El día de ayer, 16 de marzo, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) realizo la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU). En esta ocasión, el Estado venezolano tuvo que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.

El Examen Periódico Universal, establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea General es un nuevo mecanismo de derechos humanos. Con este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. El EPU es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

Aún y cuando al momento de escribir estas líneas no se había efectuado esta sesión, ya el informe del Estado venezolano sobre qué recomendaciones aceptaba, cuáles anotaba y las que fueron anotadas sin apoyo, fueron consignadas por el Estado venezolano, y el pasado 13 de marzo fue distribuida.

El Estado venezolano, de las 274 recomendaciones hechas por los países participantes en el EPU, aceptó 193 recomendaciones, 28 las anotó, es decir, no se comprometió a aceptarlas, y 53 fueron anotadas sin apoyo, que es lo mismo que las rechazó.

Jo Delia, defensor de derechos humanos y quien desde la organización Civilis ha hecho un excelente trabajo al seguimiento y divulgación del EPU desde su primer ciclo, en 2011, nos dio su apreciación sobre este segundo ciclo: «El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos complementario de otros exámenes en derechos humanos de las Naciones Unidas. En el EPU, los mismos Estados miembros evalúan a sus pares en el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos.

“Gracias a que Venezuela fue por primera vez examinada en el año 2011, el Estado venezolano se puso al día con informes de cumplimiento de tratados internacionales tras 12 años sin haberlo hecho, lo cual llevó a que el país fuese evaluado de forma exhaustiva 6 veces en diversos campos de derechos humanos entre los años 2013 y 2015. Después de estas evaluaciones, la realidad del país en esta materia está mucho más clara para la comunidad internacional, a pesar de la poca información pública a la que hay acceso y es la razón por la cual en el reciente segundo examen realizado el pasado noviembre de 2016, Venezuela haya recibido el doble de las recomendaciones que obtuvo la primera vez, en áreas donde se creía que no había demasiadas dificultades.

“La sociedad civil participa con pleno derecho en todos los exámenes que realiza el sistema de protección de las Naciones Unidas. En ocasión de este segundo EPU de Venezuela, 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas tuvieron oportunidad de contribuir a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela y el próximo 16 de marzo también ejercerán derecho de palabra acerca de sus resultados.

“El EPU funciona por ciclos continuos, lo cual significa que cada Estado es permanentemente objeto de seguimiento en la implementación de las recomendaciones que se le hayan hecho hasta el siguiente ciclo. Jamás se detiene, así como tampoco el trabajo de la sociedad civil en la exigencia de que cada una de las recomendaciones se cumpla”.

El Estado rechazó recomendaciones importantes para todos los venezolanos que fueron hechas por algunos países participantes en el EPU, como la libertad de los presos políticos, protección a los defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avanzar en el diálogo con todos los sectores, autonomía del Poder Judicial, permitir visita de representantes de la ONU y OEA y muchas otros, en algunos casos alegan intromisión o que recomendaciones hechas no ocurren en Venezuela.

Resulta interesante destacar que el Estado venezolano asumió como compromiso voluntario: “Implementar el nuevo régimen penitenciario en el cien por ciento de los establecimientos penitenciarios del país, a fin de lograr la reinserción social de los privados y privadas de libertad a través de métodos basados en principios de igualdad y justicia social”. No sé si este compromiso voluntario incluirá investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de las fosas comunes halladas en pasados días en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), aclarar qué hacía el pran Wilmito paseando en playa Parguito en Margarita, el banco que funciona en la cárcel de Tocuyito o el caos que se vive actualmente en los centros de detención preventiva del país.

El gran trabajo ahora es que la sociedad civil haga seguimiento a cada una de las recomendaciones efectuadas al Estado en el EPU para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en el país.

 

@cnietopalma

El Nacional