Aziza D, de 17 años, es una de las 369.000 personas —la mayoría mujeres y niños, según la ONU—, que viven en los campos de refugiados de los alrededores de Mogadiscio, la capital de Somalia. En junio de 2013, un intérprete que trabajaba en el cuartel general de Amisom —la misión de paz de la Unión Africana en este país— se aproximó a ella y le preguntó si quería ser “amiga” de un soldado ugandés. Le dijo a la niña que el soldado podría conseguir cualquier cosa que ella necesitara si le trataba “como si fuera su marido” y “le hacía sentir cómodo”. Cuando se encontró con el militar y comprendió que debía mantener relaciones sexuales con él, quiso marcharse, pero el traductor no se lo permitió, ignorando sus llantos y sus súplicas. “Cuando me resistí, el militar se enfadó mucho y llamó de nuevo a su intérprete, que me amenazó en somalí”, dijo la joven a la organización humanitaria Human Rights Watch.
Casos como el de Aziza no son excepcionales en Somalia. Tanto Naciones Unidas como diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han documentado altos niveles de violencia sexual contra las mujeres somalíes, especialmente contra las refugiadas. Pero ahora, por primera vez, una organización apunta directamente con el dedo a un organismo y a una práctica concreta: Human Rights Watch acusa a algunos soldados de Amisom, que cuenta con casi 17.000 efectivos desplegados, de abusar de su posición para agredir y explotar sexualmente a mujeres y niñas somalíes. “Algunos soldados de la Unión Africana han hecho mal uso de sus posiciones de poder para explotar a las mujeres y niñas más vulnerables de Somalia”, asegura Liesl Gerntholtz, director de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Somalia tiene muchos problemas de difícil solución, pero los dirigentes de Somalia y la Unión Africana podrían acabar con la explotación y los abusos sexuales presionando a los países que aportan contingentes para que busquen y castiguen a los responsables”.
La organización sostiene que estos hechos ocurren desde que este cuerpo militar entró en el país en 2007 para ayudar a restaurar la paz y reconstruir el país, asolado por las guerras desde la caída del régimen del presidente Siad Barré, en 1991. “La implicación de los soldados de Amisom ha sido pasada por alto desde hace mucho tiempo, también por parte de los altos mandos de la misión y por los países que aportan efectivos”, dice la organización en un contundente informe de 46 páginas publicado este lunes.
Para la elaboración de este documento, titulado El poder que estos hombres tienen sobre nosotras, HRW ha realizado una investigación en Somalia, Uganda y Burundi cuyas conclusiones se han elaborado a partir de 50 entrevistas, 21 de ellas a víctimas de abusos y explotación sexual, pero también a testigos, observadores internacionales, oficiales de países donantes de tropas y personal militar. El informe documenta casos en Mogadiscio, fundamentalmente por parte de las Fuerzas de Defensa de Uganda (UPDF por sus siglas en inglés), en los cuarteles generales de Amisom y en el campo de las fuerzas de defensa nacionales de Burundi (BNDF por sus siglas en inglés). Todos los incidentes documentados ocurrieron en 2013.
La organización admite que no ha conseguido evaluar la prevalencia de los abusos debido a la complejidad de la investigación y a la resistencia de muchas víctimas a hablar de su experiencia. No obstante, asegura que, pese a no poder afirmar que estos actos sean sistemáticos, los resultados plantean serias preocupaciones y sugieren la existencia de un problema mayor del que su informe plantea.
Hasta ahora, varios organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos habían denunciado las violaciones y el abuso sexual de mujeres en Somalia. En 2012 se registraron más de 1.700 y, en los seis primeros meses de 2013, se reportaron otros 800 solo en Mogadiscio, casi siempre de mujeres y niñas desplazadas, según la ONU. “Generalmente, los violadores son hombres armados y uniformados y el 33% de las víctimas son niñas”, explicó en agosto de 2013 la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ginebra, Marixie Mercado.
Unicef, por otra parte, asistió a más de 2.200 víctimas de violencia de género en el sur y centro de Somalia ese año, y también Amnistía Internacional advirtió que la violación y el abuso sexual son una amenaza constante para las desplazadas, aportando delirantes testimonios de mujeres y adolescentes que fueron atacadas.
Human Rights Watch ya advirtió hace solo seis meses de este fenómeno en otro informe titulado Aquí la violación es normal, en el que sugería cinco pasos para frenar este tipo de prácticas.
En esta ocasión, HRW culpa directamente a quienes están allí para proteger a esas mujeres, que se convierten en víctimas de sus supuestos bienhechores. Desde Amisom inicialmente negaron estas acusaciones pero, posteriormente, la organización ha empezado a tomar algunas medidas para abordar este problema. En concreto, el organismo ha desarrollado un borrador con varias directrices para erradicar este problema titulado Política en prevención y respuesta a la explotación sexual y el abuso y ha llevado a cabo iniciativas como talleres de sensibilización y formación sobre cuestiones de género en sus tropas.
Desde la caída del régimen de Siad Barre en 1991, la guerra civil y el colapso generalizado del país han contribuido a hacer de Somalia uno de los lugares del mundo donde menos se respetan los derechos humanos. El conflicto armado ha desencadenado una sucesión interminable de asesinatos, violaciones, tortura y pillaje por parte de todos los bandos del conflicto, algo que ha repercutido, sobre todo, en la población civil. A esta situación se unen las hambrunas que han asolado a los somalíes y que han obligado a millones de personas a desplazarse dentro del país en busca de alimento. La mayoría de ellos han terminado en los campos de refugiados dentro del propio país o en las fronteras con otros territorios, malviviendo en condiciones de extrema precariedad.
La mayoría de violaciones documentadas por HRW tuvieron lugar en las instalaciones del contingente de soldados de Burundi desplegado en Mogadiscio cuando mujeres y niñas acudían para obtener medicinas o ayuda humanitaria. Fue el caso de Qamar R., de 15 años. A finales de 2013 se acercó a esta base; quería medicamentos para su madre enferma. Un traductor le indicó que siguiera a dos soldados que le darían los antibióticos. Llegaron a una zona alejada de las instalaciones, un lugar parecido a un bunker. Allí, uno de los uniformados violó a Qamar mientras el otro vigilaba. “Primero me quito la ropa, luego me atacó”, describió a HRW. “Cuando acabaron, me dieron 10 dólares”.
Pagar a las mujeres después de haber mantenido relaciones sexuales con ellas, aunque no fueran consentidas, es una práctica que ha encontrado HRW en la mayoría de experiencias que contaron las entrevistadas. Los soldados dan a las mujeres dinero o comida en un “intento de disfrazar una violación como un intercambio consentido de productos de primera necesidad a cambio de sexo”, dice el informe. Esto también le ocurrió a Ayanna S, que fue violada con otras tres mujeres por seis hombres uniformados el el interior del recinto burundí. “Nos dieron gachas, galletas y cinco dólares a cada una”.
Explotación sexual
HRW ha documentado también casos que sugieren un sistema relativamente organizado de explotación sexual en los campamentos base de Amisom y en la base burundí de Mogadiscio. Varias mujeres y niñas reconocieron a HRW que mantuvieron relaciones sexuales consentidas con soldados como último recurso pues, en muchos casos, ellas eran el único sustento de sus familias. Los soldados de Amisom disponen de ingresos infinitamente mayores que los refugiados (unos 1.000 dólares al mes), por lo que se hallan en una situación de completa superioridad ante estas mujeres, denuncia el informe.
Las pruebas recabadas sugieren que la explotación sexual no es un secreto en las bases de Amisom, ya que las mujeres entran en ellas a través de puertas custodiadas por oficiales pese a tener prohibido el acceso. En la mayoría de los casos de explotación sexual, y al igual que en los de violaciones, estuvo involucrado un intermediario de origen somalí, generalmente traductores que trabajan en las bases y que se encargan de reclutar mujeres y niñas de los campos de refugiados o entre las que van a las bases en busca de medicinas. Entran cubiertas con burkas para no ser identificadas y reciben insignias de Amisom para hacerse pasar por personal autorizado. “Hay mucha corrupción y por eso las mujeres pueden conseguir estas insignias; todo el mundo sabe que la explotación sexula existe aquí pero nadie quiere denunciarlo, se ve como una de las formas de ocio de los soldados”, admitió un oficial somalí a HRW.
También es habitual engatusar a las mujeres que regentan puestos de alimentos u otros productos en el interior de las bases, las únicas que sí están autorizadas a entrar. “Los soldados van a las tiendas con la excusa de comprar una tarjeta SIM para el teléfono, todo el mundo lo sabe”, contó una fuente diplomática a HRW. “En agosto de 2012, un traductor somalí me presento a un soldado burundí, y él me ayudó a montar mi negocio de venta de móviles dentro de la base militar. Yo sabía lo que estaba aceptando, el soldado es un hombre poderoso y mi tienda se ha convertido en un negocio próspero. Yo le visito de vez en cuando, y consiento sus peticiones”, reconoció Ifrah D. a la organización.
En otras ocasiones, las víctimas describen amenazas y palizas, como la que le dió un militar a Kassa D. el día que no quiso hacerle una felación porque le dolía un diente. “Traté de explicarle lo que me pasaba con gestos, pero se puso furioso y me forzó; pensé que me iba a disparar”. Además, todas las mujeres entrevistadas por HRW aseguran que los soldados se niegan a utilizar preservativo, con el consiguiente riesgo para ellas de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Algunas habían sufrido gonorrea, y otras ignoraban su estado de salud porque no se habían hecho ninguna revisión en mucho tiempo. “No quiero saber si tengo sida, me volvería loca”, reconoció Idil D. a la organización.
Las mujeres que han sido violadas no denuncian por muchas razones: temen el estigma social, las represalias por parte de la familia, la policía e incluso del grupo islamista insurgente Al Shabab. Idil, a quien el soldado con quien se acostaba le había prometido llevarla a Uganda con él, confió su secreto a una amiga, pero se acabó enterando todo su barrio. “Empecé a recibir llamadas amenazantes en mi teléfono de gente que decía tener relación con Al Shabab, y me amenazaron. Mi padre me echó de casa, me sentí traicionada y deprimida. Hice todo esto por mi futuro pero ahora estoy arruinada y nada volverá a ser lo mismo. No puedo casarme, todo el mundo sabe lo que hice. Mi reputación está arruinada para siempre”.
Otras tienen miedo de que, a través de una denuncia, su caso llegue a oídos de la familia. “Si mis padres y mi hermano se enteran de lo que me ocurrió, podrían matarme; los somalíes creen que si una chica vende su cuerpo, daña la dignidad de toda la familia”, cuenta Mariam K., de 26 años. Algunas mujeres temen incluso ser criminalizadas, ya que el Código Penal somalí, de 1962, castiga la prostitución con entre dos meses y dos años de prisión.
Uno de los principales problemas es que la policía somalí no tiene jurisdicción sobre los soldados de Amisom; ellos solo pueden ser juzgados por los países de los que provienen. Por eso, entre sus recomendaciones, HRW pide a los países donantes de soldados que establezcan tribunales en Somalia para juzgar este tipo de delitos y que excluyan de la misión de paz a cualquier sospechoso de haber cometido abusos o explotación sexual. A la Unión Africana, la organización solicita que revise y publique el borrador sobre políticas de prevención de estas prácticas y que se asegure de que este es aplicado correctamente. También recomienda la creación de un cuerpo de profesionales independientes que se encargue de investigar los posibles casos de violaciones y explotación. Igualmente, recomienda la instauración de una unidad disciplinaria que formule políticas de prevención y lleve a cabo entrenamientos adecuados sobre cuestiones de género a los soldados de Amisom.
Por último, la organización hace un llamamiento a la comunidad internacional, en concreto a la Unión Europea, la ONU, Reino Unido y Estados Unidos. Pide que, si existen pruebas suficientes para creer que el personal de las operaciones de mantenimiento de paz están cometiendo violaciones de derechos humanos, lo denuncie en público y urja a la Unión Africana y a los países donantes a llevar a cabo investigaciones inmediatas. De no ser suficiente, pide que se considere la posibilidad de poner fin a la asistencia militar que prestan a las operaciones de Amisom en Somalia. “No debería facilitarse ningún apoyo a cualquier unidad implicada en abusos”, insiste el informe.
El País
