Claves | Las deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que encontró la CPI
La Fiscalía mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración eficaz de justicia
El martes 1 de noviembre, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó pedir una autorización a la Fiscalía de la corte para reanudar la investigación sobre el caso Venezuela.
La corte señaló que la Fiscalía ha llevado a cabo una evaluación independiente y objetiva que concluyó que la solicitud de diferimiento del gobierno de Nicolás Maduro no es garantizado en esta etapa. Por lo tanto, se debe autorizar a la Fiscalía de la corte a reanudar su investigación.
“La sala debe autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía, sin perjuicio del diferimiento solicitado por el gobierno venezolano”, indicó la corte.
La solicitud del fiscal de la CPI surge seis meses después de que el gobierno de Maduro solicitara su diferimiento en abril de 2022.
La Fiscalía también mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración eficaz de justicia, de acuerdo con el artículo 17.
Algunas de las objeciones específicas de la CPI a los argumentos del gobierno venezolano fueron:
La Fiscalía ha analizado con suficiente detenimiento toda la información proporcionada por el Estado venezolano para determinar si ha acreditado la existencia de procedimientos internos previstos en el artículo 18. De los 893 casos denunciados, solo 265 casos (29,68% del total) contienen alguna información básica (en forma de “resumen”) con relación a la existencia de procesos internos relevantes. El gobierno de Maduro aportó copias de actas judiciales de 177 de estos casos (19,82% del total).
“Sin embargo, el gobierno venezolano no ha fundamentado su solicitud con respecto a 628 (70,32%) de los casos informados para los que solo se proporcionaron gráficos”, aseguró la corte.
A pesar de la carencia de información, la Fiscalía ha evaluado 893 casos denunciados y, basándose en la información proporcionada, concluyó que, en la actualidad, los procesos venezolanos no reflejan el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía.
A pesar de la esfuerzos informados hacia la rendición de cuentas, la información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados. Los procedimientos internos se centran en los perpetradores directos, miembros de “bajo nivel” de las fuerzas de seguridad del Estado, y en su mayoría, sobre delitos calificados como de “menor” gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto.
Solo el 7,61% de los casos se relacionan con delitos identificados por la Fiscalía durante la examen preliminar.
67,86% de los casos, 606 casos, se encuentran en etapa de investigación preliminar, a pesar de producirse en 2017.
10,53% de los casos, 94 casos, han sido finalizados definitivamente sin evidencia de investigación previa.
En 85,55% de los casos, 764 casos, el alcance fáctico de la investigación interna no está claro o no se ha identificado ningún sospechoso.
La calificación jurídica de los hechos no refleja en gran medida la gravedad de la conducta en cuestión, y las medidas de investigación tomadas son inadecuadas para establecer la responsabilidad penal por los delitos. Además, ha habido retrasos injustificados en los procedimientos.
Además, la información sugiere que las medidas de reforma del Estado venezolano más recientes, parecen tener un alcance limitado y no abordar las consideraciones relacionadas con la autenticidad de los procedimientos.
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