El sector de la salud pública ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años y medio de Revolución. El Gobierno afirma que la transformación está creando un sistema justo, socialista y equilibrado, en tanto que gremios profesionales, médicos y enfermeras de base y pacientes dudan de la eficacia de la gerencia bolivariana.
Se estima que en Venezuela hay 296 hospitales públicos, administrados por el Seguro Social, el Ministerio de la Salud y algunas entidades estatales. Y hasta 2007 había 4.605 ambulatorios públicos. Estos esquemas de atención se complementan con la red de hospitales y clínicas privadas, que son cerca de 400 en todo el país, sin contar con los cientos de miles de consultorios y centros de atención primaria privados.
Fuentes de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, conformada por médicos activos en el sector público y por exministros de Sanidad, le contaron a El Espectador que de los 31 millones de venezolanos, al menos 17 millones son atendidos en el sistema asistencial estatal. Los 13 millones restantes acuden al sector privado.
“Barrio Adentro”
Pero desde 2003 se creó un sistema paralelo de atención, con la firma de un convenio de cooperación médica y asistencial entre los gobiernos de Venezuela y Cuba, en donde el eje central del servicio público se traspasó al programa “Barrio Adentro”, basado en los planes de medicina primaria de la isla caribeña.
Los ambulatorios y hospitales tipo I (de atención primaria) fueron sustituidos, en prioridad y financiamiento, por los consultorios populares y los centros de diagnóstico integral, gerenciados y atendidos por médicos cubanos.
Los antillanos también son responsables de formar a los médicos integrales comunitarios, la nueva carrera que se creó en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ésta se dicta desde 2005 y hasta el año pasado habían egresado 14 mil especialistas integrales, quienes cursan una carrera de tres años.
El éxito inicial de “Barrio Adentro”, proclamado por el gobierno Bolivariano, basado en estadísticas de atención, se ha visto empañado desde hace once años de su creación. Denuncias de precario funcionamiento de los centros paralelos y la deserción de miles de médicos cubanos han dado al traste con este programa, el cual pretende ser reactivado con el personal egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Aun cuando nadie lo reconoce en el gobierno, el impacto de la deserción de los galenos cubanos en Venezuela se empezó a sentir en 2006.
El Departamento de Estado impulsó el Cuban Medical Professional Parole, un programa de incentivo a los profesionales de la salud antillanos, quienes estén en misiones fuera de la isla y quienes estarían habilitados para trabajar en Estados Unidos en áreas de ciencias de la salud. Los aspirantes a médicos deben pasar por un régimen de revalidación y de rigurosos exámenes para optar a trabajar en el norte.
Para la Sociedad Venezolana de Salud Pública el asunto no es sólo de personal, sino de gerencia, “la corrupción campea en los ministerios encargados de garantizar la salud; no en vano las dos últimas titulares de los despachos han sido investigadas por corrupción. Isabel Urrutia y Eugenia Sader tienen que responder ante las autoridades sobre enormes desfalcos al erario”, señala un documento emitido por la organización.
Advierten que “el fracaso de las políticas de salud y del modelo desarrollado en los últimos 14 años no puede ser maquillado por la propaganda oficial y es evidenciado claramente por el retroceso de los indicadores de salud. También en la falta de prevención y control que ha permitido la reaparición de enfermedades infecto-contagiosas y otras como la malaria y el dengue, transmitidas por vectores.
En el colapso total de los servicios asistenciales que prestan la red pública de ambulatorios y de hospitales, incapaces de satisfacer las necesidades y demandas de la población. La provisión de medicamentos esenciales para atender los problemas de salud más importantes está limitada a menos de la mitad y hoy no hay acceso suficiente a los mismos ni cobertura a toda la población”, sentencia el documento, suscrito, entre otros, por los exministros José Félix Oletta y Rafael Orihuela.
El problema crece por la dificultad para encontrar medicinas e insumos médicos. La importación de fármacos es muy complicada y larga, y la producción nacional se ha visto disminuida en los últimos meses. De acuerdo con el diario venezolano El Universal, el Banco Central de Venezuela informó que la falta de medicamentos llegó, sólo en el mes de marzo, a un 50%, mientras que estimaciones privadas calculan que el 95% de los hospitales tienen sólo el 5% de los insumos. Las estimaciones oficiales, sin embargo, señalan que “sólo falta un 50% de medicamentos”. Las protestas de médicos, enfermeras y pacientes se multiplican frente a los hospitales ante esta crisis, que afecta a instituciones públicas y privadas.
Estamos para resolver
Para María Elena H., nombre ficticio de una oncólogo venezolana, “para evitar sanciones”, el médico criollo “está para resolver y para trabajar con las uñas. La falta de suministro a los hospitales es enorme y a los pacientes con cáncer le brindamos un servicio a medias. Antes, los fármacos provenían de Estados Unidos y de laboratorios reconocidos en otras partes del mundo; en los últimos años el gobierno los importa desde la India. Son genéricos, que no son la mejor alternativa para nuestra gente. En Venezuela no se suministra la vacuna contra el cáncer de cuello uterino porque ésta proviene del país del norte y por un asunto ideológico no se compra y no se distribuye entre nuestras muchachas. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte entre la población femenina; da dolor ver en los hospitales a niñas de 18 años invadidas por esta patología”.
María Elena gana 10 mil bolívares como oncóloga al servicio del sector público, unos 200 dólares al mes, a uno de los tipos de cambio aceptados por el gobierno (50 bolívares por un dólar). “No es un tema de dinero, a mí me gusta mi trabajo y tengo una responsabilidad moral para con mis pacientes, en especial con los niños. Muchas veces he tenido que buscar morfina para aliviar el dolor de mi gente, pues en las farmacias de los hospitales no hay. La crisis del acceso a las divisas también llegó mal sector público y no hay medicinas”.
Dice que el modelo paralelo y centralizado impuesto por el gobierno Bolivariano “fracasó. Hasta hace poco tiempo había equipos de radioterapia en casi todos los estados. Ahora los pocos que sirven están en Caracas y recibimos a gente de todo el país que no tiene para pagar hotel o alimentación”.
Sobre el recurso humano, esta joven médico advierte, “se van de Venezuela por varios factores: la inseguridad, el maltrato profesional y por la falta de oportunidades. De mi promoción de 60 médicos, la gran mayoría está fuera. Yo estoy pensando en irme. No me alcanza el dinero para brindarle una vida digna a mi familia y creo que en otro lugar podría seguir salvando vidas, trabajando con mejores condiciones. Si no hay un cambio, al que se condena es al paciente de escasos recursos; no el que tiene dinero para pagar un seguro”.
No obstante su juicio, María Elena señala, “tampoco es un tema de dinero; en las clínicas privadas de Venezuela tampoco hay insumos, no hay liquidaciones de dólares para los proveedores internacionales de los centros de salud. Esto es un drama”.
Vamos al colapso
Natalia, otra profesional de la salud, nefróloga, se formó como médica antes de la Revolución Bolivariana “y los hospitales estaban medianamente dotados y se hacía investigación. Algunos centros públicos eran referencia nacional y muchos pacientes de clínicas acudían a los especialistas del seguro social o el Ministerio de Sanidad para atender algunos casos”, explica.
Sostiene que “tenemos 15 años de fracaso en fracaso y, si no hay rectificaciones en la gerencia de salud del país, vamos al colapso”. Advierte que en donde trabaja, en Caracas, “no hay equipos para atender a nuestros pacientes de nefrología. Todos los estudios se hacen en centros privados porque no hay insumos tan elementales como reactivos”.
Se refiere al personal médico. “Cientos de colegas se han ido del país, principalmente por la falta de oportunidades y el gobierno pretende sustituirlos por médicos integrales comunitarios. No están capacitados para afrontar la labor en un hospital. En tres años de capacitación es imposible que alguien pueda atender una emergencia. Los que han llegado al hospital no manejan un protocolo básico de atención al paciente”.
El Espectador
