Los derrames petroleros, la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos, la presencia de especies invasoras y la extracción insostenible de la diversidad biológica, son las principales amenazas de las costas venezolanas
La organización no gubernamental Clima21 recientemente publicó el informe «El mar que ignoramos: Derechos humanos y la degradación de los ecosistemas marinos venezolanos», el cual evaluó la situación ambiental de las zonas costeras venezolanas.
El informe señaló que las alteraciones o perturbaciones más importantes a lo largo de las costas venezolanas son los derrames petroleros; la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos; la presencia de especies invasoras y la extracción insostenible de la diversidad biológica.
En este sentido, los derrames petroleros están afectando los ecosistemas costeros principalmente en los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Delta Amacuro. Las otras formas de perturbaciones se registran en todas las zonas costeras del país.
Los resultados obtenidos indican que algunas de estas alteraciones se están incrementando en el tiempo, deteriorando áreas protegidas por Ley, actuando sobre zonas donde previamente no estaban presentes y afectando los derechos de muchas poblaciones costeras.
Ausencia del Estado
En la investigación que realizó Clima21, no se encontraron evidencias de una acción sostenida por parte del gobierno venezolano para mitigar esos problemas.
Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21, señaló que “a partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que el Estado venezolano no tiene las capacidades, ni la voluntad política para evitar o mitigar estos daños y los efectos de los mismos sobre la población”.
Por otra parte, estas costas están amenazadas por los efectos del cambio climático; la presencia de metales pesados; la creciente presencia de microplásticos en los sedimentos costeros y la ausencia de consideraciones ambientales en el diseño de las políticas pesqueras y turísticas.
La organización insistió en que la situación se necesita una política nacional de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costeros. Pero principalmente que el Estado venezolano sea un garante del cumplimiento de las normas constitucionales y legales de conservación de estas áreas y no un promotor de su destrucción.
