El Reporte Global de Competitividad 2013-2014, que realiza la organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, incluye un ranking de independencia judicial. Se hace sobre la base de una encuesta que pregunta cuán autónomos son los jueces de las influencias del gobierno y de las empresas. En el índice, 1 significa que están muy influenciados, y 7, que son enteramente independientes.
Nueva Zelanda encabeza el ranking con un puntaje de 6,7. Lo siguen Finlandia e Irlanda, con 6,6 y 6,4; y Hong Kong y Noruega, con 6,3.
El Foro Económico Mundial, que organiza anualmente la cumbre de Davos, describe una gran heterogeneidad en América Latina. Uruguay ocupa el puesto 25 con 5,4 puntos y es el mejor ubicado. En el otro extremo, la Venezuela de Nicolás Maduro es el peor de los 148 países medidos, con apenas 1,1, según reseñó Infobae.com
Entre los primeros se destacan Chile (27º), Costa Rica (37º) y Brasil (55º), que promedian entre 5,3 y 3,9. Entre los últimos, Perú (126º), Argentina (132º) y Paraguay (146º), con menos de 2,5.
¿Qué es una justicia independiente?
“En principio hay tres dimensiones de la independencia judicial. Del Poder Ejecutivo, de las empresas y de los sectores de poder no gubernamentales. Una cuarta es la interna, si los jueces de instancias inferiores tienen libertad de decisión con respecto a la cúpula del sistema, que puede ser un consejo o la Corte Suprema”, explica Carlos Gregorio de Gràcia, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con Infobae.
Cuán autónomo es un sistema judicial depende en gran medida de cómo son seleccionados los jueces. “Mecanismos de elección con examen, calificaciones y audiencias públicas garantizan una justicia más independiente. Si la designación pasa por los magistrados de la Corte Suprema hay menos independencia”, agrega.
Otro de los factores que contribuyen es la transparencia. Cuando todas las decisiones y los procesos judiciales son accesibles para cualquiera, es más fácil comprobar si un juez falló por presión o connivencia con alguna de las partes. Además, facilita el control que puede ejercer la prensa.
“Brasil es el país de mayor transparencia judicial en América Latina y probablemente en el mundo -dice Gregorio de Gràcia-, seguido por Costa Rica. En los sitios web de los tribunales es posible revisar el proceso que a uno se le ocurra y ver lo actuado en todas las instancias. Eso permite analizar con lujo de detalles el desempeño del Poder Judicial”.
José Antonio Caballero Juárez, doctor en derecho y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que la región avanzó mucho en términos de independencia judicial.
“A partir de los ’80 las políticas públicas se obsesionaron con la independencia de los jueces. En términos generales fueron exitosas y se consiguió mucha autonomía en América Latina, al margen de las diferencias entre los países. Pero esto trajo una consecuencia inesperada: los magistrados, que ya eran relativamente cerrados y estaban bastante alejados de la sociedad, terminaron de aislarse por completo”, dice, consultado por Infobae.
Uno de los principales efectos es la ausencia de mecanismos que posibiliten la rendición de cuentas de los jueces. Así es muy difícil determinar cuándo uno es negligente o corrupto y, en caso de descubrirlo, desplazarlo
La justicia en América Latina
Hay distintos modelos judiciales en la región. Algunos están marcados por una fuerte dependencia del gobierno, que tiene una enorme capacidad de presión sobre los jueces.
“Venezuela es un país donde el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo. Otro ejemplo se vio en Argentina, con el intento de sancionar las llamadas leyes de democratización de la justicia como represalia por fallos que no le habían gustado al gobierno”, dice Gregorio de Gràcia.
En otros países, el Ejecutivo no interfiere sobre el trabajo de los jueces, pero eso no significa que sean totalmente independientes. “Costa Rica tiene un Poder Judicial bastante independiente -continúa-, pero algunas decisiones lo ponen en una posición tendiente a cuidar a las empresas, porque si las afecta podría alterar la marcha de la economía. Es una forma de dependencia, porque el juez debería decidir guiándose sólo por el caso concreto”.
Un problema que atraviesa a toda la región es que la justicia tiende a estar lejos de la realidad cotidiana de los ciudadanos. Eso puede provocar que no se preocupen debidamente por las consecuencias de sus fallos y que actúen sin estar a la altura de la responsabilidad que emana del cargo.
“Hay que usar un adjetivo: indolencia. Hay jueces a los que lo único que les interesa es conservar su trabajo, entonces evitan tomar cualquier riesgo. Trabajan de manera tal que sus resoluciones los expongan lo menos posible, lo que lleva a resolver sin resolver. Son incapaces de ver más allá de su propio escritorio”, dice Caballero Juárez.
A esto se agrega la pronunciada lentitud de los procesos judiciales en muchos países, donde hay que esperar demasiados años para obtener una sentencia. “Es un problema con el que los abogados estamos razonablemente acostumbrados a trabajar -continúa-, lo cual no quiere decir que sea deseable. Es un reflejo de la falta de autoanálisis que tiene la justicia sobre sus procedimientos, porque no hay una idea demasiado clara de cómo mejorar ni de por qué ocurre. Hay una especie de autocomplacencia”.
Para contrarrestar estos problemas, algunos países implementaron mecanismos muy originales para garantizar un mejor acceso a la justicia. Un caso testigo es el de los tribunales especiales creados en Brasil para resolver causas vinculadas al sistema previsional.
“Posibilitaron que el ciudadano ejerza sus derechos más elementales -dice Gregorio de Gràcia. La demanda se hace por correo electrónico, los jueces resuelven 5.000 casos en una sola sentencia y a gran velocidad, y bombardean al Ejecutivo con sus resoluciones, que son realmente justas”.
Otro caso es la sala Cuarta que abrió la Corte Suprema de Costa Rica. “Es una primera instancia para derechos constitucionales, donde se puede ir sin abogado, y sin siquiera formalizar una demanda. Eso hace que el ciudadano sepa que tiene un lugar donde ir a plantear sus problemas, en el que va a recibir una respuesta. Y algunas son excelentes. Como resuelve arriba de 15.000 causas por año, ahora está atrasada”, agrega.
Como lo demuestran los casos de Brasil y Costa Rica, la única forma de que el Poder Judicial cumpla su función social es que sea realmente independiente del Gobierno, de las empresas y de los sindicatos, pero no de los ciudadanos. Que los jueces tengan libertad para decidir sin recibir presiones es tan importante como que rindan cuentas de sus actos ante la ciudadanía.
