Las cifras del propio Gobierno muestran que, a pesar del intenso despliegue militar, los apureños todavía no gozan de seguridad
El domingo 13 de marzo, sujetos desconocidos entraron a la gallera La Mapora, un local ubicado entre Guasdualito y Elorza. Sin perder tiempo se dirigieron hasta donde se encontraba Abel María Valero, un obrero de 50 años de edad. Según la minuta levantada por agentes de la delegación Guasdualito de la policía judicial, estos individuos dispararon repetidamente a la cabeza de Valero. Tantas que uno de los proyectiles lo atravesó e hirió en el abdomen a otro visitante del establecimiento.
Los asesinos huyeron sin apropiarse de ninguna pertenencia de la víctima, por lo que la primera teoría de los agentes policiales es que esa madrugada hubo un “ajuste de cuentas”.
Ese mismo día, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe (Ejército) Domingo Hernández Lárez, aseguraba a propósito del despliegue militar en Apure que “jamás habrá cabida para ningún grupo terrorista que trafique con drogas ni que se dedique a mutilar ni asesinar seres humanos inocentes”.
Cuatro días antes, en el mismo municipio donde supuestamente han enviado a diez mil militares, individuos sin identificar mataron a Rubén Darío Dávila, de 20 años de edad. Su “error” fue caminar frente a la finca La Revancha, poco después de las 10 p. m. Sus familiares lo esperaban en El Amparo.
Para Cicpc el caso de Dávila fue otro “ajuste de cuentas”, posiblemente ligado a sus antecedentes por tráfico de drogas, que databan de 2020.
Esta sucesión de muertes violentas ocurre, precisamente, en medio de una intensa movilización de efectivos de la Fuerza Armada, en un intento por “neutralizar” a grupos que la propaganda oficialista ha denominado Tancol, es decir, “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.
Los resultados de esta operación son difíciles de conocer y verificar en forma independiente. El jefe del Ceofanb ha divulgado en sus redes un conjunto de informaciones, a menudo descontextualizadas, con el objetivo de fijar consignas como “Apure es nuestro”. Mientras tanto, el ministro de la Defensa dice otras cosas. En febrero, por ejemplo, afirmó que los militares venezolanos habían “neutralizado” a nueve personas en distintas acciones, y detenido a otras 56. Además, presumiblemente desmantelaron 16 campamentos de grupos irregulares.
En la jerga oficialista, “neutralizar” es un sinónimo de matar en el contexto de casos de resistencia a la autoridad. Lo llamativo de esto es que ninguno de estos decesos ha sido consignado en las cifras que maneja el ministerio de Relaciones Interiores, con base en los expedientes iniciados por Cicpc.
“Esta operación parece un espectáculo de luces, colores y movimiento”, afirmó con sorna el general de brigada retirado del Ejército Rodolfo Camacho.
Los datos del MRI, conocidos de manera extraoficial, indican que en Apure no se ha producido todavía la primera muerte por resistencia a la autoridad durante el año en curso, es decir, en un lapso que abarca a esta operación castrense.
“No ha habido ningún enfrentamiento”, afirmó Camacho, quien fuera director de Doctrina del Ceofanb. En cambio, sí han demolido viviendas abandonadas o pequeños campamentos, donde supuestamente guardaban materiales explosivos e insumos para la fabricación de drogas.
“Esto se corresponde con la verdadera intención de la operación, que es disuadirlos para que se vayan”, indicó.
Ese dato contrasta abiertamente con los resultados del despliegue llevado a cabo entre los meses de marzo y abril de 2021. En aquella oportunidad fueron reportadas por lo menos 71 bajas, entre muertos y heridos. Más de la mitad fueron militares o agentes de la Policía Nacional enviados para participar en esa operación contra la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezadas por Gentil Duarte.
En aquella ocasión ocho militares venezolanos quedaron cautivos de las FARC-EP durante más de un mes. Los guerrilleros los calificaron como “prisioneros de guerra”, y fueron entregados un mes después. Según Camacho, este fracaso fue consecuencia directa de los errores del entonces jefe del Ceofanb, el almirante en jefe Remigio Ceballos.
La operación Escudo Bolivariano 2022 comenzó en febrero, luego de la repetición de las elecciones en Barinas. Ya para ese momento, se registraba un alza en los homicidios en sectores de Apure. Según el investigador de la fundación Ideas para la Paz, Andrés Aponte, esto obedece a la extensión hacia Venezuela del conflicto entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, suscitado por la ruptura de los acuerdos para la repartición de territorios.
En los dos primeros meses de 2022, la violencia homicida en Apure incrementó en 25 % con respecto al mismo lapso del año pasado. Paradójicamente, más del 60 % de los casos con víctimas fatales ha ocurrido en el municipio Páez, que es precisamente el epicentro de la operación militar.
En Apure han fallecido personas por la acción directa de otros individuos, e igualmente por el estallido de minas antipersonales. El 1 de febrero, la explosión de uno de estos artefactos ocasionó la muerte inmediata de Jonathan y Emil Rojas, así como múltiples heridas en otros dos hombres que transitaban a pie por los alrededores de La Victoria. La propaganda oficial solo habla del hallazgo de explosivos, pero nada dice sobre estas víctimas, ni de las que perdieron la vida al ser impactadas por balas perdidas.
Todo esto demuestra que en Apure aún se debe recorrer un largo camino para recuperar condiciones mínimas de seguridad. Esto, desde luego, excede a la capacidad de los militares. Según Camacho, el problema de fondo es que el régimen se contenta con enviar uniformados, pero nada hace para construir institucionalidad.
“Mientras solo envíen a militares, apenas se retiren las tropas volverá el ciclo pernicioso”, advirtió.
Breves
√ El ministerio de Relaciones Interiores avanza en un proceso de unificación de los formatos utilizados para la recepción y el procesamiento de denuncias por parte de los cuerpos policiales. En la iniciativa participan el Consejo General de Policía, el Observatorio Venezolano de Seguridad (ambos, despachos ministeriales) y una comisión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Los incrementos de los hechos delictivos y las faltas que no son del conocimiento de las autoridades (también llamada cifra negra) guarda relación directa con la ausencia de denuncia. Esto ha sido confirmado por diversas encuestas de victimización. A veces, esto sucede por decisión de las propias víctimas, quienes consideran que acudir a la policía judicial o cualquier otro organismo es un esfuerzo inútil o eventualmente peligroso. No se olvide que las policías venezolanas son las que inspiran los menores niveles de confianza en toda Latinoamérica (Latinobarómetro).
De otra parte, son conocidas las barreras puestas en despachos de Cicpc para recibir y procesar las denuncias. A veces, dicen que no hay papel o tinta para imprimirlas, y en otras oportunidades han llegado a exigir que las víctimas aporten facturas de los bienes robados o hurtados. Todo esto en contravención a la norma procesal, que obliga a los funcionarios a presumir la buena fe del denunciante, así como a evitar la imposición de “formalismos inútiles” a la hora de recibir la información. Al momento de la redacción de esta nota, está finalizando la consulta a los cuerpos de seguridad en torno a la configuración de este formato.
√ Concluyeron las pesquisas en torno al homicidio de la estadounidense Laveria Freierson. La mujer, de 64 años de edad, fue ultimada el 4 de diciembre en el interior de una vivienda del sector La Mora, en Boca de Chávez (Anzoátegui). La minuta elaborada inicialmente indicaba que Freierson fue degollada cuando se opuso al robo de sus pertenencias. De hecho, en el análisis del sitio del suceso los agentes de la policía judicial se percataron de que faltaban dos teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.
Como si hubiesen buscado algo más que artículos electrónicos. Según se pudo conocer posteriormente, la víctima planeaba recibir 1500 dólares para comprar un vehículo. Esta información orientó las sospechas hacia una ama de llaves, que aparentemente transmitió ese dato a los asaltantes, con quienes ella tiene lazos familiares. La mujer está siendo solicitada, y probablemente salió del país. De igual forma, dos de los cuatro ejecutores de este crimen se encuentran en libertad. Son apodados La Muerte y La Cobra. En 2021, también fue reportada la muerte de otro estadounidense, el paisajista Christopher Baasch Ames, de 70 años de edad. Esto ocurrió el 24 de abril, en la urbanización La Entrada de Naguanagua. En ambos casos, según Cicpc, los homicidios fueron perpetrados en la ejecución de robos.
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