El presidente argentino Alberto Fernández debería saber que los crímenes de lesa humanidad ni se ‘disipan’ ni prescriben. Prueba de ello es la investigación de la CPI
El “tema Venezuela” fue durante los últimos años un verdadero lastre para la izquierda latinoamericana. Los líderes socialistas se encontraban en una posición difícil: incapaces de condenar los desmanes del madurismo de manera directa, pero sin poder solidarizarse públicamente con la dictadura que les había dado protección y apoyo económico durante tanto tiempo.
Se trataba de ser pragmáticos. Y, frente a la imposibilidad de negar el drama venezolano, no había otra opción que el silencio. Hubo sin embargo quienes fueron más osados. Por ejemplo, el candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, vino a Venezuela en 2016, en plena hambruna madurista, a desmentir la crisis humanitaria con una foto tomada en un supermercado de una zona acomodada de Caracas. El mismo año en el que Petro aseguraba que la escasez y el hambre eran invento del canal de televisión RCN, los venezolanos perdieron en promedio 8 kilos, según cifras del Observatorio Venezolano de Salud (OVS).
Ni siquiera los contundentes informes de la titular del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fueron suficientes para hacerlos cambiar de posición. No se trataba ya de las denuncias de la oposición, ni de los medios de comunicación internacionales, sino que era un organismo multilateral, dirigido además por alguien a quien no podían calificar de ser títere de los Estados Unidos, el que concluía que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Evidentemente, aspirar a un cambio de posición era una total ingenuidad. Y al tiempo que el discurso de la normalización se intenta profundizar a lo interno del país, internacionalmente otra batalla se libra. El anuncio reciente del presidente argentino, Alberto Fernández, de restablecer las relaciones con Maduro forma parte del plan del Grupo de Puebla, organización que reagrupa a los principales cabecillas de la izquierda latinoamericana, de blanquear la imagen del régimen de Nicolás Maduro dándole reconocimiento y legitimidad internacional.
Pero más allá del restablecimiento de relaciones diplomáticas, las declaraciones de Fernández donde aseguraba que los “problemas de Venezuela se han ido disipando” fueron lo verdaderamente graves y una verdadera vergüenza para Argentina, un país con una tradición histórica en materia de defensa de los derechos humanos.
El presidente argentino debería saber que los crímenes de lesa humanidad ni se “disipan” ni prescriben. Prueba de ello es la investigación en curso que encabeza la Corte Penal Internacional.
Que producto de la desmovilización ciudadana y del terror sembrado por la dictadura en los últimos años hoy las violaciones a los derechos humanos no se expresen en represión en las calles, no significa que hayan desaparecido. Los derechos humanos en Venezuela se continúan violando todos los días; y nada de esto será diferente hasta que las víctimas consigan justicia, los culpables paguen por sus crímenes y haya un cambio de régimen en Venezuela que impida que este tipo de desmanes se sigan cometiendo en nuestro país.
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