He sido un perseguido político del régimen chavista por más de 10 años. Más de 20 expedientes, juicios políticos, intentos de homicidio debidamente denunciados y nunca resueltos, asesinato moral por parte de los medios de comunicación del Estado y dos inhabilitaciones políticas a pesar de haber obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a mis derechos a la defensa y a la participación política.
Durante más de un año, a partir de enero de 2013, Nicolás Maduro expresó públicamente, incluso en cadenas nacionales de radio y televisión, su deseo de meterme preso por las opiniones emitidas en contra de su gobierno. Fue en ese contexto de persecución permanente y de amenaza explícita por parte de Maduro que se emitió una orden de captura en mí contra el 12 de febrero del presente año.
Estoy preso por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Estoy preso por haber denunciado a viva voz que en Venezuela no hay democracia, que los poderes públicos han sido secuestrados por una élite corrupta, ineficiente y antidemocrática responsable de la grave crisis social, económica y política que hoy sufrimos todos los venezolanos. Estoy preso por haber denunciado que en Venezuela vivimos en dictadura. Estoy preso por haber propuesto un cambio profundo que pasa por la sustitución de quienes están a cargo de todos los poderes públicos. Estoy preso por haber solicitado la renuncia o la sustitución por la vía constitucional de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Estoy preso por haber hecho un llamado al pueblo venezolano a salir a la calle a protestar, haciendo uso de nuestro derecho histórico y constitucional a la protesta, hasta lograr un cambio político que garantice la paz, el bienestar y el progreso para todos los venezolanos. Estoy preso por haber expuesto ideas, opiniones y propuestas que hoy comparten la mayoría de los venezolanos, que desde la indignación piden un cambio profundo que permita enrumbar a la nación.
Estoy preso físicamente, me tienen aislado y con restricción severa de visitas, pero ni ahora ni nunca podrán encarcelar mi absoluta convicción de que tenemos el derecho y el deber de luchar para conquistar la democracia y la libertad para Venezuela. Gracias a Dios no estoy solo en estas ideas, somos millones, somos mayoría los que estamos dispuestos a luchar por un cambio hacia la democracia. Podrán encarcelarme a mí y a miles más pero nunca podrán encarcelar el espíritu de lucha que con los jóvenes en la vanguardia, hoy recorre la calle de los pueblos, barrios y ciudades de todo el país. Ya Venezuela decidió cambiar, por tanto mi encarcelamiento y el de muchos otros no es sino la cara de una dictadura cada día más débil y con menos apoyo popular, que pretende mantenerse en el poder reprimiendo, silenciando las voces críticas y criminalizando la protesta.
La acusación en mi contra, fundamentada en varios discursos que hice entre el 23 de enero y el 12 de febrero, tiene como mejor defensa los propios discursos, leídos o vistos desde su inicio a fin, sin edición ni manipulación alguna. En esos discursos, basado en un análisis crítico de la actual crisis, propuse una salida, un cambio político definitivo, activado desde la calle con acciones no violentas y materializado mediante la convocatoria popular a una de las cuatro alternativas que ofrece la Constitución para producir un cambio de gobierno.
El 23 de enero hicimos un llamado al alzamiento de nuestra conciencia, al alzamiento del espíritu optimista del pueblo venezolano, convencidos de que sí podemos tener una mejor Venezuela. Un llamado a salir a la calle hecho en el aniversario del 23 de Enero de 1958, celebrado por gobierno y oposición, fecha en la que el pueblo venezolano se alzó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese día convocamos a la celebración, el día 2 de febrero, de asambleas populares en toda Venezuela para debatir las opciones a la salida de la crisis social, económica y política que vivimos.
El 2 de febrero se realizaron centenares de asambleas en toda Venezuela, unas grandes, otras menos, unas en plazas, otras en casas o calles. En esas asambleas participaron distintas organizaciones, personas y partidos con distintas propuestas. La conclusión fue asumir el compromiso de protestar pacíficamente en la calle por un mejor país, fijándose el 12 de febrero como la fecha para realizar las primeras manifestaciones.
En esa oportunidad dije: “Estas luchas, hermanas, hermanos, tienen que tener una conducción y una metodología clara, basada en la no violencia. La no violencia ha sido el método de lucha más eficaz que se ha inventado por los pueblos oprimidos. La no violencia no significa pasividad, la no violencia no significa agachar la cabeza, la no violencia no significa retroceder. La no violencia es no tener miedo, significa desafiar, la no violencia significa estar en las calles, la no violencia significa tener un estado de consciencia en donde no permitimos que nos manipulen”.
El día 12 de febrero, tal como habíamos convocado, miles de personas salieron a las calles en toda Venezuela. En Caracas, la manifestación comenzó en Plaza Venezuela. De allí salimos rumbo a la sede principal del Ministerio Público, tal como se había notificado a las autoridades. Allí manifestamos, en paz y sin violencia, durante más de dos horas, luego nos retiramos en paz. Los hechos violentos se presentaron después de nuestra partida y en ellos el gobierno de Nicolás Maduro está comprometido.
Por cierto, lo que más llama la atención con respecto a la narrativa de los hechos por parte del gobierno en su acusación en mi contra es que omite por completo el hecho más relevante ocurrido ese día: el asesinato de dos ciudadanos venezolanos, Juan Montoya y Bassil Da Costa, ejecutados por funcionarios de la policía política del gobierno. Calla también el gobierno que desde esa fecha hasta el presente 42 venezolanos han sido asesinados en las protestas de la calle, que miles fueron detenidos y sometidos a juicio y que más de un centenar están todavía privados de libertad por ejercer su derecho constitucional a protestar*.
En mi caso, nada tengo que rectificar a lo dicho y hecho. Si es un delito denunciar la corrupción, la ineficiencia, la pérdida de libertades y la vocación antidemocrática de quienes gobiernan, asumo mi responsabilidad. Asimismo, me declaro responsable de haber convocado a la protesta, a la calle, con la intención de salir a conquistar la democracia y la libertad para todos los venezolanos.
Soy inocente de los delitos que me imputan, pero nada espero de un sistema de justicia compuesto por unos tribunales, un Ministerio Público y una Defensoría del Pueblo, altamente corrompido, secuestrado y manipulado por el gobierno de Nicolás Maduro. Soy, junto a cientos de compañeros, un preso político, un preso de conciencia.
El Nacional
