El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas interpeló este jueves a la delegación del Estado venezolano, que acude a Ginebra para la evaluación de los informes correspondientes al periodo 2002 – 2012, en virtud del artículo 19 de la Convención.
El viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, encabezó la comitiva oficial que actualizó los reportes que Venezuela tenía en mora. Entretanto, diversas organizaciones de la sociedad civil también presentaron informes independientes; Carlos Correa, director de Espacio Público, Calixto Ávila, de Provea, y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), asistieron en representación de la coalición Foro por la Vida.
Los miembros del Comité Contra la Tortura solicitaron reiteradamente cifras e información desagregada sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, requerimiento que el país incumple desde 2002.
El danés Jens Modvig, Relator para Venezuela, preguntó sobre las denuncias de tortura y tratos crueles durante las manifestaciones del primer semestre de 2014. “Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados con ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico, ni informar a sus familiares”, aseguró Modvig.
El Relator pidió precisar el número de personas que han denunciado ser víctimas de violaciones a derechos humanos, y cuántas de éstas han sido investigadas. En este sentido, cuestionó por qué no está detenido el funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó a Marvinia Jiménez en el estado Carabobo.
Modvig también interrogó “cuál es la postura del Gobierno respecto a los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden. ¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”.
Por su parte, Sapana Pradhan-Malla, integrante del Comité, destacó que durante las protestas del primer semestre de 2014 “algunas mujeres detenidas sufrieron acoso sexual, tuvieron que realizar sexo oral, algunas fueron violadas sexualmente, muchas fueron humilladas por ser mujeres y hubo inspecciones vaginales y anales”. Pidió conocer las medidas tomadas por el Estado para juzgar a los responsables.
“Tragedia” carcelaria
Kening Zhang, también Relator para Venezuela, preguntó sobre la situación de los centros penitenciarios. Solicitó indicar el número de detenidos en cárceles y retenes, detallando cuántas personas están procesadas y cuántas sentenciadas.
En este sentido, el italiano Alessio Bruni, calificó como “una tragedia” las condiciones de los centros penitenciarios en Venezuela. Insistió en la necesidad de que se presenten cifras sobre el hacinamiento.
Entretanto, Essadia Belmir, se refirió a la militarización de la sociedad, especialmente en los programas de seguridad ciudadana. “¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía?”, cuestionó.
Presos políticos
El también miembro del Comité Contra la Tortura, Abdoulaye Gaye, se mostró “impresionado” por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. “Es la primera vez que veo un caso semejante de un juez es no solamente objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones”, manifestó.
Destacó que sin las garantías de inamovilidad para los jueces, no puede haber Estado de Derecho en un país.
Felice Gaer, de Estados Unidos, consultó sobre las detenciones de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese. “Estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche. La detención en solitario e incomunicado se considera maltrato”, recordó.
Cuestionó que, según cifras oficiales, entre 2003 y 2011, solamente 12 funcionarios han sido juzgados por actos de tortura y 127 por causar lesiones. “Esta es una proporción muy pequeña de los más de 9 mil casos de tortura documentados documentados pro organizaciones durante el mismo periodo. ¿Cómo combaten la impunidad en Venezuela?”, preguntó.
La delegación del Estado tendrá este viernes 90 minutos para responder las interrogantes, en una sesión pública en la que también participarán organizaciones de la sociedad civil.
Integrantes de la coalición Foro por la Vida en Ginebra, sostuvieron una sesión privada con los miembros del Comité Contra la Tortura, donde presentaron dos informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre 2002 y 2012, y durante el primer semestre de 2014. Denunciaron que la sociedad civil no fue invitada a participar en la elaboración del informe combinado que entregó el Estado.
