El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, solicitó al presidente Maduro libertad para los estudiantes presos, para Enzo Scarano, Daniel Ceballos, Salvatore Lucchese y Leopoldo López. Esa solicitud provocó una fuerte réplica por parte del jefe del Estado
Durante la reunión del presidente Nicolás Maduro con alcaldes y gobernadores para tratar el tema de la inseguridad, el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, utilizó su derecho de palabra para solicitar libertad para los estudiantes presos y los ex alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, así como para el comisario Salvatore Lucchese y Leopoldo López.
La réplica del presidente Maduro fue veloz y exaltada, incluso se quitó los anteojos con rapidez y cierta torpeza antes de hablar: “Lamento mucho que ese no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente la oportunidad que se le da (…) para hablar de un tema central. Quienes están presos, están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. Aprendamos a respetar los temas que debatimos; si no, perdemos el tiempo aquí”.
Maduro insistió en que podía demostrar caso por caso “los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús (…). ¿Qué quiere? ¿Que los condecore, que los premie, que los nombre ministros? ¡No! Tienen que ir a la cárcel y pagar. Tiene que haber justicia (…). El partido que usted milita, a pesar de que está alzado contra el presidente constitucional, yo lo estoy citando a usted porque lo reconozco como alcalde. Yo le exijo a usted que me reconozca como jefe de Estado. ¿No me reconoce? ¡Entonces sálgase de esta reunión! ¡Se sale de esta reunión!”.
El alcalde Smolansky dijo (no hubo micrófonos para él en ese instante) que reconocía a Maduro y este le comentó mientras trataba de retomar su tono calmado: “Muy bien, no lo escuché”. Luego daría el derecho de palabra a Alexis González, alcalde de Tucupita (Delta Amacuro). (El Nacional)
Blyde reclama unificación de centrales telefónicas de seguridad
El alcalde de Baruta explicó que la “gente se quedó con el 171 de Baruta, porque es un solo teléfono, mucho más fácil. Hay que acelerar el proceso de unificación en el 911, si ese va a ser el número”. Reiteró que la policía municipal no atiende orden público, lo que el ministro de Interior replicó diciendo que sí pueden actuar de manera preventiva.
El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde consideró la noche de este lunes que hay serias fallas que deben ser corregidas en los planes de seguridad que se han articulado entre el Gobierno nacional y las alcaldías. “Es importantísimo que se eliminen la cantidad de celulares y cantidad de teléfonos distintos y que se unifique en un solo teléfono”, explicó.
“Les voy a dar un ejemplo, este es el volante que se saca en Baruta para promocionar los cuadrantes, 16 cuadrantes cada uno con un teléfono distinto con una serie de zonas populares, urbanizaciones, muy complicado. Hicimos cantidad de asambleas con nuestros vecinos, durante el mes de diciembre, el mes de enero y parte de febrero, para explicarles cómo funcionaba”.
En una reunión que abordó el tema de seguridad, en presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, dijo que la “gente se quedó con el 171 de Baruta, porque es un solo teléfono, mucho más fácil. Hay que acelerar el proceso de unificación en el 911, si ese va a ser el número, para que podamos, porque el vecino no aprende, no se memoriza este celular en cada uno de los cuadrantes. Incluso pusimos en negocios, carteles, impresos, en los comercios y de todos modos ha sido muy difícil que la gente migre hacia la cantidad de teléfonos uno por cada cuadrante”.
Blyde dijo que hay dispersión en las asignaciones de equipos a las alcaldías y puso como ejemplo que cuando se frustró un secuestro y se usó una de las patrullas que se habían entregado semanas atrás por parte del Gobierno, “esa patrulla no estaba asegurada por el municipio porque no es un bien municipal. Había sido simplemente asignada. Si no nos pasan la propiedad no se pueden asignar recursos para asegurarlas”.
Explicó que tienen más de 700 funcionarios y “no nos damos abasto. Las funciones de la policía municipal son muy específicas. Están en la Ley de Policía Nacional, están en la Constitución y en otros cuerpos normativos. Nuestras funciones son de control de delito y de prevención del delito básicamente”.
“Cuando se nos quieren asignar funciones que no son de la policía municipal, se resta operatividad, y me refiero específicamente a decisiones como la producida en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se nos pretende obligar a control del manifestaciones públicas y declaraciones de ustedes mismos que han dicho eso”.
“Nosotros no tenemos esa función. No tenemos tampoco el equipamiento para esa función. Es importante que tengamos muchos más funcionarios en la calle”, explicó.
Por último en su intervención dijo que le comentó a Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz que “cuando un funcionario comete una falta, todas estas reformas los han llevado a que sea muy permisivo el régimen sancionatorio. El funcionario antes tenía que cumplir sus labores de sanción, fuera de los horarios en los que estaba trabajando”.
Sobre lo ordenado por el TSJ, Rodríguez Torres explicó que “en el orden público hay una fase de prevención del delito”, recordando situaciones en la que camiones han descargado escombros sin que se les detenga. “Puede haber una acción preventiva para que una protesta no se torne violenta, porque están vaciando un camión con escombros y piedras en un municipio”.
Reclamó que se haya observado a policías cerca de manifestantes mientras arrancan una alcantarilla “y puede haber una acción preventiva de la policía municipal”. Explicó que “si la cosa se desborda, debería intervenir la policía estadal, porque ese es el otro paso en materia de orden público”.
Dijo que en el estado Miranda han tenido que trabajar con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) puesto que la policía del estado, a su juicio, no se ha manifestado en accionar contra esas situaciones de orden público. (El Universal)
Ocariz denuncia que de 10 detenidos en Sucre 8 salen en libertad al mes
Replanteó la necesidad de crear un fondo especial con recursos petroleros que sea destinado al mejoramiento de las policías municipales y regionales para enfrentar el tema de la inseguridad, tema que es el principal problema a vencer para la gran mayoría de los venezolanos.
El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz denunció que de diez antisociales que son aprendidos en flagrancia dentro de su juridicción por la policía municipal, 8 salen en libertad en menos de un mes lo que genera impotencia y decepción entre los funcionarios y contribuye a mantener en alza los índices de hechos delictivos en el país.
El planteamiento fue hecho al presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un encuentro que éste mantuvo con los alcaldes y gobernadores del país quienes hicieron un larga lista de peticiones centradas en las necesidades básicas para cada una de sus zonas.
Ocariz enmarcó su exposición sobre la inseguridad en el reciente asesinato ocurrido en el parque nacional El Ávila, en el que dos ciclistas perdieron la vida, uno de los cuales era el tío de su hija.
“Mi hija, todas las noches se recuerda a su tío que hace 37 días fue asesinado de dos plomazos. Como mi hija perdió a su tío, son muchos los niños que sufren por la violencia (…) El tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema de los homicidios nos toca a todos. A todos, como usted mismo dijo, nos toca por igual”.
Propuso crear un fondo nacional con recursos provenientes de los excedentes petroleros que se utilice para el mejoramiento de las policías, tanto nacionales como estadales y municipales. “Propuesta es crear un fondo petrolero, una parte de ello puede ser destinado al tema de la seguridad constante. Que no se trate ahorita sino que se mantenga en el tiempo este fondo”.
Otra de las solicitudes de Ocariz fue el mejoramiento del alumbrado público que en el caso de la Gran Caracas, es responsabilidad de Corpoelec. “De cada 10 postes 5 están malos. En la reunión pasada se habló de municipalizar los servicios de iluminación. Eso no se hizo pero tampoco se han arreglado, el mejor aliados del delincuente es la oscuridad”.
Destacó que cuando comenzó el plan Patria Segura tenían en el municipio 500 funcionarios entre Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Hoy en día tenemos 300 funcionarios. Tenemos 23 cuadrantes de los cuales 11 son de GNB y PNB. El resto es de la policía de Sucre y el apoyo de la policía de Miranda. Hacemos un llamado a que volvamos a los números originales. Hay un déficit de funcionarios en todo el país que es importante atacar”.
También expresó su preocupación por la cantidad de detenidos que existen en los calabozos de las cárceles municipales, que no están hechas para recibir por períodos prolongados de tiempo a los detenidos. “Esta mañana los funcionarios de PoliSucre le dijeron que no había traslado de los retenes desde los calabozos de las policías municipales a distintos retenes. Nosotros de la policía de Sucre, hay un problema porque nuestros calabozos no están hecho para que los reos permanezcan. Queremos evitar un hacinamiento”.
Por último el alcalde de Sucre solicitud la colaboración de las fuerzas de seguridad del estado para aunar esfuerzo en el control y vigilancia de la Redoma de Petare. (El Universal)
