La entrada de Venezuela como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone inevitablemente a la República Bolivariana en una vitrina internacional para que reitere su defensa del socialismo del siglo XXI, continúe con su discurso antiimperialista y se sume a los países que hacen contrapeso a Estados Unidos en esta instancia (Rusia y China). Pero también sirve para que el mundo vea la situación de la democracia y los derechos humanos en ese país.
El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso de la ONU, con el propósito de mantener la paz mundial y evitar graves violaciones de derechos humanos y la capacidad para tomar decisiones respecto a intervenciones militares, el envío de misiones de paz o la imposición de sanciones a países. Por eso sus integrantes deberían tener las mejores credenciales en cuanto a DD.HH. y democracia, cosa que no sucede en la práctica.
Hace rato la democracia dejó de ser la simple realización de elecciones. Los estándares democráticos requieren, entre otras cosas, la independencia del poder judicial y el respeto a las libertades de prensa y de expresión. El récord de Venezuela en estos aspectos es bajo. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, dijo recientemente que “el poder judicial se ha transformado en un apéndice del Ejecutivo… más del 80% de los jueces no tienen estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos de la noche a la mañana, sin debido proceso, por el Tribunal Supremo de Justicia, que rechaza el principio de separación de poderes y sostiene que su misión es defender el socialismo bolivariano”.
La censura o persecución de opositores y medios de comunicación independientes ha sido denunciada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La exrelatora Catalina Botero ha dicho que la situación de libertad de expresión en Venezuela es grave, entre otras razones porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el Gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o incluso sacarlos del aire. La represión o la detención arbitraria de jóvenes durante las protestas que estallaron a principios de este año también mostraron una cara arbitraria del Estado.
Venezuela ha tenido un papel complicado en la defensa de los DD.HH. Desde el gobierno de Hugo Chávez, la postura soberanista ha llevado al país a ignorar recomendaciones de foros multilaterales a los que pertenece. Y no sólo a ignorar, sino a apartarse de ellos. El 10 de septiembre de 2013, Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento que otorga jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer y decidir sobre posibles violaciones por las cuales el Estado tenga responsabilidad internacional. Aunque la CIDH aún tiene jurisdicción sobre Venezuela, el país no permite visitas de este organismo desde 2002.
No se puede esperar menos que un papel muy controversial de Venezuela en el Consejo de Seguridad. El gobierno de Nicolás Maduro es defensor del régimen sirio de Bashar al Asad, responsable de la represión de las protestas que desencadenaron una cruenta guerra civil que ha dejado más de 200.000 muertos. Venezuela estuvo también entre los 11 de los 193 miembros de la ONU que apoyaron la anexión rusa de Crimea. En el Consejo de Derechos Humanos, el Estado votó en contra de resoluciones que condenaban graves crímenes en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania.
Con todo lo controversial que pueda ser la llegada de Venezuela al Consejo de Seguridad, es un triunfo de la diplomacia de un país que, a pesar de la crisis económica, política y social que atraviesa internamente y de los señalamientos por parte de organismos internacionales, logró suficiente apoyo en la región como para que ningún otro Estado objetara su candidatura. Maduro consiguió lo que Chávez no pudo: en 2006, Venezuela no llegó al Consejo y su asiento le fue otorgado a Panamá tras 47 rondas de votación.
La diplomacia bolivariana ha contagiado a varios vecinos con sus políticas socialistas y su discurso antiimperialista, que se ha expandido a través de las alianzas políticas y la creación de nuevos foros regionales, pero también mediante las transferencias de petróleo a precios preferenciales, con créditos a muy largo plazo, para sus aliados. Algunos se preguntan si este triunfo de la política exterior venezolana es a la vez el fracaso de una región que, por asegurar cierta estabilidad o preservar intereses individuales, perdió de vista la importancia de la democracia y los DD.HH., valores con base en los cuales construyó un sistema interamericano para garantizar paz y justicia después de las dictaduras.
Uno no puede decir que Venezuela es ahora la oveja negra del Consejo de Seguridad. También dan mucho que pensar los estándares de democracia y DD.HH. de miembros permanentes de esta instancia. Por ejemplo, el carácter autoritario y represivo de los regímenes de Rusia y China, o las violaciones a los DD.HH. cometidas por EE.UU. en su territorio, como la errónea aplicación de la pena de muerte en varios casos, o a nivel internacional, por las detenciones y torturas ilegales en Guantánamo, o el asesinato de un número indeterminado de civiles con ataques “selectivos” realizados con aviones no tripulados en países como Pakistán y Yemen, entre otros.
* El caso Leopoldo López
Después de que se conociera el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra’ad al Hussein, exigió la inmediata liberación del líder del partido opositor Primero Justicia, Leopoldo López, del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y de “todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente”. El mes pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU decretó que las detenciones de López y Ceballos fueron arbitrarias y a partir de allí el alto comisionado emitió su pronunciamiento.
Leopoldo López está preso desde el 18 de febrero en la cárcel militar de Ramo Verde. Es juzgado por supuestos delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, relativos a hechos ocurridos después de una protesta en Caracas el 12 de febrero. Aunque algunos esperaban que, debido a la presión internacional y a su nuevo asiento en el Consejo de Seguridad, Venezuela decidiera liberar al opositor, la respuesta fue totalmente contraria. La misión venezolana ante la ONU calificó como una “insensatez” la petición y el hecho de que “el alto comisionado pretenda convertir las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en decisiones jurídicamente vinculantes que obliguen a los Estados a su inapelable cumplimiento”.
Esa respuesta sirve como degustación de lo que puede representar Venezuela en el Consejo de Seguridad: un actor desafiante del orden establecido, que seguirá reinvindicando la no injerencia en sus asuntos internos y que reiterará el viejo llamado a reformar el organismo internacional, algo muy incómodo para EE.UU. Un actor que podría debilitar la capacidad de Washington y sus aliados de Occidente para lograr consensos políticos globales. Una pieza más para evidenciar la crisis de una organización que, a punto de cumplir 70 años, se ve cada vez más impotente para dar una solución a los problemas gruesos que enfrenta la humanidad.
A pesar de la negativa venezolana, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, sigue en la campaña internacional de denunciar las “injusticias” cometidas contra su marido. Ayer se reunió con el presidente español, Mariano Rajoy, quien manifestó su preocupación y la de la Unión Europea (EU) respecto al juicio contra el opositor.
