En el estado Apure 270 personas viven en un proyecto abandonado de Misión Vivienda sin sanidad, ni cloacas, ni agua. Territorio soñado para el coronavirus y su estela de muerte con la COVID-19.
Conocida la habitual opacidad de la tiranía, cunden las dudas con respecto a los alcances de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. El régimen esconde las cifras reales de contagios por temor a que se conviertan en un elemento más de presión para desalojarlo del poder. Pero están ahí.
El virus expande su reino en las condiciones infrahumanas en que viven muchos venezolanos. Sin centros sanitarios adonde acudir, sin alumbrado, sin casas, sin cloacas ni gas doméstico, sin dinero para comprar una pastilla de jabón, sin comida, sin agua…
No es una afirmación genérica. Estas condiciones que denuncio tienen los rostros y nombres de cientos de personas y un lugar preciso en el mapa territorial y de la corrupción chavista. Se trata de 270 venezolanos que habitan en Residencias Don Raúl, sector Las Iguanitas, parroquia El Recreo del municipio San Fernando del estado Apure. Un proyecto abandonado de la Misión Vivienda Venezuela porque las casas no cumplían con las mínimas normas técnicas ni condiciones para habitarlas.
Las fallidas viviendas fueron ocupadas, tras años de abandono, por ciudadanos apureños en condición de extrema pobreza. Ninguna tiene baño propiamente dicho, por lo que sus habitantes vierten sus excretas en una especie de excusado común, que así le llaman ellos, situado a escasamente ¡dos metros! de la única toma de agua del que dispone la comunidad. Esta agua la deben filtrar los vecinos con métodos artesanales para su consumo, higiene y la preparación de alimentos.
A la dramática condición de estos apureños se le suma la insensibilidad de la alcaldesa del municipio, señora Ofelia Padrón. La funcionaria, que si cumpliera sus funciones debería velar por el bienestar de esta gente de su jurisdicción, continuamente los amenaza con desalojarlos a la fuerza, sin considerar la precaria situación de salud pública en la que se encuentran, agravada hoy por el coronavirus.
Por si fuera poco, en la comunidad habitan unos 40 niños de condiciones especiales, como labios leporinos, síndrome de Down, deformaciones óseas y, claro, desnutrición extrema.
Cautiverio sin sanidad
Los habitantes del urbanismo Don Raúl, si es que eso se puede llamar urbanismo, nunca han recibido atención de los organismos de asistencia social, nunca han sido beneficiados con operativos de gas doméstico ni mucho menos con cajas CLAP.
Lo que sí han recibido últimamente son visitas conminándolos a que no salgan porque, por sus mismas condiciones de vida, tienen “una alta exposición a la pandemia de la COVID-19”. Una situación inhumana que debe llamar la atención del país: se condena en cuarentena a una población considerable, negándole al mismo tiempo las mínimas condiciones de supervivencia. Se le obliga a cumplir un cautiverio en viviendas desprovistas de todo servicio.
El virus de la corrupción
Esta denuncia debe servir para la reflexión del país y la búsqueda de la verdad: la crisis humanitaria se genera y agrava ahora por la artera corrupción del régimen. Esa misma que nos ha dejado un sistema de salud en ruinas y comunidades sumidas en la pobreza extrema.
Ahí están 270 rostros y nombres que, en un urbanismo del estado Apure abandonado por la Misión Vivienda, claman por servicios básicos para hacerle frente a la pandemia que arrincona al mundo. Sin sanitarios ni agua y jabón para lavarse las manos.
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Juan Francisco García Escalona. Exdiputado a la AN del PSUV por el estado Apure. Expresidente de la subcomisión de Cultos y Regímenes Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Actualmente de la comisión de Organización del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, y coordinador Regional del estado Apure.
