La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre, ratificó la CPI este 28 de abril
El gobierno de Maduro pidió un día antes a la CPI que le permitiera responder al último informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS).que contiene los testimonios de víctimas venezolanas
La Corte Penal Internacional (CPI) compartió este 28 de abril un escrito -en español- en el que ratifica que la información sobre víctimas venezolanas obtenida a través de los formularios es estrictamente confidencial y que ninguna entidad o Gobierno podrá tener acceso a la misma.
En el documento hecho público este 28 de abril, la CPI ratificó que los videos, correos electrónicos y material compartido por las víctimas venezolanas están almacenados en una base de datos «segura» a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría.
La CPI recalcó que la «gran mayoría de las víctimas» expresaron preocupación por su seguridad y la de sus familiares, la de las personas u organizaciones que las asisten, sus abogados y abogadas, entre otros.
«El miedo a las represalias fue mencionado recurrentemente por las víctimas. Además, mantener la confidencialidad de su identidad es una de las peticiones más frecuentes», recalcaron.
Tácticas dilatorias
Como se recordará, el pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó la versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). La VPRS precisó que recibió las opiniones e inquietudes de aproximadamente 8,900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones presentadas en 1.875 solicitudes.
Mientras que el 27 de abril se conoció que el gobierno venezolano pidió a la CPI que le permitiera responder al último informe de la VPRS. El gobierno argumentó, según Provea, que el informe presenta hechos sobre supuestas víctimas «que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas, o incluso, los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas».
Alegaron además que puede que los hechos «no hayan sido nunca reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela», lo que haría necesario que ellos respondieran en detalle cada uno de esos alegatos.
Para Provea, la petición del gobierno se está haciendo con «fines dilatorios», pues tiene pocas probabilidades de éxito.
«Los jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes Venezuela I», explican.
