El Título 8 tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente
El Título 8 entrará en vigencia el 11 de mayo de 2023. El gobierno de Estados Unidos abrirá centros de procesamiento de migrantes inicialmente en Guatemala y Colombia, para evaluar si migrantes pueden acogerse a programas de refugio, trabajo o «parole»
En medio de dos televisiones que mostraban un mapamundi en tonos azules, el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que tras el fin del Título 42, a partir del 11 de mayo de 2023, todos los migrantes serán procesados bajo el Título 8 del código de Estados Unidos
Durante un rueda de prensa junto a Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU Mayorkas indicó que el Título 8 ha sido utilizado para procesar a personas migrantes por varias administraciones, tanto republicanas como demócratas.
«El Título 8 tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente. El regreso al procesamiento de migrantes bajo las autoridades del Título 8 será rápido e inmediato», aseguró el secretario de seguridad nacional.
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, con base en el Título 42, para diciembre de 2022 las autoridades estadounidenses habían expulsado más de 1,8 millones migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
Blinken reiteró que continuarán los procesos de parole humanitario para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos y las deportaciones a México por carencia de una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
La diferencia entre el Título 42 y el Título 8
El Título 42 es una orden de salud pública que fue emitida el 20 de marzo de 2020 por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El Título 42 tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EEUU y se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de EEUU que permitió que el director de los CDC la emitiera.
El Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
A diferencia de la autoridad de salud pública del Título 42, la sanción por ser expulsado de los Estados Unidos bajo el Título 8, a través de la expulsión acelerada y otras leyes de inmigración, no es solo la expulsión. Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a los Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentarse a un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente.
Según Mayorkas, bajo el Título 42, el gobierno estadounidense distribuyó más de $130 millones este año fiscal con $290 millones más, que se otorgarán en las próximas semanas, para las comunidades locales y sus organizaciones sin fines de lucro.
En la espera a la entrada en vigencia del Título 8, el Estado busca reprogramar fondos dentro de su presupuesto para respaldar otros requisitos emergentes en todo el Departamento de Seguridad Nacional.
Tras restablecer el Título 8, el gobierno de Estados Unidos abrirá centros de procesamiento de migrantes inicialmente en Guatemala y Colombia, pero la idea es que puedan crearse otros en otros países de la región que transitan los migrantes en su ruta a Estados Unidos. Los migrantes deberán programar citas de manera virtual y allí serán evaluados por especialistas para hacer una «preselección» de personas, ser referidos a programas de reasentamiento o recibir información sobre otras vías de ingreso legal y programas de asilo en la región. El gobierno de Biden explicó que estos centros serán implementados por organizaciones internacionales y que oficiales de refugio de ese país también trabajarán en ellos. Tendrán una capacidad de procesamiento de cinco a seis mil personas por mes.
Los venezolanos continuarán siendo deportados
Durante la rueda de prensa, Blinken señaló que Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Belice han sido aliados de la nación norteamericana al momento de recibir migrantes venezolanos.
Madison González, especialista en movimientos migratorios y derechos humanos, aseguró que estas medidas son insuficientes para garantizar la integración de migrantes en sociedades de acogida.
«Son políticas de emergencia que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y problema por falta de políticas migratorias en los países destino», indicó González.
En la rueda de prensa, Blinken destacó que, hasta la fecha, México ha acordado aceptar hasta 30.000 expulsiones bajo el Título 42 por mes de personas con nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense y haitiana.
En un contexto posterior al Título 42, cuando se realice la deportación acelerada, a través del Título 8, EEUU tiene la intención de devolver a México a las personas de esas nacionalidades también.
