Vía El País

Cuando los anti-secesionistas españoles niegan a los nacionalistas catalanes la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia semejante al de Escocia se amparan en dos grandes argumentos: la historia y el marco legal. Cataluña nunca fue independiente, y mientras la Constitución no escrita del sistema británico facilita la convocatoria de un referéndum, la Constitución española lo impide expresamente, alegan. Los catalanes replican que la verdadera diferencia es que en Reino Unido se considera sagrada la voluntad expresada en su día por el Parlamento escocés y que todo lo demás son excusas para eludir la cuestión política de fondo.

Esos argumentos de brocha gorda ocultan los matices que emergen al comparar los procesos. Hay diferencias identitarias y lingüísticas, como destaca Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco: “Allí hablan la misma lengua y el componente identitario es mucho menor que en el caso catalán”. Como distinto ha sido el proceso de elección de la pregunta, doblemente sesgada y orientada al sí en el caso catalán; aséptica y neutral en el escocés.

También, diferencias de tradición política, históricas, demográficas, económicas. En Escocia ha ido creciendo el independentismo a medida que se ha ido haciendo rica. En Cataluña, a medida que ha ido perdiendo peso.

Hay otros factores económicos contrapuestos. Mientras Cataluña aún aporta casi el 20% del PIB español y el 16% de su población, Escocia es solo un 8,2% de la economía y un 8,4% de la demografía británicas, lo que facilita que los ingleses vivieran con mucho menos dramatismo una eventual secesión escocesa de lo que se vive en España el proceso catalán.

Para el nacionalismo catalán, el referéndum escocés es hijo de la madurez democrática de Westminster. Tajadura discrepa: “La posición del Gobierno británico ha sido considerada por algunos como más democrática, abierta, dialogante; pero, ¿qué entendemos por democracia?”, se pregunta. “Que a un británico de Londres le digan que su país se puede ver reducido sin preguntarle a él es poco democrático porque el Gobierno británico dejaba en manos de cuatro millones de personas el destino de 60 millones”, argumenta. Y advierte que es un problema que se puede repetir, aunque a la inversa, en el referéndum que el primer ministro David Cameron planea para 2017 sobre la pertenencia de Reino Unido a la UE. Sin embargo, el referéndum escocés apenas ha sido cuestionado por la opinión pública británica desde ese punto de vista.

David McCrone, profesor emérito de la Universidad de Edimburgo y cofundador del Instituto de Gobernanza, ve al mismo tiempo razones históricas y de sentido común como explicación de la consulta escocesa. Subraya que tras el Tratado de Unión con Inglaterra en 1707, “la sociedad civil escocesa siguió siendo diferente y autónoma”. McCrone enfatiza las diferencias que hay entre esa fusión de las coronas y los conflictos de 1714 en Cataluña o de 1760 en Quebec, lo cual acentúa a su juicio el hecho de que “Reino Unido no puede mantener dentro a Escocia contra su voluntad”. “Por eso, la negociación sobre el referéndum de Escocia de 2014 fue muy sencilla”, explica. Y puntualiza: “Eso no se debe a que Reino Unido fuera liberal o tolerante hacia la ruptura —hizo juego sucio durante el referéndum, recurriendo al miedo y las amenazas— sino porque no tenía más remedio”.

El profesor Michael Keating, que dirige el Centro Escocés de Cambio Constitucional, cree que la bisoñez de Cameron ahora y la de Tony Blair 15 años antes están también en parte detrás tanto del referéndum de independencia como del que dio luz verde al sistema autonómico en 1999. “Los dos aceptaron referendos sin conocer sus consecuencias a largo plazo. Blair lamentó en sus memorias la devolución de poderes a Escocia y Cameron estuvo a punto de renegar del referéndum de independencia. Al final, los dos tomaron la decisión correcta, pero quizás por las razones equivocadas”, asegura. Pero advierte: “Si el actual Gobierno hubiera negado el referéndum, habría habido una crisis constitucional y una pérdida de legitimidad de Reino Unido en Escocia, como ocurrió con Thatcher y Major en los 80 y 90”.

Keating acaba de pasar unos días en Girona y admite que sus conversaciones en dicha ciudad no le han aclarado demasiado el panorama catalán. Cree que, si hubiera elecciones plebiscitarias, tampoco cambiarían mucho las cosas. “Ninguno de mis colegas catalanes es capaz de decirme hacia dónde van las cosas”, reconoce.

Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid y antes de la Universidad de Girona, subraya que, en el pasado, en ambos países se daba la coincidencia de que tanto los nacionalistas como al menos uno de los dos grandes partidos estatales apoyaban el sistema autonómico, “aunque fuera con diferentes intensidades”. “Ahora”, añade, “ha habido una ruptura. La coincidencia es que los dos nacionalismos están en un momento post-autonómico”.

Orriols ve “una diferencia demoscópica y una diferencia institucional” entre los dos procesos. “En Cataluña, el apoyo a esa separación del modelo autonómico está más extendido y es más transversal en términos de sociología electoral. En cambio, en Reino Unido hay un Gobierno central que aceptó convocar un referéndum y, en el caso español, no”.

El profesor de la Carlos III es pesimista: “No hay margen de negociación. Lo único que puede cambiar la situación es el liderazgo político, o la ruptura. Hay que tener líderes capaces de arrastrar a la opinión pública, de enfrentarse a su propio electorado. Y no creo que Rajoy sea el hombre”.

La asepsia de unas plebiscitarias

El independentismo escocés ha tenido más paciencia que el catalán y ha sido más claro ante los votantes. El Partido Nacional Escocés (SNP) formó un Gobierno minoritario en 2007 y ganó la mayoría absoluta en 2011 con la propuesta de referéndum de independencia como primer punto de su programa. En Cataluña, ningún partido ha ganado jamás las elecciones con una propuesta de independencia.

Esa paradoja concluirá seguramente en las próximas elecciones, pero no acabará ahí la falta de claridad del proceso si se convierten en plebiscitarias. “No acabo de entender muy bien qué significan”, confiesa Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III. “Entiendo que el nacionalismo catalán quiere un proceso electoral para expresar su preferencia sobre si estar dentro de España o no. Y quieren que sea un proceso electoral porque ya han demostrado que pueden hacer acciones multitudinarias de participación ciudadana. Y el 9-N será eso, un acto de participación ciudadana”, explica.

“Cuando ese proceso electoral no puede ser un referéndum, la única salida es coger unas elecciones convencionales y convertirlas en una especie de referéndum. Pero me es difícil pensar que eso pueda ser así sin unas condiciones asépticas tan grandes que son imposibles: candidatura única del sí; que no haya programa electoral; que las siglas de la candidatura sean el sí; que no haya políticos conocidos en la lista; que no haya legislatura después de esas elecciones, es decir, que inmediatamente después se convoquen unas elecciones ordinarias. Hacer unas elecciones tan asépticas que la expresión de los ciudadanos sea inequívoca, porque en unas elecciones normales expresamos muchísimas cosas con una sola papeleta. No conozco ningún precedente”, advierte.