Claves | Los puntos de preocupación de la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG
Aprobada en agosto de 2024 y publicada en Gaceta Oficial el 3 de diciembre del mismo año, esta ley representa un hito en la regulación de las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela
El Correo del Caroní analizó los artículos de la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG en Venezuela, que ha sido señalada por los riesgos que supone para la restricción del espacio cívico en el país.
Si bien su objetivo declarado es” promover la transparencia y el orden en el sector”, sus disposiciones han generado una profunda preocupación en la sociedad civil, al restringir significativamente la libertad de asociación y el trabajo de las ONG que defienden los derechos humanos.
A continuación, algunos puntos clave sobre este texto legal:
Amplio Alcance
La ley se aplica a una amplia gama de organizaciones, desde ONG hasta fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras. Esto significa que cualquier organización que opere en Venezuela y no esté exenta (como sindicatos o partidos políticos) queda sujeta a sus disposiciones.
Registro Obligatorio y Excesivos Requisitos
Además de los requisitos establecidos en el Código Civil, la ley impone un registro obligatorio ante una autoridad gubernamental, donde las organizaciones deben detallar su estructura, financiamiento y actividades. Los requisitos contables y de rendición de cuentas son extremadamente rigurosos, incluso para organizaciones sin recursos económicos.
Control Gubernamental
El vicepresidente ejecutivo y los ministros tienen la potestad de exigir la inscripción de las organizaciones para realizar trámites administrativos o acceder a beneficios estatales. Esto otorga al gobierno un amplio margen de discrecionalidad para controlar y restringir el trabajo de las ONG.
Prohibiciones y Sanciones
La ley prohíbe a las organizaciones recibir fondos con fines políticos, realizar actividades políticas y cualquier acción que atente contra la estabilidad del Estado. Las sanciones por incumplimiento son severas y pueden incluir multas elevadas, suspensión temporal o definitiva de actividades, e incluso la disolución de la organización.
Impacto en la Sociedad Civil
Al imponer restricciones excesivas y otorgar amplios poderes al Estado, esta ley socava el derecho a la asociación y limita la capacidad de la sociedad civil para defender los derechos humanos y participar en los asuntos públicos.
Para profundizar en el tema, se recomienda consultar el análisis completo en el Correo del Caroní.
