La pregunta incómoda: ¿Cómo se financian las campañas electorales en Venezuela?
La Constitución “bolivariana” eliminó el financiamiento de los partidos por parte del Estado, y dejó la puerta abierta para que el dinero de las campañas electorales entrara en las tinieblas de lo desconocido
En Venezuela hay una pregunta que la mayoría de los políticos del chavismo y de la oposición prefiere no responder: ¿cómo se financian las actividades de las organizaciones políticas y las campañas electorales, incluyendo las elecciones primarias?
Desde que se adoptara la nueva Constitución en 1999, redactada por una asamblea constituyente controlada por el chavismo, en el país se instaló un laissez-faire en cuanto a cómo se recoge y usa el dinero para mantener a los partidos y pagar las campañas electorales. Sobre estos asuntos reina una opacidad total, en una Venezuela donde todo lo que tiene que ver con la actividad política y las ejecuciones del Estado y de los gobiernos nacional, regional y municipal se realiza sin transparencia alguna.
La Constitución “bolivariana” eliminó el financiamiento de los partidos por parte del Estado, y dejó la puerta abierta para que el dinero de las campañas electorales entrara en las tinieblas de lo desconocido. Esto parece convenir a todos, chavistas y no chavistas. Mientras menos control y rendición de cuentas, mejor para quienes se benefician de todo tipo de fuentes de dinero (públicas y privadas) para costear sus actividades y campañas.
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Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, nos dijo que en un régimen donde la justicia se usa de manera arbitraria contra los adversarios políticos “cualquiera que apoye a un sector distinto al chavismo puede sufrir represalias fiscales o legales, lo que hace que el financiamiento privado a la actividad política sea muy irregular, y es realmente muy irregular, y generalmente es en cash o entra a través de transacciones que se pagan en cuentas (bancarias) fuera de Venezuela”.
En el caso del PSUV, el partido en el poder, se confunden los recursos que vienen del Estado, del gobierno y del financiamiento de privados, sin ningún de tipo de control ni de sanciones por los usos y abusos del chavismo desde que llegó a la presidencia hace más de 20 años.
El experto Martínez nos recordó que la única vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) instauró un sistema para establecer topes a los gastos de campaña fue en el referendo constitucional de 2007. “En ese caso se pusieron topes de gasto, pero el gasto lo asignaba la autoridad electoral, es decir, la autoridad electoral era la que designaba cuánto podía gastar el bloque del sí o el bloque del no en el referendo constitucional. En la práctica esa fue una decisión que la oposición venezolana no quiere volver a saber de ella, porque el CNE entonces hacía las veces de censura previa, porque pieza (de campaña) que le entregaba la oposición para respaldar su posición del no en el referendo, pieza que el CNE se negaba a pagar por cualquier tipo de motivo”.
Dos hechos indican el porqué chavistas y no chavistas prefieren mantener el financiamiento político y de campañas alejado del escrutinio público. El primero, fue durante la campaña presidencial de 1998. Una investigación (la última que se recuerde) determinó el dinero recibido por Chávez del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que contribuyó con la campaña del MVR sin que el partido declarara ese ingreso (el monto varía entre 500 000 hasta 1.5 millones de dólares, dependiendo de la fuente). Luis Miquelena, entonces jefe de campaña chavista, fue cuestionado al respecto y confirmó que el donativo había ingresado, aunque la irregularidad no tuvo consecuencias ni para él ni para el presidente Chávez.
El otro hecho, como lo recuerda el periodista Martínez, es el análisis que se hizo de los gastos de campañas en el año 2006 (análisis que jamás se ha repetido): “Fue un trabajo conjunto que se hizo entre varias universidades, y que dictaminó que los ingresos que habían declarado los comandos de Manuel Rosales y Hugo Chávez al CNE no llegaban a pagar ni siquiera la totalidad de la pauta comercial en televisión que habían tenido ambos candidatos para la presidencia. Sin embargo, eso se quedó ahí como algo anecdótico”.
Dinero sin límites
Como en Venezuela no hay ninguna norma que establezca límites al monto de las contribuciones y gastos para las actividades políticas y campañas, se puede afirmar que el mundo electoral es una “tierra sin ley”. Tampoco hay normas que obliguen a los partidos o a los candidatos a hacer públicos sus estados financieros, ni se establece claramente en ninguna de las leyes que está prohibido el compro de votos (ver aquí informe del Centro Carter sobre regulaciones y normas electorales en Latinoamérica).
El periodista Eugenio Martínez nos señaló que en 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que los libros con los ingresos y gastos de las campañas de los partidos son de “reserva legal”. Esto quiere decir que el único que tiene conocimiento de lo que declaran las organizaciones políticas sobre donaciones y egresos es el director de participación política y financiamiento del CNE, nadie más: “Vale decir que en cuanto a esa ‘reserva legal’ sobre los libros de financiamiento (de los partidos), la oposición no le ha puesto muchos peros porque al final ellos consideran que protegen a sus financistas, los de la oposición, y del otro lado, no hay tampoco control del uso de los recursos del Estado para hacer campaña. En Venezuela no hay ningún tipo de control ni del financiamiento público y menos del financiamiento ilegal”.
El caso de financiamiento ilegal más emblemático es el de la empresa de construcción brasilera Odebrecht, que dio fondos tanto a la oposición como al chavismo. Sobre este caso, Martínez acotó: “Ese fue un financiamiento ilegal según la normativa electoral, pero se quedó simplemente en algo anecdótico. Jamás hubo una investigación formal de la autoridad electoral y tampoco existe una investigación fuera del CNE… El tema del financiamiento a la actividad política y a la actividad electoral en Venezuela es tal vez una de las áreas más oscuras dentro del ciclo electoral venezolano”.
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Silencio cómplice
El periodista Martínez nos explicó que el CNE siempre se escuda en que como rector electoral solo tiene la potestad de controlar los ingresos y gastos durante la campaña electoral propiamente dicha, y no durante lo que la institución define como la “precampaña”. “En el año 2006 se inventó la figura o el argumento de la precampaña. A partir de allí, el CNE dice que lo que ocurre en la precampaña, palabras más palabras menos, no es de su competencia legal. Es cada día más difícil que el CNE se involucre en el control del financiamiento de la actividad política electoral, porque cada vez es más pequeño el lapso de campaña que se limita a veces a dos semanas. El CNE recibe libros contables que son de reserva legal sobre un período muy corto, y todo lo que ocurre antes de esas dos semanas no recibe la atención de la autoridad electoral. Solamente recibe la atención de la Contraloría General o de la Fiscalía si es algún financiamiento hacia la oposición que le genere mucho problema al gobierno”.
El régimen chavista vive en una eterna precampaña. Lo ha hecho desde que Chávez llegó a la presidencia en 1999. Con la venia de los poderes públicos, a partir de 2006 se estableció además que ni el presidente ni otros funcionarios electos tenían que separarse del cargo para hacer campaña electoral. Ahora, por su lado, la oposición está enfrascada en su propio proceso de primarias. Es lógico presumir que el dinero circula de forma abundante de lado y lado para cubrir las costosas actividades en las precampañas y campañas electorales.
Llama la atención, sin embargo, que ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación venezolanos (sometidos a la censura y la autocensura) se hable del financiamiento de estas campañas. Hay personas (por cierto, algunas muy calificadas académicamente) y organizaciones que con cierta ingenuidad creen que no son inmunes al baile de la corrupción que se alebresta en las campañas políticas en Venezuela.
Las “fiestas electorales” generan ingresos a encuestadores, analistas, consultores, influenciadores, community managers, bots que desinforman en las redes sociales, y empresas gráficas, entre otros. Todos se benefician de los gastos de candidatos y partidos. El dinero fluye en abundancia durante las campañas con efecto cascada.
Si alguna vez la democracia llega a Venezuela, habrá que meterle el ojo al tema del financiamiento de actividades políticas y de campañas electorales, para establecer normas y procedimientos con el fin de controlar donaciones y gastos. En una supuesta sociedad democrática no deberían ser la plutocracia y la corrupción las que paguen y sostengan a políticos y partidos. Esa debe ser, al menos, una aspiración para el día después.
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