Si alguien se ha preguntado alguna vez para qué sirven los organismos internacionales de tutela de los DDHH, la respuesta más inmediata la habría podido obtener de la reciente transmisión en vivo de la 53º sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU, sesión en la que diferentes ONG venezolanas, entre ellas el Foro Penal Venezolano, tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos y datos sobre la situación de los DDHH en Venezuela y el Estado venezolano pudo responder, o al menos lo intentó, a cada una de las preguntas que se les formularon. En definitiva, se trató de un escenario en el que, cosa que no ocurre en los tribunales patrios, gobierno y ciudadanía se midieron en igualdad de condiciones ante personas e instituciones imparciales que, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, no tienen interés alguno en privilegiar ninguna postura en particular. En esos espacios, básicamente, el poder queda privado de sus principales armas de lucha: la manipulación de quienes deciden, y el miedo.

Los informes presentados a esa instancia por parte de las ONG destacaron la realidad inocultable que padecen millones de venezolanos al día de hoy en materia de violaciones continuas y sistemáticas a los DDHH. Se habló del tema penitenciario, de la violencia carcelaria, del hacinamiento y de otros males estructurales que, al día de hoy, afectan de manera terrible y sensible a los reclusos en nuestra nación. Se habló también de la falta de independencia, no sólo de los jueces y fiscales, sino además de los funcionarios policiales y de los miembros, en general de las fuerzas del orden público. Se habló de las torturas, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que son sometidos los reclusos en general y, en particular, quienes son detenidos por participar en protestas contra el gobierno. Se habló de las continuas violaciones al debido proceso, de la incomunicación a la que son sometidos los detenidos, a los que no se les permite, una vez privados de su libertad, interactuar ni con sus defensores ni con sus familiares. Se le preguntó al Estado venezolano, de frente y sin cortapisas, sobre el uso continuo de la figura ilegal de los “Patriotas Cooperantes”, y además, se le reclamó, con cortesía pero con contundencia, el hecho de que se haya excluido a nuestra nación, sin consultarlo con el pueblo además, de la Convención Americana de DDHH.

El Comité fue particularmente contundente, además, al exigirle varias veces al Estado venezolano que no tome ningún tipo de represalia ni ataque a las ONG que acudieron a esa sesión, a divulgar datos concretos sobre lo que está pasando en Venezuela, en realidad, en materia de violaciones a los DDHH.

Nadie que haya visto el debate, y que haya escuchado con atención lo que allí se dijo, puede dejar de sentir, como decimos acá, “un fresquito”, al ver cómo el poder divagaba y evadía responder con claridad las preguntas medulares que les formulaban los miembros del Comité. Era de esperarse, al poder en Venezuela no le gusta que lo increpen cuando no tiene a la mano ni puede hacer uso de un bate con el que pueda amenazar a los demás. De hecho, en la reunión que tuvo lugar el pasado viernes, tras el Estado haber intervenido, el lugar común de las inquietudes de los miembros del Comité era que no se había dado respuesta concreta a muchas de las preguntas que habían sido formuladas previamente. Se les dio la oportunidad de responderlas, pero aun así fueron más las oscuridades que las luces. Las dudas persistieron.

Se limitó el poder a recurrir al “yonofuismo” como herramienta. Se limitó a negar todo lo alegado por las ONG y a repetir, casi a coro, que en nuestro país, para ellos, “no pasa nada”. Cuando respondieron las preguntas sobre el actual problema de la falta de independencia judicial, no pudieron más que decir que en “la Cuarta” no había independencia judicial, lo cual era cierto, pero como si eso fuera suficiente para justificar el problema que hoy, tras casi 16 años de “revolución”, lejos de solucionarse, se ha agravado. Es el mismo esquema de siempre, en la lógica “revolucionaria”, todo lo malo de antes, justifica lo malo de ahora. Es como si hubiera oscuridades “malas” y oscuridades “buenas”, siendo las únicas “buenas” o “aceptables” las oscuridades “revolucionarias”. Por supuesto, no podía faltar la puya contra el sistema judicial de EEUU, como si lo que pasa o deja de pasar en esa nación tuviera algo que ver con nuestra realidad. Eso no es más que total hipocresía.

Con respecto a los casos graves de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la cosa tomó dimensiones rocambolescas. Básicamente el gobierno se limitó a decir que todo lo que se ha demostrado y alegado, especialmente en cuanto a los 138 casos concretos que llevó el Foro Penal Venezolano a esa instancia, era falso. Grave contradicción, además, porque la Fiscalía ha reconocido acá en Venezuela que, solo con ocasión a las situaciones recientes, en relación a las protestas que hemos vivido en Venezuela desde febrero hasta hoy, se han abierto más de 200 investigaciones (de las que la mayoría no ha llegado a nada, por cierto, ya que la Fiscalía destacó que sólo se han presentado ocho acusaciones) contra funcionarios policiales y militares por graves violaciones a los DDHH. O sea, de cara a la ONU, acá todo está perfecto, no pasa nada y solo se registran avances, pero en Venezuela, así sea solo para “montar el paro”, sí tenemos abiertas investigaciones por abusos muy graves.

Dijo la Fiscalía en la ONU que las “denuncias anónimas” (las de los “Patriotas cooperantes”) no están permitidas en nuestra legislación, y así es, pero nada dijo sobre el hecho de que un porcentaje muy alto de las causas penales que siguen aún abiertas contra los manifestantes (más de 2000) se basa precisamente en información obtenida de “testigos protegidos” (léase, anónimos) y en denuncias de “Patriotas Cooperantes”. Eso, cuando no se fundamentan únicamente en “Informes de inteligencia” o en “Actas Policiales” elaboradas nada más y nada menos que por los mismos funcionarios, partes evidentemente parcializadas, que detuvieron a los manifestantes.

Si eso no es burlar las leyes “pagándose y dándose el vuelto”, como decimos acá, no sé qué es.

El problema, que no es nuevo, es que para mal de todos, el gobierno no entiende que negar la existencia de los problemas es la peor manera de enfrentarlos, que culpar de todo lo malo a los demás, siempre y por sistema, lo que revela no es la verdad, sino que se tiene mucho que ocultar, y tampoco entiende que el mundo no son las cuatro paredes descascaradas y cerradas que hoy llamamos Venezuela. No entienden, al final, que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.

Eso es lo que más le preocupa al gobierno venezolano: Que más allá de sus abusos y excesos locales, afuera y de cara al juicio histórico que se hará sobre sus desempeños en materia de DDHH en estos casi 16 años, el “yonofuismo” no funciona.

@HimiobSantome