El día que el gobierno clausuró RCVT decidió irse a Estados Unidos. Para ella y su esposo fue una señal definitiva de que la restricción de libertades en Venezuela iría de mal en peor.
“Los dos trabajábamos en Movilnet y sufrimos las consecuencias de la estatización de la empresa. Nos molestaban por participar en marchas opositoras, pretendían que nos inscribiéramos en el PSUV, mi esposo tuvo que renunciar… Pero, por sobre todas las cosas, nos motivó la profundización de la inseguridad ciudadana. No queríamos que nuestra hija de dos años creciera en un país donde matan a la gente por cualquier cosa”, afirma esta publicista de 37 años, radicada en Miami.
Primero solicitó una visa de estudiante y se la negaron. Le recomendaron a una abogada para tramitar una visa L-1, la que se otorga a pequeños inversionistas que tienen una empresa en un país extranjero y abren una sucursal en Estados Unidos. La visa L-1, también conocida como ejecutivo transferido, es uno de los mecanismos más empleados por los venezolanos que quieren quedarse en Estados Unidos.
“Esta señora me dijo que Dios la había puesto en mi camino y que todo iba a salir bien. Estaba en Texas y me comunicaba con ella por teléfono y correo electrónico. Pasaron algunos meses y nos hizo llegar comunicaciones del Servicio de Inmigración, selladas y firmadas, donde constaba que nos habían aprobado la visa L-1. Para ese momento ya le habíamos pagado aproximadamente 8.000 dólares, pero la autorización para la operación de la sucursal estaba limitada a Miami, de modo que si queríamos una extensión para operar en Texas teníamos que pagarle 6.000 dólares más”, continuó la inmigrante.
Patricia Andrade, coordinadora de la Fundación Venezuela Awereness, una ONG dedicada a ayudar a los venezolanos que emigran a Estados Unidos, conoce decenas de historias de este tipo que terminan en fraude: “Por lo general, los venezolanos salen del país a la carrera, literalmente huyendo, y por una mezcla de desesperación y desconocimiento de las reglas de inmigración pueden caer en manos inescrupulosas. Además de abogados irresponsables, proliferan los llamados paralegales, que no son más que gestores sin suficiente preparación. Salen a la caza de los venezolanos, con la convicción de que es un nicho de mercado cada vez más lucrativo, porque están dispuestos a hacer y a pagar lo que sea para regularizar su situación en Estados Unidos”.
Mala praxis asegurada. Pero a la publicista que llegó a Texas se le habían acabado los ahorros y no podía pagar más para establecerse allí como pequeña empresaria, por lo cual se traslado a Miami. Cuando llegó a Florida, se le desapareció la abogada que supuestamente les había conseguido la visa.
“Después de mucho esperar, fuimos a Inmigración y supimos toda la verdad: esta abogada nunca tramitó nuestra visa y los documentos que nos envió eran falsos. La seguimos rastreando y le enviábamos mensajes como si no supiéramos nada del fraude. Mi esposo logró que la recibiera en su oficina y allí la confrontó. Le dijo que la denunciaría y la demandaría. La abogada se puso muy nerviosa y accedió a devolvernos un poco menos de la mitad del dinero”, recuerda la víctima.
En definitiva, la pareja obtuvo un asilo por el cual solo pagó 600 dólares:. “Una paralegal nos prestó asistencia efectiva, pero la mayoría de los trámites son gratuitos”.
El abogado venezolano Ignacio Álvarez, experto en inmigración, agrega un detalle adicional sobre el modus operandi: “Algunos bufetes contratan un seguro de mala praxis para blindarse frente a eventuales demandas, y el costo de ese seguro se lo cargan a sus honorarios profesionales”.
Una demanda por fraude implica mayores gastos por concepto de asistencia jurídica, de manera que la posibilidad de resarcimiento de daños suele quedar reducida a acuerdos extrajudiciales que no constituyen una reparación satisfactoria. Por ejemplo, María Alejandra Logombardi, una odontóloga venezolana que huyó del país por considerar que el proceso penal que se emprendió en su contra estaba interferido por grupos de poder, también fue estafada. “Para que devolvieran 4.100 dólares de los 8.200 que me cobró un abogado, me hizo firmar una carta mediante la cual lo eximía de cualquier responsabilidad”.
Este abogado le garantizó a Logombardi que obtendría asilo político a cambio de 15.000 dólares. Ella presume mala fe porque el abogado debía saber que la doble nacionalidad (la odontóloga es venezolana e italiana) constituye un obstáculo para la concesión de asilo.
Riesgo de deportación. El costo del descuido de detalles en materia de inmigración puede incluir un proceso de deportación, como le ocurrió a María Cristina Borregales y su esposo. Ella había obtenido una visa de trabajo y estaba optando a otra por sus habilidades extraordinarias, ya que en Venezuela había descollado como deportista ecuestre. El abogado que los atendió le cobró 15.000 dólares por el primer documento, el cual fue fallido porque se equivocó en el cálculo de los lapsos correspondientes.
Adicionalmente, les pidió 5.000 dólares para apelar y 15.000 más “para unos contactos que él tenía en Washington”. El mal asesor actuó como un delincuente y no apeló. La consecuencia: Borregales recibió una orden de deportación.
“Fueron dos años de angustia. Mi hija no podía salir de Estados Unidos y no pudo acompañar a su hermana en su convalecencia y muerte”, lamenta el padre, Germán Borregales.
Ignacio Alvarez, como nuevo abogado de la deportista, ofreció una salida que pudiera ser útil a todos los venezolanos que tienen que afrontar un fraude en el esfuerzo de legalizar su permanencia en Estados Unidos: hay jurisprudencia en varios estados que indican que la confesión de una mala praxis jurídica puede revertir un proceso de deportación y, a la postre, facilitar la residencia permanente.
Las protestas como alegato
Patricia Andrade, de la Fundación Venezuela Awareness, asegura que han aumentado las solicitudes de asilo luego de las protestas que comenzaron en febrero.
En su labor de ayudar a los venezolanos que emigran a Estados Unidos, considera imprescindible advertirles que las reglas de inmigración siguen siendo igual de estrictas, y que la conflictividad no es un alegato suficiente. Ello a propósito de ofertas engañosas que motivaron una aclaratoria en ese sentido por parte de Asociación Americana de Abogados de Inmigración del Sur de la Florida.
La Piedrita en el expediente
El abogado Ignacio Álvarez afirma que en Estados Unidos, y sobre todo en Miami, las autoridades migratorias están familiarizadas con las razones que motivan la emigración venezolana. Pero no tanto, advierte el experto, como para saber qué es La Piedrita o Tupamaros y poder alegar que actúan como agentes estatales o, al menos, con anuencia del Estado.
“Los estadounidenses no entienden porque una mujer venezolana le coloca sus dos apellidos a un hijo. Y por detalles como ese se puede frustrar una gestión”, indica el experto en inmigración.
El Nacional
