¡Los papeles de Panamá! por Carlos Dorado

Así se calificó a los 11,5 millones de documentos, pertenecientes a 214.488 sociedades offshore, relacionadas con gente de más de 200 países. Estos documentos fueron “robados” en el año 2015 de los servidores de Mossack Fonseca; un bufete de abogados panameño, dedicado principalmente a la gestión de sociedades offshore, en cuyo bufete trabajan más de 600 personas con oficinas en 35 países.
Ni Julian Assange con WikiLeaks, ni Edward Snowden, ni la famosa lista Falciani, proporcionaron una revelación tan masiva de datos. Aunque se trata de asuntos diferentes, los “Papeles de Panamá” suponen un hito histórico para el periodismo de investigación, y una dura denuncia a los paraísos fiscales, y a las facilidades que cientos de personalidades mundiales tienen para ocultar su dinero en la sombra.
“Pero”…..mi madre siempre me decía: “Nunca falta un pero” ¡Robados en 2015 de los servidores de Mossack Fonseca! ¿Hasta qué punto un hecho ilegal, como lo es un robo, puede considerarse el punto de partida para un proceso legal? Independientemente de que la información robada, pueda demostrar en un futuro que algunas personas han estado cometiendo actos ilegales, o evasión de impuestos en sus respectivos países; no podemos dejar de subrayar que se inició a partir de un acto ilegal: ¡Fueron robados!
La base de datos de Mossack Fonseca fue entregada por un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. La magnitud de la base de datos hizo que el diario decidiera compartir el descubrimiento con el Consorcio International de Periodistas de Investigación (ICIJ). La organización reclutó a un equipo internacional de 370 periodistas pertenecientes a un centenar de medios de comunicación de 76 países. Entre ellos están la BBC, The Guardián, El Confidencial, etc.
Al haberse hecho público parte de estos documentos, podría causarle considerable daños de reputación y pérdidas económicas a una gran cantidad de personas, que no cometieron ninguna ilegalidad; y que tienen todo el derecho de contratar los servicios de quien quieran, y bajo las estructuras que consideren más conveniente. ¿Quién les pagará esos daños a estas personas? ¿El denunciante anónimo, el ICIJ, o los medios de comunicación reclutados?
¿Será ese denunciante anónimo, obligado a decir cómo obtuvo esa base de datos robada y castigado por esto? ¿Tiene el periódico alemán el derecho a formar toda una estructura y un equipo tan amplio, partiendo de un hecho ilegal y un denunciante anónimo? ¿No será que aquello que pretenden demostrar: trasparencia y legalidad, son ellos los primeros en atropellarla, atacando precisamente aquello que quieren defender?
La libertad de prensa debe ser sagrada en cualquier sociedad; pero no puede convertirse en una patente de corso, que le permita a quien la ejerce, a atropellar la libertad de los otros; y me da una gran tristeza cuando se abusa de la frase “libertad de prensa”, sabiendo bien que una gran parte de la prensa no es libre del todo, y responde a intereses privados, que en muchas ocasiones son contrarios a los de la gente.
Si lo que se expresa es producto de una ilegalidad, obtenido por un anónimo sin identidad, y que pudiese afectar a miles de personas inocentes, sin saber a qué intereses está respondiendo; entonces el haberlo hecho público, va en contra de uno de los lemas que se ha convertido en el grito a favor de la democracia: ¡Libertad, igualdad y fraternidad! Sin dejar de mencionar la legalidad y la privacidad.