César Carballo: La reforma laboral no puede esperar otro milagro petrolero

Venezuela lleva más de una década atrapada en la ficción jurídica de una Ley Orgánica del Trabajo diseñada en papel para proteger al trabajador, pero que en la práctica destruyó el salario real, pulverizó las prestaciones sociales y empujó a millones a la informalidad o al esquema de los bonos sin incidencia salarial. 

Empresarios, sindicatos y sectores políticos vuelven a poner sobre la mesa una reforma laboral para reactivar la inversión y recuperar el ingreso sin desmantelar derechos ni repetir los errores del pasado. 

El decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, César Augusto Carballo, conversó en Espacio Runrunes sobre la reforma laboral, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma de la Ley de Universidades. En los tres temas pidió lo mismo: discusiones abiertas, sin opacidad y orientadas al consenso.

Reforma laboral: el nudo está en las prestaciones

Carballo advirtió que la reforma se encuentra en camino, pero que no hay proyecto de ley ni claridad sobre su alcance y su finalidad. Celebró que, tras más de veinte años, exista diálogo tripartito, aunque considera que el tema es demasiado neurálgico para tratarse a puertas cerradas.

Para el jurista, el centro del debate son las prestaciones sociales y, junto a ellas, las pensiones, que deben homologarse al salario mínimo. Ambas explican, dijo, que el salario se haya diluido en bonos. Con un ingreso mínimo de unos 240 dólares en el sector público, el componente salarial estricto es apenas el 0,13 %.

Recordó que la retroactividad volvió con el decreto ley de 2012, sin consulta ni proyecto. Matizó que la reforma de 1997 se mantuvo trece años bajo el gobierno de Chávez, por lo que no era tal “robo” como decían. “El problema real, afirmó, es la inflación y las prestaciones funcionan en estabilidad”, enfatizó.

Descartó un corte de cuentas con salarización total. “Liquidar hoy con el salario nominal daría cifras irrisorias, y salarizar todo el ingreso quebraría a muchas empresas. Propone una salarización progresiva, sin cargar el pasivo retroactivo y con cláusulas de garantía ante la inflación”, dijo y advirtió además que hay que proteger a las empresas que sobrevivieron a una contracción de la economía cercana al 80 % frente a las recién llegadas. Insistió en recuperar la revisión periódica del salario y en atarlo a la productividad.

Sobre la inamovilidad laboral, recordó que vence el 31 de diciembre de 2026 y que podría no prorrogarse o limitarse a los salarios más bajos.

TSJ: “Se hace camino al andar”

Carballo ubicó la renovación del Tribunal Supremo junto al proceso de revisión de la justicia penal que lidera el fiscal general con la presidenta del TSJ. Reconoció que no puede dar un cheque en blanco al proceso, pero sostuvo que “una universidad tiene el deber de involucrarse en los grandes temas nacionales. La facultad trabaja en mesas desde febrero y se ha pronunciado sobre la amnistía, los derechos socioeconómicos y las leyes que deberían derogarse”, señaló.

Con entre 1300 y 1400 postulados, entre ellos profesores de la UCAB como Jesús María Casal y Magaly Vázquez, vio una señal de esperanza, entendida como la convicción de que algo es necesario. Para él, una Sala Constitucional comprometida con los valores de la Carta Magna puede ser el epicentro de una reinstitucionalización. Aclaró que no aspira a volver a un pasado idealizado ni espera ver todos los nombres que desearía. Lo que espera es que la composición general transmita un compromiso de cambio.

Subrayó que el énfasis en la justicia penal no es casual, porque ahí el colapso ha sido más visible. Reclamó volver a lo básico: debido proceso, derecho a defensa y a enfrentar el juicio en libertad. Y deseó que el ciudadano común deje de ver la justicia como algo distante, de togas y de gente con dinero.

Ley de Universidades: dialogar, no atrincherarse

Sobre la reforma de la ley universitaria, Carballo consideró un error esconder el tema o atrincherarse en el texto vigente, pero también una discusión exprés que excluya a la comunidad universitaria y al país. Rescató el artículo 2, que obliga a las universidades a proponer soluciones a los grandes problemas nacionales. El rector pidió al Instituto de Investigaciones Jurídicas revisar proyectos anteriores, estudiar leyes de otros países de la región y mantener una presencia permanente en el debate.

Entre las aspiraciones de la UCAB, la primera es que no haya discriminación entre universidades públicas y privadas: igualdad a partir de criterios de calidad. La segunda es reducir el burocratismo y la opacidad en los trámites. Puso como ejemplo una carrera en cuidados de salud que la universidad tiene lista y espera que se autorice. Agregó la necesidad de aprovechar las capacidades ociosas de las universidades mediante la integración entre ellas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El decano de la Facultad de Derecho de la UCAB conversó en Espacio Runrunes sobre la reforma laboral, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma de la Ley de Universidades. En los tres temas pidió lo mismo: discusiones abiertas, sin opacidad y orientadas al consenso.
TelegramWhatsAppFacebookX

Venezuela lleva más de una década atrapada en la ficción jurídica de una Ley Orgánica del Trabajo diseñada en papel para proteger al trabajador, pero que en la práctica destruyó el salario real, pulverizó las prestaciones sociales y empujó a millones a la informalidad o al esquema de los bonos sin incidencia salarial. 

Empresarios, sindicatos y sectores políticos vuelven a poner sobre la mesa una reforma laboral para reactivar la inversión y recuperar el ingreso sin desmantelar derechos ni repetir los errores del pasado. 

El decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, César Augusto Carballo, conversó en Espacio Runrunes sobre la reforma laboral, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma de la Ley de Universidades. En los tres temas pidió lo mismo: discusiones abiertas, sin opacidad y orientadas al consenso.

Reforma laboral: el nudo está en las prestaciones

Carballo advirtió que la reforma se encuentra en camino, pero que no hay proyecto de ley ni claridad sobre su alcance y su finalidad. Celebró que, tras más de veinte años, exista diálogo tripartito, aunque considera que el tema es demasiado neurálgico para tratarse a puertas cerradas.

Para el jurista, el centro del debate son las prestaciones sociales y, junto a ellas, las pensiones, que deben homologarse al salario mínimo. Ambas explican, dijo, que el salario se haya diluido en bonos. Con un ingreso mínimo de unos 240 dólares en el sector público, el componente salarial estricto es apenas el 0,13 %.

Recordó que la retroactividad volvió con el decreto ley de 2012, sin consulta ni proyecto. Matizó que la reforma de 1997 se mantuvo trece años bajo el gobierno de Chávez, por lo que no era tal “robo” como decían. “El problema real, afirmó, es la inflación y las prestaciones funcionan en estabilidad”, enfatizó.

Descartó un corte de cuentas con salarización total. “Liquidar hoy con el salario nominal daría cifras irrisorias, y salarizar todo el ingreso quebraría a muchas empresas. Propone una salarización progresiva, sin cargar el pasivo retroactivo y con cláusulas de garantía ante la inflación”, dijo y advirtió además que hay que proteger a las empresas que sobrevivieron a una contracción de la economía cercana al 80 % frente a las recién llegadas. Insistió en recuperar la revisión periódica del salario y en atarlo a la productividad.

Sobre la inamovilidad laboral, recordó que vence el 31 de diciembre de 2026 y que podría no prorrogarse o limitarse a los salarios más bajos.

TSJ: “Se hace camino al andar”

Carballo ubicó la renovación del Tribunal Supremo junto al proceso de revisión de la justicia penal que lidera el fiscal general con la presidenta del TSJ. Reconoció que no puede dar un cheque en blanco al proceso, pero sostuvo que “una universidad tiene el deber de involucrarse en los grandes temas nacionales. La facultad trabaja en mesas desde febrero y se ha pronunciado sobre la amnistía, los derechos socioeconómicos y las leyes que deberían derogarse”, señaló.

Con entre 1300 y 1400 postulados, entre ellos profesores de la UCAB como Jesús María Casal y Magaly Vázquez, vio una señal de esperanza, entendida como la convicción de que algo es necesario. Para él, una Sala Constitucional comprometida con los valores de la Carta Magna puede ser el epicentro de una reinstitucionalización. Aclaró que no aspira a volver a un pasado idealizado ni espera ver todos los nombres que desearía. Lo que espera es que la composición general transmita un compromiso de cambio.

Subrayó que el énfasis en la justicia penal no es casual, porque ahí el colapso ha sido más visible. Reclamó volver a lo básico: debido proceso, derecho a defensa y a enfrentar el juicio en libertad. Y deseó que el ciudadano común deje de ver la justicia como algo distante, de togas y de gente con dinero.

Ley de Universidades: dialogar, no atrincherarse

Sobre la reforma de la ley universitaria, Carballo consideró un error esconder el tema o atrincherarse en el texto vigente, pero también una discusión exprés que excluya a la comunidad universitaria y al país. Rescató el artículo 2, que obliga a las universidades a proponer soluciones a los grandes problemas nacionales. El rector pidió al Instituto de Investigaciones Jurídicas revisar proyectos anteriores, estudiar leyes de otros países de la región y mantener una presencia permanente en el debate.

Entre las aspiraciones de la UCAB, la primera es que no haya discriminación entre universidades públicas y privadas: igualdad a partir de criterios de calidad. La segunda es reducir el burocratismo y la opacidad en los trámites. Puso como ejemplo una carrera en cuidados de salud que la universidad tiene lista y espera que se autorice. Agregó la necesidad de aprovechar las capacidades ociosas de las universidades mediante la integración entre ellas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.