
Roig urge al Gobierno tomar las “medidas necesarias” ante la crisis
“El Gobierno Nacional no toma las decisiones que ameritan la situación actual del país. La semana pasada renunció todo el gabinete de ministros. Este país está urgido de toma de decisiones. Hay una reestructuración que todavía no ocurren aun cuando el país lo pide a gritos”, dijo Jorge Roig, Presidente de Fedecámaras.
Aseguró que actualmente el desabastecimiento alcanza 90 % en algunos rubros, principalmente productos básicos que son los que tienen más controles.
Afirmó que no cuentan con cifras de inflación, escasez, ni PIB desde 2013. “Le hacemos reclamo al banco central que publique cifras porque necesitamos saber cuál es la situación económica del país. Agregó que en lo que va de año el PIB cayó 4%.
Fue enfático al afirmar que desde el sector privado condenan el contrabando, “y posiblemente es una de las consecuencias del por qué tenemos desabastecimiento, pero el problema real es la falta de producción nacional. Hemos solicitado audiencia con el Ejecutivo y ministros para discutir una salida a la crisis. Nos estamos reuniendo con fuerzas políticas del gobierno, oposición, universidades e iglesias porque estamos preocupados. Le pedimos al gobierno nacional que instale mesas de diálogo para resolver los problemas estructurales que tiene la economía venezolana”, apuntó.
Roig dijo que el gremio de empresarios rechaza el uso de captahuellas. “Los afiliados a ANSA están obligados a instalar estas máquinas. Pedimos disculpa a los venezolanos por el proceso indignante que solamente existe en Cuba. El sector empresarial rechaza eso y pide disculpas al venezolano por tener que ser sometido a esta situación”, concluyó. (El Mundo)
Fedecámaras estima caída del 4% del PIB durante primer semestre
La cúpula empresarial Fedecámaras estima una caída de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer semestre del año, con una contracción fuerte de los sectores manufactura y construcción.
Jorge Roig, presidente del gremio empresarial, destacó este miércoles en rueda de prensa que las cifras son extraoficiales, pero no dudó que ellas “están cercanas” a las manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).
De acuerdo a Roig, el sector construcción cayó diez puntos, mientras el de manufactura se contrajo nueve puntos porcentuales durante el primer semestre del año.
Roig atribuyó a la contracción económica a la falta de producción en el aparato económico del país,en especial de las empresas nacionalizadas, y emplazó al BCV a publicar cifras oficiales macroeconómicas, pendientes desde finales de 2013.
“No contamos con cifras oficiales desde 2013. No tenemos cifras de inflación , no tenemos cifras de escasez, de las caídas del PIB, no hay manera de planificar ni para los economistas y estudiosos, sin tener unas cifras y oportunas; y hacemos un reclamos al Banco Central que, alejándose de las cuestiones políticas, publique las cifras”, aseguró. (El Mundo)
Gestión del Gobierno central acumula seis años con déficit
Los ingresos ordinarios se han quedado cortos frente al tamaño del gasto y, por ello, el Gobierno central ha terminado su gestión financiera con brechas, que se han acentuado.
Las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas revelan que el 2013 cerró con una diferencia de ingresos y egresos de 1,9% del PIB (Producto Interno Bruto) con lo cual se acumulan seis años de déficit.
Esas cifras oficiales, que se han divulgado con retrasos, evidencian que desde 2008 el Gobierno central ha culminado los ejercicios fiscales con saldos negativos, en un contexto en el cual el precio del petróleo ha estado por encima de los 90 dólares, siendo la excepción el 2009 que fue el año de la crisis financiera mundial que afectó la cotización del crudo.
Pese al volumen de aportes petroleros, esas brechas han llevado a acelerar el endeudamiento, devaluar y buscar otras fuentes de ingresos.
Desempeños
La información del despacho de las finanzas públicas evidencia que de los últimos seis años el 2012 fue el período en el cual la diferencia entre ingresos y gastos se amplió a 4,9% del PIB, y ese comportamiento obedeció a la expansión que se registró de los egresos por las elecciones presidenciales.
Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, reconoció en una carta publicada tras su salida del tren ejecutivo, que la política de gasto se acomodó a los recursos petroleros y admitió que “la superación (triunfo electoral) se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social”.
Ante ese manejo de la política fiscal, el 2013 comenzó con un déficit en las cuentas que llevó a que en la primera mitad del año se ajustara el tipo de cambio oficial de 4,3 de bolívares a 6,3 bolívares y se revisara el comportamiento del gasto. Sin embargo, en la segunda mitad del ejercicio se retomó la política expansiva.
La información oficial muestra que el pasado año la administración de Nicolás Maduro orientó a salarios, pensiones, gastos de los entes oficiales y transferencias a las regiones 647,1 millardos de bolívares, mientras que los aportes petroleros y tributarios alcanzaron los 601 millardos de bolívares.
La estrategia de aumento del gasto ha continuado a lo largo de este año. Aunque las autoridades anunciaron en enero que se contemplaba una “optimización”, la tendencia es de incremento de los egresos.
A fines de julio, Barclays publicó en un reporte que el gasto público apunta a que no hay un ajuste en marcha, pues ha registrado un aumento real de 45% y ese incremento del gasto se combina con un descenso en los impuestos. (El Universal)
Costo del captahuella será a cuenta de aportes de la Locti
Los supermercados y autoservicios no asumirán directamente el costo de las máquinas captahuellas que instalarán en sus establecimientos; la idea es que se descuente del aporte que desde hace años efectúan al Fonacit (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), exigido por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).
“No vamos a pagar el registro biométrico de nuestro bolsillo”, dijo Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa). “Ya que tenemos años aportando a la Locti y no se han introducido proyectos masivos tecnológicos en el área, propusimos al Gobierno que se elabore el proyecto del uso de captahuellas para el registro biométrico y se descargue su costo de las cuotas o aportes efectuados a la Locti, pues tiene todas las características para ser aprobado como una propuesta tecnológica”.
Informó que ese es el planteamiento que Ansa ha llevado a las reuniones que han sostenido con el Gobierno en los últimos días. “El ministro García Plaza y el superintendente Méndez conocen nuestra propuesta”, insistió.
“¿Cómo le vas a pedir a un supermercado que invierta en un captahuellas, cuando opera con un margen de ganancia menor al 5% en 60% de los productos que ofrece?”, preguntó.
Se pudo conocer que cada máquina de este tipo tiene un costo de entre Bs. 13.000 y Bs. 15.000. Rodríguez señaló que, según lo conversado con los representantes del Gobierno, cada establecimiento -según su tamaño- debería tener dos o tres captahuellas.
Ansa cuenta con 1,050 tiendas afiliadas, entre farmacias, autoservicios y supermercados, lo que significa que -de adherirse todas al nuevo sistema- deberán instalar entre 2.100 y 3.150 unidades.
“Entre farmacias, autoservicios y supermercados independientes, en Venezuela tenemos unas 9.500 tiendas que deberían contar con captahuellas”.
Resaltó que si se agregan las bodegas, abastos y panadería “estaríamos hablando de 80.000 establecimientos”.
Opcional pero necesario
Rodríguez aclaró que el uso del sistema captahuella es opcional para los establecimientos, “a nadie se les está obligando a tenerlo o aplicarlo”. No obstante, recalcó que para que el sistema funcione debe ser masivo, pues “si solo lo aplican unos supermercados o farmacias de cadena, automáticamente el revendedor va a ir a otro establecimiento donde no haya captahuellas”.
Indicó que el sector de los supermercados y autoservicios tiene ya tres años luchando contra el bachaqueo y los revendedores que le sacan provecho económico al desabastecimiento de algunos productos.
“Hemos probado muchas cosas; algunas han funcionado, otras no. Queremos hacer una prueba con esto”, refiriéndose al sistema biométrico; dijo que en Maracaibo se ha estado aplicando y “nuestros afiliados reportan que ha bajado un poco la circulación diaria de personas; los revendedores no quieren dejar huella y al controlarlos han abandonado los establecimientos”.
A criterio propio
Los supermercados y farmacias de cadena no aplicarán la metodología de cupo semanal para determinados productos, usada desde hace varios meses por las redes de comercialización gubernamentales. “No habrá un límite de compra semanal impuesto; cada cadena venderá a su clientela las cantidades que considere según su criterio y los inventarios con los que cuente”, dijo.
Explicó que -según lo conversado con el Gobierno- las máquinas captahuellas no estarán ubicadas en las cajas de pago, sino en la entrada de cada local; “los clientes activarán su huella solo si piensan llevar alguno de los 23 productos de la cesta básica que estarán incluidos en una lista”.
Urge aplicar medidas
Rodríguez indicó que la instalación del registro biométrico no solucionará el problema de desabastecimiento de productos básicos.; “eso no significa que mágicamente aparecerán los productos en ese momento. Estamos claros que hay problemas y que la producción hay que incrementarla. Eso es algo que hay que hacer en paralelo; el tema de las captahuellas es para atacar el bachaqueo”.
Insistió en que la única forma de acabar con la escasez es producir más. Precisó que en este momento 58 productos de la cesta básica presentan un abastecimiento por debajo de 30%.
Añadió que se deben sincerar los precios de los productos. “¿De qué me sirve decir que el kilo de leche está en Bs. 30 si solo lo encuentro con los revendedores a Bs. 200?”. (El Mundo)
Supermercados esperan que se aclare carácter voluntario de captahuellas
Los supermercados del país aseguran que no se oponen a la aplicación del sistema biométrico pero señalan que no tienen claro en qué consiste el carácter voluntario de la captahuella del que habló en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro.
“Tenemos un poco de inquietud por saber si el carácter voluntario va a ser para los comercios o también para los consumidores (…) Hasta ahora pareciera que el carácter voluntario es de parte de los comercios”.
Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados Autoservicios y Afines, (ANSA), explicó a Unión Radio que las autoridades les explicaron que no habrá restricciones de venta para los usuarios. Manifestó que mensualmente la Superintendencia de Precios Justos recibirá la base de datos de los productos vendidos y se someterá a revisión aquellos números de cédula de identidad que registren más compras
“Ellos tomarán decisiones si llamarán a esas personas y le preguntarán por qué están comprando más”.
Sobre el costo que deben asumir de las captahuellas, dijo que “este proyecto es claramente tecnológico, por lo tanto nosotros queremos que todo esto se maneje a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología”, agregó. (El Universal)
Méndez: Sistema biométrico protegerá acceso a la canasta básica
El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, explicó este miércoles que la implementación del sistema biométrico permitirá garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica a la familia venezolana y eliminar el problema de la escasez.
“Con el sistema biométrico vamos a tener el perfil de compra de la familia, con esto vamos a proteger a la familia venezolana (…) Es para proteger la canasta básica, que es la que han venido saqueando de los supermercados”, expresó en entrevista ofrecida a Telesur. (El Mundo)
40.000 personas han pasado por el sistema biométrico en el Zulia
En el estado Zulia ya son 15 los supermercados que implementaron el sistema biométrico, a través del cual se identifica a los consumidores y se limita la cantidad de productos que pueden adquirir.
One Soto, coordinador regional de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), asegura que hasta ayer 40 mil personas habían colocado sus huellas para registrarse en el mecanismo.
La instalación de captahuellas en los establecimientos comerciales que expenden productos regulados es un proceso que se lleva a cabo en la entidad desde el mes de julio.
Ayer una inspección en una distribuidora ubicada en la Zona Industrial II de San Francisco, en la que se detectó una “restricción en las ventas” de 13 mil 206 bultos de rubros esenciales.
Detalló que desde que se emprendió la segunda etapa de fiscalizaciones se realizaron 437 procedimientos, en los cuales se multaron 97 comercios y 24 fueron remitidos al Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de acaparamiento y especulación. (El Nacional)
Captahuellas estarían en las puertas de los supermercados
De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Servicios (ANSA), Luis Rodríguez, las captahuellas serían instaladas en la entrada de los establecimientos.
En entrevista para Unión Radio, Rodríguez citó las experiencias obtenidas en la ciudad de Maracaibo donde algunos comercios ya tienen instalado el sistema biométrico.
“El consumidor pasa por la puerta, si decide que va a comprar algunos de estos productos, él automáticamente coloca su huella activando todas las cajas, es decir no es que irá a una caja específica, todas las cajas interconectadas se activan y podrás comprar el producto. Si tu no vas a comprar esos productos de la lista que se están manejando en este momento, simplemente no colocas tu huella”.
No obstante, Rodríguez admitió que aún siguen las dudas con respecto a la interconexión con otros estados y los establecimientos del país.
“Siento que este es un proyecto extremadamente ambicioso y siento que el tiempo que ellos se están dando para montar toda esta conexión es complicado; primero, porque tienes todo esto de los equipos que obviamente tienes que traerlo porque en el país no hay; segundo, cada supermercado tiene sus propios programas y su manera de montar sus bases de datos y tienes que conectar todo eso en una base centralizada (…) lo otro es ¿qué ocurre si alguien se niega a hacerlo? (colocar la huella)”.
Por ello, cree poco probable que el próximo 30 de noviembre este instalada la infraestructura.
Igualmente pidió a la colectividad entender los problemas logísticos que se presentan en las tiendas cuando llegan los productos, pues el flujo de clientes sobrepasa las capacidades de los locales. (El Mundo)
Sicad 2 cerró este miércoles en 49,99 bolívares por dólar
El tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2) cerró este miércoles en 49,99 bolívares por dólar, lo que equivale a un leve aumento de 0,02 céntimos con respecto a los 49,97 que marcó durante la jornada del pasado viernes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
La tasa del Sicad 2 fluctúa de acuerdo con el cruce diario de la oferta y la demanda, en un esquema que permite la transacción libre de divisas, sin topes ni bandas, a través de los bancos y casas de bolsa.
El promedio más alto registrado por el Sicad 2 desde el 24 de marzo, cuando entró en funcionamiento, ha sido de 51,8604 bolívares por dólar, mientras que el más bajo se situó en 49,0158 bolívares por dólar. (El Nacional)
Convocan a 441 empresas adjudicadas en Sicad 1 para verificar divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) convocó a 441 empresas que fueron adjudicadas a través del Sistema Alternativo de Administración de Divisas ( Sicad 1) para que verifiquen el uso que dieron a los dólares liquidados.
En un aviso publicado en la prensa nacional, el organismo señala que 416 empresas adjudicadas en la primera subasta bajo su responsabilidad deben presentarse a chequear el uso de las divisas liquidadas. Otras 25, “correspondientes a otras subastas”, también deben asistir a la sede de Cencoex.
Esta es la primera lista de empresas que fueron adjudicadas por Sicad 1 que son convocadas, del total de 22 subastas que ha realizado Cencoex desde febrero de este año, como había anunciado el presidente de ese organismo Alejandro Fleming.
En esa subasta se adjudicó divisas a 745 compañías en esa ocasión por un monto total de $216,10 millones a una tasa de Bs. 11,70.
A cada empresa le aparece asignada una fecha de presentación que va desde el 15 de septiembre hasta el 11 de noviembre de este año. En paralelo, el Cencoex verifica el uso de divisas de empresas que recibieron liquidaciones a Bs. 6,30 por dólar .
Las empresas deben presentar 13 requisitos:
1- Acta de consignación de documentos
2.- Acta constitutiva de la razón social y sus modificaciones
3.- RIF
4.- Ficha técnica de la mercancía importada
5.- Facturas
6.-Documentos de transporte
7.- Manifiesto de exportación expedido en el país de origen
8.- Cédula y RIF de los representantes legales y accionistas
9.- Documento de nacionalización de la mercancía
10.- Declaración y acta de verificación de mercancías
11.- Otros documentos inherentes a la importación
12.- Libro de compras, ventas e inventario donde se refleje la mercancía objeto de verificación
13.- Facturas de ventas en el mercado nacional de la mercancía vinculada a la importación. (El Mundo)
HSBC calcula tipo de cambio dual a Bs 15 y Bs 60
El banco HSBC descarta que el gobierno realice una unificación cambiaria. Pronostica que antes del cierre del año el sistema de adjudicación de divisas será con un tipo de cambio dual. El primero a través del Centro Nacional de Comercio Exterior a una tasa de 15 bolívares por dólar, y el segundo por el Sicad II a 60 bolívares por dólar
De esta manera, el Sicad I quedaría eliminado y la devaluación que se llevaría a cabo en el Cencoex sería de 138%, mientras que en el Sicad II sería de 20%. También sostiene que la demanda de divisas no satisfecha por el mercado oficial “continuará siendo atendida por el mercado negro”.
El informe de la institución financiera muestra una revisión de sus previsiones y establece que para el cierre de 2014 la inflación llegará a 65% y para 2015 los precios se elevarían 76,8%. “En nuestro escenario base esta estrategia permitiría a Venezuela maniobrar hasta 2015, pero a un costo muy significativo en lo que a inflación se refiere”.
Advierte que las tensiones dentro de la sociedad venezolana no pueden ser descartadas. “La dinámica social puede convertirse en algo impredecible”, y añade que la reacción política “para el rápido deterioro económico ha sido muy lenta”.
Asegura que los funcionarios probablemente diseñen una combinación de medidas que por un lado moderen el recorte de subsidios, incremento de precios para bienes regulados y devaluación y, por el otro lado, fortalezcan los controles. El propósito sería disminuir las distorsiones pero sin eliminarlas completamente por el costo político que representan. “Creemos que aunque el gobierno no lleva a cabo ningún tipo de ajuste, la inacción puede profundizar la crisis económica”. Aseveran que es poco probable que el “entrampamiento político” que tiene el gobierno desaparezca con soluciones “híbridas” como el tipo de cambio dual.
El HSBC indica que no pueden descartar el escenario en el cual el gobierno decida apoyarse aún más en los controles y las políticas socialistas. “En ese caso se debe esperar una expansión del deterioro de las condiciones macroeconómicas”.
Sobre la posible venta de Citgo, el informe señala que los ingresos podrían permitir algo más de recursos que aliviaría las restricciones fiscales, pero sería contraproducente desde el punto de vista de las perspectivas de la industria petrolera venezolana. (El Nacional)
El Sicad 1 ha suministrado 30% de las divisas liquidadas en 2014
El sector importador público y privado cuenta con varios mecanismos para proveerse de divisas a tasa preferencial, como el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y el Sistema Complementario de Divisas ( Sicad 1).
Ambos esquemas, aunados al Sistema Alternativo de Divisas ( Sicad 2), convergerán hasta final de año, según lo expresado recientemente por el vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez. “Siempre dijimos que estos sistemas eran de transición y mientras determinamos cuál será el mecanismo que se aplicará en la política cambiaria”.
El Cencoex mantiene su predominio en la asignación de las divisas en el mercado interno; sin embargo, en los últimos meses ha estado trasladando hacia el Sicad 1 algunos sectores que eran atendidos por el esquema.
De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades cambiarias sobre lo liquidado por ambos mecanismos, 30% de los recursos para la importación fue suministrado por el Sicad 1; es decir, un monto de 4.081,50 millones de dólares entre febrero y agosto, mientras que el 70% restante o la cifra de $9.573 millones fue autorizado por el Cencoex entre enero y julio.
De esta información se desprende que 30% de las divisas liquidadas en las 22 subastas del Sicad 1 en lo que va de año se autorizaron a un tipo de cambio promedio de 10,70 bolívares por dólar, lo que significa un alza de 70% con respecto a la tasa de Bs. 6,30 del Cencoex. A principios del año 2014, 80% de las compras externas se realizaba con la divisa más barata.
El otro esquema
Algunos analistas sostienen que en el Sicad 2 se estaría realizando 10% de las operaciones con divisas, pero aquí se incluyen las transacciones efectuadas por personas naturales. Hasta la fecha, las autoridades no han informado oficialmente de una cifra exacta de negociación diaria en este mercado, por lo que es difícil determinar cuántas empresas han acudido.
Según los datos oficiales, las liquidaciones del Cencoex y el Sicad 1 suman $13.654,50 millones. Cálculos de la firma Ecoanalítica revelan que las operaciones diarias en el Sicad 2 alcanzan un promedio de $44 millones, por lo que desde el 24 de marzo, fecha de su inicio, hasta este momento, podría haber negociado alrededor de $4.600 millones.
El ministro Ramírez informó que del presupuesto de divisas previsto para este año de $42.000 millones, se había utilizado un monto de $21.000 millones durante el primer semestre. En esta cifra estaría involucrada la cancelación de los pagos pendientes ejecutados en el transcurso del año a diversos sectores como las líneas aéreas.
Por áreas
Del balance del Sicad 1 se desprende que los rubros que más han recibido divisas en este esquema son automotor con una liquidación de $ 593,4 millones, seguido de textil con $ 515,4 millones, químico con $ 390,4 millones, maquinaria y equipos agrícolas con $ 373,2 millones y metalmecánico con $ 199,3 millones.
Otras empresas de diversos sectores también han sido convocadas al Sicad 1, entre ellas, compañías de transporte con $188,3 millones, de telecomunicaciones con $172 millones, de alimentación (productos considerados no esenciales) con $126,2 millones, de autopartes con $136,9 millones, así como de salud con $122,6 millones.
Autoridades monetarias y financieras han señalado que tanto el Sicad 1 como el Sicad 2 son esquemas complementarios y alternativos destinados a proveer de divisas a quienes no han podido satisfacer su demanda ante el Cencoex.
Analistas sostienen que a medida que se transfieran rubros de un esquema a otro, que representa un tipo de cambio más elevado, se trata de una devaluación y, por ende, impacta en la estructura de costos de las empresas. Al mismo tiempo, señalan, tendrá un impacto en la inflación debido a que los productos son adquiridos a una tasa más alta.
En las últimas subastas del Sicad 1 se ha observado una disminución de los recursos asignados a través del esquema, especialmente entre los meses de julio y agosto.
Corpovex tramita más
Esta semana el Gobierno estableció a través de decreto que la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) ejecutará de manera directa la importación de siete empresas del Estado (Bariven, Agropatria, La Casa, Abastos Bicentenario, CVG Internacional, Suvinca y Veximca).
Este organismo, que también puede tramitar importaciones de empresas del sector privado, ha ido incrementando los montos de liquidación a través del Sicad 1.
Según la información oficial, Corpovex ha tramitado un monto de $ 1.162,18 millones en este esquema. Inicialmente, por intermedio de esta corporación, se liquidaban unos $10 millones en cada subasta, pero la cifra se ha incrementado a casi $60 millones en las últimas semanas. (El Mundo)
Juramentan a coordinadores estadales de la Sundde: atacarán sistemáticamente el contrabando
Este miércoles fueron juramentados los nuevos coordinadores estadales de la Superintendencia de Precios Justos, quienes reforzarán los mecanismos para dar una batalla eficiente contra la especulación, usura, acaparamiento y boicot a lo largo del país.
El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, indicó que en el acto de juramentación se explicaron aspectos como los criterios contables para establecer precios justos y se definió la nueva metodología de trabajo a aplicar con el equipo.
“Vamos a un ataque sistemático en contra del contrabando que ha venido mermando la tranquilidad de la familia venezolana”, indicó a través de su cuenta por la red social Twitter, @andreseloypsuv.
La instancia tiene como tarea garantizar el cumplimiento de la Ley de Precios Justos, promulgada a inicios de año con el fin de combatir la especulación en el mercado interno venezolano.
La mencionada norma establece ganancias máximas de 30% para garantizar precios justos, de acuerdo con la estructura de costos de producción y no de la especulación.
Actualmente, la Superintendencia de Precios Justos trabaja en la implementación de un sistema biométrico en las redes de mercados públicos y privados, que permitirá garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica a la familia venezolana y eliminar el problema de la escasez. (Noticias 24)
Industria quesera se encuentra en “agonía”, asegura Aniquesos
La industria quesera nacional se encuentra en “agonía” a no poder asumir los constantes aumentos de producción y cancelar la deuda con diversos proveedores, que ponen en peligro el abastecimiento de insumos para los próximos meses, aseguró este jueves Aniquesos.
“Estamos en la etapa de agonía por cuanto no se han definido las políticas públicas necesarias para que el sector se oxigene y vuelva a producir a las escalas de hace diez años”, advirtió Trina Michelangeli, presidenta de la Asociación de Industriales de Quesos (Aniquesos).
La dirigente gremial aseguró, en entrevista a Televen, que la deuda del sector asciende a 30 millones de dólares con algunos proveedores, por lo que se pone en riesgo la adquisición de insumos en los próximos meses.
“Ya estamos en mora para el abastecimiento a diciembre; los proveedores no aceptan despachar hasta que le cancelen lo adeudado”, afirmó.
La dirigente de Aniquesos aseguró que la industria quesera se ha visto obligada a aplicar endeudamientos para mantener la producción, “lo cual ha llevado a estar en esta crisis que tiene”, apuntó.
Michelangeli explicó que en apenas ocho meses, el precio de la leche a puerta de corral –principal insumo del sector- ha subido 150%.
Dijo que la producción lechera local no se está desviando a las queserías, a pesar que los agremiados de Aniquesos consumen el 80% de lo producido en el país.
“No se ha producido leche para desviarla a las queserías (…) La quesería nacional consume el 80% de los que se priduce en el país”, afirmó. (El Mundo)
Industria láctea reitera que enfrenta fallas
La industria láctea pasteurizadora, representada en la Asociación de Procesadores de Leche (Asoprole), ratifica que existen factores que continúan perjudicando la operatividad del sector y que no permiten mantener los procesos productivos en forma sostenida y continua.
Esta situación afecta la colocación de los productos de primera necesidad en el mercado nacional y el abastecimiento de los mismos a toda la población.
Actualmente, en promedio, las empresas se encuentran trabajando en 60% de su capacidad instalada. Entre las causas más significativas de esta situación se encuentra el precio de la leche en todas sus presentaciones.
Asimismo, los retrasos significativos que persisten en el otorgamiento de la permisología y los inventarios de envases, que están bajos y en algunos casos ya se están consumiendo los balances de seguridad. (El Mundo)
Distribuidores de equipos médicos de Venezuela declaran “cierre técnico”
La Asociación Venezolana de Distribuidores Médicos (Avedem) informó hoy que el sector está en “cierre técnico” por la imposibilidad de importar nuevos materiales o reparar los existentes y denunció que el 50 % de los equipos médicos del país están paralizados “por falta de repuestos”.
“Estamos en una especie de lock out o cierre técnico”, dijo a la emisora Unión Radio el presidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos (Avedem), Antonio Orlando, que rechazó las dificultades que impone el gobierno para poder pagar a los proveedores internacionales en el marco del control de cambio .
“Puedo decir que en este momento del 100 % del parque (de equipos médicos) instalado del país, más del 50 % está paralizado por falta de repuestos”, aseguró Orlando, que aclaró que esta es una situación que se presenta en los sectores público y privado por igual.
Entre los equipos dañados se cuentan “máquinas de anestesia, equipo de ventilación mecánica para el paciente que está en terapia intensiva, el tomógrafo, el equipo de resonancia magnética, el acelerador lineal, el equipo de rayos X, el mamógrafo”, dijo.
Explicó que el Gobierno venezolano no ha entregado al sector 350 millones de dólares que es la suma que los distribuidores deben cancelar a los proveedores internacionales pues Venezuela debe importar el 98 % de la maquinaria que se usa en el sistema hospitalario.
“Si por algún milagro hoy nos dieran el acceso para pagar la deuda, porque no es que nos tienen que pagar la deuda, nosotros somos los que debemos, que nos permitan hacer la convertibilidad de los bolívares que tenemos a las monedas para pagarles a nuestros proveedores (…) en 30 a 45 días sería la recuperación”, dijo.
En Venezuela existe un control de cambios que deja en manos del Estado el monopolio de las divisas, que las empresas deben solicitar y comprar al tipo de cambio establecido por el Gobierno.
Desde hace meses el Ejecutivo está atendiendo menos solicitudes que en años precedentes, después de detectar un gigantesco fraude en este tipo de operaciones, lo cual ha dejado a todos los sectores de la economía con problemas de suministros.
Orlando reiteró que para que los proveedores internacionales abran nuevamente la línea de crédito a los compradores venezolanos deben ponerse al día con esta deuda.
Además, reclamó que también existen obstáculos en la entrega, por parte del Gobierno, de los “certificados de no producción nacional” un trámite necesario para solicitar las divisas para importar en el sistema del control de cambios que funciona en el país desde hace más de una década.
Indicó que Avedem ya ha enviado dos informes al Ejecutivo detallando la situación de crisis en el sector, uno que se presentó en mayo en el que se avisó sobre fallas y faltas y otro que se entregó a principios de este mes en el que se alerta de “faltas absolutas”.
Ayer, la Federación Farmacéutica de Venezuela (FFV) pidió al Gobierno que se establezca una “política de emergencia” para el sector por la escasez de medicamentos indispensables en el país que, asegura, se debe a la inadecuada entrega de divisas para su adquisición.
El día 18 pasado, el ministro de Salud, Francisco Armada, admitió que faltan algunos medicamentos y hay problemas en el suministro, que aseguró estarán resueltos en un “cortísimo plazo” tras la aprobación de más divisas para el sector. (El Mundo)
Aumento de tarifa eléctrica será una presión para ahorrar
La reforma del régimen eléctrico para usuarios de alta demanda comprende una presión o sanción para los clientes derrochadores de energía, según el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), Ángel Navas.
“Se trata de una política para evitar que el consumo siga subiendo; por eso, se aplicaría una penalización monetaria”.
Expresó que no es suficiente aumentar las tarifas de aquellos que consumen más, sino que también es preciso incluir a los que están desconectados o no tienen un contrato con Corpoelec.
“La inversión en transmisión y distribución es alta y con lo que pagan los usuarios no es suficiente para cubrir los gastos de importación de equipos y materiales; por eso, el déficit de suministro de energía es tan recurrente”, añadió.
Advirtió que este es uno de los problemas que más aqueja al sector. El costo de operación no es cubierto por el pago de los usuarios y el Gobierno nacional ha implementado un subsidio en los últimos 10 años que ha generado el deterioro del sistema eléctrico, afirmó Navas.
Inversión urgente
Navas especificó que 1,8 millones de usuarios de siete millones registrados tienen averiados o completamente dañados los medidores de energía. En esos casos, se termina promediando el suministro y asignando una tarifa.
“Los usuarios no terminan pagan do el consumo total de la electricidad, porque tienen el medidor dañado o, en otros casos, está obsoleto; no aparece la lectura completa del gasto”.
La falta de mantenimiento es la causa de las fallas, pero a su vez esta es la consecuencia del déficit presupuestario que sufre Corpoelec.
Otro aspecto que Fetraelec destacó es que la tarifa lleva 10 años sin modificarse.
“Así todo el mundo pagara la electricidad, no se cubriría el déficit. Tenemos 10 años con la tarifa congelada y eso es desfavorable”, advirtió.
Colocó al Zulia como un caso en seguimiento por las pérdidas que generan las conexiones ilícitas: unas 330.000 personas no pagan electricidad. Fetraelec estima que 30% de los consumidores no tienen contrato con Corpoelec.
Nuevas opciones
El presidente de la federación aclaró que en la empresa se sigue manejando el sistema de variación de tarifas por región, pese al proceso de unificación que se inició hace 10 años.
Pero con base en los precios por sectores, la federación cree necesario aplicar una tarifa social fija en zonas con mayor capacidad de pago, para que se pueda cubrir parte del costo de las inversiones que se deben hacer en la empresa.
También esperan que esta medida sea consultada con los venezolanos y sea discutida en la Asamblea Nacional (AN) como ente legislador.
“No hemos escuchado un debate sobre el aumento de las tarifas y mucho menos de las medidas que se tomarán para mejorar la operatividad del sector eléctrico, ya que tiene fallas graves”, advirtió.
Recordó que las empresas con mayor costo operativo en todo el mundo son las eléctricas.
“La política de inversión en Venezuela ha sido de expansión, pero no del costo operativo, que es más importante”.
No es cuestión de ganancias
Fetraelec advirtió que el objetivo actual no es generar ganancias con el aumento, sino brindar una distribución eficiente de energía.
“No buscamos ganancias porque somos del sector público, pero sí se espera un servicio de calidad; ese debería ser nuestro norte”, especificó Navas.
También afirmó que el sector eléctrico ha sido el más impactado en todos los aspectos.
Desde que se inició la generación de electricidad en Venezuela (100 años) hasta 2000 había un consumo de 11.000 megavatios al año, mientras que la suma hasta 2014 muestra un consumo de 19.000 megavatios anuales de energía. “Estamos llegando al doble en solo 10 años”.
Actualmente tres millones de viviendas equivalen a 12.000 megavatios, y el Gobierno nacional ha construido 600.000 unidades aproximadamente. Navas cuestionó cuánto será el tiempo necesario para construir el resto de las viviendas.
“La expansión de la población ha sido una de las causas más importantes; en el año 2000 éramos 18 millones de personas, ahora somos más de 30 millones”.
Extrabajadores en déficit
Navas advirtió que hace una semana Fetraelec había solicitado a las autoridades de Corpoelec ajustar el tabulador de los jubilados.
Señaló que los 10.000 extrabajadores del sector no han percibido las mejoras salariales que recientemente fueron otorgadas al personal activo. (El Mundo)
Comisión delegada de la AN aprobó recursos para fortalecer la red pública hospitalaria
En sesión especial realizada este miércoles, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) aprobó 688.896.000 bolívares para fortalecer 237 centros de la red de servicios públicos hospitalarios, reseñó el ente legislativo en su portal web.
Además, se autorizaron cinco créditos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, recursos que serán destinados a fortalecer la infraestructura hospitalaria, deportiva y vial en los estados Aragua, Yaracuy, Falcón y Zulia.
En la reunión, donde se autorizaron 17 créditos adicionales en total, fueron aprobados 166.740.289 bolívares para la construcción de espacios deportivos en los municipios Lagunillas, Colón, Machiques y Cabimas, ubicados en la entidad zuliana
A este crédito se suma la cantidad de 44.875.321 bolívares requeridos para la adquisición de materiales y equipos que serán usados en reparaciones parciales al sistema de servicio eléctrico de esa entidad occidental.
Para el estado Aragua fueron aprobados 85.936.852 bolívares, recursos que permitirán continuar con las reparaciones del Boulevard Pérez Amarza, ubicado en el municipio Girardot.
Igualmente, fue autorizado 1.952.644 bolívares para el estado Falcón con el fin de culminar obras en La Vela de Coro.
Para Yaracuy se aprobaron 98.155.739 bolívares que se emplearán en la rehabilitación del Hospital Plácido Daniel Rodríguez Rivero, de San Felipe; el Tiburcio Garrido, de Chivacoa, y el Hospital Padre Oliveros, de Nirgua.
Recursos para el Gobierno del Distrito Capital
La Comisión Delegada aprobó al Gobierno del Distrito Capital un crédito adicional por la cantidad de 225.526.733 bolívares, para la cancelación oportuna de compromisos derivados del incremento salarial del 30% para jubilados y pensionados adscritos al Gobierno del Distrito Capital.
De igual manera, los legisladores autorizaron un crédito por 26.065.144 bolívares para la cancelación al personal jubilado y pensionado adscrito al Gobierno del Distrito Capital, en cumplimiento del incremento salarial del 10% decretado por el Ejecutivo nacional el pasado mes de enero.
Un total de 150 millones de bolívares fueron aprobados al presupuesto de gasto vigente del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destinados al inicio de las actividades del Servicio Nacional para el Desarme (Senades), que se encarga de planificar, organizar, vigilar y controlar el manejo de las armas recolectadas por la vía de la entrega voluntaria.
Asimismo, fue autorizado un crédito adicional Ministerio para la Comunicación e Información por la cantidad de 400 millones de bolívares para crear un fondo rotatorio destinado a la producción de dramáticos para la televisora social Tves.
Esta Comisión Delegada fue instalada de acuerdo a los artículos 195 y 196 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 53, 54 y 55 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento. (Noticias 24)