La magnitud de la dinámica que se vive en la frontera supera ampliamente cualquier coyuntura, de allí la importancia que tiene la capacidad de acercarse al fenómeno del día a día de esta zona del país buscando una comprensión global e histórica, que lejos de limitar el entendimiento, circunscribiéndolo a un momento puntual, ayudará a reconocer, valorar y analizar lo que en ocasiones queda muy lejano para buena parte de los habitantes de Venezuela: la vida en el eje fronterizo.
Del rol que desempeña cada sector en la frontera depende el delicado equilibrio de convivencia; equilibrio que está fuertemente marcado por el aspecto económico, llegando a convertirse en una suerte de catalizador de los modos de relación. La familiaridad que se desprende de la idea de pertenencia a la frontera se va mostrando cada vez más vulnerable ante exigencias que parecen ir creando constantemente nuevas reglas de adaptación.
Conviene entonces, en lo sucesivo, resaltar el papel de los encargados de configurar la dinámica fronteriza, desarrollando un análisis respecto a su actuación y su peso específico dentro de la sociedad, al mismo tiempo que se intentarán establecer las posibles conexiones entre ellos o, si fuera el caso, señalar el historial de desencuentros y el impacto que estas interacciones han tenido, y siguen teniendo.
El Estado
Garante del respeto a los derechos y responsable del cumplimiento de los deberes, el Estado es, en abstracto, el actor de mayor peso, teniendo una importancia capital en el sano desenvolvimiento de la cotidianidad fronteriza. Este papel no alude únicamente a su natural condición de rector de la vida nacional y la manera de relacionarse con otros Estados. Trae aparejada, al menos desde lo ideal, la necesidad de poder confiar en sus instituciones.
La distinción del carácter abstracto del Estado se hace más conveniente dada la dificultad que encuentran los habitantes de la frontera a la hora de interactuar con las mediaciones concretas de dicha abstracción: funcionarios de gobierno, miembros de los cuerpos de seguridad y representantes de los organismos competentes en las diversas áreas. Es desde esta tensión que se puede realizar un acercamiento a la percepción de la relación Estado-ciudadano en la frontera.
Utilizar el término tensión para establecer una imagen del carácter de la relación ciudadano-Estado es pertinente, ya que la constante diferencia que existe entre las aspiraciones de los habitantes y la actuación de los representantes de los organismos del Estado genera un ambiente de recelo donde la desconfianza y la inconformidad van ganando espacio.
Gobiernos locales
El llamado circuito de la frontera compuesto por los municipios Junín, Pedro María Ureña y Bolívar (aún cuando no son los únicos municipios fronterizos del Estado sí son los que gozan de mayor notoriedad) representa una apuesta de gran interés en cada elección de alcaldes. Con esta realidad los habitantes de estos sectores han podido redimensionar su sentido de importancia, obteniendo mayor visibilidad y ejerciendo mayor presión como ciudadanos activos que desean expresar sus aspiraciones y elevar sus demandas, peticiones que consideran proporcionales a la importancia de sus municipios.
Desde hace décadas la palabra ciudadanía se ha convertido en un vocablo frecuentemente utilizado sin que esto responda a la cualificación, ni siquiera precisión del concepto que hay detrás del término. Los habitantes de la frontera no son la excepción, de tal manera que es su auto percepción la que aumenta o disminuye las expectativas y las concesiones que describen su relación con los distintos niveles de gobierno.
Se ha ido mellando la confianza de las personas en la figura del alcalde, al que suele elegirse más por algún tipo de filiación política con la organización a la que represente, que por una apuesta real a un proyecto que se perciba como viable y medianamente sostenible en el tiempo. Ser alguien que conoce el patio es, probablemente más que en otros municipios, un elemento importante a la hora de designar candidatos a las elecciones locales, convirtiéndose en un plus que suelen tener presentes los partidos políticos.
Un factor que contribuye en el progresivo distanciamiento entre los ciudadanos y sus gobiernos locales es la pérdida de competencias –las actuales y la intuición de las venideras– en lo presupuestario y la correspondiente disminución de capacidad de maniobra a la hora de gobernar. Aparece la idea de da lo mismo quien sea el alcalde, desdibujando, casi por completo, la importancia que ha de tener el gobierno local como contacto primario entre las personas y las instituciones del Estado.
Gobierno regional
En cada campaña previa a la elección de gobernador del estado Táchira, la frontera, junto a sus necesidades, ganan espacio en los discursos de los candidatos. Todos los aspirantes recurren a la obligada visita a los municipios fronterizos a donde llegan con una serie de propuestas que no necesariamente se ajustan a la realidad, al mismo tiempo que se muestran receptivos a las peticiones de sus habitantes y frecuentemente dicen estar dispuestos a tenerlas en cuenta en un eventual plan de gobierno.
Ciertamente esa dinámica electoral no es patrimonio exclusivo de la región fronteriza; es práctica común en todo el país. Y es precisamente por ser una realidad a nivel nacional que es importante resaltarlo, porque en la repetición, a escala municipal, de lo que acontece a nivel nacional en cuanto a los estados centrales y el interior del país, se comparte la sensación de aislamiento respecto a los centros del poder en donde se toman las decisiones políticas y económicas.
Los cuerpos de seguridad
Si un organismo del Estado tiene un peso especifico en la dinámica fronteriza es, sin duda, los cuerpos de seguridad. Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de todos sus componentes; efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y funcionarios policiales, tanto municipales, estadales o nacionales, constituyen parte importante del entramado relacional de la vida en la frontera.
Encargados de salvaguardar los intereses del país y de sus habitantes, su actuación está permanentemente expuesta a la crítica por parte de los residentes de la frontera y de quienes la visitan, ya sean ciudadanos venezolanos o colombianos. Desarrollar su misión manteniendo el equilibrio entre el cumplimiento de las leyes y el respeto a la dignidad de las personas es una empresa de suma dificultad; dificultad que se hace mayor cuando el descrédito hacia ellos se va imponiendo en el criterio popular.
La relación entre los cuerpos de seguridad y las personas en la frontera es de larga data, observándose un cambio en las características de la interacción que se da entre unos y otros. Al instalarse la falta de confianza en la institucionalidad, la relación entre los habitantes y los encargados de mantener el orden público evidencia el mismo perfil de la relación entre las personas y sus gobernantes; se hace menos racional, tornándose en emotiva, personal y en muchos casos ilegal.
Cuando el lenguaje común se llena con frases de desprecio y desconfianza sobre el papel que juegan los cuerpos de seguridad, el resultado es el irrespeto por su actividad y su presencia llevando esto a establecer mecanismos alternativos para relacionarse con ellos, desplazándose la relación al terreno de la negociación en este caso no solo entendida como transacción económica, sino que la negociación cobra el sentido de pactar algo. El qué de lo pactado depende de la naturaleza de las aspiraciones.
A la Guardia Nacional, tradicional referente de los puestos de control fronterizo, se le han ido sumando con el paso de los años el Ejercito Nacional, cuerpos civiles como el Cicpc (antigua PTJ), y cuerpos policiales con sus diversos grupos. A mayor crecimiento demográfico corresponde también un aumento proporcional de los miembros de los organismos de seguridad. Es una medida que no tiene objeción. El descontento surge cuando la presencia de más efectivos no se corresponde con un rédito en seguridad y legalidad.
El intercambio comercial en la frontera, aún en los momentos menos exitosos, es significativamente elevado, representando una ocasión para la corrupción y la conducta impropia de los efectivos de los cuerpos de seguridad. Cuando eso pasa, hecho constatable por los habitantes de la región, los funcionarios se convierten en pieza de un engranaje diametralmente opuesto a lo que es su función, socavando el piso de la institucionalidad y causando la desnaturalización de su permanencia en la frontera.
A pesar de las sombras que se ciernen sobre los organismos de seguridad, sus funciones y su correcto desenvolvimiento, también ha de resaltarse el valor de muchas de sus acciones en pro de la comunidad y apegadas a la ley. La importancia de exponer el deterioro de su imagen y la sospecha habitual ante sus operaciones, descansa en la necesidad de mostrar la ambivalencia que los acompaña como uno de los actores fronterizos, ya que dicha ambivalencia se presenta como una suerte de halo que envuelve la cotidianidad, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto resulta muy delgada y, frecuentemente cruzada en un constante zigzag.
Organismos de aduanas y tributos
La comercialización de productos entre los dos países es de los elementos más propios de la vida en el área fronteriza. Para reglamentar estas actividades están presentes las oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), organismo que juega un rol clave en la configuración de la dinámica local, convirtiéndose junto a las FANB en las concreciones del poder y responsabilidades del Estado.
La captación tributaria es clave en el sostenimiento de la legalidad comercial en la frontera, por lo que el Seniat realiza frecuentes fiscalizaciones a establecimientos y empresas que hacen vida en la región. La práctica del contrabando, hecho histórico que forma parte de la llamadacultura fronteriza, atenta contra la posibilidad que tiene el Seniat a la hora de cumplir con su función. Se considera que el comercio formal, apegado a todas las normativas de ley, representa un porcentaje menor dentro del amplio marco del comercio binacional.
En ese contexto los funcionarios del Seniat tienen el reto evidente de trabajar en alianzas, algunas ya existen, con otros organismos del Estado y con asociaciones de empresarios privados para lograr revertir lo que es un hecho, la pérdida de impacto de sus acciones en la frontera. Planes de educación tributaria, incentivos fiscales y elevada capacitación de sus miembros son, en principio, los pasos que ya se han intentado dar en esa dirección.
La ambigüedad para definir lo que es legal e ilegal y la delgada línea entre la irregularidad y el delito, vistas desde la óptica del habitante de la frontera, emergen como una inequívoca llamada de atención sobre lo particular de las relaciones en esta parte del país. Carecer de la capacidad para sintonizar con esa peculiaridad disminuye la probabilidad de éxito de una gestión, exponiendo al funcionario a relacionarse con la realidad desde alguno de los dos extremos, igualmente nocivos: la laxitud lucrativa, o la rigurosidad mal entendida que lleva al atropello, el abuso y a la corrupción.
Encontrar el punto medio sin que esto signifique relativización en su deber, entender y vivir el pulso propio de la región fronteriza, evitar cualquier tipo de predisposición, bien sea a la coima, bien sea al maltrato hacia las personas, son objetivos en los que ha de pensar el Seniat para sus funcionarios; esto en aras de, como ya se ha dicho, rescatar o al menos no permitir que se deteriore más la débil confianza en la institucionalidad del Estado en el área fronteriza.
Asociaciones comerciales
El sector productivo que agrupa a la pequeña y mediana empresa tiene una voz autorizada en la zona fronteriza. Su capacidad de velar por los intereses del gremio comercial se ha puesto a prueba en diferentes oportunidades en las que, no sin dificultad, ha logrado mantener cohesión y fortalecerse en momentos de crisis, obteniendo así por derecho propio un lugar preponderante.
Los grupos activos del movimiento comercial en la frontera, unos con características más binacionales y de gran volumen, y otros con rasgos más locales y menor impacto fuera de la zona fronteriza, comparten metas y preocupaciones. Como referentes se destacan la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol); la Asociación de Comerciantes y Empresarios del estado Táchira (Aceta); la Cámara de Industria y Comercio de Ureña; y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio del Táchira.
Cavecol representa a los comerciantes privados de Venezuela que mantienen algún tipo de relación con sus pares colombianos y goza de reconocimiento a nivel nacional. Por su parte, Aceta se encarga de agrupar en su seno a distintos actores comerciales y empresariales del Táchira, contando con oficinas y seccionales en los distintos municipios, no solo los fronterizos. Por su parte, las cámaras de comercio e industria de Ureña y San Antonio reúnen exclusivamente a los dueños de empresas y negocios del área limítrofe.
La actividad comercial en sus diversas manifestaciones como lo son la compra- venta de productos, la fabricación de mercancías y la importación-exportación de distintos rubros, sitúan a los comerciantes en una posición que comparte la visibilidad de su actividad con la vulnerabilidad que de la misma actividad se deriva. Son los llamados a mantener un flujo de dinero en la zona fronteriza, pero resultan los más afectados por una serie de condicionamientos de mercado tales como la variación desfavorable en la tasa cambiaria respecto al peso colombiano, la falta de un marco jurídico permanente y sólido que los ampare, el irregular acceso a los dólares y los ecos de los enfrentamiento políticos-ideológicos de los mandatarios de Venezuela y Colombia.
Contrabando
Anteriormente se ha señalado que el contrabando de mercancías de un país a otro es un dato histórico. Factores como el valor de la moneda, la anuencia de los cuerpos de seguridad, la variedad y calidad de los productos ofertados en la frontera y, de manera especial, la abismal diferencia en el precio de la gasolina en Venezuela respecto a Colombia, han instalado a la extracción ilegal como una constante en la zona limítrofe.
Aludiendo al carácter histórico del contrabando no se pretende hacer una apología del mismo, se quiere contextualizar una realidad en la que participan personas de todas las clases sociales, así como miembros de los organismos del Estado, bien sean funcionarios de los cuerpos de seguridad, trabajadores de las dependencias de los gobiernos locales y regional, o personal vinculado a los servicios aduaneros.
Reconociendo la multiplicidad de actores involucrados en el contrabando y sus diversos grados de lucro y participación en esta actividad, es que se puede pensar en acercarse a la complejidad socio-cultural del fenómeno. Creer que el contrabando puede ser abordado exclusivamente desde lo económico representa una ingenuidad analítica o, en el peor de los casos, el deseo de no encontrar los correctivos a la situación.
Violencia e ilegalidad
En el estado Táchira se ha configurado una violencia que puede ser llamada típica o propia.Llegar a ella ha sido el resultado de largos años de penetración de modos delincuenciales característicos de Colombia, que luego de ir encontrando nichos en territorio tachirense incorporaron otros elementos que permitieron conexiones entre criminales extranjeros y criminales venezolanos.
La sociedad tachirense presenció con antelación los horrores de acciones criminales que luego, pasado un importante lapso de tiempo, comenzaron a vivirse en otros estados del país. Secuestros, extorsión, y el ahora común sicariato irrumpieron con fuerza en el estado Táchira, pero su germen estaba en Colombia, azotada por décadas de conflicto interno, narcotráfico y permanente ruptura del tejido social.
Grupos armados irregulares (guerrilleros de las FARC y el ELN, paramilitares de las AUC), poderosos carteles de la droga y la denominada delincuencia común, permearon distintas capas de la sociedad estableciendo alianzas y tratos que aun hoy tienen vigencia. Es importante destacar que no toda la violencia que se presenta en el Táchira es la que se derivó de la relación inicial con la violencia colombiana, pero no se puede olvidar que sí está marcada, en la realidad y en el imaginario, por dicha conexión.
Ver la frontera desde la frontera
Identificados los actores, los sectores o las organizaciones a las que representan y habiendo esbozado el peso que tienen en la vida de la frontera, corresponde, a manera de cierre, exponer lo que representa para el tachirense, con los matices del caso, ser el verdadero protagonista de una historia que, como ya se ha podido observar someramente, está rodeada de prejuicios, de incomprensión o comprensión parcial, de mitos, de luchas, pero que no es otra cosa que su cotidianidad, con luces y sombras, pero orgullosamente suya.
La proximidad geográfica y los nexos históricos entre el estado Táchira y Colombia han arrojado, entre otros resultados, relaciones de tipo comercial, relaciones de amistad y han permitido la constitución de familias formadas por ciudadanos de los dos países. Esta realidad ha enriquecido por igual a venezolanos y colombianos, sumando diversidad a las estructuras culturales.
Lo anteriormente señalado no niega la existencia de distintos habitantes de frontera. No se trata de hacer una división por nivel de ingreso, ocupación o abolengo, se trata de reconocer que incluso dentro de los habitantes del estado Táchira, llamado genéricamente fronterizo en el resto del país, el lugar de residencia imprime maneras distintas de relacionarse con el concepto frontera.
Se puede encontrar a un residente del municipio San Cristóbal, capital del estado, orgulloso de su condición de andino, expresando abiertamente lo que es su acervo cultural y, sin embargo, su modo relacional y su imaginario de la vida en los municipios limítrofes con el departamento Norte de Santander, Colombia, dista por completo de una persona que literalmente vive en la frontera.
El tachirense se siente más cómodo siendo reconocido como tal que como el de la frontera, con los ingredientes peyorativos que acompañan a tal definición; no así los habitantes de los municipios fronterizos, para quienes si bien es cierto la condición de tachirense tiene importancia, no ven inconveniente en ser llamados los de la frontera, conscientes de los ingredientes peyorativos que acompañan tal definición.
Gran parte de los habitantes del resto de Venezuela cuestiona la nacionalidad de las personas de la zona fronteriza. Ante tal cuestionamiento es interesante captar lo diferente de la respuesta. Para el tachirense que no vive en los municipios fronterizos resulta ofensivo e inmediatamente aparece la reafirmación (legítima) de su nacionalidad; para quien vive en la frontera, que se sabe parte de una atmósfera binacional, señalamientos de este tipo no son ofensivos ni discriminatorios, aunque esa sea la intencionalidad de quien los formula.
Vivir en la frontera es más que una mera ubicación geográfica, aunque de dicha ubicación se desprende todo lo demás. Como se ha tratado de exponer, ser un habitante del estado Táchira no es igual a ser un habitante de un municipio fronterizo del estado Táchira, así la percepción a nivel nacional sea esa. Tan sutil resulta la diferencia que en ocasiones los mismos tachirenses pueden no captarla. Caen en cuenta de ella una vez se hacen cargo de la realidad, descubriéndose a sí mismos como un grupo demográfico que siendo considerado tan homogéneo, no lo es tanto en los modos de relacionarse con una de sus características comunes: ser habitantes de un estado fronterizo.
El sentir menos identificación con los municipios de frontera y la dinámica de sus habitantes no supone ninguna animosidad de los tachirenses en contra de sus paisanos ni en contra de los colombianos; es, con lo valorable del caso, una expresión de la diversidad existente al momento de llevar adelante la vida en la frontera.
Javier Contreras
Centro Gumilla Sic Semanal
