Obligación moral y ética de rendir cuentas
La obligación de rendir cuenta es particularmente importante en las sociedades democráticas, donde los ciudadanos están facultados para participar en el gobierno
A los funcionarios públicos se les confía responsabilidades en la sociedad, incluida la gestión de recursos ajenos, implementación de políticas y toma de decisiones que afectan la vida ciudadana. Como tales, tienen la obligación moral y ética de rendir cuenta de sus actos.
Concepto impreciso. Comprender dónde se origina, ayuda a encontrar maneras de que gobiernos y funcionarios se hagan responsables de sus acciones. En el sentido estricto, es comparable a la responsabilidad de dar respuestas, se refiere a la obligación de suministrar un balance financiero y de gestión a personas, grupos u organizaciones.
Sin embargo, en un mundo donde los administradores públicos operan cada vez más en redes intergubernamentales y coaliciones mundiales, descifrar lo que constituye la rendición de cuentas en la gestión pública se ha convertido en tarea difícil. Una manera de aclarar el misterio es rastrear fuentes originales y examinar cómo se desarrolla a través de los diversos niveles, y cómo afecta el proceso en la toma de decisiones al interior de las administraciones.
El deber moral surge del hecho de que son representantes del pueblo y se espera que actúen en el interés público. Significa que tienen el compromiso de ser transparentes, proporcionando información sobre sus actos, acciones y decisiones. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus dineros, cómo se implementan las políticas y cómo se toman las decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los funcionarios tienen la responsabilidad de suministrar el conjunto de datos, procesados y ordenados para su comprensión, que aportan conocimiento de manera clara, detallada, accesible y oportuna.
Adicionalmente, tienen la obligación moral y ética de rendir cuenta a la ciudadanía. El proceder ético se refiere a un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento humano. En el contexto de los funcionarios, exige que actúen con integridad, honestidad e imparcialidad. Deben hacerlo siempre en el interés público evitando cualquier conflicto que comprometa su juicio. Rendir cuenta al público es un componente esencial del comportamiento moralista, demostrando un compromiso con la decencia y honestidad, no solamente administrativa sino de misión.
Además, tienen la obligación legal. En muchos países, leyes y reglamentos exigen, so pena de suspensión, que los empleados públicos presenten informes periódicos sobre sus actividades, finanzas y desempeño. Convenios de ley diseñados para promover transparencia, prevenir corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones, como multas o cárcel.
La obligación de rendir cuenta es particularmente importante en las sociedades democráticas, donde los ciudadanos están facultados para participar en el gobierno. En una democracia, los funcionarios públicos son responsables ante el pueblo, y otorgar cuenta es una forma de que están cumpliendo sus adeudos. La información permite evaluar desempeño y responsabilizarlos por sus acciones; promoviendo confianza, garantizando legitimidad.
Imposible olvidar la responsabilidad política, forma sólida de buen gobierno que se sustenta en principios democráticos. Tampoco el débito ante los ciudadanos, quienes pueden hacer que los administradores de lo público rindan cuenta a través de leyes, participación y foros. Sin olvidar el compromiso legal, que puede imponer sanciones.
La responsabilidad profesional se convierte en la forma de inculcar disciplina en las actividades gubernamentales. Ocurre cuando los funcionarios públicos dependen de empleados calificados y expertos, que ofrecen soluciones adecuadas a problemas técnicamente difíciles y complejos. La autoridad se puede ejercer a través de estándares de desempeño y códigos de ética. Así, el personal médico o jurídico puede ser objeto de investigaciones o sanciones por parte de comités de examen o disciplinarios de sus profesiones.
Acomodaticios convenientes, cómplices y socios, aconsejan tregua, borrón y cuenta nueva, dejando de lado el revanchismo político, violaciones a los derechos humanos, quitar de la memoria injusticias e ilegalidades, muertes y prisiones en aras de la reunificación. La unidad es importante, deseable, pero es solo posible si ennoblece la justicia y se suprime como método de extorsión y chantaje.
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