La ONG identificó 2.725 focos mineros georeferenciados, equivalentes a 173 mil a 174 mil hectáreas, en los estados Amazonas y Bolívar
Por María Iriarte (Radio Fe y Alegría)
Según Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco, para poner fin a la minería ilegal en el país se deben emitir dos órdenes fundamentales: la Corporación Venezolana de Minería (CVM) debe cortar el suministro de gasolina a todas las minas clandestinas en el sur del Orinoco y la Fuerza Armada Nacional (Fanb) debe suspender el flujo ilícito de mercurio.
«¿Por qué Maduro no da esas órdenes si de verdad quiere acabar con la minería ”semimecanizada y ecocida” en Venezuela?», cuestionó Burelli durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias. Calificó el desalojo de los 11.345 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana, que se viene dando desde julio, como un «show mediático».
La fundadora de SOS Orinoco también señaló que la CVM es la única compañía responsable de suministrar gasolina a todas las minas y que la FANB es la que trae el mercurio desde Perú, Bolivia, Colombia y otros países.
«Lo que nos dicen los testigos en el terreno es que ellos (los militares) sacaron a los colombianos y a los guerrilleros, y que ahora los que están controlando las minas son los militares. Por eso están alzados los indígenas», comentó Burelli.
La minería ilegal sigue propagándose
Sin embargo, denunció que, a pesar de la llamada «Operación Autana» —que cumplirá un año de inicio en menos de un mes—, la minería ilegal sigue propagándose en Canaima, el Alto Orinoco y las cabeceras del río Orinoco con garimpeiros procedentes de Brasil.
Burelli alertó sobre la existencia de nuevas pistas de aterrizaje a apenas dos metros del puesto fronterizo más importante de la Guardia Nacional en Amazonas. A su vez, en el sur del país, identificaron 2.725 focos mineros georeferenciados y aproximadamente 173 mil a 174 mil hectáreas de minas ilegales.
Desde 2019, SOS Orinoco ha documentado la presencia de 2 mil hectáreas de minas ilícitas en los alrededores y en la cima del cerro Yapacana, lo que llevó a Burelli a afirmar que: «La minería ilegal está siendo impulsada y apoyada por las autoridades civiles y militares del estado Amazonas».
Como prueba de ello, mencionó la presencia de un puesto de la Guardia Nacional al ingresar al parque.
«¿Cómo llegan esos mineros a la cima de un tepuy? ¿Cómo llega la gasolina, las máquinas y las mangueras? ¿Quién permite que la guerrilla colombiana se adueñe de un parque nacional en territorio venezolano?», se preguntó.
Burelli afirmó que las denuncias a nivel nacional «quedan archivadas», por ello cada vez más las organizaciones de la sociedad civil en materia socioambiental buscan trabajar con la Asamblea Nacional de 2015, la Unesco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales para lograr un mayor impacto y visibilidad.
