Siempre fui, soy y seré un critico de las políticas de este régimen, específicamente en el área de seguridad publica, pero eso en este país, con Chávez, con Maduro, es un delito
Mi nombre es Iván Simonovis, nací en 1960, he transcurrido tras las rejas desde Noviembre de 2004, al ser prisionero político del Gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y ahora, de Nicolás Maduro. Durante más de 23 años laboré en la policía de investigación criminal venezolana, antiguamente denominada PTJ, por sus siglas policía Técnica Judicial. Cursé estudios en el Instituto Universitario de Policía Científica, de donde me gradué como Investigador Criminal, allí laboré durante 23 años ininterrumpidos hasta alcanzar las mas altas jerarquías policiales. Hice pasantías en las Policías del Estado de New York, Policía Federal Alemana y Policía Nacional de Francia, con especialidad en antiterrorismo. Asistí a diversos entrenamientos en el ámbito nacional e internacional (Fuerzas Armadas Nacionales, Institutos Estudios Superior Administración ESA; Departamento de Estado-Washington D.C, USA; Academia del F.B.I. Quántico, Virginia, USA; Georgetown University, Washington D.C, USA, entre otros.)
Corría el año 2000, cuando fui nombrado Secretario de Seguridad del Dto. Metropolitano de Caracas, también conocida como la Alcaldía Mayor. Durante mi gestión, concentré mis labores a diseñar políticas de seguridad pública en pro de una calidad de vida que le devolviera la seguridad al ciudadano y su confianza en las entidades policiales. Mis funciones estaban basadas en coordinar las actividades de los diferentes organismos de seguridad y prevención, a saber, la policía uniformada, los Bomberos, así como Defensa Civil; todos ellos pertenecientes a los 5 municipios con comprenden la capital del país. Estuve más de dos décadas dedicado a la investigación criminal.
No es posible que una persona con una trayectoria así, se convierta de la noche a la mañana en un imprudente violador de la ley, siempre fui, soy y seré un critico de las políticas de este régimen, específicamente en el área de seguridad publica, pero eso en este país, con Chávez, con Maduro, es un delito, te conviertes en su enemigo por pensar distinto.
El año 2002 ya se vivía una compleja situación social. La evidencia de este testimonio era una sociedad absolutamente polarizada como consecuencia de discurso sesgado y cargado de odio del Presidente Chávez. Es así, como para Abril del 2002 se habían contabilizado mas de 1200 manifestaciones de los diferentes sectores del país: estudiantiles, trabajadores, ciudadanos comunes… todos tenían un denominador común: el repudio a la evidente instauración de un sistema tiránico, despótico, absolutista. La sistemática violación de los DDHH estaba floreciendo y los venezolanos no estaban de acuerdo con esto. Es por ello que el 11-A, más de un millón de personas se concentraron para manifestar abiertamente contra de las políticas chavistas, así como en contra del Presidente mismo. La euforia de los asistentes los llevó de manera espontánea a tomar la decisión de ir al palacio presidencial, ubicado en el centro de la Capital, a objeto de reclamar por la conducta antidemocrática del Presidente Chávez. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, marcharon convencidos que la democracia los protegería. Se trataba de una marcha llena mucha alegría, y por qué no decirlo, plena de inocencia. Cantos, bailes y optimismo alentaban al pueblo a seguir adelante como un cuerpo unificado que caminaba al compás de la esperanza. Expertos en la materia han catalogada como la mayor concentración espontánea de personas jamás conocidas en los últimos 30 años en Venezuela.
Sin embargo, esta pacífica concentración nunca llegó al Palacio Presidencial. A medida que se acercaban a su objetivo, los cantos comenzaron a callarse. Había dos planos conviviendo al unísono. El de la energía contagiosa que los había llevado hasta allá y, contrariamente, el del entendimiento que algo no marchaba bien. A unas cuadras del Palacio, una emboscada llevada a cabo por grupos milicianos afectos al gobierno interceptaron a los manifestantes. Desde posiciones estratégicas encubiertas y no esperadas por nadie los tiros comenzaron a arremeter contra los ciudadanos: un puente, kioscos de venta de periódicos, esquinas. Así fue como cobardemente escondidos y usando armas automáticas, disparaban indiscriminadamente contra la masa de manifestantes opositores.. Insisto, se trataba de ancianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Miembros de mi familia marchaban en ella. Mi esposa, suegra, cuñadas. los venezolanos fueron emboscados por un Presidente ya no deseado. Las imágenes eran aterradoras. Parecía una guerra, salvo que sólo una parte contaba con todos los elementos bélicos. Sobretodo la rabia. Algunas de estas personas fueron detenidas y manifestaron que ellos disparaban contra la policía, es decir, contra la legítima y uniformada autoridad, así como en contra de la manifestación. El resultado fueron 19 personas fallecidas y un centenar de heridos. La esperanza democrática de un pueblo venida abajo por las armas de los cobardes, que al saberse a punto de perder el poder, utiliza la fuerza. A esta fecha, en relación a los terribles acontecimientos de abril 2002, la Fiscalía General de La República abrió 79 investigaciones penales, de las cuales muchas ni siquiera tienen relación con los hechos ocurridos el 11-A, según lo atestigua el mismo Gobierno en los informes presentados por el representante del estado venezolano ante la CIDH. Del total de las averiguaciones iniciadas por las autoridades judiciales del país, el 96,20% de los casos sujetos a consideración por la Fiscalía o no han pasado de la fase inicial de la investigación penal, o simplemente han sido objeto de sobreseimiento, o incluso, han sido objeto formal de Archivo Fiscal.
En relación a estos hechos, yo fui detenido el 22 de Noviembre del 2004, sin que existiera orden alguna de aprehensión. De hecho, días después apareció una orden a destiempo, dictada por el Juez Maikel Moreno, quien -casualmente- había sido abogado de varios de los pistoleros adeptos al Gobierno chavista, quienes dispararon contra los manifestantes.
Mi juicio oral y público fue radicado en la ciudad de Maracay, la capital de otro Estado, en el cual no ocurrieron los hechos. Obviamente, las intenciones de alejarnos de todo, saltaba a la vista. Este juicio se inició el 20 de marzo de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009, prolongándose por espacio de 3 años y 14 días; durante los cuales se celebraron 231 audiencias, se analizaron 265 experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron mas de 5700 fotos y vídeos, convirtiéndose así en el juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana, } y posiblemente del mundo. La Jueza Marjorie Calderón, responsable del proceso por la parte acusadora – a saber, el estado- es esposa de un reconocido Parlamentario Regional del partido de gobierno PSUV, mientras que la Fiscal del caso Haiffa El Aissami es hermana del actual Gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, quien fue Ministro de Justicia y pieza fundamental del gobierno de Chávez. El resultado de toda esta componenda que armó el Gobierno para liberarse de responsabilidades es que consiguieron a quien culpar, más no a los culpables. Junto con funcionarios de diferentes niveles pertenecientes a la policía Metropolitana, fuimos condenados. En mi caso específico recibí una sentencia que me condena a 30 años de prisión.
Paradójicamente todos los pistoleros que ese día dispararon contra los manifestantes y contra la policía que resguardaba al pueblo, están en libertad plena. ¿Las razones? Todas sustentadas por un marco legal, continuamente manipulado por el gobierno con tal de justificar sus actos de malandraje: algunos de estos asesinos fueron absueltos o beneficiados con una Ley de Amnistía decretado por Chávez en Diciembre del 2007.
Durante el juicio, increpé a la máxima Jurista del Horror, Marjorie Calderón Guerrero, a que terminara esa pesadilla y pantomima de “juicio”, pero nada la detuvo. Fue una labor sistemática en la violación de mis derechos humanos, ejecutada sin misericordia, siguiendo un patrón de calculada crueldad. Luego presenciamos la participación de otros juristas del horror: los miembros de la Corte de Apelaciones del Estado Aragua en 2009, integrada por los “Magistrados” Alejandro Pirillo, Francisco Coggiola y Fabiola Colmenares, quienes ratificaron mi condena a 30 años.
Entonces esta historia de horror continuó con el inefable Eladio Aponte Aponte, quien simuló leer en siete días continuos las 8.313 paginas del expediente; estudió la sentencia de la Corte de Apelaciones; analizó los alegatos de la defensa contenidos en el recurso; elaboró su ponencia y la sometió a discusión de sus compañeros de Sala. Obviamente ratificó la posición de los imberbes jueces del Estado Aragua. Los Magistrados de la Sala de Casación Penal, salvo Blanca Rosa Mármol, quien fue la única magistrada en salvar dignamente su voto, produjeron una decisión arbitraria, lesiva de la ética pública y en desmedro de los derechos constitucionales de los acusados, donde se evidencia una conducta carente de imparcialidad e independencia.
Pero esto va mas allá de una suposición mía. El tristemente celebre Eladio Aponte Aponte, quien ejerció desde el Tribunal Supremo de Justicia el cargo mas importante del país en materia Penal, confirmó públicamente lo que desde hace años hemos denunciado: en primer lugar que si hay presos políticos en Venezuela y yo soy uno de ellos, y en segundo lugar solo basta leer sus palabras textuales: …“Sí, hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios … La orden viene de la Presidencia para abajo, no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente. … la posición de la sala penal … convalidar todo lo que venia hecho, eso en pocas palabras es, aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia ahí, le dio la espalda” ….. es decir, el máximo representante de la Justicia penal en el país, admitió haber manipulado la justicia, con el propósito de complacer los intereses de Hugo Chávez.
Al igual que en un juicio Kafkiano, es una pesadilla que no termina, el expediente estuvo mas de 10 meses en el Tribunal Primero de Ejecución del Estado Aragua, a cargo de otra vasalla de Eladio Aponte Aponte: la Abogada Lorena Moreno Morillo, a quien cuando le vino en ganas, indicó los términos en que debíamos cumplir la pena y las fechas correspondientes de medidas alternativas o libertad condicional. Vale decir que, según los cálculos de esta “Juez”, desde el 22 de Mayo de este, año me correspondía mi primera medida alternativa, como lo es el Destacamento de Trabajo.
Eladio Aponte Aponte dijo textualmente: “… la justicia no vale… la justicia es una plastilina, digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en contra…” Es por eso que mas del 70% de los jueces no gozan de estabilidad en el cargo. Así pueden ser removidos con facilidad cuando adopten decisiones que puedan afectar los intereses del régimen. Y es que alrededor de los caudillos totalitarios se generan agrias y oscuras atmósferas de aduladores; algunos son así por vocación y otros por miedo o instinto de supervivencia.
Sin duda alguna la naturaleza libre de mis pensamientos no es del agrado del régimen. Mi posición es un testimonio que mi credo, está basado en la justicia y la libertad. Me han “sugerido” muchas veces que calle, he dicho y hecho lo que muchos, presos o en libertad, no se atreven y les puedo asegurar que hasta el último aliento de mi vida así seré, fundamentalmente libre. Sin duda creo que miles de hombres y mujeres en mi país están dispuestos a defender, como yo, valores éticos y principios morales. Esos valores que estos juristas del horror convertidos en verdugos de ocasión, perdieron o jamás tuvieron.
Esta comparsa de genuflexos empleados públicos, mal llamados Jueces, no se ha dado cuenta que gozan de un poder efímero y circunstancial. Inexorablemente todos terminarán siendo castigados por las decisiones que hayan tomado.
Pero les digo a ustedes, juristas del horror y “cómplices necesarios” en estas violaciones de los Derechos Humanos, que cada una de sus decisiones están siendo documentadas. Tarde o temprano deberán responder ante la Justicia que me han negado, tengan presente que cada día que pasa, el mundo se hace más pequeño para los que sistemáticamente violaron leyes, en especial las atinentes a Derechos Humanos, cada día serán menos los aeropuertos donde los recibirán.
Como prisionero político no siento ningún respeto por su “justicia revolucionaria” porque la legitimidad de este arbitrario y tiránico Gobierno es nula.
Diario Las Américas
