En los cinco primeros meses de este año 2014, la inflación se ubicó en 23 por ciento, la más alta en Venezuela desde la crisis bancaria de hace 18 años. Ante esta situación la Asamblea Nacional  debe Interpelar a los ministros del gabinete económico.

El señalamiento lo hizo el diputado por UNT Elías Matta, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, al referirse a las cifras de inflación de los meses de abril y mayo presentadas tardíamente por el Banco Central de Venezuela.

“El BCV publicó las cifras de inflación del mes de abril y mayo el jueves pasado, justamente el día de la inauguración del Mundial, como tratando de que pasaran debajo de la mesa. Lo que no entiende este gobierno es que la inflación no puede pasar por bajo la mesa, quieran o no, porque la siente la gente cada día, cada vez que va a comprar en una panadería, un supermercado,  o va  a comprar un repuesto para el carro”.

Destacó que, de enero a mayo de 2014 la inflación se ubicó en 23 por ciento, mientras que la acumulada de mayo de 2013 a mayo de 2014 se alzó hasta un 60,9 por ciento, una de las cifras más altas de inflación en Venezuela desde el año 1996. “Lo que más indigna es que estos señores  que manejan la economía venezolana dijeron que en el presupuesto de 2014 la inflación anual iba a estar entre 26 y 28 por ciento”.

Comparó las cifras de inflación del país con la de otros países de la región. En lo que va del año Uruguay presenta una inflación de 5,01 por ciento, siendo la más alta después de Venezuela con 23 por ciento, siendo la menor la de El Salvador con 0,68 por ciento.

“Para ser más precisos, y que la gente vea como estamos de mal, si comparamos la inflación de Venezuela en el mes de mayo de 5,7 por ciento con la de Colombia, por ejemplo, que se ubicó en 0,48 por ciento, vemos que la de Venezuela está 12 veces por encima que colombiana”.

Destacó que lo más grave aún es la inflación anualizada en alimentos y bebidas no alcohólicas,  de mayo de 2013 a mayo 2014, se ubicó en  76,3.  Esto obliga a la familia venezolana a invertir más del 50 por ciento de sus ingresos en la compra de alimentos.

“Hay que destacar además que hay ciudades en Venezuela que tienen una inflación de alimentos todavía más alta, tal es el caso de la ciudad de San Cristóbal  de 87 por ciento, Valencia 85 por ciento , Maturín 81,3, Barquisimeto 80 por ciento”.

Argumentó que esta situación es la que convierte a los venezolanos en más pobres, tal como lo han señalado las cifras de El Instituto Nacional de Estadística que señala que la pobreza sufrió un incremento en el 2012 había una pobreza de 21, 2 por ciento y para el 2013 esta cifra se ubicó en 27, 2 por ciento, es decir un incremento de 1 millón 873 mil 326 personas que pasaron a engrosar las cifras de la pobreza.

“Para  nosotros la inflación se ha convertido en una máquina de hacer pobreza. Por mucho que el INE trate de corregir, que están compensando a las clases más desposeídas, eso es totalmente falso”.

 Finalmente  señaló que este “desorden”  económico no puede continuar, por lo tanto los Ministros del gabinete económico  Rafael Ramírez,  Marcos Torres y Nelson Merente, como presidente del BCV,  deben comparecer ante la Asamblea Nacional,  para que  expliquen al país como se va a salir de esta crisis económica “O es que pretenden empobrecernos a todos, de manera brutal”.

Los nueve integrantes de la Corte Suprema de EE UU comunicaron este lunes en Washington que mantienen la sentencia que establece que Argentina no podrá seguir pagando a la mayoría de acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010, tras la suspensión de pagos de 2001, si antes no salda sus obligaciones con la minoría que rechazó esos canjes, los llamados fondos buitre y otros inversores más.

La decisión del Tribunal Supremo norteamericano supone un duro varapalo para los intereses de Argentina. Ahora, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deberá optar entre pagar a los buitre, algo a lo que se ha negado sistemáticamente, o caer en suspensión de pagos de la deuda reestructurada bajo legislación de Nueva York, que equivale a 25.000 millones de dólares (18.000 millones de euros). Otra opción es que Buenos Aires intente seguir pagando a la mayoría de acreedores en Buenos Aires, en lugar de en EE UU, pero es dudoso que lo acepten.

La tercera opción sería pedir al tribunal que vuelva a revisar el caso. El Gobierno tiene 25 días para pedirlo. Pero el país sudamericano debe enfrentar el próximo día 30 un pago de la deuda reestructurada y no se sabe si continuará o no en suspense el fallo en su contra, según un consejero de la Fundación Legal Washington, Richard Samp. Este abogado, cuya organización se presentó en el juicio a favor de losbuitre, dice que solo en el 1% de los casos el Tribunal Supremo de EE UU acepta revisar sus decisiones.

El fallo contra Buenos Aires también puede repercutir de forma negativa en futuras reestructuraciones de deuda de otros países, al desalentar la aceptación de canjes e incentivar la vía judicial. Así lo han manifestado desde los Gobiernos de EE UU y Francia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque de todos ellos solo el Ejecutivo de Francois Hollande se presentó ante la justicia para defender la posición argentina. También Brasil y México habían recurrido a los tribunales para apoyar a Buenos Aires.

La demanda fue iniciada por dos de los llamados fondos buitre, NML y Aurelius, que compraron bonos argentinos en 2001 y 2002 a bajo precio y que desde 2003 reclaman en la justicia que Buenos Aires les pague el 100% del valor de esos títulos. Ambos fondos y otros acreedores, incluidos inversores argentinos, rechazaron la propuesta de quita de la mitad del pasivo que ofrecieron en 2005 y 2010 los Gobiernos de los Kirchner, que argumentaban que el sobreendeudamiento había hundido a su país y tornaba impagables las obligaciones anteriores. La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron, canjeó el 93% de la deuda, pero el restante 7% quedó sin reestructurar y en litigio judicial. Dos tercios de ese pasivo no refinanciado habían sido emitidos en EE UU y por eso es que allí se dirime el caso.

Un fallo judicial que viene de 2012

Un juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló en 2012 que Argentina no podía seguir pagando el rendimiento de sus bonos reestructurados hasta que saldara su deuda de 1.330 millones de dólares (980 millones de euros) con NML, Aurelius y otra parte de los acreedores litigantes. Se basó en una cláusula de tratamiento igualitario entre acreedores que contenían los antiguos títulos que se dejaron de pagar en 2001. O sea, o Buenos Aires paga a los buitre o suspende pagos otra vez. Pero Buenos Aires se negaba a abonarles porque consideraba que sobrevendrían otras demandas por más de 16.000 millones de dólares (11.800 millones de euros) y porque cree que lo justo es que la minoría de acreedores asuma el acuerdo logrado con la mayoría. Además alegaba que más no puede pagar. Veremos qué dice ahora, con un fallo definitivamente en contra.

Argentina recurrió a un tribunal de apelaciones de Nueva York, que ratificó en 2013 la sentencia del juez Griesa a favor de los buitre, pero la ha dejado en suspense a la espera de la decisión del Supremo de EE UU. Por eso, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió al Tribunal Supremo de EE UU que analizara el caso.

Los magistrados del máximo tribunal norteamericano suelen descartar la mayoría de las causas y solo abordan aquellas que considera trascendentes para los intereses de su país. Precisamente, el pasado jueves el Tribunal Supremo rechazó inmiscuirse en el caso y esa decisión fue conocida este lunes. Fue así que quedó firme el fallo a favor de los buitre.

¿Acatará la sentencia?

Argentina había prometido ante el Tribunal Supremo de EE UU que acataría la sentencia definitiva. No obstante, existe la posibilidad de que se niegue a pagar y caiga entonces en suspensión de pagos de su deuda reestructurada. También puede ofrecerles a los tenedores de los bonos emitidos en 2005 y 2010 pagarles en Buenos Aires, de modo de evitar embargos, pero es seguro que varios de ellos plantearán reparos. Es una opción ya planteada por Fernández el año pasado.

Otro camino es acatar la sentencia y pagarles a los demandantes. Incluso el juez Griesa dejó recientemente abierta la posibilidad de una negociación: “Si Argentina está en una situación financiera por la que no puede pagar, ¿qué es lo que cualquiera de buena fe hace? Viene a la corte y algún tipo de negociación tiene lugar”. El país sudamericano no se encuentra en una crisis como la de 2001/2002, pero en enero pasado se devaluó el peso, la economía se ha estancado y la inflación alcanza al 33% anual.

A finales de 2014 vence una cláusula de los bonos emitidos en la reestructuración que establece que si Buenos Aires mejora la oferta de 2005 y 2010 a los que la rechazaron, los que la aceptaron tienen derecho a recibir también esa ventaja. Por esa cláusula, el Gobierno argentino se negaba a negociar con los buitre, porque supondría no solo pagarle más al 7% que rechazó el canje sino al 93%. No hay que olvidar que la suspensión de pagos de Argentina en 2001 ha sido la mayor de la historia mundial, de unos 82.000 millones de dólares. La duda es qué ocurre si Argentina no negocia pero acata un fallo a favor de los buitre: ¿eso la obligaría a abonar más a los tenedores de bonos reestructurados? Es una discusión jurídica.

Ahora se espera que Argentina presente su último recurso. Mientras tanto, los buitre pedirán al tribunal de apelaciones de Nueva York que levante la suspensión de la sentencia contra el país sudamericano, de modo de ejecutar el pago de su reclamación.

El País

El caso de Amado Boudou, vicepresidente de Argentina, ha copado el espacio mediático. Boudou parece involucrado en un caso de corrupción que lo ha llevado a los tribunales en medio de la expectativa general. Es la primera vez que la justicia convoca a un funcionario de su estatura mientras ejerce el cargo. Fue el político escogido por Cristina Kirchner como compañero de fórmula en las elecciones de 2011. Alguien del entorno más encumbrado, pero también un personaje atractivo por su afición al rock y a los espectáculos masivos. De tales ingredientes se deduce lo llamativo del asunto y se augura una tempestad de detalles capaces de engordar el escándalo. No se comenta ahora lo sucedido para echarle más leña a una candela que arde por propia combustión, sino solo para hacer una analogía con la vida venezolana de nuestros días que puede tener utilidad.

Los periodistas han tenido especial responsabilidad en la denuncia y en el seguimiento del probable delito. Junto con un grupo de diputados de la oposición, asomaron las primeras evidencias del curioso trajín del vicepresidente y formaron un expediente que, por el volumen de su contenido y por su pública difusión, llamó la atención de un juez federal y provocó la realización de una audiencia indagatoria sobre cuyos detalles no se ha reservado nada, o casi nada, en los medios radioeléctricos y en la prensa escrita. Los ciudadanos del país, pero también los del extranjero, han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas. El gobierno guarda silencio, como era de esperarse ante la investigación de un individuo cercano a la presidente, pero los voceros de la oposición y los escribidores independientes han dicho sin trabas lo que les ha parecido.

Después de la primera fase de la indagatoria, un par de periodistas entrevistó a Boudou en su despacho para que opinara sobre el asunto. No hicieron una entrevista complaciente, como pudimos ver a través del cable. Llevaban preguntas incómodas y las desembucharon a placer. Ante cada respuesta volvían con nuevas inquietudes, con audaces puyas que debieron hacer roncha en el pellejo del hombre a quien acosaban sin perder la circunspección, no en balde se metían en un asunto espinoso que requería tratamiento comedido. Guardaron las formas ante la segunda figura del Ejecutivo, pero preguntaron lo que debían preguntar porque su trabajo consistía en buscar la parte de la verdad que seguramente saldría de la versión del entrevistado. Antes y después del encuentro de Boudou con esos periodistas, en los programas de opinión y en los periódicos habituales se dijo lo que consideraron adecuado los opinadores, se dio espacio a los comentarios de los espectadores y no se ahorraron referencias a los probables cómplices, gente de poder económico en Buenos Aires y en las provincias, y a la posibilidad de que la presidente y su difunto esposo estuvieran enterados de los turbios manejos que se ventilaban.

¿Existe en Venezuela la posibilidad de que los medios manejen un caso semejante, sin ningún tipo de trabas? ¿Imaginan ustedes la ocasión de presenciar una entrevista con el vicepresidente, o con cualquiera de los ministros, sobre casos de corrupción en los que puedan estar comprometidos? Las entrevistas, aquellas que pueden calificarse de entrevistas llevadas a cabo con responsabilidad y seriedad, se han hecho cada más infrecuentes. Con honrosas excepciones, se han remplazado por sesiones bobaliconas en las cuales no se toca al entrevistado ni con el pétalo de una rosa, en especial si se está frente a los burócratas de la “revolución”. Como los “revolucionarios” no permiten que el sol caliente sus trapitos, los reportajes de investigación sobre la marcha del gobierno se hacen en medio de gigantescas dificultades. Si los periodistas hacen su trabajo, como hoy en Argentina, se busca la manera de asfixiar a los medios a los que están adscritos, a través de presiones groseras o mediante escandalosas operaciones de compra-venta cuyo único objeto es el cercenamiento de la libertad de expresión.

¿Se puede encender aquí la mecha de algo parecido al “Boudougate”? Antes de contestar, conviene indagar sobre las razones de Televen para eliminar el programa de Luis Chataing.

Elías Pino Iturrieta

El Nacional

La ley británica que pena con hasta siete años de cárcel a quien obligue a una persona a casarse con otra por la fuerza entró hoy en vigor en Inglaterra y Gales.

La ministra británica de Interior, la conservadora Theresa May, dijo hoy que los matrimonios forzosos representan “una tragedia para todas y cada una de las víctimas” y agregó que esta ley tiene como objetivo proteger a las personas afectadas.

Desde el año 2008, los tribunales británicos podían emitir disposiciones judiciales para impedir que una víctima fuera obligada a casarse en contra de su voluntad, pero esta nueva legislación va más allá al penar con la cárcel a sus responsables.

Según datos oficiales, el año pasado el Gobierno británico tuvo que atender 1.302 casos de matrimonios forzosos, de los que un 82 % de las víctimas eran mujeres y el 18 % hombres.

La mayoría de estos casos afectó a comunidades procedentes de Pakistán, India y Bangladesh.

La medida legislativa -que se aplica a Inglaterra y Gales ya que las otras regiones del Reino Unido tienen autonomía para aprobar sus propias medida legales- está contenida en la ley conocida como Comportamiento Antisocial, Delito y Policía 2014.

La ministra de Interior añadió hoy que las víctimas pueden tener la “confianza, seguridad y liberad de elegir”.

El Ministerio británico de Interior indicó hoy que el matrimonio forzado es cuando “uno o los dos cónyuges no dan su consentimiento al matrimonio pero son obligados”.

Se estima que un 15 % de todos estos casos afecta a víctimas menores de 15 años de edad.

Una portavoz de la entidad benéfica Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños ha señalado que reciben llamadas de jóvenes preocupados de que pueden ser obligados a casarse.

“Muchos jóvenes que llaman a nuestra línea sobre este asunto están asustados, preocupados y sienten que les arrancan el control de sus vidas”, agregó.

Esta ley fue anunciada por el Gobierno en 2012 y ha cumplido el trámite parlamentario, mientras que se espera que Escocia introduzca pronto una ley similar e Irlanda del Norte espera tomar medidas también.

Notitarde 

A raíz de la persecución y encarcelamiento de diferentes líderes y activistas de Voluntad Popular por parte del régimen de Nicolás Maduro, el coordinador político adjunto Freddy Guevara, reiteró que la tolda naranja representa una amenaza al régimen por sus planteamientos para impulsar #LaSalida inmediata, pacífica y constitucional que dé paso a la sustitución de las cabezas del Estado.

Para Guevara, el partido progresista siempre ha hecho planteamientos certeros y públicos entre ellos la solicitud de la Constituyente, para luego exigir la renuncia de Nicolás Maduro y lograr la reconciliación del pueblo; propuesta que dieron a conocer a través de un manifiesto denominado: “Sí hay una salida a la crisis” el cual fue firmado por más de cien venezolanos ilustres y está siendo debatido entre los diversos partidos que hacen vida en la Mesa de la Unidad y la sociedad civil en todo el territorio venezolano.

“Nicolás (Maduro) usted debe renunciar porque es un incompetente, por ser un violador de los derechos humanos. No hay agenda oculta, hay dos rutas: esperar hasta el 2015 y después avanzar hasta el 2019 en un proceso. Nosotros creemos que eso es inoportuno porque sería complicado por la situación de los circuitos de poner todo en una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo. Por otro lado, nuestra propuesta es llamar a un proceso constitucional, lograr un cambio lo antes posible, no a un quítate tú para ponerme yo, la propuesta de la Constituyente para refundar el Estado en un nuevo modelo político, económico y social, para posteriormente lograr la sustitución del régimen y el fortalecimiento de la Unidad”, reiteró.

Aseguró que Voluntad Popular busca una salida alejada de la violencia y que su dirigencia está abierta a otras propuestas que sean certeras ante el panorama que está viviendo el país. Agregó que cualquier mecanismo debe incluir al sistema democrático chavista que también está en descontento por las políticas erradas del régimen que han sumido a Venezuela en una profunda crisis. “El aliado más importante para un cambio político es el pueblo, si tenemos el respaldo del pueblo no habrá nada que nos detenga”, recalcó.

Guevara repudió los señalamientos y acusaciones impulsados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, junto al gobernador del estado Aragua, Tareck El Aisammi, quienes dedicaron horas del programa “Con el Mazo Dando”, el pasado jueves, a incriminar a las dirigentes juveniles de la tolda naranja, Gaby  Arellano y Ana Karina García, en una supuesta conspiración internacional tras una reunión que sostuvieran ambas jóvenes con funcionarios diplomáticos estadounidenses. En ese sentido, Guevara advirtió sobre la criminalización a los apoyos de la comunidad internacional a propósito de la citación en calidad de testigo que enfrentará Arellano mañana martes ante el Sebin.

“Nosotros no solo nos reuniremos con el embajador norteamericano, sino con cualquier funcionario diplomático a quien le podamos exponer la crisis que estamos viviendo en Venezuela y la violación de derechos humanos. Esto es un chiste, porque mientras ellos sostuvieron encuentros con Gadafi, Sadan Huseim, Mugabe, le han entregado la espada de Bolívar a dictadores y  genocidas, pretenden criminalizar a Arellano y García por simplemente están defendiendo los derechos de los venezolanos y plantearles estas denuncias a diversos funcionarios del cuerpo diplomático. Lo peor es que la única prueba que tienen es un video con música tenebrosa”, dijo.

Finalmente expresó su solidaridad con la dirigente de la UnidadEnLaCalle, María Corina Machado, quien se encuentra hoy declarando ante el Ministerio Público. “No hay ni una sola prueba que incrimine a nuestra aliada en un supuesta plan de magnicidio”, subrayó.

Es temprano en el Palacio de Justicia cuando Raymar Peña está en la cola, lista para presentarse.

Es la tercera vez que lo hace desde que el 10 de mayo pasado el Tribunal 48° de Control ordenó una medida sustitutiva de libertad con presentación cada 15 días para 108 de los estudiantes detenidos en el campamento ubicado frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Los Palos Grandes.

Peña estudia Bibliotecología en la Universidad Central de Venezuela y acaba de inscribir un nuevo semestre.

“Siempre que debo presentarme me levanto muy temprano, temo que pueda haber algún inconveniente y que por no llegar ese día pueda ir presa”.

Tendrá una clase los martes a las 7:15 am, día de la semana en el que le corresponde asistir a tribunales: “Me preocupa que ambas cosas choquen. El 23 de junio haremos la apelación y espero que nos levanten el régimen, de no ser así me tocará hablar con el profesor y pedirle que me permita llegar un poco tarde a clases”.

De los 3.162 detenidos desde que comenzaron las protestas en febrero, 1.948 personas están en libertad con medidas cautelares.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, afirmó que estar bajo régimen de presentación tiene efectos psicológicos para quien tiene el procedimiento y sus familiares: “Lo primero es enfrentarse al sistema de administración de justicia, con la perspectiva de que podrían enviarte a una cárcel donde hay 50% de posibilidades de perder la vida”.

Alvarado se refirió también a la presión que supone sentirse sometido a riesgo permanentemente: “Temen que en algún momento pudieran perder esa libertad restringida por alguna imprudencia, o que haya un juicio luego y los declaren culpables. Siempre está la duda y esa misma angustia la comparten sus familias”.

Miedo a denunciar

Joel Guevara y Carlos Pellicer también fueron detenidos en el campamento del PNUD.

Ambos perdieron el semestre porque han dedicado los últimos cuatro meses a protestar. Pellicer es de Nueva Esparta y en ese tiempo solo ha visto a su madre una vez, cuando ella viajó a Caracas porque se enteró de la detención de su hijo.

“Ese fin de semana era el Día de las Madres. La tristeza que le causé es una de las cosas que más me pesan”, dice Pellicer. No les preocupa continuar en las calles. Tras obtener la medida cautelar decidieron recorrer varios estados para “exigir la libertad del país”.

La semana pasada un grupo fue a Barinas y 2 de ellos estuvieron secuestrados durante 17 horas, presuntamente por funcionarios del Sebin. “Los montaron en una camioneta blanca sin placas, los encapucharon y durante 2 horas los ruletearon, luego los llevaron a una especie de patio y los arrodillaron. Esa noche no supimos nada de ellos. Los liberaron al día siguiente a las 3:00 de la tarde”, narró Guevara.

Pellicer conserva en el torso una cicatriz por la quemadura de un cigarro. “No hicimos la denuncia porque no sabíamos si la cautelar nos permitía salir del área metropolitana, y pensamos que terminaríamos siendo nosotros los detenidos”, indicó Guevara.

A diferencia de Pellicer y Guevara, Peña decidió apartarse de las manifestaciones: “Mi decisión es moverme con los abogados, ayudar a buscar evidencias y fiadores para los que siguen detenidos. Hasta que la gente no salga masivamente a la calle no volveré a salir. No te quedan ganas.

Esperaba más apoyo de la comunidad universitaria. Cuando fuimos liberados afuera del Palacio de Justicia solo había familiares y algunos amigos”. Peña, Pellicer y Guevara desconocen por cuánto tiempo tendrán que presentarse en tribunales. “Hasta ahora es por tiempo indefinido”, dicen.

Restricción de movimiento
La medida sustitutiva de libertad que le otorgaron a Luis Gonzalo Pérez, de 22 años de edad, le obliga a presentarse cada 8 días en tribunales y le prohíbe salir del área metropolitana de Caracas y del estado Vargas.

También exigía la presentación de 2 fiadores de 130 unidades tributarias cada uno.

Pérez fue detenido en Chacao el 26 de abril luego de participar en la marcha contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que señala que hay que pedir autorización para manifestar.

Pasó 25 días en la sede de la PNB en La Yaguara, pese a que sus familiares presentaron los recaudos de los fiadores la misma semana de la aprehensión. “Debí salir en una semana y duré preso casi un mes”, reclamó. La madre de Pérez vive en Guarenas.

“Si voy a visitarla y hay una alcabala o un operativo en las vías y me paran al radiar mis datos voy a aparecer como solicitado y podrían enviarme a un penal abierto de 3 a 6 años”, explicó.

Alvarado subrayó que algunos manifestantes que han quedado bajo régimen de presentación temen andar solos e incluso salir de su casa: “Son situaciones que hacen que la persona se autolimite en su movimiento físico, más cuando el régimen es muy corto”.

Pérez siempre tiene en la cartera el comprobante de que se presentó, es más cauteloso en la calle, pero continúa manifestando: “Sé que debo alejarme si llegasen a ocurrir disturbios. No puedo quedarme encerrado”.

Logró salvar el quinto semestre de Comunicación Social en la Universidad Santa María y espera que la presentación semanal no afecte su búsqueda de empleo. El régimen de presentación es de un año a un año y medio.

Gasto quincenal
Las presentaciones son de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. Después de la primera vez y quedar registrado en el sistema el proceso se torna sencillo.

Hay que mostrar la cédula y esperar un comprobante -similar a un recibo- que da cuenta de que la persona cumplió con la obligación. En el caso de Jenny Ángel, de 35 años de edad, hay una complicación adicional: vive en El Tigre, estado Anzoátegui, y debe viajar a Caracas cada 15 días.

“Cuando tengo que presentarme aparto 1.000 bolívares, nada más en el pasaje ida y vuelta son 660 bolívares”, subrayó.

Ángel fue detenida en el campamento de la plaza Bolívar de Chacao. Esa rutina deberá repetirla durante ocho meses.

Ángel es reportera y madre soltera: “Mi hija está orgullosa de mí. Aquí señalan a quien disiente y por tener una voz diferente te acusan de terrorista”.

Diario Las Américas