Otro aspecto es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU manifestó su preocupación ante el nuevo proyecto de ley contra ONG en Venezuela. Advirtió que puede representar «un punto de no retorno» en el cierre del espacio cívico.
Mediante un comunicado, la Misión señaló que esta regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de ONG y otras entidades sin fines de lucro.
Además, recordaron que el incumplimiento de estas normas queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
Por su parte, Francisco Cox, experto de la Misión, señaló: “La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas».
«La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó Cox.
Lo que más inquieta del proyecto
Entre los aspectos del proyecto de ley que más preocupa la Misión de la ONU están las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control.
Esos mecanismos permitirían supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
«Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia», advirtió la Misión.
Otro aspecto es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República” (artículo 15).
Una interpretación amplia del concepto “actividades políticas”, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, alerta la Misión de la ONU.
