Aquí las opiniones de dos expertos en el tema:
John Walsh. Estados Unidos
Los líderes uruguayos son muy conscientes de que su novedosa aproximación a la política sobre la marihuana representa un significativo punto de partida –histórico en realidad- en relación con el paradigma de política restrictiva reinante. Pero este aspecto es secundario frente a la razón central por la que han perseguido esta reforma: los dirigentes de este país están convencidos de que un mercado legal y regulado ofrece mejores perspectivas para manejar los problemas vinculados con las drogas, en el sentido en que ayuda a proteger los derechos humanos y promueve un clima más seguro y saludable para los ciudadanos. Uruguay no tiene nada en contra de las preocupaciones fundamentales consignadas en las convenciones internacionales sobre control de drogas (“la salud y el bienestar de la humanidad”), pero sus líderes creen que los medios para alcanzar los nobles fines de los tratados han sido definidos en términos excesivamente estrechos y rígidos.
Al llevar la delantera en este tema, Uruguay tendrá que enfrentarse a las presiones políticas de aquellos gobiernos que querrán intimidar y aislar a esta nación por haberse atrevido a llevar la iniciativa, explorando alternativas a las políticas de drogas existentes y desafiando la ortodoxia. Esta actitud pionera es consistente con el progresivo liderazgo demostrado por Uruguay en otros temas sociales, y con la importancia que este país le da a los problemas de derechos humanos en su política exterior, incluyendo el ámbito de la política de drogas.
La disposición de Uruguay de ser el primer país en regular su mercado de marihuana en la región, ayudará a abrir la puerta a otros gobiernos que contemplan iniciativas similares. Aunque los líderes de Uruguay han advertido que su propuesta no tiene la intención de servir como modelo para nadie, sino que está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades propias de su país, el hecho de mostrar que tal desviación del status quo es factible, abre un camino que otros países de América y del resto del mundo pueden seguir.
El margen político para buscar este tipo de reformas se está expandiendo, y Uruguay está aprovechando esta coyuntura de mayor libertad y la está ampliando aún más. Una razón por la cual es probable que este espacio se mantenga abierto, es que los Estados Unidos -el principal arquitecto y ejecutor de los tratados de control de drogas de la ONU durante décadas- se ha puesto a un lado respecto a la marihuana legal y regulada.
Los votos de 2012 en los estados de Colorado y Washington para legalizar y regular la marihuana -con regímenes similares a los que se proponen en Uruguay- dejan al Gobierno Federal de los Estados Unidos sin argumentos para montar una campaña de presión internacional contra Uruguay. El tiempo de Uruguay es por tanto afortunado, y si este país sigue adelante con su reforma sin generar un intolerable rechazo internacional, otros gobiernos se sentirán más seguros de seguir un camino similar.
En última instancia, el destino de la iniciativa uruguaya –y su atractivo como ejemplo para otros- dependerá de cuán efectiva sea para lograr las metas propuestas, y si las deficiencias y dificultades que puedan surgir en un proyecto tan innovador son identificadas y abordadas oportuna y continuamente. Ese proceso de seguimiento, aprendizaje y mejora es, en efecto, la evolución descrita en el escenario de “Caminos”, del reciente informe sobre política de drogas de la OEA.
En el apartado de “Caminos” no se menciona a Uruguay por su nombre, pero está claro que el documento asume la reforma uruguaya como un trampolín hacia un movimiento regional más amplio, que dirija sus esfuerzos hacia mercados regulados legales, desde ahora hasta el año 2025. Por supuesto, el reporte de la OEA no es una bola de cristal y solo insinúa un futuro posible, pero hasta ahora, Uruguay parece estar haciendo su parte.
Hannah Hetzer. Uruguay
Uruguay siempre ha sido pionero en adoptar una política de drogas más humana. Nunca penalizaron el uso de las sustancias psicoactivas y, por eso, no tienen los problemas de encarcelación masiva por delitos de drogas (la mayoría son por infracciones no violentas que tienen que ver con la marihuana) como lo tenemos en Estados Unidos. La iniciativa uruguaya para regular la marihuana, es un ajuste para resolver una contradicción en las leyes de ese país, en donde el consumo está permitido, pero todas las formas de acceso están penalizadas, situación que solo fomenta el mercado negro.
Regular la marihuana quitará recursos al narcotráfico y alejará a los usuarios de marihuana de la oferta de otras drogas más duras, como la pasta base (de coca). Esta regulación conlleva un combate al crimen organizado en dos maneras: disminuyendo sus recursos y poder a través de minimizar su participación en el mercado, e impidiendo su contacto con los ciudadanos a los que venden marihuana. Esta medida también redundará en un mejoramiento de la salud y la seguridad pública, minimizando riesgos y daños, e invirtiendo los recursos recuperados del narcotráfico en salud, educación, tratamiento y prevención del abuso problemático de las drogas.
El modelo uruguayo puede convertirse en un ejemplo del que el mundo puede aprender y, eventualmente, seguir. Aunque cada país tiene su propio contexto, podemos aprender de experiencias exitosas en otras partes, tal y como lo hemos hecho con Portugal cuando despenalizó el uso de todas las drogas en 2001. Esta acción resultó en una disminución significativa de las adicciones y casos de VIH y Hepatitis C vinculados con la droga, sin generar un aumento del consumo.
Lo mismo ocurre con el modelo de “coffee shops” en Holanda, país que tiene un nivel de consumo de marihuana más bajo que el promedio europeo; o con el modelo suizo con el intercambio de jeringas limpias para usuarios de drogas. Y como muchos países de la región están buscando alternativas a la guerra contra las drogas, hay una apertura sin precedentes a probar y aprender de otras iniciativas.
Actualmente hay un creciente número de expresidentes y presidentes latinoamericanos que están buscando opciones distintas a la fracasada guerra contra las drogas. Los presidentes Juan Manuel Santos en Colombia y Otto Pérez Molina en Guatemala, sumaron sus voces a las de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y Ricardo Lagos (Chile), para decir que ha llegado el tiempo de romper el tabú sobre la posibilidad de explorar alternativas a la prohibición de las drogas. En el mes de mayo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) produjo un informe comisionado por varios jefes de Estado de la región, que augura un movimiento hemisférico hacia la legalización de la marihuana en los próximos años.
Una cosa es cierta, son pocos los que quieren seguir con lo que tenemos ahora, que solo ha resultado en más crimen, violencia, corrupción, y un consumo y producción crecientes de las drogas en la región. La prohibición de las drogas ha fracasado con consecuencias graves para la seguridad y la salud de los ciudadanos, por lo que invitamos a pensar propuestas innovadoras para solucionar el problema.
Con la aprobación de esta medida, Uruguay propone un avance concreto en la línea que sigue la discusión regional sobre alternativas a la prohibición de las drogas. Estamos en una ola de cambio y las reformas van a ocurrir tarde o temprano. El mercado de las drogas ya existe, pero está en las manos del crimen organizado y es tiempo de regularlo.
Fuente: Revista Perspectiva
