Vía El Carabobeño
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, señaló a Uruguay, Costa Rica y Chile como los países latinoamericanos en los que se asegura una mayor la libertad de expresión, frente a Venezuela y Ecuador, que cuentan con la ley “más perfecta para la censura de América Latina”.
La SIP denunció también que el Gobierno venezolano sigue negando divisas para la compra de papel para los medios impresos, lo que ha provocado problemas de escasez de papel en 30 periódicos y otros 12 rotativos dejaron de publicarse por ese motivo.
“Ahora el problema es que te enfrentas a gobiernos que se manifiestan democráticos y no respetan ni la separación de poderes, ni la libertad de expresión ni las garantías individuales”, matizó. Paolillo ironizó al decir que Cuba “está fuera de concurso” y en cuya Constitución “está prohibido que haya libertad de expresión”.
Con el convencimiento de que la mayoría de países americanos velan por el derecho a poder informar y opinar libremente como “elemento básico para el funcionamiento de una sociedad democrática”, el periodista remarcó la “pendiente hacia la baja” que desde hace alrededor de una década está sufriendo la libertad de expresión en buena parte de América.
Las bandas de narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la inacción de los gobiernos son a su juicio los factores responsables de una situación que los últimos meses ha dejado un saldo de 11 periodistas asesinados.
“Es demasiado, al no tratarse de países en guerra”, manifestó Paolillo, tras remarcar que “el problema” es que los delincuentes se sienten “inmunes”, porque los gobiernos son “absolutamente incapaces de atraparlos y de identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes”.
Honduras y Paraguay registraron cada uno tres asesinatos de periodistas, mientras que en México sucedieron dos casos más y un informador fue asesinado en El Salvador, Colombia y Perú.
“Se mata a un periodista, pero también una idea u opinión que esa persona tenía para dar al resto de la sociedad”, señaló el comunicador, para alertar de la “autocensura”, que, a su juicio, esa situación genera entre los compañeros de las víctimas, que no quieren correr “la misma suerte” que ellos.
Ayer se celebro el “Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los periodistas” y el presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, llamó a todos los Gobiernos del mundo a garantizar la seguridad de los periodistas y a perseguir los crímenes que se cometen contra ellos.
“La primera responsabilidad los asesinos y la segunda de los Gobiernos, que son incapaces de investigar los crímenes”, insistió Paolillo.
En ese sentido, sentenció que “ejercer el periodismo en México, en Honduras o Guatemala es tarea de alto riesgo” y destacó que en algunos estados mexicanos no solamente se sufre la “negligencia e inacción de los gobiernos”, sino también la “complicidad de jueces, fiscales y gobernadores locales que están coludidos con los delincuentes y son parte del esquema delictivo”.
Como portavoz de la SIP, reclamó la “federalización” de los crímenes contra los informadores, es decir, que sean jueces o fiscales federales y no locales los que realicen la investigación de los crímenes, para evitar que estén “imbuidos del clima de miedo de una localidad pequeña”.
