Ningún organismo internacional ha mantenido una postura inmaculada frente a la situación venezolana como lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. Y es que desde 1999 hasta el presente 2021 ha trazado su mirada vigilante, y perseverante, sobre los temas laborales maltratados en la República Bolivariana de Venezuela.
En efecto, desde el año 2000 nuestro país ha conocido la letanía de sugerencias y llamados de atención suscrita por delegaciones de todo género, provenientes del organismo tripartito mundial. Desde templones de oreja hasta la aprobación de recomendaciones más exigentes en torno al cumplimiento de los convenios laborales firmados por la República desde el siglo pasado, amparados por este organismo centenario del sistema mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En la mira de la OIT
Durante las dos décadas del siglo XXI han visitado a Venezuela doce (12) delegaciones la OIT, como las misiones de contacto directo, misiones técnicas, misiones de consulta y misiones de alto nivel. Faltando solo una, la de mayor jerarquía: la Comisión de Encuesta, cuya importancia se aplica a aquellos países que, en definitiva, han sido conspicuos violadores de los convenios laborales, relativos a la libertad sindical (87), negociación colectiva (98), discriminación (111) y consulta tripartita (144), que forman parte de decenas de convenios aprobados a nivel global por representantes de trabajadores, gobiernos y empleadores.
En el transcurso del siglo XXI Venezuela ha sido un tema recurrente en las conferencias anuales de la OIT que se congregan en Ginebra, con la participación de más de 3000 delegados de los cinco continentes. En estos encuentros siempre se califica al gobierno venezolano de violador contumaz de los convenios laborales, integrando una sempiterna lista de países como Birmania (Myanmar), Zimbabue y Bielorrusia, donde se aplica el trabajo esclavo y se desconocen los derechos sindicales.
El régimen pretendió maquillar su mala imagen en los eventos de la OIT con la presencia de voluminosas delegaciones, de hasta 80 personas, cuya tarea era difundir propaganda para denunciar la “campaña capitalista e imperialista” contra una revolución; esa donde los trabajadores “viven en el paraíso”. Este dispendio de corrupción contrastó siempre con el resto de delegaciones sindicales de numerosos países, integradas solo por 2 o 3 miembros.
Hacia el Foro de Diálogo Social
Entre tanto, los comités de Libertad Sindical, de Normas y el Consejo de Administración registraban año tras año numerosas quejas, hasta la recepción de la solicitud de Comisión de Encuesta. Presentada en 2016 por el sector de empleadores venezolanos, fue apoyada posteriormente por el movimiento sindical libre y propició la visita del organismo multilateral a Venezuela en 2019.
Pues bien, al gobierno dictatorial de Maduro no le agradaron las conclusiones del informe que dicho organismo presentó en agosto de 2020; posición que ha determinado para el próximo mes de mayo 2021, bajo la exigencia de la OIT, la convocatoria de un Foro de Diálogo Social con la participación obligatoria del Gobierno, Fedecámaras y centrales sindicales. El director general, Guy Ryder, deberá presentar un informe conclusivo ante la 109.ª Asamblea Anual, a realizarse en junio próximo, donde la OIT planteará recomendaciones y tomará decisiones definitivas ante la posición del régimen de no acatar las directrices del organismo mundial.
Proletarios (y empresarios), uníos
En definitiva, la conducta abominable de la tiranía es condenada a nivel planetario. Ya sus felonías lo ponen como enemigo de la humanidad, tal como ha sido confirmado con los TPS otorgados por los gobiernos de Colombia y EE. UU., las denuncias de la comisionada Michel Bachelet y ahora con esta importante decisión del Consejo de Administración de la OIT.
Es propicia la ocasión para que el sindicalismo venezolano, los gremios, los empleadores privados y el sector académico unan esfuerzos para hacer cumplir los convenios, los dictámenes y resoluciones de este organismo tripartito mundial, que lo resume el restablecimiento del tripartismo en las relaciones de trabajo, hoy prohibido por la tiranía madurista.
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