Vamos a pagar la deuda que se vence en las próximas semanas, tenemos la fortaleza y la capacidad para seguir cumpliendo plenamente con nuestros compromisos internacionales este año”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una reunión con su equipo económico la semana pasada en Caracas. Sin embargo, aunque el anuncio arrancó aplausos, hay dudas razonables acerca de si Venezuela tiene recursos para pagar.
El próximo octubre vencen bonos de la deuda de la República y de la petrolera estatal Pdvsa por casi 6.000 millones de dólares. Desde que asumió el poder, en febrero de 1999, la Revolución Bolivariana ha desembolsado con puntualidad los pagos de deuda soberana. Sin embargo, en la coyuntura actual en la que las cuentas del Estado no cuadran, por primera vez hay dudas razonables acerca de si Venezuela —el país con las mayores reservas de crudo del planeta, con exportaciones petroleras por 100.000 millones de dólares en promedio anual— dispone de los recursos para pagar.
“Yo creo que ahora no los tiene, pero también creo que sí va a pagar. Por eso es el apuro por vender Citgo”, afirma José Guerra, un reconocido economista que fue Jefe de Investigaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) durante muchos años. Guerra hace referencia a la filial en Estados Unidos de Pdvsa, Citgo, un gigante con tres refinerías y 6.000 gasolineras que, según confirman agencias internacionales de noticias, ha sido puesta en el mercado en busca de un mejor postor. “Están dispuestos a cualquier sacrificio para cumplir”.
El anuncio presidencial de siete días atrás no disipó las dudas. De hecho, los mercados financieros castigaron desde entonces los bonos venezolanos, que en el parqué de Nueva York experimentaron la mayor caída en un año, con una ligera recuperación el martes. Los inversionistas no están seguros de que Venezuela vaya a pagar. Los 16 meses de Gobierno de Maduro han representado una pérdida de 10% para los tenedores de papeles venezolanos.
Casi al mismo tiempo, dos economistas venezolanos de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann —que fue ministro durante el Gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, entre 1989 y 1992— y Miguel Ángel Santos, se atrevieron a mencionar lo innombrable. En una columna distribuida el viernes pasado por un servicio sindicado de opinión, bajo el título de ¿Debería Venezuela dejar de pagar?, los dos expertos no sólo dieron sustento a las sospechas sobre la capacidad de pago del país, sino que, además, imprimeron un cariz ético al dilema que enfrenta el régimen chavista. “El hecho de que esta Administración haya escogido fallarle a 30 millones de venezolanos, en vez de a Wall Street, no es una señal de su rectitud moral, sino de su bancarrota moral”, escribieron.
En efecto, Venezuela vive una aguda situación de escasez de bienes de consumo. El Gobierno mantiene una deuda de 4.000 millones de dólares con las aerolíneas internacionales, un diferendo que amenaza con dejar aislado por vía aérea al país. Desembolsos incumplidos de divisas por 150 millones de dólares impiden la importación de papel prensa y obligan a los periódicos a cerrar o reducir sus ediciones. Pendientes milmillonarios con las industrias de los medicamentos, de autopartes y de alimentos, entre muchas otras, provocaron la desaparición de los productos en los mercados nacionales. Ante este default selectivo en el comercio exterior, que afecta al venezolano de a pie, se preguntan Hausmann y Santos: “¿Por qué priorizar los pagos de papeles?”
La reacción de los sectores financieros no se hizo esperar. Un analista del Bank of America, el venezolano Francisco Rodríguez, se apresuró en aclarar que “Venezuela tiene ingresos foráneos para asegurar un adecuado suministro de importaciones y para cumplir con sus obligaciones extranjeras”.
“Hablar de default financiero ya representa palabras mayores”, dice José Guerra, por su parte. “Si Venezuela incurre en impagos la situación sería peor que la argentina, porque Argentina tiene capacidad para abastecerse de alimentos, pero Venezuela no”. Lo razonable sería negociar una reestructuración de la deuda, una opción a la que el Gobierno de Maduro se niega, para evitar tratos con los demonizados organismos multilaterales y protegerse de los altos intereses que los mercados impondrían a la nueva deuda.
La inflación más alta del mundo
Las tribulaciones económicas siguieron el martes cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cifras oficiales de inflación. Aunque las estadísticas fueron cuestionadas por diversos economistas en las redes sociales, el organismo anunció que de agosto de 2013 a agosto de 2014 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 63,4%, lo que la convierte en la mayor tasa del mundo, ya cercana a cotas de hiperinflación. Durante los 12 meses anteriores, esa cifra fue de 45,4%. La inflación acumulada en 2014 alcanzó un 39%. Aunque el BCV señaló que el incremento en agosto, que se situó en un 3,9%, muestra una tendencia a la baja por tercer mes consecutivo —el alza en los meses de junio y julio fue de 4,4% y 4,1%, respectivamente—, la tasa ha subido en los últimos seis años.
Los expertos han pronosticado para fines de año una tasa cercana al 70% y están convencidos de que de no haberse cambiado la metodología para realizar el IPC, los precios hubieran superado el 75%.
De acuerdo con el boletín oficial del BCV, controlado por el Gobierno, las turbulencias inflacionarias se deben a “la conflictividad política inducida por la guerra económica que obstaculizó el normal desempeño de las actividades productivas y la distribución de los bienes esenciales que demanda la población venezolana”.
Maduro ha responsabilizado a las protestas de comienzos de año del aumento de la inflación. Según el presidente, las barricadas levantadas por los manifestantes en las carreteras afectaron al comercio, y los choques violentos entre la policía y los opositores obligaron a que las tiendas cerraran más temprano.
Sin embargo, los expertos coinciden en que el gasto público excesivo y el control de precios y de las tasas de cambio por el Gobierno son los verdaderos factores responsables del incremento del IPC.
El Ejecutivo ha aplicado medidas para intentar frenar, sin éxito, la inflación, como el cierre de la frontera con Colombia por las noches para combatir el contrabando de bienes de consumo venezolanos como combustible y alimentos.
La cifra más alarmante que muestra el BCV es el alza en los precios de los alimentos que para el cierre de agosto llegó al 91%, una tasa solo vista durante la crisis del sistema financiero en los años 1994 y 1996.
Ewald Scharfenberg
