician un “aggiornamento” que transforme  la estructura actual interna y externa, tendrán dificultad para resultar electos  o son  descartados de antemano por los cogollos de sus partidos de origen (sean de izquierda, de centro o de derecha), ya que existe una tendencia común de rechazar turbulencias internas, prefiriendo asumir cada uno su aporte tradicional en un dialogo horizontal de una Europa que marcha a su propio ritmo.

Lo cierto es que la Europa de hoy es indetenible al igual que lo es su papel  en pro de los derechos humanos y de la libertad, y esa es la garantía latente por  la transformación hacia un mundo mejor.

Milos Alcalay

@milosalcalay

Caracas 19 de mayo de 2014.- Tomás Guanipa, secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional se refirió a la reunión que sostuvo la Mesa de la Unidad Democrática con los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, y aseguró que los representantes de dicha instancia quedaron muy claros de los motivos que llevaron al congelamiento del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

“El diálogo en Venezuela ha sido congelado producto de la incapacidad que ha tenido el gobierno para dar respuestas a los planteamientos que hemos realizado en las mesas de trabajo. El diálogo no es un fin en sí mismo, sino un medio para buscar soluciones a la crisis política y social que tenemos en Venezuela; por eso sería un grave error del Gobierno dejarlo pasar. Esta es la oportunidad para que Nicolás Maduro demuestre que no está entrampado por los radicales del chavismo”

Destacó que el 80 % del país espera que el diálogo pueda dar respuestas concretas a los problemas de los venezolanos. “Es  responsabilidad exclusiva del Gobierno que el que este proceso se retome y pueda entrar en una fase de concreción, ellos tienen la pelota en su cancha;  Maduro es el que tiene la oportunidad de poder demostrar al país quién gobierna. No puede ser que haya diversos voceros con opiniones distintas sobre este importante tema. Nos asombra ver como una cosa dice el presidente, otra Diosdado Cabello y otra diferente Jorge Rodríguez. El diálogo es el reconocimiento del Gobierno a la crisis severa que estamos viviendo”

Guanipa recordó las propuestas de la alternativa democrática para que Venezuela salga de la crisis política y social en la que se encuentra. “Una comisión de la verdad para que investigue los hechos de violencia en Venezuela, el cese de la represión, la revisión de todos los presos políticos que tiene el Gobierno y la renovación de los poderes públicos con representantes calificados e independientes”.

El secretario general nacional de Primero Justicia  respaldó la protesta pacífica en la calle “hacemos votos para que esa presión de calle se mantenga, se profundice, se fortalezca desde la Constitución y desde nuestro derecho a protestar pacíficamente por los problemas de la gente”.

Guanipa aseveró que será el gobierno el gran responsable del fracaso del diálogo “si este gobierno se cierra a que este diálogo de resultados  está permitiendo que una olla de presión en la que se ha convertido Venezuela pueda hacer un estallido en cualquier momento”.