“Fefy” entró a su carpa a las 3 a.m., luego de su turno de vigilancia nocturna, pero no se imaginaba lo que sucedería unos veinte minutos más tarde, cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) irrumpió en el campamento donde se encontraba, frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), apostado en un canal de la Av. Francisco de Miranda. “Llegaron mil guardias a desmantelar un campamento de casi 300 personas de manera violenta a sacar a todo el mundo de las carpas, pateando e insultando a la gente y llevándose todo a su paso. Los amenazaban con que les iban a pegar tiros y les metían cachazos. Me querían obligar a hincar, pero como yo no quise uno me dio un cachazo, el otro me empujó y me tiró al piso y me entró a patadas”, aseguró la menor de edad, quien duró tres semanas detenidas entre el Helicoide y el retén de menores de Antímano.
En los desmantelamientos de los llamados “campamentos de la libertad” que realizó la GNB junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 08 de mayo, detuvieron alrededor de 243 personas presuntamente sin orden judicial, quienes tenían más de un mes pernoctando en la Avenida Francisco de Miranda (frente a la ONU). Otros en Santa Fe, la Plaza Bolívar de Chacao y la Alfredo Sadel. Según el registro de datos del Foro Penal Venezolano, desde esa fecha hasta hoy solamente entre Miranda y Distrito Capital aún hay 18 privados de libertad, pero la cifra en todo el país desde el 12 de febrero asciende a 113 presos por manifestar – todavía en cárceles-.
Por su parte, para el 9 de junio, la Organización Jóvenes Venezolanos, a través de su cuenta en Twitter pidió libertad de 12 presos, dentro de los cuales todavía se encuentran uno de sus líderes, Gerardo Carrero (Universidad Católica del Táchira) y Sairam Rivas (Universidad Central de Venezuela).
Según una entrevista realizada a Carrero antes del desmantelamiento, la protesta que se encontraba frente a la ONU era totalmente pacífica y tenía como fin crear conciencia nacional, llamar a la resistencia civil y a lo que la organización en cuestión ha denominado la “calle sin retorno” debido a lo que consideran violaciones de Derechos Humanos (DDHH) y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También afirmó que pidieron el ingreso a Venezuela de una comisión de la ONU, pero hasta la fecha no ha sido posible.
La Organización Jóvenes Venezolanos informó que Carrero enfrenta cargos como agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, obstrucción a la vía pública y “tráfico en menor cuantía de drogas”. Sin embargo, este último fue desmentido por una de las menores manifestantes, quien habría estado presente en diversas ocasiones en la carpa de Carrero.
También Sairam Rivas, a través de su cuenta en Twitter, en el momento del desmantelamiento, en la Plaza Alfredo Sadel hizo pública la denuncia de presunta siembra de droga en su campamento. “@SaiRaMrivas: Palabras de Sairam en este instante: ´Nos quieren sembrar drogas. Estamos #SinMiedo y vamos a seguir firmes. Mamá, Papá y hermana, los amo´”.
Lo que pasó antes. Según Carrero, a dos semanas de instalado el campamento frente a la ONU, la GNB habría lanzado un ataque fallido a los protestantes. “Tuvimos un ataque por parte de la GNB con bombas lacrimógenas a los 14 días de haber iniciado esto con dos tanquetas, una ballena y un piquete de la Guardia Nacional con alrededor de 300 funcionarios”, afirma.
Sin embargo, para otros de los manifestantes, las acciones de protesta que realizaron los Jóvenes Venezolanos un día antes del desmantelamiento frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), habría sido la gota que derramó el vaso.
Frente a la institución, los protestantes leyeron un pliego exponiendo el derecho de toda persona al respeto de su integridad física, psíquica y moral (Art. 46), así como la libre reunión pública o privada sin permiso previo (Art. 53), la manifestación pacífica y sin armas (Art. 68) y el derecho a expresar sus opiniones e ideas por cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura previa (Art. 57), consagrados todos estos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La carta pedía la liberación de Leopoldo López, Iván Simonovis y de al menos 135 jóvenes presos, para ese entonces, por manifestar.
Las detenciones masivas. Nizar El Fakih, abogado y representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), asegura que las detenciones masivas realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado fueron inconstitucionales desde la aprehensión de los manifestantes, pasando por el traslado hasta el momento de su presentación ante los tribunales. “Hay una violación del artículo 44 de la Constitución Nacional que establece cómo y cuándo puede realizarse la detención de una persona. La libertad personal es un derecho fundamental y en consecuencia ninguna persona puede ser detenida por una autoridad, salvo que haya una orden judicial, y no lo había, o si las fuerzas policiales la encuentran cometiendo un delito en flagrancia, es decir, como se conoce comúnmente, con las manos en las masas. Ese artículo, en mismos términos es recogido por tratados internacionales suscritos por la República”, afirma el activista de los DDHH.
Sobre la obstrucción del libre tránsito, uno de los delitos que se le imputa a quienes aún están presos, El Fakih afirma que hay una criminalización de la protesta por ser en la calle, cuando por excelencia, históricamente en Venezuela y el mundo la protesta ha sido en la vía pública. “En un intento por vaciar de contenido el artículo 68 de la Constitución Nacional que establece el derecho a la protesta, se dice que cuando tú protestas no puedes obstaculizar el libre tránsito, porque en caso contrario eres un criminal”, asevera.
En tal sentido, el Código Penal Venezolano (CPV) reza en su artículo 357: “Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años”, lo que a juicio de El Fakih no ocurrió con los campamentos, ya que la intencionalidad de la obstaculización de la vía está clara en la ley.
Sin embargo, para Inti Rodríguez, vocero de la ONG Provea, este artículo del CPV es vago ya que otorga discrecionalidad a los jueces para imponer penas, según lo que consideren sea la intención de un siniestro. “Si un fiscal califica de antemano a una manifestación o grupo de manifestantes como peligrosos, cuando ya hay esa presunción anticipada, inmediatamente se impone el criterio de que con haber cerrado la vía se estaba preparando un siniestro. Es decir, que quien realice una protesta en ese marco efectivamente son fascistas, golpistas….”, afirma el también coordinador de medios de la organización.
Más irregularidades. Vanessa Caffera, estudiante de ingeniería en la UCV y protestante del campamento frente a la ONU, salió de su carpa y se encontró a un GNB pateando a un compañero. “Yo vi cómo golpeaban a mis compañeros, a uno lo sacaron de la carpa, lo tiraron en el piso y le daban golpes. El decía ´pero no me pegues, pana, no me pegues´ y lo seguían golpeando”. La manifestante también vio a otro muchacho que se agarró de la pierna de una campista, quien imploraba que no se lo llevaran porque estaba enfermo, lo que produjo que el agente de la GNB la golpeara con un fal en la cabeza.
Caffera recuerda que en el traslado hacia el Core 5 los efectivos de seguridad del Estado los insultaban y agredían verbalmente, mientras que en el caso de las mujeres, que quisieron cantar el himno, fueron reprimidas echándole gas “paralyzer” directamente en sus rostros, afirmó una menor de edad que iba en el autobús.
En relación al armamento y las drogas presuntamente encontradas, los protestantes del campamento frente a la ONU aseguran que realizaban requisas todas las noches para evitar infiltrados o irregularidades. “Tengo una compañera que vio como sembraron todo porque ese día tenía un trabajo que hacer y a eso de las 3.45 a.m., hora que nos estaban subiendo a los autobuses, estaba estacionada con el carro de su papá y veía como sembraban los armamentos y la droga, miguelitos, morteros…”, asevera Caffera, quien es imputada por agavillamiento y tiene medida de presentación cada quince días de manera indefinida hasta el momento.
Otra irregularidad que denunciaron los Jóvenes Venezolanos fue el robo de sus pertenencias por parte de la Guardia. “Fui testigo de cómo los Guardias del Core agarraban y se metían la plata que encontraban en los bolsos que estaban en las carpas, se la metían en los chalecos… agarraron teléfonos. Todo se lo robaron”, aseguró “Fefy”, quien también dijo que “estaba enfrente del guardia, cuando levantó la carpa, metió la pistola 38 mm y después la volvió sacar diciendo que se la había incautado a Ángel Contreras”, actualmente preso en el Helicoide por porte ilícito de armas.
Nizar El Faki asevera que se violó el debido proceso, ya que hubo obstaculización para que los abogados defensores y familiares pudieran comunicarse inmediatamente con los detenidos. Tal es el caso de Sairam Rivas, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela , quien aún permanece privada de libertad y solo pudo ver a su familia tres días después de su aprehensión, dijo su madre, Sandis Moreno.
A Ramón Rosales, Contador Público desempleado, aprehendido el día de los desmantelamientos, incluso intentaron martillarlo y le negaron el derecho a la llamada. “Le pedí el favor a un funcionario de la GNB de que me regalara una llamada para comunicarle a mis familiares que estaba detenido, pero lo que me dijo fue ´dame 300 bolívares por un minuto´”, declaró el manifestante.
La versión oficial. Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó el mismo 08 de mayo una rueda de prensa en la que mostró las presuntas incautaciones hechas a los protestantes. “Aquí vemos que hay dinero de tres denominaciones. Dinero venezolano, dólares norteamericanos, de los Estados Unidos de América y billetes de un país que tenemos que identificar con sus respectivas experticias para ver su procedencia. También tenemos una gran cantidad de tarjetas telefónicas, guantes que utilizaban para instalar, por ejemplo, las guayas estas asesinas con la que degollaron a un motorizado hace tiempo atrás, artefactos pirotécnicos que utilizan para agredir a los cuerpos policiales, botellas completas de vidrio molido, clavos partidos”, afirmó, al mismo tiempo que señaló la existencia de lo que considera un “aparato logístico”, por lo que a su juicio la protesta no fue espontánea.
Rodríguez Torres aseguró posteriormente, en una entrevista en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión, que los desmantelamientos estuvieron apegados a la ley y que no hubo maltratos.“En el desalojo de las carpas (en los municipios Chacao y Baruta) actuamos de esa manera porque teníamos evidencias, cuando se tienen elementos para agarrarlos en flagrancia hay que hacerlo, ahí actuamos limpiamente, no se maltrató a nadie, tiene que existir en el país un pacto nacional por defensa de la paz “, puntualizó.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante la entrega de una vivienda en el centro de Caracas, aplaudió el desmantelamiento de los que él denominó “campamentos de la muerte” y aseguró que quienes estaban allí eran “mercenarios”, algunos pagados “para hacer maldad”.
No obstante, en la permanencia de dos días y una noche (26 y 27 de abril) en el campamento frente a la ONU, se constató la presencia de jóvenes estudiantes y profesionales, quienes expresaron sus ideales y motivos de luchas por una mejor Venezuela. El lugar estaba dividido en cuadrillas, con una organización que los mismos manifestantes lograron a más de un mes de resistencia, con el apoyo de la sociedad civil, representada por vecinos y ciudadanos, quienes en distintos momentos, según se pudo observar, llegaban con donativos de ropa, comida e incluso carpas. Los campistas también realizaban “potazos” para mantenerse.
“No he recibido dinero ni de la CIA ni de ningún partido político. Yo estoy aquí por pensamiento y decisión propia. En mi cuenta lo que quedan son 30 bolívares”, dijo Edwin Borges, estudiante de la Universidad Santa María.
La ONU ante los desmantelamientos. Luego de los desmantelamientos, la ONU emitió un comunicado en su sitio web oficial en Venezuela, en el cual rechazó el uso excesivo de la fuerza de las autoridades. “Condenamos de manera inequívoca toda violencia, por todas las partes, en Venezuela, pero estamos particularmente preocupados por los reportes acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas”, dijo en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“El gobierno está desarrollando una política riesgosa al cerrar los espacios para la protesta en el país, que alienta la desobediencia civil. No escucharon el llamado que hizo las Naciones Unidas a que se respetaran estas protestas que tenían un carácter pacífico en Venezuela”, declaró Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, en un comunicado en video publicado en la web de la ONG. El activista también aprovechó la oportunidad para recordar que la organización defensora de los DDHH ha venido denunciado el avance progresivo de lo que denominan la “doctrina de seguridad nacional”, que consiste en sacrificar los derechos de las personas para privilegiar la seguridad del Estado, con lo cual, a su juicio, justifican la represión.
A pesar de las violaciones a la Constitución y de los DDHH, Inti Rodríguez afirma que es importante mantenerse firmes en la denuncia de los casos de represión, ya que en estos atropellos no prescriben en el tiempo. “Un paso importante para combatir la impunidad es la denuncia, la documentación y la difusión de los casos de violación de DDHH”, afirmó el activista.
Ricardo Sánchez Silva
Ecosresuena
