El gobierno anunció nuevas medidas a fin de aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo:
1. Las nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, la patente mercantil ni el Impuesto Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.
2. El IVA en vez de pagarse semanalmente se hará con una frecuencia quincenal.
3. También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para reactivar las Pymes.
Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.
Las 305 alcaldías controladas por el chavismo suscribieron un acuerdo de armonización tributaria con la promesa de disminuir los trámites administrativos de 600 a 30, evitar la proliferación de tributos y establecer una franja de alícuotas mínimas y máximas para el cobro de impuestos. Entre las medidas anunciadas está la suspensión de la gestión tributaria municipal. Sin embargo, este sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia en el precario sistema hospitalario en cada municipio.
El gobierno no tiene recursos para financiar un programa de compras a las Pymes. Las finanzas públicas están quebradas porque el tamaño de la economía se ha contraído; las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y no pagan ISLR; las operaciones de compra venta se hacen sin exigir la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA y la debacle de la industria petrolera secó los ingresos fiscales del gobierno.
La escasez de ingresos fiscales condena a miles de proveedores y contratistas a esperar largos meses hasta que se les pague una factura. Y cuando finalmente cobran el saldo pendiente se ha derretido como cubitos de hielo por la hiperinflación. Por eso nadie quiere venderle al gobierno.
Para que un programa de compras gubernamentales funcione en un contexto inflacionario, los pagos tienen que hacerse en dólares. De lo contrario, un gobierno moroso -en vez de contribuir a la reactivación económica-, terminará de quebrar lo poco que queda de aparato productivo nacional.
Para regenerar el tejido productivo no basta simplificar los trámites. La mejor política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones, capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí con una abundante oferta de buena calidad y mejores precios que beneficie al consumidor.
Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas, razón por la cual el BCV tiene que reducir el encaje legal para liberar fondos que financien la actividad productiva. Exige además un nuevo marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela.
También se requieren políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Es necesario eliminar las exoneraciones arancelarias indebidas y corregir la sobrevaluación del tipo de cambio que estimula toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción nacional.
Y para que una política de promoción de inversiones tenga un verdadero impacto, deben ser levantadas las sanciones económicas. De lo contrario, cualquier medida que anuncie el gobierno no mejorará de forma sustancial el ambiente de inversión en el país.
A Pdvsa se le debe dejar vender el petróleo. Y los fondos congelados en el sistema financiero internacional deben ser liberados y administrados por el PNUD. Estos deberán financiar la reactivación de la producción nacional de alimentos y medicinas para encarar la emergencia humanitaria que hace años sufre Venezuela, la cual ha sido agravada con el estallido de la pandemia de la covid-19.
Video en YouTube: Análisis de las medidas económicas
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