La inflación deja a venezolanos con los bolsillos limpios
Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República el sueldo mínimo ha sido aumentado 5 veces. En mayo de 2013 autorizó el primer incremento de 20% y el salario quedó en 2.457 bolívares, el último fue en mayo pasado y el sueldo básico se situó en 4.251,4 bolívares. Aumentos van y vienen, pero a pesar de que los venezolanos reciben más ingresos, el dinero cada vez alcanza para comprar menos.
La inflación es el principal enemigo del salario y el indicador que mejor refleja su deterioro, afirman especialistas. “Si bien el aumento del salario mínimo se ha dado dos veces por año desde 2009 –con excepción de 2013– los ajustes salariales suelen ser anuales, mientras que la subida de precios se da mes a mes. Es decir, la capacidad de compra de todos cae mensualmente”, expresa la economista Anabella Abadi, del Grupo ODH Consultores.
Solamente en el rubro alimentos los venezolanos han perdido más de 10% de su poder de compra con relación a 2013. Para el mes de agosto se requerían 3,2 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar que llegó a 13.482,56 bolívares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
En ese período la canasta básica familiar, que incluye servicios, costó 24.541,63 bolívares. Para cubrirla se necesitaban 5,8 salarios mínimos, casi 3 sueldos más que lo que debía pagarse en agosto de 2013.
En términos reales, comparando los ingresos del índice de remuneración del Banco Central de Venezuela con la inflación, los asalariados del país están ganando 17,5% menos desde 1998 al cierre de 2013, indica Henkel García, director de Econométrica.
Sostiene que en el caso de los profesionales el deterioro del sueldo es más notorio y hay una tendencia a igualarlos hacia abajo: “Cuando el gobierno de manera forzada sube el salario mínimo las empresas se ven obligadas a elevar el de los profesionales, pero para poder mantener estabilidad en la nómina se aumenta en menor proporción del alza del salario mínimo. Por eso se va igualando hacia abajo”.
A pesar de que no existen estadísticas públicas del aumento del salario a los profesionales, el economista Maxim Ross considera que en lo que va de año los sueldos superiores al mínimo han repuntado alrededor de 30% por debajo de la inflación acumulada en 2014, que alcanzó en agosto 39%.
En perspectiva. Cifras del Instituto Nacional de Estadística, disponibles hasta julio, reflejan que los ocupados en el sector formal suman 7,8 millones de personas y se calcula que 60% de los asalariados gana sueldo mínimo.
Si se comparará el menor ingreso permitido con el de otros en la región, Venezuela tiene 2 realidades. Con el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar el país tiene el salario más alto: 675 dólares mensuales, pero al tipo de cambio oficial del Sicad II el sueldo cae y se convierte en el segundo salario mínimo más bajo con 85 dólares mensuales, solo supera a Cuba, cuyos trabajadores cobran 10 dólares al mes. Eso sin dividir entre el tipo de cambio paralelo.
La remuneración de los trabajadores venezolanos se distancia incluso de países vecinos como Colombia, donde el salario mínimo es de 305,18 dólares mensuales y tienen una proyección de inflación de 3,3% al cierre de este año, según el Fondo Monetario Internacional.
La devaluación de la moneda es otro de los factores que más ha deteriorado el salario porque ha propiciado la caída del poder adquisitivo externo, añade Maxim Ross.
“Un trabajador excepcional que antes cobraba 30.000 bolívares, ahora con un tipo de cambio promedio de 35%, cuando quiere comprar algo afuera ve cómo ha perdido su capacidad de compra hasta 10 veces”, agrega.
Cambio de patrones
La disminución del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos ha llevado a que en los últimos años se modifiquen los patrones de consumo y se eliminen actividades menos prioritarias.
Datos de Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, muestran que debido a los altos precios de los alimentos, las familias venezolanas han tenido que destinar 58% de sus ingresos solo para comprar comida.
La clase media es la más afectada porque a pesar de los planes de crecimiento profesional no han logrado alcanzar el nivel de vida para el que se prepararon, dice Henkel García, director de Econométrica. “Hay una sensación de frustración porque los profesionales, a pesar de haber hecho un esfuerzo académico, ven como sus ingresos no se corresponden con su preparación y desempeño. No pueden tener un nivel de vida parecido al que tenían con sus papás”.
Agrega que además de la dificultad para adquirir propiedades –viviendas y vehículos, por ejemplo–, invertir en cosas más habituales como la recreación ha sido desplazado. Por la caída del poder de compra, el uso de las tarjetas de crédito también se ha disparado, aunque no todos los trabajadores tienen acceso a las líneas crediticias.
La Cifra
5,9% fue la caída del poder de compra del salario mínimo en septiembre con relación a igual mes de 2013, según números del director de Econométrica, Henkel García. El año pasado para esa época hubo un aumento de salario, este año no. (El Nacional)
Cencoex sanciona a otras 24 empresas por no asistir a verificación de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) sancionó en la última semana del operativo de verificación de divisas a otras 24 empresas que fueron convocadas a finales de julio de este año.
En total se suman, hasta la fecha, 203 empresas que no atendieron el llamado de Cencoex.
Las sanciones impuestas son básicamente dos: revocación de su inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), impedirles la participación en las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas ( Sicad 1).
A estas 203 empresas se les abrió un procedimiento administrativo en Cencoex cuyo expediente es remitido al Ministerio Público “ante la presunción de la comisión de algún ilícito cambiario” y se evaluará si serán objeto de multas, reintegros u otras sanciones monetarias.
El Cencoex inició a finales de julio un operativo especial de verificación de uso correcto de divisas a empresas a las que la extinta Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ) liquidó divisas hasta el año 2013. Cada semana deben asistir unas 75 empresas, hasta completar el total de 1.059 llamadas a revisión.
Cada uno de los convocados tiene una fecha de asistencia y requisitos que entregar, entre ellos facturas y libros que justifiquen la mercancía importada con dólares preferenciales.
Entre el año 2003 y 2013, Cadivi liquidó más de $300.000 millones a más de 10.000 empresas. El exministro de Planificación, Jorge Giordani, denunció el año pasado que de ese monto más de $20.000 millones se había asignado a empresas de maletín. (El Mundo)
Importadores de calzado solicitan subasta del Sicad
La Asociación de Importadores de Calzados y Accesorios (Asoimca) solicitó al Ejecutivo nacional su incorporación a una subasta de divisas de emergencia, “a fin de satisfacer la demanda nacional del sector en las próximas fistas navideñas”.
El gremio, a través de un comunicado público, señaló que cuenta con inventarios muy bajos, lo que compromete la oferta de calzados terminados de vestir para damas y caballeros, así como para niños y de tipo deportivo, de cara a la época decembrina.
Las empresas del área no han sido llamadas a participar en las subastas para la adquisición de divisas del Sicad I desde julio pasado. Entonces, añade el comunicado, la adjudicación fue solamente para “un pequeño grupo de empresas”.
En el primer trimestre de este año las empresas recibieron divisas, “importaron y vendieron sus productos a precios justos”.
Esto quedó en evidencia con las grandes colas que se hicieron frente a sus puertas por parte de los consumidores, pero en el próximo mes de diciembre “nada tendrán que ofrecer”, alertó Asoimca.
Es por ello que llaman a tomar medidas por parte de los organismos públicos, y a la brevedad posible, “ya que disponemos de muy poco tiempo para que la mercancía esté disponible en los anaqueles para la temporada navideña”. (El Universal)
Industrias plásticas piden agilizar entrega de divisas
El presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Hugo Dell Oglio, consideró necesario apurar la tramitación de los dólares ya adjudicados para paliar la escasez de resinas plásticas de cara a la temporada decembrina.
Dell Oglio expresó preocupación ante la cercanía de la temporada navideña ante la escasez de resinas plásticas.
No obstante, Dell Oglio explicó que han conversado con el Centro Nacional de Comercio Exterior –Cencoex- para tratar de agilizar la llegada de los insumos. “Para la tramitación de las divisas que ya fueron adjudicadas con la intención que nuestra resina esté en el país a más tardar en la primera quincena de noviembre”.
Detalló que la capacidad instalada en el país es muy alta con un consumo superior a un millón de toneladas y “las ventas durante el año, por parte de empresas del Estado, están alrededor de las 600 mil toneladas”.
El directivo de Avipla, hizo un llamado al Cencoex para que agilice la entrega de divisas ya adjudicadas. (La Patilla)
Precios justos se debaten con el sector privado
Andrés Eloy Méndez, superintendente nacional de Precios Justos, dijo a Emen que han venido sosteniendo reuniones con empresarios, dueños de supermercados, cámaras de farmacias y medicamentos, en aras de mantener los canales de comunicación y acercamiento para resolver el tema del abastecimiento, y para mantener los precios justos, de manera que “tengamos una economía sana”.
El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) destacó: “no queremos quebrar a nadie, a ningún empresario, respetamos el margen de ganancia estipulado no excesivo, pero también nuestro deber es proteger el salario del pueblo”.
“Nos hemos reunido con productores de pañales, con las cámaras de medicamentos para ir reponiendo el ciclo logístico de producción de los diversos rubros, liquidando dólares para que ellos importen los insumos y puedan colocar su producción”.
Resaltó que son ciclos que se van resolviendo por etapas, pues hay factores que juegan en contra como el contrabando hacia Colombia y las islas del Caribe, el bachaqueo interno que desvía los productos hacia el comercio informal y por “la perforación que hubo en Cadivi , que trastocó de manera delictual, de manera mafiosa nuestra economía, nuestro ciclo natural de la economía… estamos trabajando para reponer estos rubros y terminar de regular su aparición en el mercado al precio justo”.
Méndez explicó que aunque persisten las fallas en las medicinas, “el sector medicamentos ha venido mejorando mucho los despachos, han recibido $2,5 millardos para importar medicamentos y se están fortaleciendo los inventarios”, precisó.
-¿Todavía hay farmacias donde no se consigue el acetaminofén, a pesar de la importación que se anuncio de esta medicina?
Sí, es un problema porque hay compras ansiosas, por los virus, y la gente lleva más de una caja o un frasco y es comprensible. Pero hemos detectado un problema mayor, que es el desvío de medicinas a la economía informal, algo muy grave porque los buhoneros no pueden vender medicina, eso es ilegal y muy delicado, porque el acetaminofén debe mantenerse a una temperatura menor a los 30 grados para no alterar su principio activo, y los buhoneros lo tienen en la calle bajo el sol. Además muchas veces venden las medicinas vencidas sin ningún escrúpulo. Por eso en los próximos días vamos a iniciar una inspección en toda la economía informal y les vamos a decomisar las medicinas que estén vendiendo.
-¿Cómo ha avanzado la instalación de captahuellas en diversos establecimientos comerciales?
En la zona fronteriza de Zulia y Táchira es donde se nos ha presentado el mayor problema con el contrabando externo de comida, ha avanzado muy bien. En el estado Zulia toda la red pública de distribución de alimentos lo tienen y muchos establecimientos privados tienen el sistema biométrico, porque se han dado cuenta que los beneficia, ven que no se le vacían los anaqueles porque pocas personas se llevaban los productos.
-¿Ha disminuido la escasez con las captahuellas?
Sobre todo en Zulia y Táchira ya se ven los resultados positivos. Antes los inventarios no duraban ni un día y ahora duran entre cinco y seis días. Es evidente la disminución del bachaqueo en estas zonas después de que se colocaron las captahuellas.
El titular de la Sundde explicó que muchos empresarios han manifestado su deseo de colocar el sistema biométrico. Añadió que en los próximos meses este sistema ya irá avanzando a toda la red pública y privada del país.
Comentó que luego de superar la polémica inicial de una posible resistencia de usuarios y comerciantes, ya en la práctica se está comprobando que es “muy positivo”. Méndez elogió a cadenas como Makro y Farmatodo que ya se están preparando para instalar las captahuellas en todas sus tiendas. “Farmatodo empezó pidiendo la cédula, como forma de control, los felicitamos por esta iniciativa. Makro ya está haciendo su censo, también saludamos esa iniciativa”. Sin embargo, dijo que pedir la partida de nacimiento para compra de pañales es ilegal y la Sundde ha actuado en esos casos.
El superintendente comentó que una condición de los empresarios, es que se les exonere parte del costo de las máquinas captahuellas del impuesto de la Ley de Ciencia y Tecnología (Locti). “Hicieron una propuesta, se le entregó al presidente Maduro, y se está revisando”.
-¿El año pasado por esta fecha se hicieron operativos para bajar los precios de electrodomésticos. Se hará algo similar este año?
Este año triplicaremos la capacidad de inspección en la venta de electrodomésticos, juguetes, textiles y calzado, la ropa para los estrenos de diciembre. Empezaremos el 1° de noviembre con este gran operativo donde participarán más de 700 fiscales. (El Mundo)
Fruticultores demandan un ajuste de precios
La distorsión en los precios y las importaciones de concentrado de cítricos, así como de pulpa de frutas exóticas, son factores a corregir en pro de la citricultura nacional, según determinaron representantes del sector en la Asamblea Extraordinaria de Citricultores celebrada la semana pasada en Yaracuy.
La Federación Nacional de Fruticultores explica, en un comunicado, que la mayoría de las fincas de naranja del país arrojaron pérdidas en las últimas tres zafras (2011-2012-2013), debido al congelamiento de los precios de los jugos pasteurizados en 2011.
Esto hizo que la industrial nacional decidiera unilateralmente no aumentar el precio de la naranja. “Muchas industrias dejaron de comprar frutas para no vender a pérdida los jugos pasteurizados. En consecuencia, en la zafra 2013-2014 se perdió 10% de la cosecha, alrededor de 60 mil toneladas”.
Este cuadro tuvo una ligera mejora a finales del segundo trimestre de 2014 “al relajarse los controles y la industria decidió aumentar en un 50% el precio de la naranja, por primera vez en tres años”.
Afirman que “los productores estamos dispuestos a venderle toda la naranja que requieran (las industrias) desde hoy mismo, siempre y cuando los precios se ajustan a nuestra realidad económica, que apunta a un precio que oscila entre los 7 a 9 Bs/Kg”.
No obstante, admiten que enfrentan dificultades para producir. “Los insumos no se consiguen. La urea, el fertilizante más importante del sector, no se ve desde hace años”, dice la nota donde indican que el deterioro de la vialidad también afecta a las granjas. (El Universal)
Gobierno prepara acciones para mejorar distribución de lubricantes
El vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, señaló que se tomarán acciones para garantizar la presencia de lubricantes para vehículos, principalmente en las 1.600 estaciones de servicio que existen en el país.
“Para el presidente Nicolás Maduro debemos mostrar una propuesta clara que no demore en mostrar soluciones en más de 15 días”, aseveró en la primera reunión de la Junta Interventora de la Dirección de Mercado Nacional de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), efectuada este viernes en Caracas con representantes de las 89 distribuidoras de lubricantes que existen en Venezuela, refirió una nota de prensa del Ministerio de Petróleo y Minería.
La Dirección de Mercado Nacional es la encargada de la distribución de combustibles, lubricantes y asfaltos, entre otros derivados del crudo, y su intervención fue ordenada el 11 de septiembre por el jefe de Estado ante una propuesta de la Comisión contra el Contrabando, que encabeza Arreaza.
En el encuentro se abordó la situación de manufactura y distribución de estos aditivos y un plan de acciones para mejorarlas.
Arreaza indicó que una vez garantizada la presencia de los lubricantes en las estaciones de servicio, podrían sumar luego las cadenas públicas y privadas de distribución, incluidos los puntos de venta de las estatales Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y abastos Bicentenario. “Pero primero debemos garantizar los centros estratégicos”, acotó.
Por su parte, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, señaló que desde marzo se desarrolla un plan para incrementar la producción de lubricantes. “Hoy podemos decir que hemos alcanzado una producción por encima de la demanda; sin embargo, no es accesible para nuestra población. Queremos ver qué es lo que está pasando en la cadena de distribución y qué barreras tenemos”, agregó.
“Estamos en esta lucha para lograr el total abastecimiento, no solo de los lubricantes sino de todos los bienes que requiere nuestro amado pueblo venezolano”, indicó.
En ese sentido, resaltó la necesidad de “seguir fortaleciendo nuestras cadenas de distribución para que puedan ser comprados (los productos) por todos los venezolanos que los requieran”.
En el encuentro, los privados presentaron propuestas a las autoridades en aspectos logísticos, distribución, despacho y en materia legal.
El presidente de la Junta, Wilmer Barrientos, indicó que el Gobierno está dispuesto a escuchar los planteamientos y peticiones de los distribuidores.
Al anunciar la intervención de la Dirección de Mercado Interno, el jefe de Estado explicó que la medida obedece a que hay “indicios muy serios de la vinculación de grupos mafiosos con algunas instancias del Estado”, por lo que pidió la colaboración del pueblo y los trabajadores de Pdvsa.
La intervención tiene por objeto “la revisión, análisis, evaluación y optimización de las operaciones de recepción, almacenamiento, despacho, distribución y comercialización de combustibles, lubricantes, asfaltos, solventes, grasas y otros derivados, con la finalidad de hacer más racional y eficiente la atención de la demanda interna de esos productos, evitar su contrabando y otras prácticas distorsivas”, señaló el decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial del 12 de septiembre. (El Mundo)
Todo listo para discutir el contrato del sector público
A través de las organizaciones sindicales de base, Fedeunep y Fentrasep llegaron a un acuerdo para avanzar en la discusión del contrato marco de la administración pública, vencido desde hace 10 años.
Dado a que una de las trabas para iniciar las discusiones era que ambas federaciones de empleados públicos estaban en mora electoral, se resolvió consignar de nuevo el proyecto al Ejecutivo pero a través de los sindicatos de base que estaban al día con sus comicios, explicó Antonio Suárez, presidente de Fedeunep.
“Como existen otras vías legales, logramos buscarle una solución con los sindicatos de base. Ahora la representación del Ejecutivo dirá cuándo discutir el contrato”, insistió.
El acuerdo no sustituye a Fedeunep ni a Fentrasep al frente de la revisión del contrato marco. Según Suárez, solo se incorporó a los sindicatos de base para darle carácter legal a las discusiones, y éstos a su vez aceptaron designar a los representantes de las federaciones públicas como los voceros de la comisión negociadora por parte de los trabajadores.
El directivo de Fedeunep enfatizó que no hay otras opciones para discutir el contrato marco, al recordar que fueron las convocadas por el propio Presidente Nicolás Maduro.
El viceministro del Trabajo, Elio Colmenares, resaltó que la Ley del Trabajo es clara al señalar en su artículo 402 que “los integrantes de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo período haya vencido no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración; por tal razón no podrán presentar, tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo”.
Detalló el funcionario que este artículo limita a las federaciones que están en mora electoral, pero no a los sindicatos de base que estén debidamente legitimados.
Para Suárez esta situación no es más que una “traba burocrática”, pero en aras de no seguir dilatando la discusión del contrato marco se accedió a explorar otras vías legales. “Es una situación de hecho, más que de derecho”, dijo.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), sindicato global que representa a 20 millones de trabajadores, lamentó que si bien en América Latina hay una tendencia marcada a reconocer los derechos de los trabajadores, no es menos cierto que en algunos países, que figuran como progresistas, se aplican normas y leyes que lesionan algunos acuerdos.
Juan Diego Gómez, secretario para los países andinos de la ISP, destacó que en Venezuela a pesar de existir el derecho constitucional de negociación colectiva, éste se ha limitado con la injerencia del Consejo Supremo Electoral (CNE) en los procesos comiciales de las organizaciones sindicales.
“A partir de la intromisión del Estado en la autonomía sindical no hay renovación de los contratos colectivos, porque ponen como requisito el que tiene que haberse desarrollado todo el proceso de elección dependiendo de lo que defina el CNE”, expresó.
Previo a los acuerdos de Fedeunep y Fentrasep para avanzar en el contrato marco, Gómez indicó que de manera reiterada han expresado al Gobierno venezolano no limitar las discusiones por la mora electoral.
Pronta discusión
Los trabajadores del sector público esperaban para agosto la aprobación del contrato, según lo prometido por el Jefe de Estado. Ahora, una vez resuelta la situación de “legalidad” con los sindicatos de base, solo aspiran a la pronta aprobación del proyecto este año.
Aunque Suárez evitó dar detalles, adelantó que la instalación de la comisión de negociación está prevista para los próximos días. Pudiera ser entre esta y la próxima semana pero será el Ejecutivo el encargado de dar la información en su momento, manifestó.
De concretarse la discusión del contrato, los trabajadores públicos apuestan -entre otros aspectos- por un incremento salarial de 30% al momento de la firma del contrato, así como a una bonificación compensatoria por la demora en su aprobación de entre 10 y 30 mil bolívares, según los años de servicio en el sector. (El Universal)
