Dirigentes del ala militar del chavismo -que incluye a oficiales que acompañaron al fallecido Hugo Chávez en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992- han comenzado a marcar distancia del régimen de Nicolás Maduro, temiendo pasar a la historia como parte del colapso económico y social que aflige a Venezuela.

Los militares, que ocupan o han ocupado importantes cargos en el chavismo y son conocidos como el sector del 4F, están criticando abiertamente a Maduro por su mal manejo de la economía y por tratar de obligarlos a comparecer vestidos de oficiales a actos públicos del gobernante Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Lo que anda buscando Nicolás [Maduro] es que nosotros quedemos como los copartícipes del desastre con él, desde el punto de vista de propaganda, y ninguno de nosotros está dispuesto a asumir ese costo, ni lo vamos a asumir”, dijo uno de los integrantes de la agrupación bajo condición de anonimato.

“Como ya no le queda mucha fuerza dentro de la estructura de partido porque están pasando por un proceso de desintegración, lo único que le quedan son las fuerzas armadas y las fuerzas armadas no van a asumir el desastre con él”, agregó.

Una serie de pronunciamientos emitidos en los últimos días dejan entrever que la disensión está en vías de crecimiento dentro del chavismo.

Las primeras señales emergieron con la carta del recién destituido ministro de Planificación Jorge Giordani, quien acusó a Maduro de ser el responsable de la actual crisis económica por fracasar en ejercer un verdadero liderazgo dentro del movimiento y en frenar la enorme corrupción que crece a la sombra del régimen.

Después surgieron los pronunciamientos emitidos en defensa de Giordani luego de que el madurismo lo acusara de haber traicionado a la revolución.

“Etiquetar al profesor de traidor por hacer una crítica argumentada, constituye un gravísimo error no solo porque es falso, habría que comparar su trayectoria a la de algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno, sino porque además se constituye en un precedente que puede tener como resultado la persecución y supresión de la crítica a lo interno del gobierno y del PSUV”, escribió el ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, otro integrante del 4F.

Otros dos comandantes de la misma agrupación –Yoel Acosta Chirinos y Carlos Guyón– también se pronunciaron el lunes en contra de Maduro.

Aún cuando éstos ya llevaban algún tiempo fuera del régimen, los dos expresaron que ya ha llegado la hora de que Maduro deje la presidencia.

“La renuncia de Maduro y de los ministros es inevitable; más tiempo es un sacrificio inútil. Maduro es responsable del deterioro del país porque fue ministro de Chávez y ahora presidente y no tomó las medidas necesarias”, dijo Acosta en declaraciones publicadas por el diario El Nacional.

En la entrevista, el oficial retirado hizo un llamado a los militares a devolverle la institucionalidad al país, poniéndose de lado del pueblo.

“En la FANB hay una reserva moral y ética que debe hacer respetar la Constitución; los militares no están para llenarse de dólares y luego huir del país. Tienen que asumir la responsabilidad histórica de salvar la democracia”.

Otro militar del 4F elevó su voz de protesta el lunes, está vez criticando la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que autorizó a los militares a participar en actos políticos -como marchas y mitines- del PSUV.

El ex gobernador de Mérida, Florencio Porras, dijo en declaraciones publicadas por el diario El Universal que esa decisión impuesta por el régimen “echa al cesto de la basura la jurisprudencia y tradición de la Fuerza Armada Nacional (FAN) de los últimos 50 años y además viola los artículos 328 y 330 de la Constitución”.

Según Porras, la decisión se trata de “una locura” emitida por tribunal que “ni siquiera salvó la forma ni trató de edulcorarla, antes al menos lo hacía”.

El militar, que se alzó en armas junto a Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, expresó al diario que le gustaría ver a algún oficial que comande cualquier unidad, de cualquier nivel, ordenarle a su personal asistir a una marcha de Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular o de cualquier partido que no sea el PSUV.

“¿A ese sí lo van a botar?, ¿a ese sí lo van a sancionar? Eso es una arbitrariedad”, expresó.

Porras también cuestionó el camino emprendido por el chavismo con Maduro frente al timón.

“En mi opinión, como revolucionario que soy, como bolivariano y como militar, estamos viviendo la antirrevolución. Esto es la negación de todo lo previsto en los ideales de la revolución”, dijo Porras.

La fuente que habló bajo condición de anonimato dijo que el grupo del 4F percibe esa decisión del tribunal como una obvia maniobra de Maduro por convencer al resto del país de que el sector militar y la facción del chavismo que él preside están todos dentro de un solo barco.

Para ello Maduro busca que soldados y oficiales uniformados participen activamente dentro de los eventos del PSUV, haciendo uso de una fórmula empleada por los hermanos Castro en Cuba desde hace ya bastante tiempo.

“[Pero] Chávez nunca hizo eso. A veces nos obligaba a ir, pero siempre vestidos de civil”, dijo la fuente.

En las puertas de los hospitales hay personal desarmado, sin uniformes y en muchos casos de la tercera edad, coinciden médicos consultados de varios hospitales de Caracas. La jornada de terror que vivieron los pacientes, médicos y el personal de seguridad del piso 6 del Hospital Clínico Universitario este domingo, ya se había repetido, pero sin víctimas, el 20 de agosto de 2011 cuando ocurrió un tiroteo en los quirófanos del hospital Domingo Luciani, en El Llanito. En esa ocasión, como forma de protesta, los médicos suspendieron por una semana las consultas y cirugías electivas.

Hay otros casos más recientes de violencia en los centros de salud como la muerte de una enfermera de la Maternidad Concepción Palacios el 19 agosto 2013, quien fue atacada por dos pacientes, o el robo que ocurrió en el Hospital Vargas el 29 de julio de 2013 cuando un grupo armado se llevó la remesa de tickets de alimentación de cuatro mil trabajadores.

Cooperativas, policía comunitaria, Plan Dibise (integrado por milicianos) y patrullaje inteligente han pasado por los centro de salud de la ciudad y no han evitado robos y asesinatos en las instalaciones hospitalarias.

En septiembre de 2011 se activó un plan que repartió a 485 funcionarios de la Milicia Bolivariana en diez hospitales de Caracas (supervisados por agentes de la Guardia Nacional) y que hacía recordar anteriores intentos donde se implementaron brigadas de seguridad para proteger a médicos y pacientes. Los diez hospitales fueron: Clínico Universitario de Caracas, Periférico de Coche y de Catia, El Algodonal, Los Magallanes de Catia, Hospital General Dr. Jesús Yerena conocido como Lídice, José María Vargas, J.M de los Ríos, Maternidad Concepción Palacios y hospital Julio Criollo.

En julio de 2007 se implementó la fallida experiencia de las cooperativas que no eran más que vecinos de la zona que se asociaron y sobre sus manos dejaron la vigilancia del hospital. Ninguno portaba armas, porque en efecto no tenían ningún tipo de capacitación para manejarlas. Actuaban más como porteros, orientaban a las personas dentro del centro pero carecían de entrenamiento en materia de seguridad.

Hay quienes creen que la desaparición de la Policía Metropolitana (a mediados de 2007) de las áreas de emergencia aumentó la vulnerabilidad de los centros asistenciales.
Una enfermera del Periférico de Catia recordó que la PM entraba de vez en cuando y hacía un recorrido por los pasillos, pero ahora eso no ocurre.

A juicio de Ramiro Morales, quien fue representante de la Sociedad Médica de Los Magallanes de Catia, la solución a la inseguridad en los hospitales está en manos de empresas privadas dedicadas a la materia.

“Los centros de salud requieren vigilancia especializada. A los milicianos y a los guardias les falta preparación y son mal pagados”, dijo un médico del Domingo Luciani, que pidió no ser identificado. Agrega que los milicianos están desarmados, si se presenta una situación violenta no tienen cómo actuar.

Una de las promesas no cumplidas es contar con detectores de metales para el control de ingresos de armas de fuego a los hospitales.

Un solo hombre custodia la entrada del hospital Rísquez de Cotiza cada noche. Suelta cuatro perros y se vale de un palo grande. A las 9 p.m. cierran la puerta de este centro de salud porque no hay seguridad.

“Nos sentimos vulnerables. Han robado a los pacientes a plena luz del día dentro de las instalaciones y se han llevado equipos. Antes, como teníamos la Comandancia Metropolitana cerca, los PM siempre estaban en las afueras, pero desde que los eliminaron estamos desatendidos. Si un paciente se altera lo que hacemos es resguardarnos para evitar que nos ataquen”, comenta Marlene Camacho, quien trabaja en el área de Farmacia del Rísquez hace 33 años.

La exigencia colectiva en el hospital Vargas es que se coloquen personas capacitadas para las labores de vigilancia y que se retire al personal del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), dispuesto en una carpa en la entrada del centro desde septiembre de 2011, pues en su mayoría son milicianos que no están capacitados para ejercer labores de vigilancia.

“Muchos de ellos son personas de la tercera edad, gente de pueblo a la que le pusieron un uniforme”, según Ismael Ocando, secretario general del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas.

Un médico del Hospital Universitario de Caracas, que pidió no ser identificado, piensa que los centros de salud necesitan vigilancia especializada. “A los milicianos les falta preparación, son mal pagados y están desarmados, si se presenta una situación violenta no tienen cómo actuar”.

El Universal