
½ taza de azúcar pulverizada
1 ½ taza de polvo de almendras
¼ de taza de azúcar
3 claras a temperatura ambiente
¼ cucharadita de sal
200 gramos de chocolate negro picado en trozos
100 gramos de crema de leche
1 cucharadita de vainilla
¼ taza de aceite de oliva Hacienda la Laguna
Para la Ganache: calentar la crema de leche a fuego medio alto, cuando esté a punto de ebullición apagar el fuego y verter la crema sobre el chocolate troceado. Dejar reposar 6 minutos y añadir la vainilla y el aceite de oliva, mezclando muy bien. Conservar un envase hermético.
Macarrones:
Precalienta el horno a 150°C.
Cernir el azúcar en polvo junto con el polvo de almendras.
Batir a velocidad media alta las claras junto a 2 gotas de colorante verde, amarillo, rojo y marrón, añadir la sal y el azúcar poco a poco, hasta formar picos suaves.
Vierte sobre las claras una parte del polvo de almendras y el azúcar cernidas e incorpora de manera envolvente, vierte el resto del polvo de almendras y golpea levemente el bowl para retirar algún exceso de aire.
Llena una manga con una boquilla lisa de una pulgada de diámetro y realiza circulitos sobre una bandeja con papel parafinado. Deja reposar durante 30 minutos antes de hornearlos. Y hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que estén duros al tacto. Dejar enfriar 15 minutos y rellenar con un poco de la Ganache de aceite de oliva.
A ver… ¿quién controla los últimos 15 años y tiene a su cargo, las políticas económicas, las carreteras, el monopolio de los dólares, las alcabalas, puestos fronterizos, el manejo de Pdvsa?. ¿Acaso no es el gobierno “revolucionario”?. ¿Quién dejó hacer y se burlaba de las mil denuncias sobre las destructivas políticas económicas y el control de cambios que son la causa de haber convertido en súper rentable al contrabando éstos años?. ¿Quién decidió y ha mantenido por 10 años un control de cambios que, entre otras cosas, sin frenar para nada la fuga de capitales, falseó la realidad del precio de los productos entre Venezuela y los países vecinos y además desató la inmensa corrupción del “cadivismo rojo”?. Porque esa es la causa de fondo del contrabando: el desbalance ficticio e irresponsable del valor de la moneda. La destrucción del “bolívar fuerte”. ¿O ya olvidamos cuantos pesos colombianos te daban hace 20 o 30 años por un bolívar y como hoy es exactamente al revés?. ¿Cuántos bolívares debes dar para adquirir un simple peso?
¿Quién tiene ahora el monopolio y control total de la flota de gandolas que transportan la gasolina? ¿Acaso no es la Pdvsa roja rojíta?. Ha dicho Ramírez, el de Pdvsa y el que maneja el plan del “paquetazo” de Maduro que por las fronteras se fugan 100 mil barriles diarios de petróleo, que convertidos en gasolina, serían como 5 millones de litros. Supongamos que la cifra de Ramírez es cierta. Para transportarlos se requerirían mas de 150 gandolas de 30 mil litros cada una, cada día. ¿Cómo pasa semejante cantidad por las fronteras sin problemas? No son unas pocas “pimpinas” escondidas en el maletero de un carro ni unos cuantos tambores en un camioncito transitando por un caminito. Serían 150 gandolas diarias o sus equivalentes. Serían -según Ramírez- 5 millones de litros diarios. Imposible no verlas. ¿Y el transporte de alimentos u otros productos que también se contrabandean?. Se requieren muchas complicidades con poder, mucho poder, además de mucha indolencia y dejadez gubernamental, para una operación de esa magnitud cada día.
De pronto… en el gobierno, ahogados porque malbarataron y agotaron toda la fortuna de petrodólares, “descubren” que hay contrabando. Lanzan su habitual show de “la guerra al contrabando” y… ¡no faltaba mas!, la culpa es de… ¡la oposición!, por denunciar. Como buenos seguidores de las tácticas de Fidel y Raúl Castro, jamás asumen sus culpas ni sus responsabilidades. Siempre la culpa es de otros. Siempre hay un “enemigo” a quien achacarle el desastre que ellos causan. En la carta-confesión de Giordani está explicado: “hubo que someter a la nación al sacrificio extremo de agotar los recursos para no perder las elecciones ni el poder”.
Mil voces advirtieron por años el desastre que estaba en curso. Los jerarcas rojos del gobierno se burlaban e insultaban a los que denunciaban. Ahora… la culpa es de todos menos de ellos que eran los que tenían el gobierno y el control de todo. Ahora que la ruina del país llegó hasta “el cuello” y ya no alcanza ni con barril petrolero a 100 dólares ni con mas deuda e hipotecas con China y con la banca mundial, se disfrazan de “héroes que batallan contra el contrabando” ante el que ellos eran indiferentes, para decir lo menos. Cierto que el contrabando desangra al país y debe ser detenido, pero los que han tenido todo el poder y nada han hecho durante una década no pueden acusar a nadie. Los que han implementado la ruinosa política económica crearon el caldo de cultivo para que floreciera el contrabando. ¡Que respondan en lugar de acusar!. En una economía sana, productiva, con una moneda fuerte y estable, el contrabando desaparece o casi. Porque no es negocio.
TIP 1: Racionamiento “biométrico”. Hace un año, en campaña electoral, Maduro dijo que imponer un chip de control sobre la compra de alimentos en el Zulia “era una locura”. Ahora dice que es “apátrida”, quien no apoye lo mismo que anuncia pretende implantar en toda Venezuela. La verdad es que se trata de una violenta intromisión en la vida libre de cada persona -el modelo cubano de control social- pero además es una medida desesperada que confiesa la gravedad de la escasez que ellos mismos crearon destruyendo la producción nacional.
TIP 2: Sidor. Los sidoristas de varias plantas le replicaron duro y sin temor al ministro Cabello cuando el miércoles en la noche pretendió ser impositivo en unas “asambleas” en algunas áreas como Laminación en Caliente. Me cuentan los trabajadores que el ministro dijo que “yo no estoy aquí para discutir contratos colectivos”. Que habría negado esa versión dada por el presidente de Sutiss. Exasperado ante lo “respondones” que le salieron los trabajadores, habría dicho que “no me gustan los sindicatos”. Cree que está en un cuartel.
TIP 3: Ciudadanos por la Unidad. En una entrega especial de ésta columna publicada ayer domingo, solo en versión digital, explicamos cómo fue ese encuentro en Caracas y algo de lo que allí planteamos.
TIP 4: Impactante el tercer trabajo de una serie sobre Cadivi y la corrupción, publicado ayer en El Nacional tras un vigoroso trabajo de la Unidad de Investigación de ese diario. Son varias las modalidades de los “guisos”. No solo las empresas “de maletín” boliburguesas. “Venta y alquiler de empresas recién creadas, compañías fantasmas, entrega de información privilegiada, sobrefacturación o simulación de compras en el exterior, fueron algunos de los modus operandi para obtener dólares”, dice el reportaje. Son la “obra y legado” de ese mito destructivo que es el “control de cambio”. Siempre fuente de gran corrupción.
TIP 5: Ultimas Noticias habría censurado una nota hecha por uno de sus redactores con declaraciones de Capriles llamando a protestar por el “racionamiento biométrico”. Vimos en las redes la nota ya colocada en la página diagramada y montada. Luego la desaparecieron y colocaron otra en su lugar.
TIP 6: Lecturas recomendadas: 1.- “Mínimo cuestionario chavista sobre la tarjeta de racionamiento” por Chúo Torrealba En su Blog del Radar de los Barrios 2.- “Mitomanías y mitologías electorales” de Carlos Raúl Hernández en El Universal de ayer domingo 3.- “El naufragio o lidiar con el descaro” de Alberto Barrera Tizska en El Nacional dominical.
Damián Prat
Venta y alquiler de empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior. El catálogo dibuja apenas parte de los mecanismos utilizados para vulnerar los procesos blindados en el papel de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, el principal órgano del control cambiario que funcionó por una década en Venezuela. La enumeración además sintetiza los flancos débiles más identificados en una consulta con empresarios que estuvieron involucrados en gestiones con el desaparecido organismo y con el que lo reemplazó Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, expertos en investigaciones penales de fraudes, economistas, ex funcionarios de la banca, gestores que aceptaron cooperar para este trabajo y fuentes familiarizadas con los pasos necesarios para otorgar o recibir divisas de manos oficiales.
Los modus operandi que florecieron alrededor de los trámites controlados por funcionarios para la aprobación de dólares adoptaron varias facetas y en los casos más extremos se materializaron en las “empresas de maletín”, término comúnmente utilizado para referirse a compañías fantasma, con domicilios que existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la asignación de millonarias cantidades de divisas. Además de estas hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales. La existencia de distintas modalidades delictivas fue confirmada a principios de este mes por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, que ha revelado los nombres de apenas la quinta parte de 782 empresas investigadas por presunta comisión de ilícitos cambiarios.
El despacho solo ha informado desde mayo pasado, cuando voceros del gobierno admitieron la pérdida de entre 25 millardos y 30 millardos de dólares, de investigaciones a dos ex funcionarios de Cadivi: uno militar, el teniente coronel Francisco Navas Lugo, ex gerente de Importaciones, sometido a juicio, y otro civil, William Rojas, condenado luego de reconocer que cooperó en la constitución de compañías falsas. No deja de sorprender a fuentes consultadas que lalista de servidores públicos sometidos a la lupa de los fiscales sea tan diminuta. Dos de ellas, entrevistadas por separado, relataron un episodio ocurrido hace dos años para ilustrar su punto. Fue en un hotel de la capital de un estado de Venezuela. Un emisario de Caracas convocó a un conjunto de empresarios que tenían solicitudes de divisas pendientes de liquidación. Todos eran propietarios de compañías que trabajaban en un rubro específico de la economía que depende casi exclusivamente de las importaciones. El detalle de la información que manejaba el hombre con respecto a cada firma le permitió presumir de sus contactos, incluidos los militares, dentro de Cadivi. Prometió agilizar la entrega de divisas pero, claro está, no de manera gratuita. “Pidió que le pagaran en dólares un porcentaje de cada asignación. Algunos aceptaron, pero otros nos fuimos impactados de la impunidad con la que operaban mafias que, por lo que han informado las autoridades, no han recibido castigo todavía”.
Rusad, la joya de la corona
“Vendo firma comercial de empresa con Rusad y todas sus solvencias al día. Verificable en el sector alimentos. Lista para la importación”. El anuncio aparece en un sitio web de clasificados y es solo una muestra del mercado negro que se creó alrededor de los trámites para obtener divisas con el fin de adquirir productos al mayor en el exterior. Una pieza constituye la joya de la corona: es el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas. Sus siglas, Rusad, se mencionan como la más valiosa de las mercancías en anuncioscomo el citado.
El registro es imprescindible para entrar a las bases de datos gubernamentales y presentar solicitudes de moneda extranjera. Las empresas con Rusad se han cotizado y todavía se cotizan en montos millonarios no solo para la venta, sino también para el alquiler.Algunos se dedicaron al negocio de crear compañías, poner los papeles en regla y transarlas cuando estaban listas para pedir divisas e importar. Así lo apuntan gestores que declararon en condición de anonimato. En la web hay personas que pueden llegar a ofrecer más de dos compañías al mismo tiempo. Otros no tienen una oferta tan amplia. A un vendedor se le llamó la semana pasada para consultarle sobre una empresa: “La vendimos ya, la firma será en los próximos días”.
¿No tiene otra para ofrecerme? La pregunta causó indignación del otro lado de la línea: “¿Y qué cree? ¿Qué esto es fácil?”.
La compra-venta de compañías con Rusad ha adquirido mayor relevancia. Los gestores consultados afirman que las nuevas inscripciones están bloqueadas. Uno de ellos lo explicó así: “Desde febrero o marzo el Cencoex no deja cargar nuevas compañías en su sitio web. Antes de esos meses los bancos tampoco estaban admitiendo carpetas nuevas debido a que desde hace más de un año Cadivi no respondía a las solicitudes. Los últimos trámites que pudieron hacerse completamente comenzaron en 2011”.
La gestión del Rusad podía llegar a costar más de 100.000 bolívares dependiendo de lo actualizado que estuviesen los documentos de la empresa en cuestión. “Si la compañía tenía retrasos en el pago de impuestos o con el Seguro Social, todo lo cual era necesario tenerlo a punto, era más complicado. Podía salir más barato crear una empresa nueva”, explica la fuente. Todavía, sin embargo, se anuncian en Internet gestores que venden sus servicios para realizar el trámite.
Tras los códigos privilegiados
Asignaciones millonarias de divisas fueron concedidas para cubrir necesidades estratégicas relacionadas con alimentación, salud y compra de maquinarias, entre otros. Grupos organizados alrededor de los controles cambiarios, de acuerdo con testimonios recogidos,manejaban con anticipación un dato estratégico: cuáles serían los códigos arancelarios precisos que recibirían con preferencia las aprobaciones.
La información permitía, por ejemplo, constituir compañías con objetos sociales a la medida, lo que ayudaba a pasar los filtros de la eliminada Cadivi. También facilitaba negociar con antelación con proveedores extranjeros o incluso crear compañías en el exterior en los rubros privilegiados por las autoridades.
Alejandro Rebolledo, ex juez penal y experto en asuntos sobre lavado de dinero, asegura que los empresarios de maletín y los que buscan sacar provecho de los controles cuentan con asesoría sobre el perfil requerido para la rápida concesión de divisas: “Suelen estar informados. Algunos sabían, por ejemplo, que el tema agrícola era una prioridad y se prepararon para perseguir los dólares preferenciales”. En 2011, por ejemplo, se destinó 79% de las divisas asignadas por Cadivi para la compra de insumos y maquinarias para el desarrollo.
Beneficiadas, pero inexpertas
Más de 30% de las empresas que la Fiscalía anunció que está investigando por delitos cambiarios no aparecen en las listas de adjudicación de divisas que entregó Cadivi hasta 2012, según cálculos de El Nacional. Es decir: la mayoría debió recibir las primeras asignaciones el año pasado o el presente. Muchas son compañías que no pertenecen a los grandes gremios nacionales y son desconocidas en sus sectores. Por ejemplo, de la primera lista de investigadas, que contenía 56 nombres, solo 2 pertenecían a Fedecámaras, la mayor federación de empresarios de Venezuela, según dijo Jorge Roig, presidente de la organización, a este diario la semana pasada.
El gobierno no puso restricciones, en principio, a la entrega de divisas a empresas recién creadas o sin trayectoria: la ventana fue aprovechada por grupos que las utilizaron para captar dólares preferenciales. Hoy se exige dos años de trayectoria a los solicitantes. Los gremios presentaron recomendaciones al gobierno para evitar que otras compañías se convirtieran en un desaguadero.
“Se sugirió que se consideraran las 500 empresas con mayor experiencia e historia y se les aprobara un presupuesto de divisas, pero eso no ocurrió”, lamenta el analista económico Tomás Socías.
El desvío de recursos fue favorecido por los recelos gubernamentales. “Hubo prejuicio del Ejecutivo al aprobar divisas a empresas tradicionales. Pensaban que iban a manipular el mercado para estimular lo que llaman guerra económica. Buscaron empresas nuevas, en muchos casos amigas, pero eso fracasó”, añade Socías.
Las comisiones por dólar liquidado
La Fiscalía solo ha divulgado un caso de lo que los testimonios retratan como un patrón general: la agilización de los procesos de liquidación de divisas a través del pago de comisiones. El único informe del Ministerio Público con respecto a la modalidad remite a la acusación que se presentó contra el coronel del Ejército Roberto Martínez Orsetti. Al oficial le atribuyeron haber visitado la sede del Central Azucarero Portuguesa y haber prometido facilitar la obtención de moneda extranjera a cambio de un pago de cuatro bolívares por cada dólar liquidado. El militar afirmó, según las averiguaciones, que tenía contactos en Cadivi pese a que no trabajaba en la extinta institución. Fue acusado de extorsión por los fiscales, pero también de asociación para delinquir, lo que supone la existencia de un grupo que se organizó para perpetrar ese delito, aunque no se ha aclarado quiénes fueron y dónde están ahora.
Los cobros a través de personas que trabajaban en el órgano cambiario o eran ajenos a este son retratados por un empresario del interior del país que lo vivió: “Te ofrecían la liquidación de órdenes de 100.000 dólares. Ayudaban a sacar los pagos al proveedor que señalaras. Conozco gente que lo hizo”. No todos tenían que salir a buscar los contactos para transitar una ruta de corrupción. Compañeros del empresario entrevistado fueron ubicados por emisarios que manejaban la información precisa de qué solicitudes de divisas habían presentado y desde cuándo estaban pendientes.Con esos datos a mano no era difícil negociar comisiones o extorsionar a quienes tenían dudas: “Así ocurrió con todo un gremio que se dedica a un negocio que no puedo mencionar porque correrían peligro”. El propietario de una importadora asevera que ha recibido llamadas telefónicas de toda clase: “Me han dicho que es de parte de un general o de un coronel y así comenzaban a ofrecer arreglos o a indagar cosas”.
Los peajes
Los Certificados de No Producción, CNP, comenzaron a ser solicitados por Cadivi en 2008. El documento entregado por distintos ministerios según el producto representaba una garantía oficial de que el bien cuya importación se tramitaba no era fabricado en Venezuela.En la práctica funcionó como un filtro para intentar contener las crecientes importaciones, pero también como otro recurso aprovechado por grupos que tomaron ventaja del control cambiario. Alrededor del trámite, de acuerdo con fuentes consultadas, prosperaron los negocios. Una ex ejecutiva de la banca que manejó solicitudes de divisas explica que el trámite creó nuevas alcabalas: “Hubo productos que terminaron siendo exclusividad de unos importadores”.
La trama burocrática se expresa en las constantes negativas de los funcionarios. Un ejemplo puede advertirse en el sector salud. Antonio Orlando, presidente de la Asociación Venezolana de Equipos Médicos, Avedem, lo explica así: “Una vez se negó la importación de una incubadora para recién nacidos porque en la solicitud no se explicaba qué uso se le iba a dar. La importación se presta para que los funcionarios decidan discrecionalmente. Detrás del control de cambio hay una maraña de peajes que sirven a muchos para negociar”.
Importar un equipo médico que no emita radiación requiere según Avedem al menos seis grandes trámites. Primero se tiene que buscar una certificación de calidad generalmente en el Ministerio de Salud , luego se deben conseguir los registros sanitarios en ese despacho; posteriormente hay que acudir al Ministerio de Industrias y pedir un CNP. Después, solicitar los dólares ante el Cencoex y aguardar a que llegue el equipo. Una vez que se logra eso hay que lidiar con el Seniat en la aduana para luego esperar la liquidación de los dólares y pagar la importación. El proceso puede durar dos años o más y se tienen que acudir como mínimo a cinco instituciones del Estado.
Una mano vende a la otra
Otro mecanismo que se prestó para irregularidades fueron las compras y ventas entre las mismas personas o grupos. El ex juez Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones. Detalla que hubo casos en el sector farmacéutico y que, en algunas ocasiones, los envíos ni siquiera se hacían. “Muchos pagos no se efectúan en dólares o efectivo, sino en bienes en el extranjero. Allí funciona igualmente la figura del testaferro”.
El gigantesco agujero de la sobrefacturación
Los cálculos hablan por sí mismos: la sobrefacturación de importaciones alcanzó 69,5 millardos de dólares desde el inicio del control cambiario en 2003 hasta 2012, según un estudio de la firma privada Ecoanalítica.
“Esa es una modalidad fraudulenta porque se piden más divisas preferenciales de las que se necesitan para comprar bienes que cuestan menos”, explica Alejandro Rebolledo. “Los dólares sobrantes usualmente son vendidos en el mercado negro o depositados en cuentas en el exterior”, añade. Fue esa una de las principales estrategias empleadas contra Cadivi.
La investigación de Econoanalítica, dirigida por Asdrúbal Oliveros, se fundamentó en cifras macroeconómicas. No se entró en detalle sobre cómo se efectuaron las operaciones ni cuántas fueron, ni quiénes estuvieron involucrados.
La firma sí pudo concluir, sin embargo, que la sobrefacturación en las importaciones públicas llegó a 22,7 millardos dólares (32,7% del total) y que las privadas alcanzaron 46,8 millardos de dólares(67,3% del total). Cada año hubo un promedio de 6,9 millardos de dólares de exceso en la facturación de bienes importados: la cifra equivale a 33,9% de las reservas internacionales que posee el país.
El economista José Guerra indica que procedimientos fraudulentos como la sobrefacturación son comunes en cualquier tipo de control de cambio. “En la época de Recadi sistema establecido en Venezuela entre 1983 y 1989 también sucedió lo mismo. Si tienes un dólar a 6,30 bolívares, ¿qué crees que va a pasar?”, expresa. No faltaron profesionales que alertaran sobre la corrupción que anidaría en los sistemas de administración de divisas desde que fueron creados por el fallecido Hugo Chávez.
El economista Tomás Socías señala que la compra de alimentos fue una de las áreas más afectadas por la sobrefacturación. Una de las razones fue la falta de verificación de las importaciones: “El nerviosismo por evitar la escasez y los aumentos de precios limitaron esos controles a la calidad de los productos”.
Socías identifica además otro tipo de irregularidad: la sobreimportación de productos de los cuales el país cuenta con buenos niveles de abastecimiento. Un empresario que declaró en condición de anonimato tiene una historia al respecto en el área de equipos médicos:“Supimos de empresas del área que trajeron componentes por cinco veces el consumo nacional”.
La mentira en contenedores
Chatarra, basura, desechos. Fueron las tres palabras que voceros oficiales utilizaron para describir un cargamento que una empresa de maquinaria agrícola importó a Venezuela en lugar de los equipos para desviscerar y descabezar aves que debieron ser adquiridos con los dólares de Cadivi aprobados. La simulación de importaciones fue otra de las modalidades empleadas por compañías a las que no siempre descubrieron oportunamente o que se beneficarion con la ceguera oficial al momento de nacionalizar cargas.
Expertos consideran que es una estrategia común de las mafias en situaciones de control de cambio. “No es extraño la compra a altos costos de productos inservibles solo para simular que hubo una negociación aparentemente lícita”, señala Alejandro Rebolledo. El gobierno ha presentado algunos casos con apoyo de los medios públicos, pero todavía ninguna autoridad ha mostrado una estadística consolidada sobre cuántas empresas estuvieron asociadas a esa forma de fraude cambiario.
El control aduanero
Un total de 12.000 contenedores se encontraban en abandono legal en el país en febrero pasado. La mitad estaba en Puerto Cabello. Esos fueron los datos que reveló en ese momento la diputada del Consejo Legislativo de Carabobo Neidy Rosal. En la misma época Herbert García Plaza, entonces jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, anunció un operativo para sacar toda la mercancía con más de 30 días.
La interpretación del dato está asociada a irregularidades cambiarias: sobran los importadores para quienes el negocio era el acceso a las divisas y no la comercialización de las mercancías compradas. “Seguramente muchos de ellos hicieron transacciones con los dólares preferenciales y la carga ni les importó”, dice el economista Tomás Socías.
La cooperación de funcionarios en aduanas es clave para vulnerar los controles estatales, de acuerdo con fuentes consultadas. Cadivi tuvo un departamento aduanero con muy escaso personal que debía encargarse de verificar millones de toneladas de productos importados. “Era un puñado de funcionarios”, dice un ejecutivo de un agente aduanal. De la supervisión de esos empleados dependía la emisión del último documento sin el cual no se liquidaban las divisas. “Si hubo fraude en puertos y aduanas es muy difícil que se haya logrado sin el concurso de esos trabajadores de Cadivi y, desde luego, sin participación de autoridades del Seniat y la Guardia Nacional Bolivariana”.
Falta de transparencia estimuló las mafias
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, no tiene dudas de que las mafias de la extinta Cadivi ahora reemplazada por el Cencoex operaron en instituciones públicas: “Es vox pópuli: hay conexiones, los vínculos con el poder están allí. Las empresas de maletín o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dólares, sino también la protección. El Estado les dio impunidad. El dinero desapareció y nada pasó”.
Las empresas involucradas en ilícitos cambiarios no son conocidas en su totalidad. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, anunció en marzo que harían pública la lista. Cencoex divulgó el 20 de julio los nombres de un millar de compañías convocadas a explicar cómo usaron las asignaciones de dólares recibidas a partir de 2012. La Fiscalía ha dicho que investiga a 782 empresas, pero solo ha revelado los nombres de 166. Edmée Betancourt, ex presidente del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ex ministro de Planificación y Finanzas, ocupaban esos altos cargos cuando advirtieron que entre 25 millardos y 30 millardos de dólares fueron entregados a empresas de maletín, pero nunca dieron más detalles de sus denuncias a pesar del acceso privilegiado a información que tenían por las posiciones que ocupaban.
“Las mafias de divisas fueron estimuladas por la falta de transparencia del Estado, que cuando no pone presos a los involucrados en este delito y tampoco divulga información sobre estas compañías envía un mensaje claro a la sociedad: protege a los corruptos. Eso genera en la población una sensación de impotencia”, señala De Freitas.
Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha informado de 15 condenados por las averiguaciones y no ha dicho palabra alguna sobre si funcionarios o ex directivos de Cadivi se encuentran en la lista de investigados.
Alejandro Rebolledo, experto en asuntos de lavado de dinero, está seguro de que hay complicidad en el negocio: “Detrás de las empresas de maletín hay mafias que, por supuesto, tienen relaciones de poder. No es casual que se manejen como holding e incluso privilegien las relaciones públicas. Siempre saben a quién acudirán y cómo hacerlo para lograr sus objetivos criminales”.
Repatriación. Expertos coinciden en que las divisas obtenidas de manera fraudulenta de Cadivi contribuyeron a la crisis económica del país. Rebolledo no descarta que el capital pueda repatriarse si se siguen los mecanismos necesarios: “Este dinero suele guardarse en cuentas en el exterior, pero mientras no haya una averiguación o solicitud del Estado para repatriar el dinero este no se devuelve. Hay convenciones, entre ellas una de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la recuperación de los activos. También es necesario que el Estado se valga de alianzas internacionales para averiguar a personas sospechosas de fraude o estafa a la nación. Se necesita asistencia mutua”.
Otro experto, que prefirió no ser identificado, afirmó que la recuperación de las divisas extraídas a Cadivi plantea dificultades. “Hay mecanismos de cooperación con organismos internacionales, pero la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo pareciera estar más dirigida a dar soluciones a otros países que solicitan confiscación de bienes, que a definir cómo debe hacerlo Venezuela cuando pide la repatriación de capitales”.
Ortega Díaz anunció el 15 de agosto que personal de la Fiscalía se había reunido con representantes del Banco Central de Venezuela para fijar cómo serán los mecanismos a través de los cuales los condenados deberán reintegrar divisas.
La ley de Ilícitos Cambiarios obliga a que los acusados reintegren la totalidad de los montos que les fueron cancelados o incluso cantidades superiores.
En oficinas del INTT reprograman las citas hasta que les llegue el material
“Me dijeron que me viniera el martes 26, pero sin pedir otra vez la cita para sacarme la licencia de conducir, porque en este momento (viernes 22) no hay material”, reveló Carmen Rodríguez, al salir de la oficina del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ubicada en el Llanito.
Según los funcionarios que laboran en esta oficina, quienes no quisieron identificarse, para hoy lunes les prometieron que llegaría el material para los trámites de licencias, y se reiniciarán los procesos con las citas reprogramadas. “El problema de la escasez también ha llegado a las oficinas del INTT porque se trata de material importado y hemos tenido problemas con la entrega de divisas, pero estamos en vías de mejorar”, reveló extraoficialmente un vocero del instituto.
Ahora son pocas las colas que se observan a las puertas del INTT en La California y en oficinas como en El Llanito, donde el viernes pasado a las diez de la mañana lucía desolada. Pero esto no significa que los trámites sean más expeditos, sino todo lo contrario: Los retrasos se han agudizado en los últimos diez meses, sobre todo en lo que respeta a las licencias de conducir según indican los conductores y motociclistas.
Luis Gómez se compró una moto en noviembre del año pasado. Trató de sacar la licencia para conducir motocicletas por los canales regulares, pero fue imposible, “porque cada vez que me metía en la pagina web estaba caída y cuando logre la cita fui el día indicado y no había material. No me quedó otra que pagar a un gestor. Pagué 2000 bolívares, solo me pidió dos fotos y en dos días estaba lista”.
Desde 2009 el INTT se inició el sistema de citas por Internet a través de la página web www.intt.gob.ve, con la idea de facilitar los trámites.
El comisario Luis Zapata, quien laboró por 14 años en el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre y es experto en este campo, reconoció que este sistema desde sus inicios tuvo problemas porque las personas tardaban, hasta un mes para conseguir la cita, pero luego mejoró y el sistema otorgaba citas, incluso, para el día siguiente.
Ante estas denuncias se solicitó una entrevista con la directiva del INTT, a través de la Dirección de Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ya que este organismo está adscrito a este despacho, pero no respondieron.
Jesús Cañas a duras penas puede hablar cuando le pregunto cuáles son los síntomas de la malaria. Tiembla, balbucea, se le cierran lo ojos.
“La luz me hace doler más”, me dice el hombre de 48 años, que ha sido minero por 25 años en Bolívar, un estado en el remoto sureste de Venezuela.
Jesús ha estado infectado 54 veces, dice. Y su esposa, su hija y sus nietos también. Aunque menos veces.
La minería ilegal se ha disparado en los últimos 20 años en esta región y, según algunos epidemiólogos, ha generado una epidemia de malaria, una infección también conocida como paludismo que es trasmitida por un mosquito típico de zonas tropicales.
Venezuela prácticamente erradicó la enfermedad en los años 60 y 70 con un programa reconocido internacionalmente.
Pero el auge reciente de la enfermedad en Bolívar “amenaza al resto del país en regiones endémicas donde el mosquito puede volver a desarrollarse”, como le dice a BBC Mundo José Félix Oletta, director de la Red Defendamos la Epidemiología (RDE).
La gente en el sur de Bolívar explica el auge de la malaria con una frase: “La minería puso bravos a los mosquitos”.
Solo en 2014, unas 45.000 personas se han infectado en todo el país, según cifras oficiales. El año pasado la cifra llegó a 75.000.
Un minero se gana acá en una semana lo mismo que un profesional promedio se gana en la capital, Caracas, en un mes.
“Acá uno gana más de lo que gana allá afuera”, dice Cañas. “Afuera tú ganas un salario mínimo; acá no”.
Pueblos anaranjados
El foco de la enfermedad es Sifontes, un municipio de Bolívar donde ocho de cada diez personas tiene malaria, según las cifras de la RDE.
En las aldeas de Sifontes uno es minero, familiar de un minero o trabaja para los mineros.
Son pueblos caóticos, como el llamado Kilómetro 88, donde no hay objeto que no esté untado del barro que se traen los trabajadores de la mina. Son pueblos anaranjados.
Las compraventas donde los mineros venden el oro están en cada esquina, así como los bares y los prostíbulos (conocidos como “corruptelas”) donde se gastan el dinero.
Cerca del Kilómetro 88 está Las Claritas, otro pueblo donde hace cinco años el gobierno construyó un hospital que todas las mañanas se llena de gente pálida y decaída.
Cientos de personas, la mayoría con sus botas embarradas, hacen fila para que les examinen la sangre. Su cuerpo les dice que el mosquito, el llamado anófeles, los volvió a picar.
Región endémica
Los que resultan positivo reciben un tratamiento gratuito.
Lo primero que suelen necesitar es suero intravenoso, porque pueden estar deshidratados por el vómito y la diarrea que genera la infección.
Después reciben los medicamentos para el tratamiento, cuya especificación depende del estado de salud del paciente y, sobre todo, del parásito que les infectó el mosquito anófeles.
En la región se encuentran todas las especies del parásito, conocido como plasmodium, que provoca la enfermedad de la malaria en humanos: falciparum, malariae, ovale y vivax.
“Alrededor del 70% de los casos en Sifontes son vivax y el resto falciparum“, dice Jorge Moreno, un entomólogo que coordina la investigación para el Ministerio de Salud en Bolívar.
“El vivax no es mortal pero tiene los síntomas más fuertes, mientras que el flaciparum pasa inadvertido pero te puede matar”, explica.
El gobierno dice que 10 personas mueren de malaria al año en Venezuela, pero la RDE contó 80 el año pasado.
“Hacen desarreglos”
Uno de los seis doctores del hospital de Las Claritas es Ralph Brown, proveniente de una de las comunidades indígenas de la región.
“El problema es que dos días después de sentirse bien, los pacientes abandonan el tratamiento”, le dice a BBC Mundo.
“Se ponen a tomar, hacen desarreglos, no comen bien… relaciones sexuales, esa es una de las cosas que aumenta el parasitismo”.
El hospital parece estar exclusivamente concentrado en responder a la epidemia de malaria, pero muchos de los pacientes se quejan de que no reciben el tratamiento adecuado.
La escasez de medicinas y los problemas hospitalarios que se reportan en todo el país producto de la crisis económica también llegan a este rincón de Venezuela.
Víctor Rivas, un doctor independiente que solía ser minero hace décadas, se gana la vida tratando enfermos de malaria entre una mina y la otra. El hombre tiene mucho trabajo.
Rivas explica que uno de los problemas de no terminar el tratamiento es que, incluso si el paciente se siente bien, el parásito no se va del cuerpo: por el contrario, dice, “se esconde en el hígado y los pacientes se convierten en portadores de la infección”.
Por eso es que los pacientes cuyo examen sale negativo pueden aún estar infectados.
Aunque la malaria solo se puede trasmitir por la sangre, Rivas dice que muchos niños nacen acá con la infección, que está escondida en la sangre de los padres.
Por otro lado, explica, “si no completas el ciclo recomendado por el doctor, puede que te vuelvas inmune a la medicina”.
Y añade, en una de sus diatribas contra el gobierno: “Es triste que en un pueblo con tanto dinero haya una epidemia como esta”.
Paraíso para los mosquitos
Jesús tiene su casa en El Portón, una especie de punto central -también pintado de naranja- entre las minas. Pero en días de trabajo duerme en los ranchos de la mina, como hacen miles de mineros.
Allí, el barro, la selva y las minas es casi todo lo que se puede ver. Las minas están conectadas por calles empedradas por las que miles de mineros en moto pasan a diario.
Los mineros duermen a metros de la mina, en chozas hechas con bolsas de plástico negro y techos de zinc.
El olor del barro, las basura y las aguas negras que rodean los ranchos sorprende a la nariz del visitante.
“Yo tengo mosquitero”, dice Jesús, mientras muestra la hamaca en la que duerme junto a la mina. “Pero eso no te protege del mosquito, ese te pica a cualquier hora”.
Los visitantes, tras recomendaciones de los doctores, nos echamos repelente, nos vestimos con mangas larga y pantalón y nos encerramos al alba y al atardecer.
Pero ni Jesús ni sus colegas ni los habitantes de la zona toman siquiera una de esas prevenciones, incluso a sabiendas de que son la única forma de protegerse del mosquito.
“Intervención humana”
El sur de Bolívar tiene una de las reservas de oro más grandes del mundo, un metal precioso cuyo precios se han disparado en los últimos cinco años.
“Hay condiciones ambientales que favorecen la transmisión malárica en nuestro estado, como las lluvias, la pluviosidad, la presión hidrostática, la humedad relativa”, le dice a BBC Mundo Armando Ortega, director de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública (ISP) en la capital de Bolívar, Ciudad Bolívar.
Pero la intervención del hombre ha jugado un rol central en la proliferación de la malaria, explica. “Y en años recientes han migrado de muchas partes del continente”.
“Nosotros hacemos control de vectores, diagnostico rápido y tratamiento oportuno a todo paciente febril, damos mosquiteros impregnados con insecticida y tenemos un programa de fumigación”.
“Pero creemos que el la solución es estructural: debe haber un plan nacional que provea la explotación minera artesanal de una forma organizada que mejore la calidad de vida del minero”.
El gobierno, sin embargo, no ha iniciado un plan para organizar la minería.
“En retroceso”
De hecho, los críticos dicen que el gobierno socialista ha permitido que la minería ilegal crezca durante los 15 años desde que el Hugo Chávez subió al poder.
José Félix Oletta fue ministro de Salud durante el gobierno de Rafael Caldera en los años 90. Aunque se declara independiente, es crítico del gobierno de Hugo Chávez y uno de los mayores exponentes de la epidemia de malaria en Bolívar.
“Teníamos una escuela de mariología que era reconocida internacionalmente, donde se formaron casi un millar de expertos que vinieron de todas partes del mundo”, le dice a BBC Mundo.
“Ahora tenemos una situación que viene en retroceso y la malaria vuelve a amenazar en territorios donde la enfermedad había sido erradicada”, explica.
Oletta culpa al gobierno de no “pararle bolas” al surgimiento de la minería y, con ella, de la malaria.
“Si usted no invierte en Salud, si usted no considera que la malaria es una prioridad, usted está subvalorando un enemigo, y es un enemigo no solo para la salud, sino para el desarrollo de la nación”, opina.
Tanto críticos como gobierno están de acuerdo en una cosa: la búsqueda del oro es la principal causa de la malaria.
O, como dice Ortega: “La malaria aumenta con el precio internacional del oro”.
Amuay opera a 69% de capacidad tras dos años del incendio
La Refinería de Amuay, la mayor de Venezuela, procesa 448.000 de los 645.000 barriles de su capacidad diaria, una operatividad del 69,45 %, dijo la estatal Pdvsa al recordar que hace dos años el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), donde se alza, “fue víctima de una criminal acción de sabotaje”.
El hecho causó 47 muertos y 135 heridos y se produjo en la zona de Amuay del CRP, en el noroeste del país, donde también se levantan las plantas de refino Cardón y Bajo Grande, que juntas tienen una capacidad de procesamiento promedio de 702.000 barriles diarios.
Los 448.00 barriles de Amuay “reflejan una refinería en marcha, operativa y eficiente” y todo el CRP exhibe una operatividad acorde a “las exigencias del mercado interno de combustible y continúa su desarrollo para impulsar la Revolución Bolivariana”, añadió el texto de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) publicado en su página web.
Un año después de la explosión y del incendio, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, actualmente también vicepresidente para asuntos económicos, dijo que ello fue producto de un “sabotaje” dentro de la “guerra económica” que libra “la derecha irracional”.
“Esta guerra económica es vital para la derecha irracional que nos odia”, afirmó al revelar el 9 de septiembre pasado el informe del suceso registrado en Amuay el 26 de agosto de 2012.
Ese informe cifró las pérdidas materiales en 1.100 millones de dólares, incluido el costo de 3.400 viviendas construidas en áreas aledañas al CRP y que resultaron afectadas total o parcialmente.
El Gobierno identifica ese suceso como continuación del llamado “sabotaje petrolero” de 2002 y 2003, como denomina una huelga que buscó infructuosamente la renuncia del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.
Se trata, remató el ministro hace un año, de “un ataque combinado y permanente” que forma parte de una “guerra económica” en busca de acabar con la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y que ahora lidera su heredero político, Nicolás Maduro.
Maduro ha dicho que la que se conoce como la peor tragedia de la historia petrolera reciente venezolana fue obra de “un sabotaje de sectores desesperados” que así creyeron que ganarían las elecciones de octubre de 2012, en las que Chávez obtuvo una nueva reelección.
Dirigentes de partidos de la oposición venezolana rechazaron las acusaciones y publicaron también el año pasado otro informe que atribuyó el hecho a “negligencia gerencial” derivada de “falta de inversión y mantenimiento”. (La Patilla)
Reservas internacionales
De acuerdo con información suministrada por el BCV, al 20 del presente mes las reservas internacionales se ubicaban en 20.215 millones de dólares, y el promedio de las mismas durante los 20 primeros días de agosto fue de 20.430 millones. Eso significa que en menos de 2 meses han caído más de 1.300 millones, ya que al cierre del primer semestre del año se ubicaban en 21.604 millones de dólares, de las cuales 15.240,5 millones (70,6%) eran reservas en oro, 4.611,4 millones (21,3%) eran reservas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en inversiones en divisas, y tan solo 1.752,1 millones (8,1%) eran reservas disponibles en divisas.
Dado que el precio del oro no ha bajado recientemente, por el contrario, ha subido ligeramente, no hay razones para pensar que las reservas de oro se hayan reducido en las últimas semanas, esto partiendo del supuesto de que su volumen físico se ha mantenido inalterado. Tampoco hay indicios de que las reservas en el FMI hayan variado, por lo que se puede inferir que la reciente contracción de las reservas internacionales se ha concentrado en la disponibilidad de moneda extranjera líquida. De esto ser así, durante las primeras semanas de agosto las reservas disponibles en divisas habrían estado oscilando en torno a los 500 millones de dólares, monto muy bajo para una economía como la venezolana. De allí que los recursos con se cuente para la realización de todos los pagos externos dependerá del flujo de divisas que se genere por concepto de exportaciones, de endeudamiento o de venta de activos en el exterior, o por una eventual liquidación de reservas de oro.
Debemos también preguntarnos si las reservas actuales totales están en unos niveles apropiados o no. Partiendo de estimados hechos por el BCV, definitivamente no. En efecto, hace ya nueve años el instituto emisor estimó un nivel adecuado de reservas, ubicándolo en torno a los 29 millardos de dólares, monto que en aquel momento equivalía a 12 meses de importaciones de bienes y servicios. Si tomamos como razonable esa proporción, en 2013 las reservas deberían haber estado en 70,6 millardos de dólares, monto muy superior a los 24,6 millardos mantenidos en promedio durante ese año. Incluso, si tan solo expresamos aquellos 29 millardos de reservas adecuadas de hace 9 años en dólares de hoy, estaríamos hablando de 35.110 millones de dólares, nivel mucho mayor a los 20.215 millones de reservas actuales.
Como ya lo hemos expresado en el pasado, esos bajos niveles de reservas se han debido a múltiples factores, entre ellos, la limitada venta de dólares de Pdvsa al BCV, la desbocada corrupción en el manejo de las divisas preferenciales dentro del control de cambios imperante desde 2003, y las masivas transferencias de reservas internacionales a fondos gubernamentales destinados a financiar gasto público, destacando entre ellos el Fonden, destino este último adonde el BCV había transferido hasta septiembre de 2013 la astronómica suma de 57.046 millones de dólares sin recibir compensación alguna.
El bajo nivel de reservas, además de restarle respaldo a la masa monetaria en circulación, incrementa la vulnerabilidad de la economía, ya que limita las posibilidades de afrontar adversidades externas que se pudieran presentar, tales como caídas de los precios de exportación, encarecimientos de las importaciones, o limitaciones para acceder al financiamiento foráneo. Esto es de particular relevancia en el caso de una economía vulnerable como venezolana, que tanto depende de la volátil renta petrolera. A su vez, aquella caída de las reservas afecta la percepción de riesgo del país, encareciendo notablemente los costos de financiamiento externo y limitando las posibilidades de contratación de nuevos empréstitos; y, adicionalmente, deteriora las expectativas cambiaras del público, lo cual eleva el tipo de cambio libre, generándose presiones inflacionarias adicionales.
De allí la imperiosa necesidad de tomar todas las decisiones posibles tendentes a fortalecer los niveles de esta variable económica tan importante. Pedro Palma (El Nacional)
Oferta abundante de crudo presiona los precios a la baja
El precio del barril de crudo venezolano continúa alejándose de los $100 e inicia la semana con una cotización de $90,89; $1,26 menos que el precio en el que cerró la semana anterior. Mientras que el resto de las cotizaciones referenciales del petróleo mantienen la misma tendencia a la baja .
En las últimas semanas se ha profundizado la desaceleración de los precios del crudo, debido a una oferta mundial abundante, una demanda poco creciente y la revalorización del dólar frente a otras divisas.
Desde junio pasado, cuando la cesta venezolana alcanzó el precio más cercano a los $100 en lo que va de año, el precio del barril criollo no ha dejado de distanciarse de la cifra que el Ministerio de Energía y Petróleo estima como aceptable para el funcionamiento de la economía venezolana.
“Los precios de los crudos siguieron bajando al cierre de la semana anterior, en la que los reportes de una amplia disponibilidad de suministros en los principales centros de consumidores sigue siendo el factor determinante en este comportamiento”, informó el Ministerio de Petróleo y Minería a través de su página web.
De acuerdo con las cuentas venezolanas, la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo alcanza por primera vez en el año una cotización por debajo de la barrera de los $100.
El precio referencial de la Organización a la que Venezuela pertenece, arranca la semana en $99,37, su precio más bajo de todo 2014.
El barril de petróleo WTI cotizado en Nueva York, acumula un descenso semanal de 3,8%, con un precio de $93,65.
El oro negro americano ha restado en los últimos siete días $3,7, una fuerte caída que se suma a las pérdidas consecutivas de las últimas cinco semanas.
En Londres, el barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre, comienza la semana con una cotización de $102,29. El retroceso del barril referencial de Europa fue de $0,34; 0,33% menos que al término de la semana anterior.
Los mercados europeos continúan preocupados por el conflicto bélico en Ucrania, justo después de que Rusia introdujo al este de ese país un convoy humanitario compuesto por 262 camiones, pese a la oposición de Kiev.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) condenó la acción de Rusia, mientras que EEUU anunció acciones adicionales contra Moscú si continúa su ingreso a territorio ucraniano, tensiones que afectaron el desarrollo de los mercados.
Impacto de la revalorización del dólar americano
El mercado petrolero internacional está siendo presionado a la baja por la recuperación que ha tenido el dólar.
El viernes, la moneda de referencia alcanzó su máximo nivel desde septiembre de 2013, a 1,3221 dólares por euro, y los inversionistas apuestan por una subida anticipada de tasas en EEUU.
La mejora del dólar repercute en las materias primas que se cotizan en la moneda estadounidense, como el petróleo, encareciéndolas para los mercados que se manejan con otras divisas.
“El Brent y el WTI han perdido más del 10% de su valor en los últimos dos meses. Esta caída ha sido consecuencia de la preocupación sobre las débiles perspectivas de crecimiento económico mundial, que impactan en el crecimiento de la demanda de crudo”, explicaron analistas de PVM, consultora de hidrocarburos. (El Mundo)
Toro Hardy: Venta de Citgo es producto del despilfarro del gobierno
Resaltó la importancia de Citgo para Venezuela, toda vez que sus refinerías en Estados Unidos están diseñadas para procesar crudos ácidos y pesados como los que se encuentran en el subsuelo del país sudamericano.
“El valor estratégico de Citgo para PDVSA es infinitamente mayor que el valor de sus activos, Citgo es una garantía de la presencia del petróleo venezolano en Estados Unidos”, abundó el economista de profesión.
La posible venta de Citgo ha sido ventilada por distintos medios venezolanos y en Estados Unidos, país con el que el gobierno venezolano mantiene pésimas relaciones, al punto de carecer de embajadores en sus respectivas representaciones diplomáticas.
Esta eventual operación podría permitirle a Pdvsa recibir unos 10 mil millones de dólares, que sería el valor de mercado de Citgo, según expertos, pero Toro Hardy indica que esta decisión sería un “absurdo” tomando en cuenta el valor de Citgo.
“Es una posición realmente absurda la de pretender que con la venta de Citgo realmente van a resolver ningún problema”, argumentó el analista, quien vinculó la transacción con demandas que el Estado venezolano tiene por parte de varias transnacionales petroleras.
Explicó en ese sentido que las estadounidenses Conoco-Philips y Exxon-Mobile tienen demandas pendientes por la expropiación de sus activos en 2006 que podrían superar 10 mil millones de dólares y en caso de negarse a cancelar podría aplicarse un embargo.
“Una vez que se fije (la indemnización) por el tribunal de la CIADI parece que PDVSA no estaría en condiciones de pagarlas, de manera que quizás la razón por la cual pretende vender Citgo es para evitar un posible embargo de sus activos en Estados Unidos”, subrayó.
El analista señaló que las necesidades económicas gubernamentales también obligan a incrementar el precio de la gasolina, ya que en algunos casos se recurre a su importación a precios internacionales para ser vendida a 10 centavos de dólar por litro localmente.
“Cerca de 85 mil barriles diarios de gasolina y otros variados están siendo importados desde Estados Unidos a precios internacionales para después venderlos aquí a precio de subsidio, de manera que ese negocio está destruido y tienen que aumentar los precios”, recalcó.
Toro Hardy vaticinó que “bajo el esquema actual de políticas petroleras la industria no tiene ningún futuro, tiene que haber un cambio de modelo y en el área petrolera tiene que cambiar políticas, si no la destrucción que ha experimentado se profundizará”. (6to Poder)
Energía en América Latina y el Mundo
América Latina, nueva frontera para inversión petrolera
Los países latinoamericanos apuestan fuerte a la inversión extranjera para desarrollar su industria de hidrocarburos, y para ello modifican marcos jurídicos para tentar a las multinacionales petroleras, sin renunciar a la preeminencia del Estado en el sector.
México, Brasil y Argentina concentran la atención por las reservas de sus yacimientos inexplotados y las posibilidades de desarrollo de los existentes.
El gobierno mexicano estima en 50.000 millones de dólares las inversiones que llegarán al país tras la reforma aprobada este año que reabre el sector petrolero tras casi ocho décadas de monopolio estatal. El foco está puesto en la incorporación de nuevas tecnologías para aguas profundas del Golfo de México, una frontera costosa.
La reforma apunta a aumentar una producción que cayó de 3,4 millones de barriles diarios (mb) a 2,47 mb desde 2004.
“Lo más importante de esta apertura es el poder comprar y extraer petrolero bajo condiciones de (…) certeza jurídica”, explicó a la AFP Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey.
La limitante principal para los inversores será la carga fiscal. “(Si) no tuvieran un trato fiscal diferente al de Pemex, son muy altos los impuestos locales. Habrá que ver si a los inversionistas realmente les atrae”.
La estatal se aseguró el control de 83% de las reservas probadas y probables de crudo, un porcentaje que evidencia el peso de lo público en el sector.
En Brasil, que posee enormes yacimientos a gran profundidad a lo largo de sus costas bajo una gruesa capa de sal (Presal), los inversores extranjeros deberán asociarse con Petrobras para tener una tajada del pastel. Como mínimo, la estatal tendrá 30% de participación en cada proyecto y el monopolio operativo de los campos petrolíferos.
En noviembre, el país entregó en concesión el mayor de sus campos, Libra: Petrobras controla 40% del proyecto, para el cual se asoció con Total, Shell y dos empresas estatales chinas.
Algunos analistas creen que una excesiva intervención pública en el sector reduce el interés de las grandes petroleras.
El experto Adriano Pires dijo a la AFP que una derrota electoral de la presidenta Dilma Rousseff, muy estatista en materia energética, podría facilitar la llegada de nuevas empresas.
Argentina, que busca recuperar el autoabastecimiento de gas, apuesta por su parte a los hidrocarburos no convencionales del megayacimiento “Vaca Muerta”, en la Patagonia.
Si bien el proyecto está en una etapa incipiente, las petroleras internacionales ya comenzaron a trabajar en prospección y muestreo de volúmenes a través de acuerdos con la estatal YPF. Las estadounidenses Chevron, Dawn Chemical y Exxon, la francesa Total, la alemana Winter Shale, o la angloholandesa Shell son algunas de las firmas presentes.
Al igual que en México y Brasil, el Estado tiene un peso importante sobre este reservorio de 30.000 km2: de los 180 pozos en desarrollo, más de 70% son de YPF. Unos 12.000 km2 fueron entregados en concesión a la estatal.
Horacio Lazarte, de la consultora Abeceb, señaló que la producción plena de Vaca Muerta podría alcanzarse en 2020.
Venezuela, con las mayores reservas del mundo y problemas de infraestructura en su sector petrolero, es el paradigma del modelo nacionalista de control de producción: la Ley de Hidrocarburos determina que exploración, extracción y almacenamiento inicial son actividades reservadas al Estado. Los privados solo pueden integrar “empresas mixtas” con 50% de participación pública. (El Mundo)
El precio del barril de la OPEP sube levemente y se sitúa en 99,19 dólares
El precio del barril de crudo de la OPEP se encareció el viernes un 0,16 por ciento respecto a la jornada anterior y se situó en 99,19 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero.
El valor del “oro negro” de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se mantiene en sus registros más bajos desde junio de 2013.
Así, el precio medio semanal por barril se situó en 99,22 dólares, 1,93 dólares por debajo del precio de la semana anterior y el más bajo del año. (Yahoo)
Los acuerdos entre petroleras cuestionan las sanciones a Rusia
El pasado 9 de agosto el presidente de Rusia, Vladímir Putin, asistió en videoconferencia a la inauguración de la exploración del pozo petrolífero de Universitetskaya-1, en el Océano Ártico. La apertura de esta nueva frontera en la producción de crudo ruso conlleva algo más que el aspecto económico: pese a la actual guerra de sanciones entre Occidente y Rusia, Rosneft, la petrolera estatal de Moscú, trabaja en este proyecto junto con la estadounidense Exxon, la petrolera más grande del mundo. Una cooperación que cuestiona la eficacia de las medidas que EE UU y la Unión Europea han adoptado contra Moscú en el ámbito petrolero.
Durante la inauguración, bajo la mirada de Putin, el presidente de la filial rusa de Exxon, Glenn Waller, celebró “la colaboración a largo plazo” que su compañía ha puesto en marcha con Rosneft. A su lado, Igor Sechin, consejero delegado de la empresa rusa al que las sanciones han golpeado personalmente, definió el comienzo de la exploración como “el evento más importante del año en la industria global del petróleo y del gas”. Y, en efecto, el pozo de Universitetskaya-1 representa el “descubrimiento de mayor envergadura en los últimos diez años, con un potencial de entre 7.000 y 9.000 millones de barriles, en una región que cada vez es más importante en el offshore”, explica James Henderson, investigador del Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford.
El Ártico se ha convertido en un pastel jugoso para las petroleras. La italiana Eni tiene un acuerdo para explorar zonas remotas de la región con Rosneft, que a su vez empezará en breve las perforaciones en la zona noruega del mar de Barents junto Statoil, la compañía estatal de Noruega. Del país escandinavo es también SeaDrill, la empresa que ha construido West Alpha, la plataforma desde las que se ejecutan las perforaciones con Exxon.
Técnicamente, estas colaboraciones no violan las sanciones, que “se aplican solo a los contratos firmados después del 1 de agosto de 2014”, subraya Henderson. Pero al ser relaciones de larga duración, siguen en vigor pese a la aplicación de las medidas occidentales. Por ejemplo, el acuerdo que North Atlantic Drilling —la matriz de SeaDrll— firmó con Rosneft el pasado 30 de julio, prevé el uso de seis plataformas a cambio de 3.213 millones de euros, y expirará en 2022.
La postura de estas empresas ha provocado reacciones en sus países. Ola Elvestuen, vicesecretaria de los Liberales noruegos, uno de los dos partidos de Gobierno, ha hecho hincapié en que “en la situación actual las empresas noruegas deberían evitar Rosneft”. Y también Elizabeth Rosenberg, exconsejera para las sanciones del Departamento del Tesoro de EE UU y ahora directora del programa energético del Centro para una Nueva Seguridad Americana, ha declarado que “la larga temporada de exploraciones petrolíferas que empieza ahora en Rusia se aleja bastante del mensaje que el Gobierno de Estados Unidos está intentando enviar”.
Pero más allá de la duración de los contratos, la propia naturaleza de las sanciones podría dificultar su aplicación. EE UU ha prohibido la exportación a Rusia de la tecnología usada en ámbito petrolero, mientras Bruselas ha cortado las ventas de componentes de las maquinarias necesarias a la prospección. “Pero no está especificado qué componentes son objeto de las medidas, y dada la complejidad de las herramientas resulta imposible distinguir las que no se pueden vender”, asegura Sergei Vinogradov, profesor de la Universidad escocesa de Dundee.
Las medidas occidentales, sin embargo, golpean a Rusia también en ámbito financiero. “Y el hecho de que los bancos europeos y estadounidenses no puedan prestar dinero a las empresas rusas podría afectarles duramente si las sanciones siguieran en vigor en los próximos años”, remarca Simon Pirani, otro investigador del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford.
Según Malte Humpert, director del think tank The Arctic Center de Washington, “Rosneft necesita fuentes de financiación alternativas a Occidente, y por eso está mirando a China”. En 2013 firmó con CNPC [la petrolera estatal del gigante asiático], la venta de 360 millones de toneladas de crudo en 25 años por 204.000 millones de euros, que también le da derecho a acceder a una línea de crédito de 56.000 millones. Rusia de momento tiene bastantes fondos, “pero si las sanciones financieras se extienden a largo plazo se convertirán en un problema serio”, sentencia. (El País)